Tomado de la página de la CICIG
Los 40 años de guerra civil en Guatemala sentaron las bases para muchas organizaciones criminales; entre ellas algunas que fueron fruto de los servicios de inteligencia estatal y militar. Estas organizaciones, conocidas como CIACS, que aún existen, se dedican a ayudar al narcotráfico, al contrabando, a las operaciones de adopciones ilegales y a la fabricación de pasaportes falsos. Cuentan en sus filas con varios exgenerales y exaltos oficiales de inteligencia, y usan sus conexiones con los servicios de seguridad privados en Guatemala; además, entienden a cabalidad cómo penetrar y corromper al gobierno, lo que los hace un socio útil y un potente actor en el hampa guatemalteco.
Historia
Los orígenes de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) se dan en el conflicto civil de Guatemala. Lo que comenzó como una lucha por la tierra y los derechos laborales en los años cincuenta se convirtió en una guerra civil a gran escala en los sesenta. Varios grupos guerrilleros surgieron (tanto urbanos como rurales), algunos de los cuales incluyeron exoficiales militares. En medio de la confusión, el ejército guatemalteco tomó el poder y lo mantuvo hasta mediados de los años ochenta. En el transcurso del conflicto se creó un aparato de inteligencia elaborado y sofisticado, cuya parte más importante era el Estado Mayor Presidencial (EMP), que llegó a ser encabezado por el actual presidente Otto Pérez Molina.
El EMP fue creado en los años setenta, con el pretexto de proteger al presidente y a su familia. Con el tiempo, se convirtió en un servicio de inteligencia que se centró en las actividades de las fuerzas de oposición y movimientos políticos, y eventualmente se convirtió en una fuerza represiva. El EMP, o lo que fue conocido como el «Archivo» por los temidos documentos que mantenían sobre los enemigos del estado, estuvo involucrado en numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Un documento de inteligencia militar obtenido de los archivos del gobierno de Guatemala menciona a 183 guatemaltecos que el EMP desapareció entre 1983 y 1985. Tribunales guatemaltecos también encontraron a un oficial del EMP responsable del asesinato en 1990 de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack. El EMP fue el foco de la investigación por la muerte de un líder guerrillero que estaba casado con una ciudadana de Estados Unidos y el asesinato del Obispo Juan José Gerardi.
Datos CIACS
Fundación
Años setenta
Miembros
Desconocido
Liderazgo
Descentralizado
Actividades criminales
Tráfico y venta de drogas, tráfico de armas, falsificación de documentos, redes de adopción, contrabando
Datos Guatemala
Actividades Criminales
Tráfico de drogas, tráfico de personas, extorsión, secuestro, redes de prostitución
Principales grupos criminales
MS13, Barrio 18, CIACS, Los Lorenzana, Los Mendoza, Los Leones En lugar de abolir esta unidad al final de la guerra civil en 1996, el presidente Álvaro Arzú aumento su dependencia a ella, y le dio otra función: la lucha contra el secuestro.
Más tarde ascendió al entonces director, el general Marco Tulio Espinosa, nombrándolo ministro de defensa.
El congreso abolió el EMP en 2003, y creó la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS). La SAAS recibió entrenamiento de Israel, España y Estados Unidos. Sin embargo, los críticos argumentaron que el gobierno aún no ha creado un filtro adecuado para investigar la unidad nueva o asegurarse de que no esté infestada por exoficiales corruptos del EMP.
Desde su creación, el acceso del EMP a la presidencia le daba la posibilidad de ejercer influencia directa sobre la dirección del gobierno. Algunos funcionarios y exfuncionarios de seguridad dicen que el EMP, y sus empleados, fueron el núcleo de los «poderes ocultos» que manejaron al estado guatemalteco durante años. Estos «poderes ocultos» incluían oficiales activos y exmilitares, agentes de las fuerzas especiales y altos funcionarios del gobierno. Muchos de ellos trabajaban en ramas de la inteligencia como el EMP, el G-2 o el D-2. En algunos casos, llevaban a cabo sus propias operaciones. En otros casos, ofrecían sus servicios, parte de los cuales incluían el acceso a inteligencia, armas, la experiencia de planificación y una garantía casi total de impunidad.
