También se pide una inhabilitación por ocho años y una multa de 300 mil lempiras
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Una pena de reclusión de nueve años, pide el Ministerio Público contra el exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla Euceda, declarado culpable por el delito de delito de Tráfico de Influencias en el caso “Shalom”.
Este día en la audiencia de determinación de la pena el Ministerio Público, pidió además la inhabilitación absoluta por ocho años y una multa de 300 mil lempiras.
Solicitan pena de 9 años de reclusión más multa de 300 mil lps contra Teodoro Bonilla por Tráfico de Influencias, lectura sentencia 11-sept pic.twitter.com/k8J5mlhU0J
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) August 28, 2017
La Fiscalía de Enjuiciamiento a Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, pidió la pena máxima, al considerar que Bonilla actuó con premeditación conocida, astucia y fraude y abuso de sus superioridad y porque obró con abuso de confianza, se valió de su cargo para ejercer presiones y solicitar favores al margen de la ley, para favorecer perversamente al crimen organizado a través del caso “Shalom”, detalló el vocero del Ministerio Público, Carlos Morazán.
La lectura de la sentencia se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre.
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Al conocer la resolución del Ministerio Público, el abogado defensor de Teodoro Bonilla Euceda, Marvín Cálix, anunció que una vez que se lea la sentencia procederá a interponer un recurso de casación.
Teodoro Bonilla Euceda culpable al ex vice Presidente del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda, fue declarado culpable por el delito de Tráfico de Influencias por la Sala III del Tribunal de Sentencia.
A Bonilla Euceda se le responsabiliza por el delito de Tráfico de Influencias en perjuicio de la administración pública en la resolución dictada a favor de sus familiares Dennys Donadyn Bonilla García, acusado por almacenamiento ilegal de armas y municiones comerciales y almacenamiento de armas prohibidas y Carlos Roberto Bonilla, acusado por los delitos de lavado de activos y almacenamiento de arma prohibida y municiones en el caso conocido como «Shalom».
Este caso igualmente relaciona a la ex jueza Liz María Núñez Cardona, quien resolvió sobreseer provisionalmente a Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos, decretándole auto de apertura a juicio oral únicamente por el delito de posesión ilegal de armas de uso prohibido.
Asimismo, el Ministerio Público relaciona en el tráfico de influencias a la ex magistrada de la Corte de Apelaciones Delmy Elizabeth López, quien durante el debate mediante comunicaciones telefónicas entre ella, Núñez Cardona y el secretario de esta última fueron señaladas con la pruebas evacuadas durante el juicio oral y público para favorecer a familiares del ex concejal Bonilla Euceda durante las audiencias preparatorias del proceso penal de los involucrados en el caso Shalom.