La secretaría de Seguridad tiene 845% más recursos que la secretaría de Educación
La infraestructura, que beneficia al sector privado, tiene 2,759% más que la educación y 117% más que la salud
Pese a que Honduras tiene graves problemas institucionales, sólo el 1% de los fondos se orientan a fortalecer las instituciones y a mejorar la transparencia
Tegucigalpa.-Carlos Canaca Matamoros, más conocido como “El Mejicano”, nos cuenta su historia del porqué en el año 2000 se fue de Honduras en busca de mejores horizontes, orillado por la pobreza y la exclusión social.
«El Mejicano” se dedica actualmente a la elaboración de bisutería a base de jícaras para poder sobrevivir, en un país donde el 65% de la población vive en la pobreza y el 43% en pobreza extrema.
Su historia es muy común en Honduras, donde de acuerdo a una encuesta de Cid Gallup publicada el año pasado, el 56% de los consultados respondió que quisiera irse a Estados Unidos y conseguir un buen empleo.
La desesperación de los hondureños por quererse marchar se debe a los altos índices de pobreza, la inseguridad generada por las maras o pandillas, el bajo o poco inclusivo desarrollo humano, la falta de empleo y oportunidades, todo ello, conllevó para que a mediados del 2014 se generara una crisis migratoria de niños no acompañados hacia los Estados Unidos.
La situación se replicó también en los otros dos países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala y El Salvador, razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos aprobó el Plan Alianza para la Prosperidad (PAP).
Bajó este plan el gobierno norteamericano designó $ 750 millones para el 2016 y $655 millones para el 2017, es decir, $95 millones menos. El primer desembolso para Honduras fue de $ 125 millones y se efectuó a finales de enero pasado, pero el gobierno estadounidense asume, en su presupuesto, que los recursos de la asistencia corren desde el año pasado.
Los aportes de los Estados Unidos los administra directamente la embajada y la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) a través de organizaciones de sociedad civil.
CONTRAPARTE NACIONAL 2017
Para poner en marcha el PAP, los tres países se comprometieron a adecuar el presupuesto a cuatro lineamientos establecidos en esta iniciativa y que están orientadas a fortalecer las instituciones, desarrollar el capital humano, dinamizar el sector productivo y mejorar la seguridad ciudadana y acceso a la justicia.
Para cumplir con la sugerencia estadounidense, el gobierno de Honduras adecuó su presupuesto de 2017 en 20 instituciones, que se supone incidirán para concretizar los lineamientos anteriormente citados, y lo estableció en $ 945.2 millones, el equivalente a 23, 029, 280,910 (de acuerdo al precio del dólar en aquel momento).
Al hacer un análisis de los fondos nos damos cuenta que el presupuesto es un renombramiento de las líneas presupuestarias del Plan de Gobierno 2014-2018 “Plan de Todos para una Vida Mejor”, que tiene un enfoque empresarial y responde a las promesas asumidas por el Presidente de la República que, en el corto, mediano y largo plazo, no solucionarán la crisis migratoria.
“No ha habido recursos adicionales para el Plan Alianza para la Prosperidad por parte del gobierno de Honduras sino que son los mismos recursos que ya estaban presupuestados”: Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras y ex secretario de Finanzas.
Hugo Noé Pino, exprsidente del Banco Central de Honduras
Al escudriñar el presupuesto encontramos que el 30.49 % de los fondos corresponden a la partida de Servicios Financieros de la Administración Central. El total de estos fondos representan 7,022,400,000 lempiras, de los cuales 4,500,000,000 corresponden a fideicomisos del Fondo de Reducción de la Pobreza para atender los mecanismos de asistencia social contemplados en el programa “Vida Mejor”, que consiste en la entrega de bonos, y para la reactivación del sector agrícola y la generación de empleo.
El tema de empleo se lleva a cabo a través del programa “Con Chamba Vivís Mejor» y el Programa Honduras 20/20, que proyecta la generación de 600 mil nuevos empleos en cinco años, en los rubros de textiles, manufactura intermedia, turismo, servicios empresariales, agronegocios y vivienda.
Estos programas son cuestionados porque consisten en la entrega de subsidios a favor de las empresas con la condición de que generen empleos permanentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos su retribución anda en un promedio de 6,000 lempiras, el equivalente a $250, un ingreso muy bajo que no permite condiciones dignas para las personas y lo más lamentable, es que los puestos de trabajo se mantienen por tres meses que es el período que dura el subsidio.
“El desafío es generar empleos dignos, sostenibles, pero eso lo va definiendo la dinámica de mercado”: Rocío Tábora, subsecretaría de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas.
