Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Las organizaciones integrantes de la sociedad civil, medios de comunicación alternativos, defensores de la libertad de expresión y prensa y la comunidad académica de la región latinoamericana expresaron la tarde de este martes su profundo y total rechazo a la aprobación de la “Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet” en Honduras, porque representa una grave amenaza a la libertad de expresión y acceso a la información en el país.
Señalan además que incumple con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos como la necesidad, proporcionalidad, legalidad, debido proceso y transparencia, los cuales son requisitos indispensables para la limitación a la libertad de expresión.
Exponen también que el Internet es una herramienta que facilita el ejercicio de Derechos Humanos, principalmente la libertad de expresión, acceso a información y de reunión, que la regulación ambigua e imprecisa sobre el contenido que circula en Internet es una vulneración a estos derechos fundamentales
Comunicado: Ley que regula los actos de odio y discriminación en Internet de Honduras
El pasado 1 de febrero se presentó ante el Congreso Nacional de Honduras la iniciativa de Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet, la cual tiene por objeto que las empresas de proveedores de servicios de Internet, plataformas y administradores de sitios web adopten medidas para evaluar y bloquear información y contenidos que puedan constituir actos de discriminación, de odio, injurias, amenazas o incitación a la violencia.
El texto de la Ley propone la censura de contenido considerado como discriminación, odio, injuria, amenaza o incitación a la violencia, sin embargo, no determina los parámetros para determinar qué contenido debe ser bloqueado. De este modo, el proyecto pone en mano de empresas privadas, a menudo extranjeras, el poder de evaluar qué contenido es ilegal y la obligación de tomar decisiones de censura. Estas son facultades que, en un país democrático, corresponden a los tribunales de justicia. Un procedimiento de este tipo, sin legitimidad legal ni controles democráticos es una restricción desproporcionada e innecesaria de la libertad de expresión; e incumple con estándares mínimos de Derechos Humanos.
Las medidas desproporcionadas de censura de contenido e información en Internet ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión de activistas, defensores de Derechos Humanos, opositores y de la población hondureña en general, que es fundamental para la existencia de una sociedad democrática.
Por otro lado, se regula la responsabilidad de proveedores de servicios de Internet, plataformas y administradores de sitios web, obligándolos a determinar mecanismos internos para el bloqueo del contenido ilegal, así como de realizar avisos periódicos a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), como consecuencia cada proveedor y empresa tendrán la facultad discrecional de determinar estos procedimientos. Lo anterior claramente vulnera el principio del debido proceso, por la falta de legalidad y uniformidad para establecer los mecanismos de reclamo y bloqueo de contenido. Además, se imponen sanciones administrativas a los proveedores y empresas de Internet, sin distinguir entre actores muy diferentes del ecosistema de Internet, como medios de comunicación en línea, redes sociales o aplicaciones de distinto tipo.
Estas medidas vulneran los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad que se requieren para la restricción de la libertad de expresión, que tienen por objetivo impedir abusos y arbitrariedades. Además de la falta de precisión para determinar qué se considera contenido ilegal y de las obligaciones dañosas que se imponen a los actores de Internet, el proyecto prevé sanciones de bloqueo de sitios web y servicios de Internet. Estas son sanciones extremas equiparables a la censura a medios de comunicación, que afectarán a cientos de miles de personas en Honduras que hacen un uso legal y legítimo de las redes sociales. Esta Ley, como está redactada, puede usarse para restringir la libertad de expresión en Internet, limitando la crítica al Gobierno e impidiendo que la sociedad exija el respeto de Derechos Fundamentales, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En este sentido, las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la sociedad civil y la comunidad académica de la región latinoamericana, afirmamos nuestra posición sobre esta iniciativa de ley en los siguientes términos:
Expresamos nuestro rechazo a la aprobación de la “Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet” en Honduras, porque representa una grave amenaza a la libertad de expresión y acceso a la información en el país, además que incumple con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos como la necesidad, proporcionalidad, legalidad, debido proceso y transparencia, los cuales son requisitos indispensables para la limitación a la libertad de expresión.
Exponemos que Internet es una herramienta que facilita el ejercicio de Derechos Humanos, principalmente la libertad de expresión, acceso a información y de reunión, que la regulación ambigua e imprecisa sobre el contenido que circula en Internet es una vulneración a estos derechos fundamentales. Además, sostenemos que las sanciones de bloqueo de servicios, aplicaciones y sitios web pueden tener consecuencias desastrosas para la libre expresión de usuarios legítimos.
Manifestamos nuestra preocupación del contexto político social que está atravesando Honduras, principalmente ante el incumplimiento de garantías y derechos fundamentales que ocasionan un deterioro al régimen democrático, así como del uso excesivo e ilegal de la fuerza pública para silenciar a la población, principalmente a activistas, defensores de Derechos Humanos y opositores.
Exigimos que la “Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet” no sea aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, porque contraviene estándares establecidos en la Constitución de Honduras y tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos de los que Honduras es parte, relacionados principalmente con la libertad de expresión, acceso a la información y debido proceso.
Suscriben:
Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Centroamérica)
Access Now (Global)
Código Sur (Latinoamérica)
Fundación Acceso y Observatorio Regional de Seguridad Digital (Centroamérica)
Contra Corriente (Honduras)
Derechos Digitales (Latinoamérica)
Horizontal (Mexico)
Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital (México)
Asociacion por los Derechos Civiles (Argentina)
Public Knowledge (Estados Unidos)
Espacio Público (Venezuela)
Nodo Común (Latinoamérica)
Red Tz’ikin – Realizadores Independientes de Guatemala
Caracol Producciones (Guatemala)
Hiperderecho (Perú)
Asuntos del Sur (Latinoamérica)
Centro de Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos (Argentina)
Artículo 19 (México y Centroamérica)
TEDIC (Paraguay)
Internet Society (Honduras)
Red de Desarrollo Sostenible (Honduras)
Usuarios Digitales (Ecuador)
Asociación para una Ciudadanía Participativa (Honduras)
Intervozes (Brasil)
Comité para la Protección de los Periodistas (Global)
Red en Defensa de los Derechos Digitales (Mexico)
Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala
Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Honduras)
Colectivo Lastiri (Honduras)
Colectivo Creando en las Calles (Honduras)
Asociación Libre Pensamiento (Honduras)
Criterio.hn (Honduras)
Centro de Derechos de Mujeres (Honduras)
Asociación Nacional de Escritoras de Honduras (Honduras)
Comité por la Libre Expresión (Honduras)
Internet Society capítulo República Dominicana
