Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Organizaciones de sociedad civil demandan al gobierno de los Estados Unidos y a los del Triángulo Norte de Centroamérica (TCN) que trabajen conjuntamente en revertir las causas estructurales de la migración forzada especialmente de los niños y adolescentes.
Las organizaciones de Honduras, Guatemala y El Salvador, se sumaron a las expresiones de alarma y preocupación por la situación grave de violaciones a los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que han sido detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos.
En ese sentido, demandaron Gobierno estadounidense una política migratoria comprometida con el respeto a los derechos humanos y exigieron a los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras poner en marcha políticas efectivas para revertir las causas estructurales de la migración.
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La política conocida como “Tolerancia Cero”, con la que el gobierno norteamericano busca frenar, supuestamente, la entrada de criminales ilegales aprobada en un memorando del 6 de abril de 2018, emitido por el Fiscal General estadounidense, Jeff Sessions, demostró ser una medida agresiva y violatoria de derechos fundamentales, señalaron las organizaciones mediante un comunicado.
La política antinmigración permite la persecución penal de todos los migrantes refiriéndose de manera explícita a la separación de las personas menores de edad de sus acompañantes.
Al inicio de junio de 2018 medios de comunicación documentaron y denunciaron que, efectivamente, la aplicación práctica de esta política de “Tolerancia Cero” incluyó la separación y detención de los niños y adolescentes, incluyendo imágenes de menores de edad tratados como criminales, encarcelados en condiciones que atentan en contra de su dignidad y abiertamente violatorias a sus derechos.
Aunque aún se desconoce el número exacto de familias que fueron separadas por la aplicación de estas medidas, los medios de comunicación dan cuenta que por lo menos 2,700 familias han sido afectadas, mientras que el Departamento de Seguridad Interna de EEUU informó al Senado de ese país que 2,342 niños y adolescentes fueron detenidos entre el 6 de mayo y el 19 de junio de 2018, y que permanecen en más de 100 centros de detención ubicados en 17 estados.
La condena pública de esta crisis humanitaria desató una ola mundial de indignación y condena, la cual seguramente incidió en la decisión del presidente Donald Trump para emitir la Orden Ejecutiva fechada 20 de junio de 2018, en la que redefine la aplicación de la política de Tolerancia Cero, en el sentido que el Gobierno estadounidense continuará con las disposiciones de esa política, pero manteniendo unidas a las familias migrantes y ordenándole al Fiscal General Sessions modificar el Acuerdo de Solución Flores.
Las organizaciones consideran que, aunque la Orden Ejecutiva del Presidente Trump da paso a una solución a la crisis humanitaria de los menores encarcelados, lamentablemente insiste en la aplicación de la política de Tolerancia cero. Por ello, reiteran su demanda al Gobierno estadounidense de adoptar una política migratoria que respete los derechos humanos, que no criminalice al migrante, y que garantice el respeto pleno de los derechos de los niños y adolescentes que lleguen a ese país, independientemente de su situación legal.
SITUACIÓN DEL TRIÁNGULO NORTE
Las organizaciones además de recriminar la política migratoria violatoria de los derechos humanos e indicaron que los gobiernos del Triángulo Norte, por sus mandatos constitucionales y por ética, son los principales responsables del bienestar de sus ciudadanos que migran.
En ese sentido, demandaron revertir las causas estructurales de la migración, evidenciadas en el hecho que esos tres países (Guatemala, Honduras y El Salvador) concentran 18 millones de personas en situación de pobreza, representando el 80% de los pobres y el 85% de los pobres extremos de toda Centroamérica.
Apuntaron que la situación precaria por la que atraviesa la población es por la aplicación de políticas fiscales inadecuadas que mantienen privilegios y estructuras tributarias injustas, al tiempo en que minimizan los recursos para atender el bienestar social.
También consideraron que el Triángulo Norte vive sumido en manifestaciones de crisis sociales, debido a la corrupción, a los sistemas de administración de justicia que continúan favoreciendo la impunidad y porque los sistemas electorales impiden democracias legítimas.
Otra problemática destacada es que la violencia y el desplazamiento forzado siguen agudizando la movilidad humana, a tal grado que las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes en 2017 fueron de 32 para Guatemala, 42.7 para Honduras y 60 para El Salvador, todas demasiado altas, a tenor de que la Organización Mundial de la Salud, que considera que si esta tasa se ubica arriba de 10 debe ser considerada como una epidemia.
Durante el quinquenio 2010-2015, El Salvador ocupó uno de los primeros lugares en feminicidios a nivel mundial (con una tasa de 13.5 por cada cien mil personas), siguiéndole Honduras con 13.4 y Guatemala con 8.2. La organización Save the Children calcula que Honduras sufre la tasa de homicidio infantil (0-19 años) más alta de la región con más de 30 homicidios infantiles por cada cien mil habitantes, seguido por El Salvador por arriba de 20 y Guatemala con más de 15
Según una investigación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizada con apoyo de Plan International, en Honduras la inversión pública en la niñez y juventud, pasó de $ 0.90 per cápita diarios en 2010 a $ 0.82 en 2013; durante el mismo periodo Guatemala redujo su inversión pública de $ 0.72 a USD 0.69 per cápita diarios; en contraste, Costa Rica incrementó su inversión pública de $ 4.15 a $ 4.91 per cápita diarios durante el mismo periodo, casi seis veces la inversión de Honduras y muy por arriba de los $ 1.55 per cápita diarios que invierte El Salvador.