CIDH urge a Nicaragua a desmantelar grupos parapoliciales y proteger derecho a protesta pacífica

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las muertes y los nuevos hechos de violencia ocurridos en Nicaragua y urge al Estado al cese de la represión de las protestas. Asimismo, la CIDH insta al Estado a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de actores parapoliciales, desmantelar dichos grupos, y buscar una solución pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis política que afecta al país.

 La CIDH condena y lamenta los hechos sucedidos el 30 de mayo de 2018 en la marcha pacífica en apoyo a las Madres de Abril que se realizó en el Día de las Madres en Nicaragua, profundizando la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Según información de público conocimiento, se produjo una represión por parte de grupos de choque y terceros armados, quienes dispararon con armas de fuego contra las personas manifestantes. Según datos oficiales, 15 personas resultaron muertas y 199 heridas en Managua, Estelí y Masaya. Asimismo, según un comunicado de la Universidad Centroamericana (UCA), miles de personas ingresaron a la UCA para refugiarse de los ataques y se atendió en el campus a los heridos. Por otra parte, según información pública, grupos de choque atacaron con piedras y morteros las instalaciones del canal 100%Noticias.

Con los nuevos hechos, el número de personas que han resultado muertas por los hechos de violencia desde el inicio de las protestas asciende a 97 personas.

«Condenamos enfáticamente que se ataque a los participantes de una marcha pacífica con armas de fuego y lamentamos profundamente las muertes y las personas heridas que se reportan como resultado», dijo la Relatora de la CIDH para Nicaragua, Comisionada Antonia Urrejola. «El Estado debe poner fin inmediato a la represión y la violencia», agregó.

Adicionalmente, durante el último fin de semana se registraron otros hechos de violencia en Nicaragua. Según información de público conocimiento, el 25 de mayo, personas encapuchadas dispararon indiscriminadamente desde vehículos en movimiento en hechos ocurridos en Ciudad Belén, Managua, lo que habría ocasionado la muerte de Alejandro Tomas Hernández y que varias personas resultaran heridas. Según la información recibida, en respuesta a los ataques, la población lanzó piedras a estos grupos, resultando en la muerte de uno de ellos, Yader Castillo. La Policía Nacional emitió un comunicado confirmando la muerte de dos personas como producto de un enfrentamiento con armas de fuego entre grupos armados vinculados a tomas ilegales de tierra, versión que contradice los testimonios recogidos de la población que indican que fueron atacados sin motivo. 

Por otra parte, la CIDH fue informada de que el 26 de mayo fue quemada la casa municipal del Frente Sandinista, ubicada en el municipio de Altagracia en Ometepe. Asimismo, la madrugada del 27, personas encapuchadas habrían disparado con mortero contra dos vigilantes que cuidaban el portón principal de la Universidad Centroamericana. 

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La Policía Nacional también había señalado el 27 de mayo en otro comunicado que, producto del Diálogo Nacional, las fuerzas policiales permanecían acuarteladas para garantizar marchas pacíficas, y que la Policía no hace presencia en los alrededores de los recintos universitarios. En el mismo comunicado la policía negó cualquier vínculo con fuerzas para-policiales.

El 28 de mayo, se informó que estudiantes tomaron el Recinto Simón Bolívar de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Según la información recibida, grupos parapoliciales y fuerzas antimotines atacaron a los estudiantes que se encontraban en dicho lugar, utilizando balas, gases lacrimógenos y morteros. En esa misma fecha, la CIDH recibió información sobre enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en la rotonda de Metrocentro, donde se habrían reportado 20 personas heridas y varias detenidas. Como producto de los hechos falleció Gerardo Antonio Aburto. También ocurrió un incendio en el Ministerio Público de Masaya, cuyo origen debe ser investigado.

Ese mismo día también hubo ataques contra periodistas y medios de comunicación.

 La agencias de noticias EFE denunció que su equipo fue agredido por agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones de la UNI, cuando cubrían la represión de las fuerzas policiales a los estudiantes que ocupaban esa casa de estudios. Por otra parte, grupos de personas no identificadas incendiaron la Nueva Radio Ya, que mantiene una línea editorial afín al gobierno. Sus periodistas denunciaron además haber sufrido agresiones de grupos de manifestantes.

La CIDH reitera que es una obligación del Estado de Nicaragua desmantelar las estructuras represivas que están actuando en el país, las cuales deben ser investigadas y sometidas a la justicia, así como recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho. 

«Rechazamos cualquier forma de represión para impedir la protesta pacífica, así como la práctica de detenciones arbitrarias e insistimos en el llamado al cese de la violencia» señaló la Relatora Antonia Urrejola. Según el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, «el Estado debe facilitar la realización de manifestaciones como un elemento fundamental del funcionamiento de la sociedad democrática y hacer uso excepcional de la fuerza, con el objetivo de cumplir con el deber de protección de las personas.» La CIDH reitera que cuando una protesta, o parte de ella, se torne violenta la policía debe actuar bajo la estricta legalidad y utilizar de modo proporcional las medidas menos lesivas para dispersar a las personas.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, por su parte, recuerda que la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. Del mismo modo, llama a investigar y sancionar a los autores de atentados contra las instalaciones de medios de comunicación.