“No hay mejor proyección social, mejor labor que generar empleos dignos para que el hondureño pueda cubrir lo que quiera. Esto a su vez disminuye la violencia y criminalidad”: Luis Larach, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
TASA DE SEGURIDAD
En tanto los restantes 2, 522, 400,000 se orientan al Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, más conocido como Tasa de Seguridad Poblacional. El 36% de estos fondos se acomodan a la militarización, el 34% a la Secretaría de Seguridad, el 17% a la Dirección Nacional de Inteligencia, el 6% a la prevención del delito, el 4% al Ministerio Público, el 2% al Poder Judicial y el 1% a las municipalidades.
La segunda prioridad del presupuesto corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos con el 13.79 %, que representa 3,175, 372,968 lempiras con lo que se supone se dinamizará el sector productivo, pero a través de fideicomisos y concesiones para la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura, favoreciendo a grandes empresas del rubro e incluso, se contempla 94, 100,000 para la conversión de la deuda para la construcción del aeropuerto de Palmerola.
“Con la forma cómo se está desarrollando el Plan de la Alianza para la Prosperidad uno mira un desequilibrio entre sectores, que en el mediano plazo debería corregirse, y la forma de corregirse, no sólo es en la forma de la asignación de los recursos, sino que en cuanto a la participación ciudadana”: Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras.
En tercer lugar aparece la Secretaría de Salud con el 11.83% de los fondos, representados por 2, 724, 416,033 lempiras. Con estos dineros se prevé desarrollar el capital humano mejorando, supuestamente, la nutrición y el desarrollo infantil temprano, pero los programas a implementar son los mismos que se había trazado el Plan de Gobierno 2014-2018 “Plan de Todos para una Vida Mejor”.
El cuatro lineamiento presupuestario corresponde a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con el 11.69 %, es decir 2, 692, 247,558 lempiras, orientados a dinamizar el sector productivo, reduciendo los costos energéticos y a través de la construcción de proyectos hidroeléctricos.
Sin embargo, al analizar las líneas nos damos cuenta que el Estado seguirá invirtiendo en una institución pública que desde el 2016 fue reemplazada por la Empresa Energía Honduras (EEH), que pese a que sigue utilizando la capacidad instalada de la ENEE, es quien usufructúa las ganancias.
La EHH asumió la distribución, operación, medición, facturación, mantenimiento y reducción de pérdidas, el 18 de agosto de 2016.
“Se dice que Plan Alianza para la Prosperidad nace a raíz de la crisis humanitaria de la niñez migrante de 2014 decretada por Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de aquel entonces. Pero dónde está hablando de la niñez migrante no hay ni un sólo principio que diga que garantice la protección a los niños y le garantice una vida digna desde el país de origen, tránsito y destino”: Sor Lidia Mara Silva de Souza, coordinadora nacional de la Pastoral de Movilidad Humana.
En quinto lugar tenemos a la Cuenta Desafío del Milenio con 2, 037, 537,429 lempiras, es decir el 8.85% del total de los recursos, que se destinan a dinamizar el sector productivo mediante la infraestructura logística en programas que ya existían.
Le sigue, de acuerdo a la supremacía de los fondos, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social con 1, 651, 083,840, es decir con el 7.17%, de los recursos los que se orientan a desarrollar el capital humano mediante el mejoramiento de la salud, nutrición y desarrollo infantil temprano y en programas de apoyo a la primera infancia a través de la universalización de la educación. Todo lo planteado ya existía en el presupuesto porque son parte de los compromisos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En la séptima posición se encuentra la Secretaría de Seguridad con el 4.23 % de los fondos, representados por 973, 104,331 lempiras destinados a mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, mediante el fortalecimiento de los operadores de justicia.
Entre tanto, en octavo lugar se encuentra el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) con 905, 027,369 lempiras, es decir el 3.93% del total del presupuesto y va dirigido para el desarrollo del capital humano, mediante el aumento de cobertura y mejoramiento de la educación secundaria y vocacional.
Más adelante aparece la Secretaría de Agricultura y Ganadería con el 2.53 % de los recursos, es decir 582, 141,240, para dinamizar el sector productivo, mediante la promoción de sectores estratégicos y atracción de la inversión.
Por su orden le sigue el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, con 259195264 (1.13 %); el Instituto Nacional de Migración, con 181, 979,423 (0.80 %); el Servicio Administración de Rentas, con 171, 485,098 (0.65%); el Instituto Nacional Penitenciario, con 149, 986,295 (0.65 %); la Secretaría de Finanzas, con 121476500 (0.52%).
