CIDH repudia asesinato de concejal y defensora de derechos humanos en Brasil

Por: Redacción CRITERIO

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Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia el asesinato de Marielle Franco, reconocida defensora de derechos humanos, integrante de la Cámara de Concejales del Municipio de Rio de Janeiro, y de su chofer, Anderson Pedro Gomes, el 14 de marzo de 2018 en Rio de Janeiro, Brasil.

Según información de público conocimiento, Marielle Franco fue asesinada en la noche del 14 de marzo, cuando regresaba de un evento público con mujeres defensoras afrodescendientes. En el momento del crimen,  viajaba en un automóvil en compañía de una asesora que fue herida y sobrevivió, mientras que su chofer fue alcanzado por los disparos y murió en el acto. Marielle Franco recibió cuatro tiros en la cabeza de un total de nueve disparos dirigidos contra la ventanilla trasera del automóvil, lo que según las declaraciones públicas de las autoridades de policía, generaría la hipótesis de que se trata de un crimen premeditado.

Electa en 2016, Marielle Franco actuaba en la ciudad de Rio de Janeiro en defensa de los derechos de las mujeres y jóvenes afrodescendientes que viven en áreas periféricas de la ciudad. Durante su mandato, presentó diversas denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el racismo institucional en el sistema de justicia. Según informaciones de público conocimiento, días antes de ser asesinada, habría presentado denuncias sobre la actuación violenta de la policía militar en la favela de Acari, en la región norte de la ciudad de Rio de Janeiro. Franco también había sido nombrada relatora de la comisión del Concejo creado para fiscalizar las operaciones policiales en el marco de la intervención federal, autorizada por medio de un decreto presidencial sobre el cual la CIDH recientemente expresó su profunda preocupación.

El Estado brasileño tiene la obligación de investigar este lamentable asesinato de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y sancionar a los responsables intelectuales y materiales. Asimismo, debe incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como mujer, afrodescendiente, concejal y defensora de derechos humanos. La CIDH subraya la importancia de que dichas investigaciones garanticen el acceso de los familiares a la justicia, prestándoles informaciones pertinentes y garantizando su derecho a ser escuchados y a participar en todas las etapas del proceso.

Los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensoras y defensores es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y en la consolidación del Estado de Derecho. La CIDH insta al Estado brasileño a adoptar inmediata y urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de defensoras y defensores de derechos humanos. Para ello urge al Estado implementar eficazmente su Programa Nacional de Protección de Defensores/as de Derechos Humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

La Coalición Contra la Impunidad repudia el pacto de impunidad

Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn 
Una de las consecuencias del fraude en las elecciones del 26 de noviembre es la consolidación de un régimen dictatorial en el cual los poderes públicos no representan los intereses ni tutelan los derechos del pueblo. La aprobación ilegal de la reforma por adición del artículo 131-A a la Ley  Orgánica del Presupuesto incluida en el Decreto 141-2017 sobre la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (ejercicio fiscal 2018), genera un pacto de impunidad para los funcionarios, ex-funcionarios y otros actores privados como Ongs y fundaciones que han administrado fondos públicos y los han malversado, que deja sin facultades al Ministerio Público y a la MACCIH para investigar los actos de corrupción entre 2006 a 2018.
   
No es la primera vez que los diputados oficialistas pactan con la corrupción y la impunidad, ya lo hicieron con la aprobación de la Ley de Secretos en enero de 2014 y la rebaja de penas en delitos de corrupción en el nuevo Código Penal en agosto de 2017.
Como Coalición Contra la Impunidad condenamos este nuevo pacto de impunidad por ser una burla de la peor calaña por parte de la clase política gobernante con características de criminalidad organizada contra el pueblo hondureño.
Con estas normas de impunidad las redes de corrupción garantizarán  además de impunidad, “certificados de solvencia” por parte del Tribunal Superior de Cuentas, quien durante los próximos tres años se encargará de manipular documentación de los casos de corrupción y los Juzgados hondureños tal como sucedió en el caso de los cinco diputados cerrarán las acusaciones ya presentadas como el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. 
Pedimos a la MACCIH que en los próximos días dé a conocer la identidad de los 60 diputados, funcionarios, ex funcionarios y representantes de Ongs que están siendo investigados por esa institución por actos de corrupción.
 Esperamos que la MACCIH sea coherente con su mandato frente a estos obstáculos que le inhabilitan para cumplir con sus acciones de combate a la corrupción.
Como organizaciones de derechos humanos estaremos realizando acciones legales y populares en los próximos días contra este hecho oprobioso.
 
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de enero de 2018.