Agencias católicas estadounidenses instan a gobiernos a proteger a migrantes en busca de refugio

Hacen un llamado a la compasión hacia quienes necesitan refugio debido a la violencia y la pobreza

Tegucigalpa. – Mientras miles de personas de Honduras y otros países de Centroamérica se abren paso hacia México y los Estados Unidos, tres importantes agencias católicas están instando a todas las personas de buena voluntad a hablar y actuar con compasión hacia quienes buscan refugio por la violencia y la pobreza.

El obispo Joe S. Vásquez, de Austin, Texas, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por su sigla en inglés), Sean Callahan, presidente ejecutivo de Catholic Relief Services, y la hermana Donna Markham OP PhD, presidenta ejecutiva de Catholic Charities USA emitieron la siguiente declaración que insta a todas las personas de buena voluntad a hablar y actuar con compasión hacia aquellos que emigran al norte y buscan refugio de la violencia y la pobreza:

 “Como agencias católicas que ayudan a los inmigrantes pobres y vulnerables en los Estados Unidos y en todo el mundo, nos sentimos profundamente tristes por la violencia, la injusticia y el deterioro de las condiciones económicas que obligan a muchas personas a huir de sus hogares en Centroamérica. Si bien las naciones tienen el derecho a proteger sus fronteras, este derecho conlleva responsabilidades: los gobiernos deben hacer cumplir las leyes con proporcionalidad, tratar a todas las personas con humanidad y brindar el proceso legal debido.

 Afirmamos que buscar asilo no es un delito. Instamos a todos los gobiernos a respetar el derecho internacional y las leyes nacionales existentes que protegen a quienes buscan un refugio seguro y garantizan que todos los que regresan a su país de origen están protegidos y repatriados de manera segura.

 Además, abogan firmemente por las continuas inversiones de los Estados Unidos para abordar las causas subyacentes de la violencia y la falta de oportunidades en Centroamérica.

Aseguran que su presencia en todo el continente americano nos ha convencido que la migración es un problema regional que requiere una solución integral y regional. Un enfoque de solo hacer cumplir la ley no aborda ni resuelve las causas principales que generan que las personas huyan de sus países en busca de protección.

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Como cristianos, debemos responder al llamado de actuar con compasión hacia los necesitados y trabajar juntos para encontrar soluciones humanitarias que honren el estado de derecho y respeten la dignidad de la vida humana”.

Catholic Relief Services está trabajando con socios de la iglesia en Guatemala y México para monitorear la situación y brindar ayuda humanitaria a los migrantes. Reconociendo la necesidad de abordar la violencia y la falta de oportunidades que impulsan la migración, nuestros programas en Centroamérica crean oportunidades económicas y reducen la vulnerabilidad de las personas.

¿Quién protegerá a JOH cuando abandone la silla presidencial? (2)

Presidente Hernández

Por: Oscar Miguel Marroquín 

En la memoria catracha aun fresca esta la captura del hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, por parte de la Administración de Drogas y Narcóticos DEA de los Estados Unidos.

Narcotraficante resultó ser Fabio Lobo; la noticia no fue recibida con asombro.

El apresamiento de Fabio Lobo se lleva a cabo justamente cuando su padre Porfirio Lobo había dejado de ser el presidente de Honduras, con un poco entonces de imaginación, bien se puede pensar que la DEA retrasó el arresto a fin de no entorpecer la gestión del presidente hondureño.

Para nadie es un secreto que Estados Unidos apoyaba incondicionalmente a Porfirio Lobo, dado que para ese entonces Honduras vivía una de sus peores crisis política producto del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, golpe de Estado que por supuesto el gobierno de Barak Obama apoyaba de forma indirecta.

Cabe entonces preguntarse lo siguiente ¿se termina al más alto nivel político el narcotráfico en Honduras con el arresto, enjuiciamiento y condena de Fabio Lobo?

Otros prominentes nombres asociados a la política hondureña suenan, pero esta vez en el gobierno de Juan Orlando Hernández, la lista es enorme, pero para responder a nuestra pregunta hace falta nada más mencionar a unos cuantos: Tony Hernández (hermano del presidente), Oscar Nájera, Julián Pacheco, Adán Funes y según Devis Leonel Rivera Maradiaga Juan Orlando también forma parte de la red de narcos en Honduras.

Así las cosas, parece que, con la captura de Fabio Lobo, otros ocupan su lugar.

De buena gana creo, quisiera Juan Orlando que la sociedad hondureña desconociera que durante lo que el lleva de estar en casa presidencial, Honduras ha sido uno de los principales territorios de transito utilizado por el narcotráfico hacia los Estados Unidos.