Siguen en la lista, la Secretaría de Educación con 115,096,834 (0.50%); el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con 105,919,166, (0.46%); la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, con 94,758,819 (0.41%); la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, con 38,575,734 (0.17%); la Secretaria de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización, con 17,933,287 (0.08%); el Programa Nacional de Prevención y Rehabilitación y Reinserción Social (0.03%) y la Secretaría de Relaciones Externas y Cooperación Internacional, con 2,476,184 (0.01%).
Cabe señalar que los fondos asignados a la Secretaría de Relaciones Externas y Cooperación Internacional, van orientados a desarrollar el capital humano, favoreciendo la reinserción social y la economía de los migrantes retornados y atención integral de mujeres, jóvenes y niñez vulnerables, aunque la mayor parte de los recursos se alinean en los servicios consulares, migratorios, derechos humanos y asuntos especiales.
DESPROPORCIONALIDAD
Algo importante que se debe señalar es que el presupuesto de educación es de apenas el 0.50% (115, 096,834 lempiras) de los fondos, contra el 4.23% (973, 104,331) de la Secretaría de Seguridad, una diferencia de 858, 999,907 lempiras. Lo que implica que la seguridad tiene 845% más recursos que la educación, cuando ésta última línea debería prevalecer en el PAP, ya que se supone que es una estrategia para fomentar el capital humano.
Y si comparamos lo que se destina a la partida de infraestructura, que prevé dinamizar el sector productivo, mediante concesiones a grandes empresas y lo comparamos con lo destinado a educación, nos encontramos que la desproporción es abismal y anda en 2,759%, a favor de las obras de infraestructura, en detrimento de la educación.
Al hacer la comparación entre lo presupuestado para infraestructura versus salud, la desproporción, siempre es alta, pero menor a la antes citada, pues anda en 117% siempre a favor de las obras de infraestructura para beneficiar a grandes empresas constructoras.
En conclusión, podemos decir que el presupuesto hondureño de 2017 proyecta porcentajes que priorizan el capital humano, según los informes oficiales, pero fácilmente esa tesis se desvirtúa si se analiza institución por institución y sobre todo, las finalidades de los recursos, pues nos damos cuenta que la prioridad es la seguridad y el sector privado, mientras lo relacionado a la educación y salud, queda en desventaja cuando se supone que la prioridad del PAP es atender la parte humanitaria para evitar la migración de los ciudadanos.
Wilfredo Méndez, director ejecutivo de Ciprodeh
“El principal objetivo del Plan de la Alianza para la Prosperidad es que las causas que provocan la salida de la gente del país, como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades de empleo y de salarios dignos, sean atacadas. Se trata entonces de no sólo atacar los problemas estructurales sino de generar mejores condiciones de vida”: Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Al desglosar el presupuesto de la contraparte nacional, contemplado en 945.2 millones de dólares, encontramos que el 45% ($422.67 millones) de éstos van orientados a desarrollar el capital humano; el 38 % ($359.1 millones) para dinamizar el sector productivo; el 16% ($ 154.3 millones) para mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y el 1% ($9.4 millones) para fortalecer las instituciones y mejorar la transparencia.
La crisis migratoria de niños no acompañados en Honduras, Guatemala y El Salvador a mediados del 2014, impulsó la aprobación en el Congreso de los Estados Unidos del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica
La Alianza por la Prosperidad fue anunciada —con todo un editorial del vicepresidente estadounidense Joe Biben en el New York Times— a principios de 2015, como una iniciativa de los cuatro países para incrementar la inversión y el comercio, disminuir la violencia y fortalecer sus instituciones.
El plan ignora problemas fundamentales de las sociedades y que supuestamente busca contrarestar como la corrupción y falta de Estado de Derecho. Sin embargo en el caso de Honduras la contraparte nacional asigna apenas $9.4 millones, que representa el 1% de los fondos, para fortalecer las instituciones y mejorar la transparencia.
El país registra en la actualidad altos niveles de corrupción e impunidad, de hecho la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), es la aceptación tácita que hay serios problemas institucionales que garanticen un Estado de Derecho.
Datos al 14 de junio de 2017 del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), establecen que 21 mil 430 hondureños habían sido deportados tanto por la vía aérea como por la terrestre. En 2016 al mismo período la cifra era de 33 mil 360, es decir 37.7 por ciento menos.
Pero lo anterior no necesariamente significa que los connacionales hayan dejado de migrar, ya que en marzo pasado la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, informó que las cifras de solicitudes de asilo hacía ese país se habían disparado en más de 150% y que el 86,6 % de éstas provenían de hondureños y salvadoreños.
