Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- “¡Ni perdón, ni olvido, pido castigo!”, fue la respuesta que les ha dado Olivia Marcela Zúniga Cáceres a los exfuncionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) que han pedido conciliar para quedar librados de toda responsabilidad en la explotación ilegal del río Gualcarque.
Zúniga Cáceres reaccionó mediante un post publicado en su cuenta de Facebook
, al conocer la solicitud de conciliación que han hecho ante los tribunales de justicia los exviceministros de la Serna, Jonathan Laínez y Roberto Dario Cardona, ambos acusados por abuso de autoridad
Laínez concedió una licencia ambiental para la construcción de la represa Agua Zarca a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque, ubicado en el territorio Lenca, sin implementar una consulta previa, libre e informada a los pobladores, como lo establece el convenio 169 de la OIT, del cual el Estado de Honduras es suscriptor.
Posteriormente, el exviceministro, Dario Roberto Cardona, extendió la vigencia de la licencia de 30 a 50 años y la generación de energía de 14 a 21 megavatios, incurriendo en el mismo delito de Laínez.
La familia de Berta Cáceres, quien fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa de habitación de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en circunstancias que aún el Estado de Honduras no esclarece, considera que la actuación ilegal de los exfuncionarios es lo que generó la conflictividad en la zona, por lo que no está dispuesta a conciliar.
Pese a las acusaciones, Jonathan Laínez, asegura haber realizado el proceso de consulta y que de ello tiene como “testigo de honor al presidente de la República y a tres confederaciones indígenas”.
El apoderado legal de la familia Cáceres, Víctor Fernández, explicó que la solicitud de conciliación tanto de Cardona, como de Jonathan Laínez, significa que ambos funcionarios admiten su responsabilidad.