Estos «poderes ocultos», terminaron siendo conocidos como CIACS. El más famoso de ellos fue la «Cofradía» o «La Hermandad», en referencia a los grupos formados por los ancianos en las aldeas de las tierras mayas altas. Por su parte, la Cofradía militar comenzó como un grupo élite de oficiales de inteligencia que trabajó con grupos de inteligencia militar. Estos oficiales, a menudo los mejores y más brillantes de sus clases, formaron un «club», según documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Con el tiempo la Cofradía también se convirtió en una empresa criminal organizada, donde muchos de estos mismos oficiales militares socavaban la autoridad de los gobiernos civiles usando los servicios de inteligencia y aprovechando su amplio conocimiento de las brechas en la seguridad pública para ganar dinero legítima e ilegítimamente. Las actividades delictivas de la Cofradía incluían el narcotráfico, el contrabando, la venta de pasaportes guatemaltecos, operaciones ilegales de adopción y muchas otras empresas ilegales.
Adicionalmente, malversaban dinero del gobierno, vendían armas en el mercado negro e ingeniaban contratos lucrativos de obras públicas, todo por una cuota.
Otros grupos de CIACS han surgido desde entonces, y si bien cada uno mantiene lealtades diferentes, la mayoría tienen su origen en la Cofradía. El general retirado Francisco Ortega Menaldo creó su propio grupo, dijeron a InSight Crime funcionarios y exfuncionarios de inteligencia.
El general Marco Tulio Espinosa, exjefe del EMP bajo Arzú, mantiene su alianza con el expresidente que ahora es alcalde de la Ciudad de Guatemala. Actualmente la red de inteligencia de Espinosa se extiende desde la oficina del alcalde, en lugar de la presidencia, pero con el control de la policía de tránsito de la ciudad, este grupo mantiene considerables herramientas para reunir y actuar sobre la inteligencia. En Guatemala existe una creencia generalizada de que cada administración presidencial ha sido controlada por un grupo particular de los CIACS.
Desde 2007, la Comisión Internacional de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha estado trabajando para desmantelar los CIACS, al tiempo que aboga por la reforma judicial. Trabajando con la Fiscalía General de Guatemala, la CICIG dio su mayor golpe a un CIACS con la detención en 2010 del expresidente Alfonso Portillo, muy cercano al general Ortega Menaldo.
Según la acusación presentada por Estados Unidos contra el expresidente, Ortega Menaldo orquestó al menos parte del saqueo de los recursos del Estado que llevó a la detención del expresidente y su ministro de Defensa. Estados Unidos le retiró la visa a Ortega en 2002 por sus presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes. También se cree que tienen vínculos con una organización que vende pasaportes guatemaltecos a extranjeros. Las autoridades guatemaltecas no han procesado a Ortega y él siempre ha negado haber actuado mal o mantener conexiones con estos «poderes ocultos». Portillo y dos de los colaboradores más cercanos de Ortega estuvieron en la cárcel por malversación de fondos, el expresidente volvió a Guatemala en febrero de 2015 después de haber pasado un año y medio en una prisión en Estados Unidos.
Dado su tiempo en el EMP, no muchos esperaban que el presidente Pérez Molina renovara el mandato de la CICIG en su llegada al poder. Sin embargo, poco después de asumir la presidencia, Pérez declaró su interés en ampliar el mandato de la CICIG hasta septiembre de 2015, y en abril de ese año aprobó otra extensión de dos años para el organismo internacional.
Liderazgo
Los miembros de CIACS incluyen a militares activos y en retiro, miembros de las fuerzas especiales y altos oficiales del gobierno; muchos de ellos trabajan en ramas de inteligencia como en EMP, el G-2 o el D-2. La Cofradía o la Hermandad estaban conformadas por el cuerpo élite de los miembros de la inteligencia guatemalteca.
Geografía
Los CIACS operan en toda Guatemala.
Aliados y enemigos
Dado el estatus de sus miembros, los CIACS contaban con amplio apoyo del gobierno de Guatemala, con un gran acceso al presidente y a otros políticos.
