Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El Ministerio Público de Honduras efectúa este martes una inspección en las zonas aledañas a la represa Agua Zarca, que se construye sobre el río Gualcarque y que generó el conflicto mediante el cual fue asesinada la ambientalista y lideresa indígena, Berta Cáceres.
Esta inspección se lleva a cabo ante múltiples llamados de organismos internacionales que han lanzado una cruzada para exigir al Estado de Honduras que llegue al fondo del crimen de Cáceres y que se castigue a los autores intelectuales de este nefasto hecho.
La acción de hoy se desarrolla en las zonas de Río Blanco, Intibucá y San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara en el occidente de Honduras, con el objetivo de constar posibles daños ambientales y verificar la venta irregular de terrenos por partes de particulares de tierras ancestrales ocupadas por comunidades Lencas del sector.
La inspección se verifica en el marco de la Operación Tormenta de Fuego XI, a través de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, en coordinación con técnicos de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente.
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El pasado 31 de octubre el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) presentó un informe que, entre otras cosas, devela la trama mediante la cual la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) usó sus influencias políticas y económicas para construir la represa Agua Zarca, violentando las normas y los procesos hondureños y cómo efectuó ataques de control, neutralización, y castigo para las personas que eran consideradas “enemigas”, entre éstas Berta Cáceres.
Recientemente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió un comunicado mediante el cual urgió al Estado de Honduras a investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y asegurar que los autores materiales e intelectuales sean llevados ante la justicia.
Naciones Unidas enfatizó sobre su preocupación por que el caso de Berta Cáceres sigue en secretividad, generando impacto adverso en los derechos de las víctimas y las personas sujetas al proceso.
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Por su parte el senador estadounidense Patrick Leahy, ha advertido al gobierno hondureño que los desembolsos del Plan Alianza para la Prosperidad están en riesgo y que dependen de la solución del caso Berta Cáceres. La semana pasado acusó al presidente Juan Hernández de no apoyar la investigación del crimen de la ambientalista.
OTRAS ACCIONES DE ESTE DÍA
Asimismo, con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se efectúan inspecciones de campo en la comunidad de Santo Tomás Gualcinse en el departamento de Lempira, por delitos contra la vida cometidos contra miembros de la comunidad Lenca.
De igual forma, por este mismo delito, Fiscales de Etnias dirigen acciones en las comunidades de Quiraguira en el municipio de Masaguara, Intibucá y en Tela, Atlántida.
También, a raíz de denuncias interpuestas por los delitos de usurpación y daños ambientales se inspeccionan territorios de pueblos Indígenas Tolupán en la Tribu Las Vegas de Tepemechín.
En tanto, en la Laguna de Caratasca, Gracias a Dios, se realizan inspecciones por contaminación ambiental ya que esta forma parte del hábitat funcional de cuatro pueblos indígenas que viven en ese departamento.
En la Mosquitia además se inspeccionan las condiciones de los privados de libertad que se encuentran en el Centro Penal de la ciudad Puerto Lempira, para verificar el debido proceso y la aplicación de los derechos contenidos en los instrumentos internaciones ratificados por el país.
Asimismo, junto con expertos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) se realizan trabajos de campo para determinar la posesión histórica de comunidades Lencas en la Verera y Guaringa en la zona de Choloma en el departamento de Cortés.
En tanto en las comunidades Tolupanes de la Montaña de la Flor, Fiscales de Etnias toman declaraciones de denuncias a miembros de estas tribus para garantizar el acceso a la justicia y donde se les entregó la donación de víveres obtenidos mediante procedimientos aplicados por la Fiscalía Especial de Delitos Tributarios.
Finalmente y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se desarrolló el taller denominado Derechos de los Pueblos Indígenas, dirigido a Operadores de Justicia y autoridades locales, con el fin de promover el respeto y reconocimiento de los derechos de estos pueblos históricamente marginados.