Por si esto fuera poco, también se habla de instituciones financieras hondureñas involucradas en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Ahora bien, el tema que nos ocupa es ¿Quién protegerá a JOH cuando abandone la silla presidencial?

Ya hemos dejado en claro que el gobierno norteamericano esperó pacientemente a que Porfirio Lobo abandonara la silla presidencial, para entonces poner tras las rejas a uno de sus hijos, que por cierto pasara una buena cantidad de años viviendo en una fría y solitaria celda.

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Pues bien, por Honduras sigue pasando la cocaína hacia los Estados Unidos, sin que hasta el sol de ahora se halla capturado algún narcotraficante importante, eso significa que hay luz verde para el narcotráfico, o lo que es lo mismo decir, quienes tienen el poder de impedir la narcoactividad no mueven un solo dedo, esto significa que hay complicidad.

La pregunta entonces es ¿Cuánta información tiene la Administración de Drogas y Narcóticos DEA sobre los que manejan el poder en Honduras? ¿Será que la DEA hará lo mismo que hizo con Fabio Lobo, cuando JOH abandone el poder?

CIDH adopta medida cautelar para protección de Monseñor Silvio José Báez Ortega en Nicaragua

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- El 29 de mayo de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió adoptar una medida cautelar para proteger los derechos a la vida e integridad personal del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez Ortega, quien se encuentra participando en la “Mesa de Diálogo” instaurada con la intervención de diversos sectores con el Gobierno a efectos de alcanzar una solución pacífica a la situación que actualmente atraviesa Nicaragua.

Tras analizar la información disponible, a la luz de las constataciones directamente realizadas en la visita de trabajo a Nicaragua entre el 17 al 21 de mayo de 2018, la CIDH consideró  que los derechos a la vida e integridad personal de Silvio José Báez Ortega y sus familiares se encuentran en grave riesgo.  La Comisión sigue evaluando otras solicitudes recibidas durante y después de la visita.

Al tomar esta determinación, la Comisión tomó en cuenta que, según la información recientemente difundida por la Conferencia Episcopal Nicaragüense, Monseñor Silvio José Báez –presuntamente como resultado de sus labores de mediación que realiza en la mesa de diálogo- habría sido objeto de acciones de “descrédito”, “amenazas de muerte”, así como de presuntos “ataques del gobierno orquestados a través de periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales como Facebook  y Twitter”. 

La Comisión asimismo recibió información que indica que Silvio José Báez y sus familiares estarían en una lista de personas a “eliminar” y personas sospechosas vigilarían de manera constante el domicilio de familiares. La Comisión pudo constatar imágenes aportadas según las cuales, a través de la red Facebook, además de diversos mensajes de descrédito -que en el contexto específico crean un ambiente de particular animosidad en contra del beneficiario- de manera concreta muestran a una persona exhibiendo un arma que habría anunciado que atentaría contra la vida del obispo Silvio José Báez Ortega. Por otra parte, la Comisión notó el efecto amedrentador que podría tener tal situación de riesgo en su participación en la “Mesa de Diálogo”, así como para otros de sus integrantes.

En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal del beneficiario y sus familiares. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros; concierte las medidas a adoptarse con las y los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Crean en Honduras fiscalía para proteger defensores, periodistas y operadores de justicia

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El pasado 6 de marzo fue publicado un decreto en el diario oficial La Gaceta mediante el cual se establece la creación de la Fiscalía Especial para la protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, una nueva instancia adscrita al Ministerio Público de Honduras.

La noticia fue aplaudida por algunos y cuestionada por otros que reclaman mayor efectividad de la institucionalidad y no la creación de nuevas instancias, que vienen a engrosar la burocracia y los gastos en sueldos y salarios.

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La nueva unidad fiscal vendrá a complementar el Decreto 34-2015, publicado en la Gaceta número 33,730 del 15 de mayo del año 2015, que contempla la creación de la Ley de Protección para las y los Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El ente se crea con la promesa de investigar  los crímenes contra periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, que siguen en la impunidad ante la inoperancia del Ministerio Público. Sin embargo el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, cuestionó la creación, en primer término porque no se le consultó a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y en segundo lugar, porque ya existe la Fiscalía de los Derechos Humanos.