La CIDH también manifiesta su preocupación por información recibida sobre la gravedad y continuidad de las agresiones y existencia de decenas de personas heridas por armas de fuego y objetos contundentes en el marco de las protestas. Las personas que resultasen heridas deben ser protegidas contra atentados contra su vida, actos de violencia o cualquier obstaculización en la atención médica inmediata requerida. En determinadas circunstancias, denegar o demorar tratamiento médico puede constituir trato cruel, inhumano y degradante, o tortura. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales urge al Estado a cumplir su obligación reforzada de proteger el derecho a la salud, por lo que éste debe prever y facilitar el acceso y asistencia médica de emergencia, de manera oportuna, adecuada y de calidad, respetando la autonomía y dignidad de los pacientes heridos sin distinción alguna.

Asimismo, la Comisión informa que en los próximos días anunciará los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua), creado para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia, recomendar encuadres legales e identificar responsabilidades. La actuación del GIEI se basará en las Observaciones Preliminares de la CIDH tras su visita a Nicaragua, y en las conclusiones del Informe Final que será publicado en las próximas semanas. 

La CIDH toma nota del pronunciamiento hecho por el Gobierno, donde altas autoridades del país condenaron los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril en Nicaragua y responsabiliza a la oposición de todo lo ocurrido. Sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de quien resulte responsable de esos hechos, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad por la protección de la población es del Estado, el cual debe proteger y no reprimir. Asimismo, la CIDH recuerda que la responsabilidad de investigar los hechos y enjuiciar a los presuntos responsables es del Ministerio Público y del Poder Judicial.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Un observatorio, con lentes policiales

Jaime Flores

Por: Jaime A Flores

El observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) registra los hechos violentos que se suceden en el país con lentes policiales, por ende la afirmación de que estos han bajado en un 11% no resulta creíble, dado que la secretaría de Seguridad se ha dedicado en los últimos años a esconder, tergiversar y falsear la información.

Una de las debilidades del observatorio de la violencia es que no es fuente, tampoco tiene la capacidad ni le corresponde; su trabajo se circunscribe en avalar las cifras que le brinda la secretaría de Seguridad pero además, carece de un mecanismo para saber a ciencia cierta si los datos que le proporcionan son todos los que se sucedieron durante el término a estudiar.

Desde que asumió como secretario de Seguridad el mitómano supremo del país, Carlos Arturo Corrales Álvarez los datos que brinda esa Secretaría no son confiables, porque el aprendiz de dictador lo puso en ese puesto no para implementar una estrategia de seguridad, sino para falsear y ocultar información, ya que esa es parte de su experticia profesional.

Y es que en ese momento el aprendiz de dictador estaba desesperado, porque su estrategia militarista de seguridad no había dado los resultados esperados, ni los está dando, a pesar de la gran inyección de recursos al Ejército Nacional para la creación de una inservible Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Esa tendencia de ocultar cifras por parte de la secretaría de Seguridad continúa y para darse cuenta sólo basta entrar a la página del Sistema de Estadísticas Policiales (SEPOL), en donde se asombrará de las cifras que aporta. No es un invento, entre y confírmelo. No hay asaltos, no hay violaciones, en suma casi no hay delitos.

Y es aquí en donde entra en juego la ex rectora de mirada fiera, torva y esquizofrénica, Julieta Gonzalina Castellanos Ruíz, quien tiene que pagarle el favor al aprendiz de dictador por haberla sostenido en el puesto de rectora, a pesar del desprecio de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general.

Y la mejor forma de pagar ese gran favor, es hacerlo a través del observatorio, que sin lugar a dudas había ganado credibilidad por la rigurosidad científica con la que manejaba las cifras, aunque fuera avalando los datos que esa Secretaría le proporcionaba.

El gran dilema es, si el observatorio no es fuente y sólo avala los datos falseados que ahora le da la secretaría de Seguridad, ¿Cómo creer que los hechos violentos han bajado? ¿Qué otra fuente de datos tiene el observatorio para afirmar que hay menos hechos violentos hoy que ayer?

Los que dirigen el observatorio no deberían de afirmar que los hechos violentos han bajado en un determinado porcentaje, deberían de decir que la secretaría Seguridad les proporcionó 11% menos de información hoy que ayer y todo para justificar que la inservible estrategia militarista, que más bien ha sido un foco de corrupción.

Es lamentable que el Observatorio de la Violencia se haya rebajado tanto, como se rebajó a la categoría de esbirra la ex rectora, ya que se priva de información creíble a la ciudadanía y a las organizaciones, ya sea para estudio o para análisis.

El favor fue bien pagado y bien puede recitarle Juan Orlando a la señora de mirada fierta, torva y esquizofrénica: “Nada me debes, estamos en paz”, pero qué triste para una académica estar al servicio de un corrupto; Julieta no tiene nada que envidiarle a Oswaldo Ramos Soto, quien estuvo al servicio de un asesino.