Defensores de derechos humanos piden que el Ministerio Público libre requerimiento fiscal contra Julieta Castellanos por la contratación de grupos paramilitares para reprimir a los estudiantes
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), enviaron este lunes grupos paramilitares de una agencia de seguridad para que desalojara a los estudiantes que tenían tomados los edificios.
Usaron los buses de la universidad para transportar personas y grupos paramilitares para que se fueran a reprimir a los estudiantes, denunciaron los estudiantes.
Los grupos paramilitares llegaron vestidos con camisetas colores rojos y verdes y encapuchados y desde su llegada comenzaron a golpear a los alumnos que se mantienen en protesta en la universidad.
Se conoció además por parte de los defensores de derechos humanos de Ciprodeh, Pen Honduras, CPTRT que además se contrató taxistas pagándoles mil cien lempiras para que fueran a romper las tomas en los edificios.
Los estudiantes respondieron el ataque del grupo paramilitar y se armó una cruenta pelea entre alumnos y el grupo de choque.
Tomy Morales, defensora de Pen Honduras, relató que los alumnos lograron capturar a uno de los integrantes del grupo de la compañía de seguridad contratada, quien confesó “yo no sabía a lo que iba a mí me mandaron un mensajito de texto y me pagaron mil cien lempiras para venir aquí y como no tengo trabajo los acepté”.
Cabe señalar que el miembro del grupo de choque fue capturado porque fue agobiado por el humo de las bombas lacrimógenas y los estudiantes los socorrieron y le brindaron auxilio.
La empresa se llama Spartan Security y el propietario Luis Armando Zúniga Elvir, identidad 0803-1959-00378, es comisionado retirado de la Policía Nacional.
Dina Meza periodista y defensora de derechos humanos de Pen Honduras, manifestó que este grupo de choque pretendía además deshacer la huelga de hambre que desde hace 20 días mantienen varios estudiantes de la Alma Mater.
Meza señaló que están acciones ponen en grave riesgo a todos los estudiantes de la universidad porque el grupo de choque entró violento y lanzando golpes a diestra y siniestra sin respetar nada ni a nadie.
La defensora de derechos humanos digo que el Ministerio Público debe librar requerimiento contra la máxima autoridad de la UNAH, Julieta Castellanos y contra las más de 50 personas que llegaron reprimir a los alumnos.
Por su parte Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), manifestó que la situación que vive la UNAH se da porque la autoridad ha sido incapaz de atender a los estudiantes y llegar a una crisis de esta naturaleza.
Cualquier situación que surja dentro de la universidad solo tiene como responsables a la rectora Julieta Castellanos y su equipo de administración, señaló Méndez.
Las autoridades denuncian que los alumnos andan encapuchados, pero este día han enviado personas encapuchados a confrontar a los estudiantes y lo que pretenden es que la crisis se profundice, crear división y que confronten a lo interno para dividir el grupo para que haya desesperación y de esta manera criminalizar más a los universitarios.
El recorte del 50 por ciento del personal del Instituto Nacional Agrario (INA) y el cierre de una oficina regional y 18 sectoriales ponen una lápida al proceso de reforma agraria en Honduras. Mientras tanto, el Bajo Aguán sufre una nueva escalada de violencia contra el movimiento campesino.
Este 3 de noviembre, las seccionales del Aguán y Atlántida del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (Sitraina) y la Plataforma Agraria del Aguán se movilizaron hacia las instalaciones del INA en Tegucigalpa, para denunciar la falta de políticas agrarias que beneficien a las familias campesinas.
En un pronunciamiento público, las organizaciones rechazaron el recorte del 50 por ciento del personal del INA, el cierre de casi 20 oficinas a nivel nacional y la drástica reducción presupuestaria.
Asimismo, denunciaron la falta de beligerancia en la búsqueda de una solución de los conflictos agrarios en las regiones de Atlántida y del Aguán, así como la falta de disponibilidad a iniciar un proceso de readecuación de la deuda agraria de las empresas campesinas.
