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Productores piden no cerrar Banadesa y castigar a quienes la han quebrado

- Redacción

Los productores consideran que la creación de Banrural con capital público y privado ha contribuido al cierre de Banadesa como sucedió en Guatemala que quebró el banco estatal de los productores

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Los productores de Honduras se manifestaron este martes en un hotel capitalino donde manifestaron al gobierno central que no se proceda al cierre del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), sino que se busque repotenciarlo y se proceda a investigar a quienes lo han quebrado y mandarlos a la cárcel. 

Los productores señalaron que la principal causa del deterioro que durante los últimos años ha venido experimentando el banco Banadesa, no es culpa de los productores y usuarios de dicho servicio crediticio como se ha Pretendido dar a conocer a la opinión pública. Dicha situación es producto fundamentalmente de la politización partidaria y visibles actos de corrupción debidamente documentados.

Consideran que la experiencia vivida en Guatemala por situación similar a la de los productores hondureños fue crear la institución BANRURAL con capital mixto público privado con mayor participación del sector privado.

Basado en la experiencia obtenida en Guatemala, a fin de evitar uno de los peores errores del actual gobierno en su pretensión de cancelar Banadesa, no constituiría a su criterio, la mejor opción.

Por otro lado, cerrar Banadesa bajo el argumento que la falta de pagó de los productores usuarios de dicho banco, es la principal razón de su descapitalización, no es más que un atentado a nuestra dignidad como gremio de la actividad agropecuaria nacional

El hecho de sugerir en sustitución de Banadesa al BANPROVI en ningún momento nos garantiza la solución a nuestro problema, ignorando que somos nosotros, el principal motor impulsor de la economía nacional y mayor generador de empleo en el país.

Otros de los aspectos que vale la pena resaltar, es el hecho, que en el marco del decreto N 47-2018, además de proporcionar un alivio a los productores deudores de Banadesa, no menos importante es que con la aplicación de dicho decreto, en el mediano y largo Plazo, él Banco será capaz de recuperar más de 2500 millones de lempiras. De los créditos no pagados a la fecha (CARTERA MALA).

Nuevamente al unísono quienes hoy representan a muchos miles de productores de diversos rubros, responsables de atender la seguridad alimentaria con excedentes exportables en ciertos rubros, se oponen rotundamente al cierre del Banadesa.

Así mismo, reiteraron que la situación financiera del BANADESA es debido a los altos niveles de corrupción que por décadas ha sido objeto dicha institución bancaria. Asimismo, y como gremio comparten la opinión y consenso en el sentido que son los productores los más interesados en investigar lo actos de corrupción acudiendo en caso ser necesario a entidades como el CNA, UFECIH y MACCIH, a fin que se investigue y castigue a los verdaderos responsables del estado actual del Banadesa.

¿Quiénes son los responsables de los asesinatos documentados por el Alto Comisionado?

- Redacción

Por: Joaquín Mejía Rivera
En el informe especial que presentó la semana pasada la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), se constata, entre otros, los siguientes asesinatos. 
Al menos 16 muertes violentas a causa de los disparos de policías y militares, entre ellas dos mujeres y dos niños; 7 ejecuciones extrajudiciales como consecuencia de impactos de bala en la cabeza; y al menos 60 personas heridas, la mitad de ellas con municiones reales. Los ejecutores son miembros de la Policía Militar y la Policía Nacional. 
Aunque existen los sicarios militares y policiales que dispararon, la responsabilidad de sus superiores civiles y jefes militares se extiende a los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo. 
En este caso, los responsables superiores son el General Fredy Santiago Díaz Zelaya, Secretario de Defensa Nacional por ley, General Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Seguridad, y Coronel Óscar Reyes Paz, jefe de la Policía Militar de Orden Público. 
Estos tres jerarcas militares son responsables por estos crímenes porque tuvieron conocimiento de su comisión e hicieron caso omiso deliberadamente a la información sobre los mismos; porque esos crímenes guardan relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y porque no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables para evitarlos, reprimirlos o denunciarlos. 