“Para qué si ya existe la Fiscalía Especial de Derechos Humanos que reúne a todos los delitos que tienen que ver con el ciclo de derechos humanos”, criticó Maldonado al considerar que lo oportuno sería sanear al Ministerio Público para que todos los que ocupen puestos sean profesionales con compromiso con la sociedad hondureña y que cumplan su papel de ser el ente acusar del Estado en la comisión de delitos.

Maldonado apuntó que pese a que la nueva Fiscalía fue creada desde el 6 de marzo pasado, él se enteró de su existencia hasta ayer durante una reunión en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Aclaró que la creación de la nueva unidad fiscal no es mala porque se espera que se reviertan los elevados índices de impunidad y que su trabajo debe comenzar investigando el hostigamiento que hay actualmente contra los defensores de los derechos humanos

En tanto el presidente del Colegio Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, celebró la creación de la nueva fiscalía.

Para Rodríguez la fiscalía será un avance importante en la lucha contra la impunidad que impera en el gremio periodístico y servirá para poner atención especial para investigar delitos en contra de los periodistas y comunicadores cometidos por altos funcionarios del Estado.

“Desde 2001 al 2018 al menos 75 profesionales de la comunicación han sido asesinados, de los cuales seis han sido judicializados y el resto se encuentra en total impunidad”, condenó.

En los próximos días las autoridades del Ministerio Público anunciarán quien será el responsable de la nueva fiscalía.

CIDH ordena proteger comunidades en Pajuiles, Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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En su resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce expresamente que el acceso al agua es un aspecto inherente al derecho a la salud

Tegucigalpa.- El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos la decisión adoptada por la CIDH el pasado 1 de marzo de 2018, mediante la cual otorga medidas cautelares en favor de los “pobladores consumidores del agua del río Mezapa” de las comunidades del sector Pajuiles, ubicadas en el Departamento de Atlántida, Honduras.

Los pobladores se mantendran en pie de lucha y arreciarán las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos y mineros en la zona

En su Resolución No. 12/2018, la Comisión reconoce que dichas comunidades se encuentran en una situación de riesgo grave y urgente de sufrir daños irreparables a sus derechos a la salud, vida e integridad personal, dado que la única fuente de agua potable de la que disponen no es apta para el consumo humano, puesto que está contaminada con coliformes fecales y esterichia e-colli.

En virtud de lo anterior, la CIDH ordena al Estado de Honduras, adoptar medidas para mitigar, reducir y eliminar las fuentes de riesgo identificadas; realizar los diagnósticos médicos necesarios y pertinentes a los pobladores de las comunidades beneficiarias, a fin de suministrarles atención médica adecuada. Así también mandata asegurar el acceso a agua potable en condiciones adecuadas para su consumo y uso doméstico; e investigar los hechos que dieron lugar al otorgamiento de las medidas cautelares, relacionados a las pretensiones de la empresa de generar energía eléctrica HIDROCEP, sobre el cauce del río Mezapa.

La decisión de la CIDH es particularmente relevante porque reconoce expresamente que el acceso al agua es un aspecto inherente al derecho a la salud, y un elemento necesario para garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal.

Por otra parte, la Comisión Interamericana expresó su preocupación ante los hechos de amenaza, hostigamiento, y actos de violencia en contra de las personas que conforman el Campamento Digno por los Ríos y por la Vida, conformado desde el 22 de marzo del 2016 por los habitantes de las comunidades afectadas —organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia—, quienes han presentado múltiples denuncias  ante el Ministerio Público por los daños ambientales provocados por la construcción del proyecto hidroeléctrico “Los Planes”. Este último se instalaría sobre el río Mezapa, justo antes del punto de captación de agua para el uso y consumo humano de las comunidades de la zona, y al cual achacan el origen de la contaminación.

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Pese a las denuncias interpuestas, el Estado de Honduras no ha adoptado medidas encaminadas a investigar las denuncias e identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la contaminación del agua del río Mezapa, tampoco han tomado medidas para remediar los daños causados y garantizar que no se continúe contaminando.

El MADJ y CEJIL exhortamos al Estado de Honduras a cumplir con todas las medidas ordenadas por la CIDH para garantizar el acceso a agua salubre y de calidad, y proteja la salud, la vida y la integridad personal de los y las habitantes las comunidades beneficiarias en el sector de Pajuiles.

Para las organizaciones (MADJ y CEJIL), es fundamental que se investigue la contaminación generada al cauce del río por la construcción del proyecto hidroeléctrico Los Planes y se tomen medidas para que este proyecto no avance, también hacemos un llamado para que se respete el derecho de manifestación de las personas en el Campamento Digno por los Ríos y la Vida y se atienda adecua y prontamente sus reclamos.

