Tomado de InSightCrime
Mientras que los narcotraficantes hondureños atestiguan en los tribunales estadounidenses sobre sus vínculos con la clase política del país, Ebal Díaz, asesor presidencial en Honduras no tiene reparos en decir que los vínculos entre criminales y candidatos abarcan a todos los partidos políticos.
La clase política de Honduras durante meses ha mantenido un ojo preocupado en un tribunal de Nueva York, donde el confeso traficante de drogas Devis Leonel Rivera Maradiaga, ha atestiguado los tratos con una avalancha de élites hondureñas. El 17 de octubre, un asesor (Ebal Díaz), del presidente Juan Hernández dijo que las alegaciones de Rivera Maradiaga concernían a políticos de todo tipo.
«Si vamos a ver cómo la delincuencia organizada ha impregnado a la sociedad en general y canalizó dinero, colocó diputados, colocó jueces, varias oficinas, dentro de la oficina del fiscal general y en todas partes, aferrarse a sus asientos, porque estamos hablando todos los colores aquí «, dijo el consejero presidencial Ebal Díaz en comentarios a los medios de comunicaciín.
Díaz es el jefe de gabinete del presidente Hernández, de acuerdo con la página oficial del gobierno. Se le acusa, entre otras cosas, de «coordinar y dar seguimiento a las actividades relevantes para el presidente y el gabinete».
«Hay una lista de extradición… hay de todos los colores, y si algunos siguen cavando, sin duda van a encontrar suciedad allí … de personas muy cercanas a los candidatos presidenciales que han abordado este problema y han comenzado hablando sobre el New York Times «, agregó el consejero, refiriéndose a un artículo reciente del periódico estadounidense que reveló acusaciones de Rivera Maradiaga contaminando a Hernández. «Muchos conocidos cercanos y algunos candidatos están en esa lista».
Publicado el 6 de octubre, el artículo del New York Times contó parte de la historia de cómo Rivera Maradiaga, el ex líder del grupo de narcotraficantes Los Cachiros, que confesó haber sido responsable de casi 80 asesinatos, llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para obtener justicia clemencia a cambio de proporcionar información sobre funcionarios corruptos.
Sobre la base del testimonio de Rivera Maradiaga, los fiscales de Nueva York lograron acusar a siete policías hondureños, el hijo del ex presidente Porfirio Lobo y miembros de la poderosa familia Rosenthal. El líder de los Cachiros también impuso acusaciones contra el hermano del ex presidente Manuel Zelaya, así como también sobre el hermano del actual presidente Hernández.
Entre las pruebas presentadas por los fiscales de EE. UU. Hay un audio en el cual un narcotraficante no identificado le dice a Rivera Maradiaga sobre un soborno de $250,000 destinado a Hernández. El presidente, que no enfrenta ninguna acusación oficial, ha negado estas acusaciones.
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Mientras tanto, el jefe del Partido Nacional gobernante, Renaldo Sánchez, exigió a Zelaya que diera a conocer los nombres de los funcionarios de su antiguo gobierno y miembros de su antiguo Partido Liberal que fueron mencionados en el tribunal de Nueva York.
Las declaraciones de Juan Ramón Matta Waldurraga -otro presunto narcotraficante que se entregó recientemente a las autoridades estadounidenses- pueden agregar a estas declaraciones contundentes los vínculos desenfrenados entre el narcotráfico y la política hondureña.
Análisis de InSight Crime
Al mismo tiempo que los narcotraficantes hondureños señalan a los políticos en el país centroamericano, los políticos parecen haber comenzado una guerra de palabras en la que el hilo conductor parece ser una aceptación de que el narcotráfico y el crimen organizado se han infiltrado en el Estado por décadas
Como acaba de señalar el consejero presidencial Díaz, la infiltración no ha discriminado en términos de ideología política o de partido: «todos», dijo el funcionario, han sido «impregnados». No es coincidencia que las acusaciones hayan involucrado a los últimos tres presidentes del país, entre ellos el ex miembro del Partido Liberal Zelaya, así como también Lobo y Hernández, ambos miembros del Partido Nacional.
Todo esto llega a solo seis semanas antes de que Honduras celebre elecciones generales en las que Hernández se enfrente a Salvador Nasralla del partido Libre, fundado por Zelaya, y a Luis Orlando Zelaya del Partido Liberal. Las acusaciones sobre los lazos políticos con el narcotráfico, sin duda, jugarán un papel clave en el período previo a la votación de fines de noviembre.
Las acusaciones sobre el presidente Hernández también podrían tener repercusiones en Washington, donde el líder se ha convertido en un actor crucial en las conversaciones sobre programas de ayuda de Estados Unidos para los países del Centro del Norte «Triángulo Norte» de Honduras, El Salvador y Guatemala.
En 2015, como parte de la llamada «Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte», el Senado de EE. UU. Condicionó parte de un paquete de ayuda de $ 750 millones para la implementación de esfuerzos anticorrupción por parte de los gobiernos de la región. Además, estableció un mecanismo de verificación que incluía un informe semestral al Departamento de Estado sobre ese tema.
Para que los desembolsos de ayuda avancen en el presupuesto del año fiscal 2018, aprobado por el Senado este verano, el Departamento de Estado aún debe certificar a Honduras, Guatemala y El Salvador de acuerdo con esas disposiciones.
En el caso de los dos primeros países, dos fuentes en Washington que solicitaron el anonimato dijeron que las recientes acusaciones de corrupción contra políticos de élite han generado «preocupación» en este sentido.
Que la corrupción exista en América Central no es exactamente noticia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) declaró en un estudio de 2013 sobre la delincuencia organizada en el Triángulo del Norte que sucesivos gobiernos de la región habían protegido de una manera u otra a los principales grupos de narcotraficantes que operan allí.
Los fiscales de Nueva York en el caso contra los Cachiros ‘Rivera Maradiaga no tienen dudas al respecto. Dicen, según el testimonio del narcotraficante, que Honduras es un lugar donde «el tráfico de drogas es patrocinado por el Estado».