Perspectivas
Con el caso Portillo y las investigaciones de la CICIG, limitar las actividades del crimen organizado de Guatemala a los CIACS es simplista y anacrónico. La mayoría de exmilitares que alguna vez dirigieron las organizaciones clandestinas están muertos, encarcelados o alejados de la vida pública, según varios analistas y personal de inteligencia consultados por InSight Crime. Su importancia, pese a que disminuyó a nivel operativo, continúa a nivel analítico. Los CIACS son causantes y responsables del débil estado en que la actual generación de grupos del crimen organizado los emplea para sus propios fines.
Guatemala
La República de Guatemala, un país montañoso que se encuentra en el Istmo Centro Americano, tiene una población estimada de trece millones de habitantes. Guatemala obtuvo su independencia en 1821, después de casi tres siglos de dominio colonial Español. Las raíces de la nación yacen en la civilización Maya, que floreció en Guatemala y en sus regiones vecinas en el primer milenio D.C. La variada composición demográfica del país más populoso de Centro América refleja su herencia Maya, con habitantes mestizos, una mezcla de Españoles e Indígenas, y aquellos con descendencia europea comprenden el 60 por ciento de la población; el restante 40 por ciento, está compuesto por una población indígena- Maya.
Varios gobiernos militares y civiles han dominado Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX. Una guerra civil violente que duró treinta y seis años, comenzó en 1960 y terminó con el acuerdo de paz entre el gobierno y la organización de la guerrilla dominante, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
El Conflicto Civil
La guerra civil en Guatemala es el resultado de limitaciones críticas en la democracia durante tres décadas de gobierno militar que comenzó en 1954, cuando un movimiento democrático anticipó el desarrollo de movimientos armados revolucionarios un década más tarde. Acuerdos comprensivos de Paz firmados en diciembre de 1996, dieron fin a la guerra y fueron el resultado de seis años de negociaciones patrocinadas por las Naciones Unidas y una apertura sin precedentes de la sociedad civil.
Los orígenes del conflicto interno – una desigualdad profundamente arraigada, discriminación étnica y la ausencia de espacio político para la oposición – , continuaron alimentando el conflicto, tanto que la guerra se convirtió en algo normal. Dando inicio en los años 60’s, una nueva política de contrainsurgencia en forma de terror de estado y represión dispersa trataron de sofocar la oposición de cualquier forma. La política en la Guerra Fría jugó un papel muy crítico, así como el uso de Centro América por parte del gobierno de Estados Unidos, como una palanca contra la Unión Soviética y como un medio de implementar políticas anti – comunistas a través de la ayuda y las operaciones encubiertas comprobadas. Una Comisión de Clarificación Histórica (CEH por sus siglas en inglés) respaldada por las naciones Unidas encontró que el ejército cometió el 93 por ciento de las violaciones contra los derechos humanos durante la guerra, incluyendo cientos de masacres de civiles. Tantas como 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la guerra.
Las negociaciones de paz a principios de 1990 involucraban al gobierno, los insurgentes de la guerrilla, organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas en un rol de verificación y mediación y muchos gobiernos amigables diplomáticamente. Las negociaciones se convirtieron en la plataforma en la cual actores políticos , económicos y sociales compitieron por legitimidad y avanzaron sus propios programas — incrementaron las oportunidades para acceder al mercado global, el regreso a una autoridad militar y mayor representación política.
Las fuerzas democráticas pavimentaron el camino de un diálogo de espectro social, pero hasta que las muchas manifestaciones tangibles de un sistema de justicia corrupto fueron purgadas de la vida diaria, la apertura social y política que inició en los años 60’s, no podría producir resultados reales. El crimen urbano desenfrenado así como otros síntomas de subdesarrollo y desigualdad persistirán en una cultura que carezca de leyes.
El grado de violencia motivada por razones políticas y una brutalidad instituida como parte de la campaña de contrainsurgencia por parte del estado en los año 70’s y los años 80’s se ha reformulado como criminalidad intensa. La seguridad pública en Guatemala ha alcanzado niveles desastrosamente bajos. Guatemala tiene uno de los índices de asesinatos más altos en Latino América, con más de 45 homicidios por cada 100,000 personas en 2006, ocho veces mayor que el de Estados Unidos. El número estimado de asesinatos por día en Guatemala ha llegado a diecisiete, convirtiéndolo en uno de los países más violentos en el mundo. La oficina Guatemalteca de los Derechos Humanos, estima que las condenas obtenidas son únicamente del 6 por ciento de todos los casos criminales. De las 626 masacres que ocurrieron durante la guerra documentadas por la CEH, ha sido posible enjuiciar únicamente dos casos en las cortes de Guatemala. Una cultura a nivel nacional de impunidad y un progreso mínimo para reducir vastas desigualdades amenazaban con volcar el proceso de democratización que dio pie al celebrado proceso de paz en los años 90’s.