La Asociación de Cooperación Internacional están preocupados por reformas para proteger funcionarios corruptos

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), mediante un comunicado ha manifestado su preocupación por las reformas a los Artículos 16 y 131-A de la Ley de Presupuesto General (Decreto 83-2004) que pretenden frenar las investigaciones a funcionarios y diputados corruptos, aprobadas por el Congreso Nacional.

La medida supone una evidente acción administrativa dilatoria conferida al TSC y un debilitamiento de las competencias y atribuciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en lo que respecta a la determinación de las responsabilidades penales por casos de corrupción, reza el comunicado. 

«Nos preocupan las consecuencias que esta medida podría tener sobre los casos de corrupción que actualmente están siendo investigados por la UFECIC y la MACCIH», dice la Asociación de Cooperación Internacional ACI.

Comunicado del espacio ACI:

La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 29 ONG internacionales con presencia y trabajo en Honduras, manifiesta su preocupación y considera muy grave las reformas a los Artículos 16 y 131-A de la Ley de Presupuesto General (Decreto 83-2004). Según el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, estas reformas “se habrían realizado con el objetivo de frenar diversas investigaciones sobre corrupción en el país”.

En años anteriores el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) señaló que las Disposiciones Generales del Presupuesto constituyen normas complementarias a la Ley Orgánica del Presupuesto, que a su vez está sujeta a la Constitución de la República, y no deben alterar otras leyes que jerárquicamente son superiores.

En concordancia con las declaraciones del señor Jiménez Mayor nos preocupa que, según la disposición aprobada, los casos de corrupción de tres períodos de gobierno (2006-2010, 2010-2014, 2014-2018) deban ser conocidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) previo a cualquier acción judicial en el país.

Esta medida supone una evidente acción administrativa dilatoria conferida al TSC y un debilitamiento de las competencias y atribuciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en lo que respecta a la determinación de las responsabilidades penales por casos de corrupción. El proceso de nombramiento de los magistrados del TSC en el 2017 fue fuertemente criticado desde la sociedad civil hondureña.

Nos preocupan las consecuencias que esta medida podría tener sobre los casos de corrupción que actualmente están siendo investigados por la UFECIC y la MACCIH. Según el comunicado de la MACCIH, la medida podría provocar el archivo provisional de varios procesos de importancia, incluyendo “la investigación conocida como ‘RED DE DIPUTADOS’, que […] abarca a más de 60 diputados y ex diputados de la Nación, incluyendo el propio presidente del Congreso Nacional, así como a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 ONG” y que -según cálculos de la MACCIH- solo entre 2011 y 2015 podría haber supuesto la sustracción de más de 1,300 millones de lempiras.

El pasado 24 de enero se vio la primera consecuencia de la disposición aprobada, cuando la jueza Alma Consuelo Guzmán determinó acogerse a la reforma aprobada en el decreto 141-2017 y trasladar al TSC las diligencias con relación a los primeros cinco diputados y así paralizando las investigaciones de la MACCIH por un periodo de tres años.

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En este sentido, desde el Espacio ACI apoyamos la solicitud realizada por el señor Jiménez Mayor y diversos sectores de la sociedad hondureña -incluyendo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)- de que se derogue o declare inconstitucional el Artículo 238 del Decreto 141-2017. Adicionalmente, instamos a las autoridades hondureñas a que cumplan con sus obligaciones según la Convención Interamericana contra la Corrupción y el convenio con la OEA para el establecimiento de la MACCIH, eliminando todas las barreras que podrían entorpecer la labor de esta institución.

Esperamos que no llegue a materializarse ese “Pacto de impunidad” que ha sido denunciado, ya que supondría un claro incumplimiento de los compromisos de Honduras en materia del combate a la corrupción y un duro golpe a la vigencia del Estado de Derecho en el país.

Tegucigalpa, Honduras.

Jueves 25 de enero de 2018.

Como burdo intento por proteger los corruptos, califican organizaciones de sociedad civil lo actuado por el Congreso Nacional

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Varias organizaciones de sociedad civil, incluida la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), rechazaron hoy el decreto aprobado por el Congreso Nacional donde quitan potestad de investigar fondos públicos a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y al Ministerio Público.

Señalan que ese decreto,  aprobado en circunstancias inapropiadas,  genera dudas y suspicacia y que produce inconformidad en los hondureños que demandan un gobierno transparente, que rinda cuentas y que luche contra la corrupción. 

Respaldan el trabajo de la MACCIH y piden a las demás organizaciones que den su respaldo a la misión y que se mantengan atentos antes este burdo intento por proteger los corruptos y afianzar el sistema institucionalizado de corrupción.