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Es más, estos tres jefes militares tenían conocimiento de los actos delictivos de sus subordinados, sin embargo, hicieron caso omiso a los mismos e incluso entorpecieron el trabajo de este órgano internacional, ya que no le proporcionaron a la OACNUDH información sobre las órdenes que regulaban las operaciones y negaron el acceso a ciertos registros de las personas detenidas. 
A los generales Díaz Zelaya y Pacheco Tinoco, y al coronel Reyes Paz la ceguera del poder absoluto no les permite ver la gravedad de las consecuencias por estos crímenes y no son capaces de comprender que desde hace un tiempo se está abriendo un agujero en el muro de la impunidad que terminará por caer sobre sus cabezas.

OACNUDH urge profundizar la investigación para el esclarecimiento y el castigo a los asesinos de Berta Cáceres

- Redacción

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa. – La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), en el marco del segundo aniversario del asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres y tentativa de asesinato del ambientalista Gustavo Castro desea expresar lo siguiente:

Reiteramos la responsabilidad del Estado de investigar este caso, con la debida diligencia lo cual conlleva la obligación del Estado de realizar una investigación que sea expedita, independiente, pronta y exhaustiva, que agote la extensión de las diferentes autorías y grados de participación, permitiendo conocer la verdad de los hechos y la reparación de las víctimas y sus familiares.

El Estado además deberá garantizar el derecho de las víctimas a participar en el proceso, lo cual implica que tengan acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos judiciales a través de la figura de acusación privada.

En este sentido, la Oficina considera importante que el ente de investigación y persecución penal pueda dar respuesta en un plazo razonable a las solicitudes presentadas por la acusación privada, incluyendo el requerimiento presentado el pasado mes de octubre sobre posibles autorías intelectuales a la luz de hallazgos encontrados en documentación compartida, mediante orden judicial.

La Oficina reconoce el incremento gradual del acceso a la información en relación a las diligencias investigativas, no obstante, se siguen observando fuertes desafíos en materia de transparencia en cuanto a la falta de claridad sobre los criterios seguidos para determinar de la secretividad de la información.

La Oficina desea recordar que la limitación de este acceso debe imponerse en la medida estrictamente necesaria para garantizar la plena efectividad de la participación de la acusación privada.

Como parte de las medidas de no repetición, la Oficina considera fundamental que el Estado de Honduras en atención a las recomendaciones de los órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas, adopte las medidas que permitan superar las debilidades institucionales y normativas que persisten en el país para que los pueblos indígenas puedan tener un acceso efectivo a la justicia y obtener una protección judicial de sus derechos, incluyendo la protección de sus territorios y recursos naturales.

Como ya fue señalado por la Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas, el Estado Hondureño tiene la obligación de desarrollar y fortalecer mecanismos específicos y permanentes que permitan a los pueblos indígenas presentar sus demandas y obtener una reparación por violaciones a los derechos sobre sus tierras y recursos conforme al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La Oficina reitera la obligación del Estado de establecer un marco normativo e institucional que garantice el goce de los derechos de los pueblos indígenas, siendo la consulta previa un pilar fundamental para tal fin. Igualmente importante es investigar los posibles actos de corrupción y abuso de autoridad que hayan posibilitado la adjudicación de recursos naturales en detrimento del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado.

Aparejado a esta obligación estatal, la Oficina invita a que las empresas incorporen gradualmente los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que garanticen el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, sus tradiciones, prácticas y procedimientos de decisión, particularmente en proyectos que puedan tener una afectación a sus medios de vida y territorios.

La OACNUDH continúa expresando su apoyo a la familia de Berta Cáceres y su acompañamiento en los esfuerzos por la búsqueda de la verdad, reitera al Ministerio Público su ofrecimiento de colaboración para avanzar en el esclarecimiento del crimen e identificar las responsabilidades tanto materiales como intelectuales. 

Finalmente, OACNUDH reconoce y apoya el rol fundamental de la labor de las personas defensoras de derechos humanos en una sociedad democrática, recordando al estado la obligación de tomar medidas que garanticen un entorno seguro y propicio para la no-repetición de ataques y crímenes de esta naturaleza.

«Condenamos Plan de Criminalizarnos cuando los guardias son responsables de los asesinatos»: Empresa Campesina de Trujillo

- Redacción

Por: redacción CRITERIO

redacion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La Empresa Campesina Gregorio Chávez, de la comunidad de Panamá, Trujillo en el departamento de Colón en un comunicado ha manifestado que los guardias de las empresas son los responsables de las muertes de sus propios compañeros y de los campesinos del Aguán.

