Por: Hugo Noé Pino
Los hondureños decidiremos en pocos días, quién gobernará el país en los próximos cuatro años. Este proceso electoral tiene, como novedad, la candidatura ilegal del actual presidente, lo cual exige revisar la herencia en diversos campos de la administración actual. Un primer aspecto a considerar es la destitución ilegal de cuatro magistrados de la Sala Constitucional por parte del Congreso Nacional (presidido en ese entonces por Juan Orlando Hernández) en una franca violación a la Constitución que expresamente señala la separación de poderes del Estado. El fallo de la nueva Corte Constitucional autorizando la reelección fue el pago por esos nombramientos. Lo anterior demuestra, y se podrían dar muchos más ejemplos, un irrespeto a la ley y a las instituciones del país.
Más de cien leyes fueron aprobadas entre diciembre 2013 y enero 2014 con el fin de darle mayores poderes al ejecutivo. Algunas de ellas nunca llegaron al pleno del Congreso Nacional. Esto ha contribuido a concentración de poder en el Ejecutivo y a la inseguridad jurídica.
En el ámbito económico se repite insistentemente cómo se ha estabilizado la economía después de una terrible crisis fiscal cuyo punto máximo fue un déficit fiscal de 7.9% del PIB en 2013. El FMI, las calificadoras de riesgos y algunos empresarios nacionales se refieren a los grandes logros de la estabilización económica con la reducción del déficit fiscal; sin embargo, olvidan que eso déficits fueron producto del manejo irresponsable de las finanzas públicas de parte del partido Nacional en el gobierno anterior (el Congreso Nacional por ley es la institución que debe velar por el buen manejo del presupuesto). Además, muchos de esos recursos fueron utilizados en la propaganda política para ganar las elecciones, por ejemplo, los mil millones de lempiras comprados en cemento y derrochados en todo el país.
La reducción del déficit también se dio, entre otras cosas, aumentando impuestos, tarifas de servicios públicos como la electricidad, reduciendo subsidios, despidiendo empleados públicos; se deterioraron fuertemente los servicios de salud y educación; la prometida generalización de la seguridad social nunca se llevó a cabo. Pero a los grupos económicamente fuertes se les aumentaron las ya generosas exoneraciones (grandes productores agropecuarios, empresarios grandes en turismo), se les facilita la evasión de impuestos con la renta territorial, se aprueba un código tributario a su medida, se les subsidia su planilla de trabajadores con el programa con Chamba Vivís Mejor, se les construye infraestructura para aumentar sus ganancias, aunque no generen empleos ni paguen impuestos.
En todo este proceso, el país se endeuda hasta alcanzar el 50% del Producto Interno Bruto; de esta deuda se han pagado, en promedio, cerca de 30 mil millones de lempiras en los últimos cuatro años, siendo esa cantidad más de dos veces el presupuesto anual de salud y más que el presupuesto de educación. Estos enormes flujos de pago de la deuda se mantendrán en los próximos años (35 mil millones en 2018) y representan entre el 20% y 25% del gasto total del gobierno central.
En materia de transparencia el gobierno actual hereda la Ley de Secretividad que impide que organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción pueda acceder a información necesaria para realizar las investigaciones correspondientes. Esta ley también impide a la ciudadanía en general el derecho de conocer cómo se manejan los fondos públicos. La opacidad en el manejo de los ingresos del gobierno se complementa con el establecimiento de más de 50 fideicomisos, cuyo objetivo es el uso discrecional del dinero para los fines políticos y que se presta fácilmente para actos de corrupción. Solamente en el gobierno central existen más 12,000 millones de lempiras en fideicomisos (2% del PIB).
Los bienes públicos se han comprometido en “concesiones” público-privadas de 20 y 30 años sin mayor discusión y transparencia, lo que en el futuro acarreará mayores costos al público en comparación si el gobierno las hubiese hecho directamente. A esto habría que agregar el uso discrecional y arbitrario de los recursos de los fondos de pensiones en proyecto del gobierno, tanto en BANPROVIH, el círculo cívico gubernamental y otros proyectos similares. Para ello se utilizan recursos del IHSS, del INJUPEM, del IMPREMA y de otras organizaciones de previsión social, poniendo en riesgo las pensiones futuras y sin que los dueños de esos dineros, que son los trabajadores y empleados públicos, hayan autorizado su uso.
Lo que el gobierno nacionalista no ha podido hacer en ocho años, ahora lo presenta como promesas de campaña en las próximas elecciones: crear más trabajos y aumentar los presupuestos de salud y educación. El Plan 20-20, que ni es plan, ni tiene objetivos, metas, programas, proyectos, actividades claramente definidos, no es más que un caballo de Troya para buscar ganar las elecciones. La pregunta es por qué no hizo todo esto antes. Además, las cifras de creación de empleo y de inversión, que presentan en el Plan 20-20, son totalmente inconsistentes con la realidad de la economía nacional, pura propaganda electoral.
En resumen, el partido de gobierno, y la candidatura ilegal que presentan, le dejan al país una herencia cuyo resultado ha sido: mantener los niveles de pobreza y desempleo, profundizar la desigualdad en Honduras, debilitar el Estado de derecho, precarizar la gobernabilidad, y en general, debilitar la democracia. En los votos del pueblo hondureño está la decisión de continuar por una senda equivocada o buscar alternativas que mejoren su situación; la Alianza de Oposición contra la Dictadura es la mejor.