Por: Billy Kyte/GlobalWitness
Honduras está en crisis. Al cabo de más de una semana tras las votaciones, aún no se ha emitido un resultado oficial de las elecciones presidenciales. El presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, suspendió los derechos constitucionales e impuso un toque de queda tras las manifestaciones generalizadas, pero en su mayor parte pacíficas, contra un supuesto fraude.
De acuerdo con artículos publicados en la prensa, hasta once personas han muerto durante la represión. Como hecho inusual, algunos agentes de la policía se niegan a hacer cumplir el toque de queda, alegando: «no podemos matar a nuestro propio pueblo”. Según algunas fuentes, se han producido enfrentamientos entre agentes Cobras, fuerzas especiales entrenadas por EE UU, debido a que algunos grupos de policías se niegan a reprimir a los manifestantes.
Mientras tanto, tras demoras inexplicables en el recuento de votos, una «falla» en el sistema y sólidos indicios de fraude, el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, fue relegado por el presidente Hernández, a pesar de que Nasralla obtuvo una ventaja del 5 por ciento en los resultados preliminares. Algunos defensores de los derechos humanos han sufrido ataques, cientos de manifestantes han sido detenidos y varios periodistas extranjeros han sido deportados.
En medio de estos hechos y como acto grotesco, el gobierno estadounidense certificó que Honduras ha estado luchando contra la corrupción y defendiendo los derechos humanos, declaración que da luz verde al envío de millones de dólares en ayuda financiera proveniente de EE UU.
¿Cómo surgió esta crisis en Honduras?
¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que el actual presidente se haya presentado como candidato en las elecciones, considerando que la Constitución de Honduras prohíbe específicamente la reelección?
Las respuestas a estas preguntas se hallan en la violenta toma de las instituciones estatales por el Partido Nacional de Hernández. Lo irónico es que la excusa del golpe de Estado de 2009, que allanó el terreno para que el Partido Nacional tomara el poder, fue la oposición a los planes del presidente de izquierda Zelaya de someter el derecho a reelección a referéndum. Tras el golpe de Estado, Hernández y su partido reemplazaron a los jueces de la Corte Suprema con jueces que simpatizaban con su programa político. Años después, esos mismos jueces fallaron a favor de Hernández, permitiéndole a él presentarse a la reelección.
El Partido Nacional apoyó el golpe de Estado de 2009, que dio comienzo al período más violento de la historia hondureña para los defensores de los derechos humanos. Desde que el Partido Nacional asumió el poder, en Global Witness hemos documentado más de 120 asesinatos de ciudadanos hondureños corrientes que hacían campaña por la defensa de sus derechos territoriales y medioambientales. Estos homicidios han convertido a Honduras en el país con el mayor riesgo de muerte para los defensores de los derechos sobre la tierra o el medio ambiente.
En el informe que publicamos a principio de este año, revelamos supuestos actos de corrupción y abusos de los derechos humanos por parte de varios miembros del Partido Nacional, incluido su presidente. Uno de los personajes políticos más poderosos de Honduras, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladis López, interpuso una demanda de difamación contra nuestra organización tras la revelación que hicimos sobre sus vínculos con los proyectos de presas ilegales que dirige su marido. Como producto de la oposición a uno de estos proyectos, Los Encinos, tres manifestantes indígenas fueron asesinados. Durante un debate televisivo en vivo, fuimos objeto de amenazas de detención por parte de un ministro gubernamental. Además, fuimos blanco de una sofisticada campaña de bots, documentales falsos y otros hechos similares para desacreditar nuestras conclusiones.
¿Qué sucederá para los ciudadanos oprimidos de Honduras?
A pesar de estos ataques, recibimos un apoyo masivo por parte de la sociedad civil local y ciudadanos hondureños corrientes, que son quienes tienen que vivir en este clima de opresión a diario. Ahora, es posible que por fin puedan hacer oír sus voces. Miles de ellos desafían el toque de queda participando en los cacerolazos en las calles. El candidato de la oposición, Salvador Nasralla, asegura que tiene pruebas contundentes de fraude y exige un nuevo recuento. Los observadores de las elecciones del principal organismo regional, la OEA, declararon: «El estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, los errores y los problemas sistémicos que han rodeado estas elecciones, no permiten a la Misión tener certeza sobre los resultados».
Las pruebas de fraude aumentan a diario. La publicación inglesa The Economist obtuvo una grabación de una «capacitación» en fraude a favor del Partido Nacional, dirigida a funcionarios electorales. En otro artículo, la revista asegura: «Si los resultados anunciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en cada etapa del recuento fueron una muestra representativa del país, las posibilidades del desplazamiento de votos de Nasralla, en los primeros resultados, hacia Hernández, en los últimos resultados, serían prácticamente nulas».
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El TSE, que supervisó las elecciones, en estos momentos se encuentra en una situación comprometida. Su intromisión no ha sorprendido a los observadores hondureños. El presidente del TSE, David Matamoros, fue nombrado por el Partido Nacional, como ocurrió con la mayoría de los miembros de la institución.
Sin duda, algo tendrá que cambiar. No obstante, el país que más influencia tiene en Honduras ha mantenido un silencio prácticamente generalizado. De hecho, en lugar de condenar estas acciones, EE UU, al aprobar la liberación de millones de dólares en ayuda humanitaria, es como si hubiera transmitido el mensaje «aquí no ha pasado nada». Supuestamente este dinero se tiene que retener mientras no haya mejoras en el marco de la lucha por los derechos humanos y contra la corrupción.
Es absurdo que, en medio de la crisis, EE UU le esté otorgando al gobierno hondureño el incentivo que necesitaba para impugnar la voluntad del pueblo. Es una auténtica farsa: una farsa con la que, lamentablemente, el pequeño país centroamericano está demasiado familiarizado. El gobierno estadounidense debe obedecer su conciencia y la conciencia de millones de ciudadanos hondureños. Es clave para garantizar que Honduras siga un camino estable y democrático. EE UU debe exigir un recuento completo de las elecciones, condenar los abusos contra los derechos humanos y suspender su ayuda que apoya un régimen corrupto.