Condenan el plan de Criminalizarlos cuando los mismos guardias son responsables de los asesinatos , en el caso el 2 de Julio del 2012 secuestraron , torturaron y asesinaron los guardias de seguridad de corporación Dinant y que ellos (guardias) eran quienes tenían el control total de la finca Paso Aguán y en la búsqueda junto a la policía Nacional de la posta de Ilanga los encontraron enterrado allí donde los guardias estaban establecidos y después estaban diciendo que ellos (campesinos) lo mataron y lo enterraron allí donde estaban ellos

Señalan como responsdable directo al coronel Coca a cargo de la Operación Xatruch de estar  cometiendo abusos por el destacamento militar que permanece en la finca Paso Aguan en la comunidad de Panamá, intimidando, amenazando a miembros de la comunidad y lo Responsabilizamos de Provocar a los Campesinos para generar más violencia en el aguan; específicamente en nuestra comunidad de Panamá.

La Empresa Campesina Gregorio Chávez comunica lo Siguiente:

El coronel Coca a cargo de la Operación Xatruch está cometiendo abusos por el destacamento militar que permanece en la finca Paso Aguan en la comunidad de Panamá, intimidando, amenazando a miembros de la comunidad y lo Responsabilizamos de Provocar a los Campesinos para generar más violencia en el aguan; específicamente en nuestra comunidad de Panamá.

Condenamos el Plan de Criminalizarnos cuando los mismos guardias son responsables de los asesinatos , en el caso el 2 de Julio del 2012 secuestraron , torturaron y asesinaron los guardias de seguridad de corporación Dinant quienes tenían el control total de la finca Paso Aguán y en la búsqueda junto a la policía Nacional de la posta de Ilanga lo encontramos enterrado allí donde los guardias estaban establecidos y después estaban diciendo que nosotros lo matamos y lo enterramos allí donde estaban ellos.

En estas acciones de recuperación pacífica de nuestra Empresa aparecen de manera misteriosa dos Guardias Asesinados el 28 de agosto del 2017 y nos están culpando a los campesinos con el objetivo de desmeritar nuestra lucha digna por el acceso a la tierra , cuando la finca está siendo cuidada por un destacamento militar y los guardias de seguridad mientras ingresamos y nos quedamos cerca de la oficina de manera pacífica donde permanecieron los militares y los guardias , llegando el día siguiente la información que habían aparecido dos guardia asesinados en la salida de la finca y los tenian los militares en la paila de una patrulla militar.

 Desmentimos Categóricamente ante los Medios Nacionales e Internacionales cualquier vinculación de la muerte de los guardias con nuestras acciones pacificas porque en ningún momento hemos tenido enfrentamiento con los guardias y el lugar donde dicen que los encontraron está lejos de donde nosotros nos encontrábamos , si mismo desmentimos al señor Obdulio Pesquera hoy guardia de Dinant las acusaciones diciendo que nosotros somos responsables , cuando en el 2012 levanto un casquillo de escopeta asegurando que los responsables de la muerte de Gregorio Chávez eran los Guardias y tiempo después lo contrataron de guardia y ahora está contra nosotros por dinero.

Desmentimos el Comunicado de Prensa de la Secretaria de Seguridad donde expresa que en tres años no han habido muertes por conflicto de tierras y tenemos los nombres de los campesinos asesinados, Alan Martinez y  Manuel Milla de la comunidad de Panamá, Jose Ángel Flores y Dionisio George del Asentamiento de la Confianza que están en la impunidad y parece que desde las Autoridades del Estado se protege a los asesinos y los que nos han despojado de nuestras tierras.

Condenamos el plan de Criminalización por parte de agentes de investigación y Seguridad contra los campesinos de la comunidad de Panamá y la empresa Gregorio Chávez, por el hecho de exigir justicia , detener las violaciones a los derechos humanos y exigir se devuelvan las tierras de las que las familias campesinas fuimos despojados .

Exigimos Justicia y se entreguen las tierras a las familias campesinas ya que tenemos el legítimo derecho constitucional y la Justicia.

Por la Justicia y la Vida de nuestras familias seguiremos la lucha Pacífica que hemos iniciado en nuestra comunidad de Panamá

Dado en Panamá, Trujillo Colon a los 31 días del Mes de Agosto del año 2017

      Empresa Asociativa de Producción Gregorio Chávez