Por: redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-En plena Semana Santa y a cuatro meses de las elecciones, los hondureños continuaron este miércoles exigiendo la salida del poder del jefe de gobierno, Juan Hernández.
Las acciones de protesta se realizaron en la sureña ciudad de Choluteca, a 148 kilómetros de la capital Tegucigalpa, donde un nutrido grupo de pobladores grito nuevamente esta tarde y noche: “Fuera JOH”, “Fuera JOH” y denunció la pretensión del gobierno de privatizar el Hospital del Sur.
También protestaron en contra de la privatización de la educación, por el alto costo de los combustibles y de la energía que brinda la Empresa Energía Honduras (EHH).
Mientras los manifestantes recorrían las calles, un fuerte contingente de la Policía Nacional Preventiva, Tigres y de Los Cobras, los acompañaba con mochilas llenas de bombas lacrimógenas, por lo que el líder comunitario y periodista, Jairo López, les pidió compresión en virtud que las protestas siempre son pacíficas.
López manifestó que la policía debe entender que Choluteca tiene una población despierta. “Hay un pueblo que ya no lo engaña fácilmente esta clase política violadora de la Constitución de la República”, exclamó a través de un megáfono.
Denunció que en la protesta del sábado anterior, la policía utilizó sin razón alguna, gases lacrimógenos aun cuando la protesta era pacífica.
El comunicador social advirtió que el pueblo de Choluteca continuará en las calles, le guste o no le guste a la policía, al gobierno y a los grupos fácticos, porque la gente ya no aguanta la violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales.
Durante la protesta un elemento de la Dirección Policial de Investigación (DPI) grababa con una cámara filmadora, por lo que los manifestantes denunciaron que la acción es para levantar perfiles de las personas que participan en las acciones de protesta y luego proceder a hacer capturas.
Pese a las denuncias de fraude, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró a Hernández ganador de las elecciones del 26 de noviembre del año pasado. Ante la falta de certeza en los resultados, la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó la repetición de las elecciones.
Posterior a los comicios, Honduras se enfrentó a una crisis derivada de protestas callejeras que confluyeron en muertes, agresiones y capturas de ciudadanos que se lanzaron a las calles a denunciar un fraude electoral y la violación a la Constitución de la República por la reelección de Juan Hernández, quien en medio de manifestaciones asumió un segundo periodo de gobierno el pasado 27 de enero.
A raíz de la descontrolada violencia y de las muertes, diversos organismos internacionales y nacionales han exigido al Estado de Honduras que investigue los crímenes y castigue a los responsables. Entre los demandantes se encuentran, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
La Coalición contra la Impunidad de Honduras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) contabilizan 38 muertes de personas en el marco del conflicto electoral.
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El pasado 12 de marzo la Oficina del Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló mediante un informe que los órganos de seguridad del Estado de Honduras utilizaron la fuerza excesiva y letal para reprimir a las personas que protestaron en el marco de la crisis post electoral, donde al menos 22 ciudadanos y un agente policial murieron de manera violenta, producto de las balas de las fuerzas de seguridad del Estado.