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Derechos humanos de la ONU lanzan plan para proteger defensores de derechos

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Ginebra/Montevideo – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos,  iniciaron hoy un nuevo y más profundo plan de cooperación para abordar uno de los problemas más apremiantes en las Américas: la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.

El presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren Praeli, el Relator para personas defensoras de derechos humanos de la CIDH, José de Jesús Orozco y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, lanzaron el Mecanismo de Acciones Conjuntas para Contribuir a la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en las Américas en un acto público en Montevideo, donde la Comisión celebra su 165º período ordinario de sesiones.

“Las personas defensoras de los derechos humanos son esenciales para el funcionamiento saludable de las sociedades y, sin embargo, en los últimos años, en las Américas, han sido cada vez más atacados. Estas personas son víctimas de amenazas, campañas de difamación, detenciones arbitrarias, malos tratos, e incluso, tortura. Muchas de ellas corren el riesgo de ser víctimas de ataques violentos, a veces mortales, incluso por parte de particulares vinculados a intereses empresariales o a poderosas bandas criminales «, dijo el Alto Comisionado Zeid.

En 2016, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en el mundo ocurrieron en las Américas, y el 41% de estas personas asesinadas fueron aquellas que se oponían a proyectos extractivos o de desarrollo, o que defendían el derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas.

En un escenario de continua impunidad para los perpetradores, vemos una tendencia preocupante del uso de ley para criminalizar las actividades de las personas defensoras de los derechos humanos, para silenciarlas o castigarlas «, dijo Orozco. «Esta es una de las razones por la cual el lanzamiento de nuestro mecanismo de acciones conjuntas es tan importante y oportuno, ya que actuando juntos y sistemáticamente podemos tener un mayor impacto».

La CIDH y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ya cooperan ampliamente en casos emblemáticos de derechos humanos y situaciones de especial preocupación. El mecanismo de acciones conjuntas intensifica este trabajo en favor de las personas defensoras de derechos humanos, aprovechando sus capacidades nacionales, regionales e internacionales, aprovechando sus fortalezas complementarias y creando conexiones más sólidas entre sus funcionarios.

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Entre las acciones específicas planificadas, la CIDH y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos estudiarán las medidas que los países de la región han implementado para proteger a las personas defensoras y elaborará un manual de buenas prácticas para contribuir a su protección.

 

Sentencias de la CIDH pretenden hacer justicia y crear políticas para proteger los derechos humanos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  lo que pretenden es, primero,  hacer justicia sobre un caso individual y también que se genere una respuesta de política pública sobre el caso para que luego tenga un efecto colectivo, manifestó Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

La CIDH no puede conocer todos los casos que no se atienden en un país y lo que se hace es tomar algunos casos emblemáticos y llevarlos hasta esa instancia porque la resolución que emite no solo es sobre el caso sino generar política pública de protección a los derechos humanos o de protección a defensores.

Nota relacionada CIDH pide acelerar investigación de asesinato de Berta Cáceres

La sociedad civil debe hacer una labor de visibilización de las sentencias que no se han cumplido desde 1989 y en eso los medios juegan un papel importante dando a conocer esos casos y generando la reacción colectiva para que sea la sociedad entera la que exija el cumplimiento de las sentencias y la generación de políticas colectivas para que los hechos no se repitan.

Vea la entrevista completa…

Congresista estadounidense llama a autoridades hondureñas a proteger familia de Berta Cáceres

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

WASHINGTON – El miembro de la cámara de Representantes por el estado de Minnesota,  el demócrata Keith Ellison, hizo un llamado a las autoridades hondureñas para que protejan la familia de Berta Cáceres. 

Ellison emitió la anterior declaración después de recibir informes que miembros de la familia de Berta Cáceres han sido hostigados y amenazados repetidamente. 

Berta Cáceres fue una prominente defensora  de derechos humanos y ambientales, líder del pueblo lenca de Intibucá,  quien fue asesinada el 2 de Marzo de 2016.

Ellison manifestó: «Estoy horrorizado con los ataques que continúan contra la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)”. 

“En vez de recibir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, reciben amenazas contra sus vidas.   Hago un llamado a las autoridades hondureños a garantizar las protecciones necesarias a la familia Cáceres y a los otros activistas de la sociedad civil quienes viven en miedo.”

“Seguiré monitoreando el bienestar de la familia Cáceres, la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres y me solidarizo con la familia y la comunidad en sus llamados por la justicia.”