¿Por qué es estratégico sumarnos a la lucha por rebajar el precio del combustible?

Por: Tomas Andino Mencía

Desde ayer el Pueblo esta frente al dilema de si apoyar o no el paro del transporte, ya que en el pasado este sector empresarial siempre ha jugado a beneficiar únicamente sus intereses y no los de la población en general. Pero tengo razones para creer que hay una diferencia entre anteriores coyunturas y la actual.

Empiezo por decir que el tema del precio del combustible es muy sensible para el gobierno pues junto a las remesas y los ingresos por el café, son tres rubros que tienen la capacidad de desestabilizar las reservas internacionales y por tanto la estabilidad de la moneda. Son las tres gallinas de los huevos de oro del régimen, con la diferencia de que, en el caso del petróleo, el gobierno fija los precios en base a una formula, hecha a su medida y de las transnacionales, y no lo regula en base a la oferta y la demanda, así que puede especular con el precio y disponer de multimillonarios recursos a su antojo.

Pero esa tendencia es cada vez menos sostenible por dos razones: La primera es que ahora se importa menos hidrocarburos que antes, tanto por la progresiva sustitución de la matriz generadora de energía eléctrica, ahora basada en generación hidroeléctrica y eólica (este año se importó 1 millón de barriles menos que en el mismo periodo de 2017) como porque el precio a nivel internacional se ha incrementado (el costo de las importaciones de hidrocarburos aumento un 9%); por tanto, se ve obligado a incrementar el precio del combustible para mantener el mismo margen de ingresos fiscales. La segunda razón es porque estas alzas chocan con los intereses de los empresarios del transporte, un sector que ha sido su tradicional aliado, pues estos ven disminuir sus ganancias porque compran más caro el combustible.

Así las cosas, los transportistas tienen dos opciones: La primera es solicitar el incremento de las tarifas o la liberación del precio a la oferta y la demanda, lo que supondría un golpe durísimo a la economía popular, pero también a ellos mismos, porque el rubro del transporte impacta en todas las mercancías, que ellos también consumen; lo cual los llevaría a echarse el Pueblo encima. La otra opción es demandar al gobierno que sacrifique sus ganancias y las de las transnacionales, para mantener el precio del combustible y no tener que incrementar la inflación. El hecho de que hayan optado por la segunda opción es un indicio importante de que JOH está teniendo dificultades para sostener la alianza con este sector de clase media. Eso explica por qué en esta ocasión gobierno y transportistas han tenido más dificultad en concertar intereses pues estos son cada vez más contradictorios.

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Por eso considero estratégico que la Resistencia nos sumemos a la lucha de los transportistas, ya que de triunfar el Pueblo se vería beneficiado con una disminución de la inflación, y por otro lado, porque minaríamos una de las principales fuentes de enriquecimiento ilícito que tiene el corrupto régimen de JOH.

Si no hacemos nuestro este movimiento a la larga los transportistas encontraran una manera de trasladarnos esos incrementos a nosotros y habremos perdido otra oportunidad de debilitar esta dictadura oprobiosa.

¿Quién mandó al diputado “cometa” a rebajar las penas a favor de los corruptos?

Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Un diputado suplente que casi nadie conoce porque no se presenta a las sesiones del Congreso Nacional, fue quien introdujo la reconsideración del acta legislativa para reducir las penas contra los corruptos en Honduras.

diputado "cometa"
                                                                          Agapito Rodríguez

Su nombre es Agapito Rodríguez, quien es el suplente del diputado por el departamento de Lempira y presidente de la Comisión de Educación, Salvador Valeriano.
Rodríguez, fue curiosamente además el diputado suplente del actual presidente hondureño, Juan Hernández, durante el período (2010-2014) y el cuatro de mayo del 2016 fue juramento como secretario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras.
El “diputado cometa” como lo han bautizado sus compañeros de las bancadas de la oposición, es colega y coterráneo de presidente Hernández. En el occidente de Honduras es conocido además por ser parte de un bufete de abogados que se vincula a la familia Hernández.
En este bufete ha laborado el hermano del mandatario, Juan Antonio “Tony” Hernández, “un hombre de interés para los Estados Unidos”, por tener supuestos vínculos con el narcotráfico, según una publicación de Insight Crime. Asimismo el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y otros prominentes funcionarios del Estado, originarios de la zona occidental de Honduras.
LA JUGADA CLAVE DE AGAPITO
Pese a que nunca asiste a las sesiones del Congreso, Agapito Rodríguez, apareció el pasado martes 8 de agosto e introdujo una reconsideración del acta mediante la cual se hizo la rebaja de penas ligadas a actos de corrupción y se hizo a un lado lo aprobado el jueves 3 de agosto.

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El reglamento del Parlamento hondureño establece que para una reconsideración sólo se requiere que haya quorum, que no es más que la simple mayoría de los parlamentarios, es decir 65 y que la votación alcance la mayoría, el equivalente a 38 votos. Fue bajo esas condiciones que el oficialismo representado por el Partido Nacional logró aprobar a su antojo las nuevas penas.
La acción estuvo de principio a fin plagada de malicia, ya que se discutió cuando en el Congreso casi no había presencia de diputados de la oposición y se aprovechó también la ausencia del consultor español, Francisco Javier Álvarez, experto en derecho penal, contratado con fondos de la comunidad internacional, que le apuesta al adecentamiento de la justicia hondureña.
La diputada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, manifestó que en el Congreso de Honduras los diputados no pueden ni levantarse para ir al baño porque a su regreso se pueden encontrar con una sorpresa.
El secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, aceptó este martes que hubo una reconsideración del acta, pero no justificó las razones del porqué se acudió a este mecanismo. Pérez insistió constantemente y con ánimos de manipular en el contenido del Código Penal vigente.

Ahora la pregunta que cabe es: ¿Quién mandó al diputado “cometa” a rebajar las penas a favor de los corruptos?

Código Penal vigente Aprobación del pleno el 3 de agosto (Dictamen) Modificado mediante acta de reconsideración el 8 de agosto
Delito Malversación por apropiación: Pena: Dos a cinco años. Pena: Cinco a siete años Pena: Cuatro a seis años.

 

Delito Malversación por uso: Pena: Dos a cuatro años Pena: Cinco a siete años Pena: Cuatro a seis años.
Delito: Administración  desleal del patrimonio público: Pena: Tres a cinco años Pena: Cinco a siete años Pena: Cuatro a Seis años

NOTA: Si la pena se establece en menos de cinco años— que fue lo que se hizo mediante la reconsideración  del acta— ésta se reemplaza con detenciones domiciliares, trabajos comunitarios, pago de  fianza u otras medidas. 

Para el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, la reconsideración «es una práctica gansteril porque el artículo 475 se había aprobado con penas de nueve a doce años de cárcel para los delitos de malversación de caudales públicos, y en la rectificación del acta los dejaron de seis a nueve».
En la modificación se estableció una pena de cuatro a seis años de cárcel para el delito de enriquecimiento ilícito, cuando se había aprobado con penas de seis a nueve años.
Entre tanto el diputado por el Partido Liberal, Osman Aguilar, indicó que el Partido Nacional está acostumbrado a cambiar, mediante reconsideraciones, lo que se aprueba en el pleno y recordó que algo similar ocurrió con la reforma al artículo 355-B del Código Penal, que sanciona con cárcel y tipifica como terroristas a los medios de comunicación que den espacio a las protestas sociales.