El fallido sistema Guatemalteco de seguridad pública: Impunidad, corrupción e ilegitimidad.
El acuerdo de paz en Septiembre de 1996 que re definió las funciones de los militares en el estado y sociedad de Guatemala y efectivamente finalizó el conflicto armado — titulado como fortalecimiento del poder civil y el papel de las fuerzas armadas en una sociedad democrática — estipularon que los militares no tendrían de nuevo el mandato para reforzar la «seguridad nacional», doctrina bajo la cual las fuerzas armadas desarrollaron y llevaron a cabo la contrainsurgencia represiva y sistemática desde los años 60’s . Las disposiciones del acuerdo indicaban una desmilitarización inmediata, reducción y reubicación de las tropas; desmantelar grupos paramilitares, y cambios definitivos a la misión y educación de los militares. El acuerdo de los Derechos Humanos, el primer acuerdo substantivo que fue firmado, concluyó en Marzo de 1994, haciendo un llamado para establecer inmediatamente mecanismos de verificación de las Naciones Unidas para monitorear los derechos humanos.
A pesar del progreso temprano de la implementación de los acuerdos en las reformas militares y los acuerdos operacionales, incluyendo la reducción del ejército, una efectiva desmovilización de la guerrilla URNG y su inserción en la sociedad, una muy evidente impunidad y corrupción han caracterizado primordialmente al sistema de seguridad Guatemalteco desde los años 90’s.
En diciembre de 2006, el gobierno guatemalteco llegó a un acuerdo con las Naciones Unidas para establecer CICIG, como un esfuerzo para proveer «Fiscal de terceros» que interviene en nombre de las víctimas, clarifica el alcance que tiene los grupos armados ilícitos que se han infiltrado en el estado, y recomienda políticas con el fin de que sean disueltos. Mientras la CICIG representa un esfuerzo internacional legítimo para reducir la impunidad, el cambio genuino debe venir de la voluntad de fuerzas políticas y sociales para reformar la policía nacional y el sistema de justicia.
El crecimiento constante del crimen en Guatemala — y el fracaso del estado y la policía para llevar a perpetradores ante la justicia — ha vuelto corrupto el estándar de vida, estado de derecho, y aun más significativo, la legitimidad del estado ante los ojos de los ciudadanos. Las reformas del sector de seguridad son cruciales para la estabilidad en cada parte de la sociedad — desarrollo sostenible, inclusión social y prácticas anti – discriminatorias, la erradicación de las violaciones a los derechos humanos y un papel más amplio para instituciones legislativas y civiles. Sin la voluntad política que se requiere para un compromiso genuino para establecer la ley y su aplicación como justa, bien cimentado y crucial para la función y mejora de la sociedad, el espíritu de los acuerdos de paz y el proceso de democratización tienen riesgo de crecimiento.
Aproximadamente 5,885 guatemaltecos sufrieron muertes violentas en 2006, 500 más en 2005 y un 60 por ciento de incremento en 2003 (BBC 2007). El relator especial de las naciones unidas para asesinatos extrajudiciales Philip Alston citó una alta incidencia en Guatemala, de horribles asesinatos de mujeres, linchamientos en áreas rurales, violencia en prisiones y el índice de un sólo dígito de condenas por asesinatos, en un reporte de febrero de 2007 sobre los derechos políticos y civiles del país. (ONU 2007). Adicional a la generalizada corrupción, Alston y otros monitoreos al sistema de justicia, apuntan a una falta de recursos financieros, fuerzas policiales insuficientes, y una división problemática de responsabilidades entre los militares y las fuerzas policíacas, y las fallas persistentes para investigar y enjuiciar crímenes serios. La impunidad, que es el problema más serio y abrumador, debe ser tratada antes de que los ciudadanos esperen un progreso hacia una sociedad más equitativa y segura.