También exigieron el fin de la criminalización de la protesta y la judicialización del movimiento campesino, al tiempo que denunciaron una nueva escalada de violencia en el Bajo Aguán.
Sobre esta situación, La Rel conversó con Yoni Rivas, vocero de Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.
Yoni Rivas, vocero del MUCA
-¿Qué está pasando en el Bajo Aguán?
-Lamentablemente el 18 de octubre asesinaron al presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) José Ángel Flores y al directivo Silmer Dionisio George. Estamos muy preocupados.
Llevamos dos años denunciando la infiltración de grupos militares en las organizaciones campesinas y la necesidad de una readecuación de la deuda, que prácticamente nos fue impuesta en 2012 por el gobierno. Nadie nos ha escuchado.
El objetivo es claro: romper el tejido social organizativo a lo interno del sector campesino, asfixiarnos económicamente, dividir y desestabilizar al movimiento y descabezarnos asesinando a dirigentes. Los grupos paramilitares infiltrados, los escuadrones de la muerte han vuelto a sacar sus uñas y nos asesinan.
-¿De dónde viene esta estrategia?
-No cabe duda que es una estrategia montada desde el gobierno, los terratenientes y el lado oscuro de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo final el despojo de la tierra y el fracaso de la propuesta de una reforma agraria integral.
Acordémonos de las palabras pronunciadas por el extinto empresario palmero Miguel Facussé en 2014, cuando dijo que a más tardar en dos años todas las tierras que había vendido al MUCA iban a regresar a Corporación Dinant.
-¿Qué capacidad tiene el movimiento campesino del Aguán de contrarrestar esta estrategia de infiltración, destrucción y muerte?
-Estamos trabajando en eso y lo hemos denunciado nacional e internacionalmente. También estamos a punto de presentar una propuesta de restructuración de la deuda que nos permitirá fortalecer a las empresas campesinas y unir al movimiento.
-¿Qué impacto tendría un eventual rechazo del gobierno a la propuesta? -El impacto tendría una recaída terrible sobre más de 2500 familias campesinas. Sin embargo no vamos a dar un paso atrás y estamos dispuestos a defender las tierras que hemos recuperado. Nos mantenemos firmes, vamos a elaborar propuestas y vamos a denunciar todas las infiltraciones y agresiones.
Pedimos a todas las organizaciones que nos han acompañado en estos años estar alerta, a estar pendientes de lo que pueda pasar en los próximos meses.
-Un conflicto agrario que parece no tener fin…
-La estructura paramilitar montada después del golpe de Estado ha venido cambiando y afinando su estrategia, en medio de una creciente militarización del territorio y una acelerada infiltración del movimiento campesino.
Ya estamos tomando medidas e investigando este aparato paralelo que persigue el despojo de las tierras.
Tegucigalpa.-Los voceros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, denunciaron este lunes que los terratenientes de la zona le “han puesto precio a sus cabezas” por su lucha en la tenencia de la tierra.
Rivas y Álvarez se presentaron esta mañana a las oficinas del Ministerio Público (MP) a exigir justicia para José Ángel Flores, presidente de esta organización, asesinado el pasado 18 de octubre en la finca La Confianza, Tocoa en el departamento de Colón.
Vitalino Álvarez
Vitalino Álvarez dijo a la prensa a salir del MP que el precio para que ambos sean asesinados se ha fijado en 50 mil lempiras y que el trabajo ha sido delegado a paramilitares asesorados por colombianos, que operan en el Bajo Aguán con el consentimiento del gobierno.
“Hay un seguimiento que están montando en la ciudad de Tocoa, ellos están ofreciendo 50 mil lempiras por mi cabeza y 50 mil lempiras por la cabeza de Yoni Rivas”, denunció Álvarez.
El dirigente campesino indicó que los “paramilitares” son los mismos que asesinaron al presidente del MUCA y que además de ellos corre peligro la vicepresidenta del asentamiento de La Confianza, Doris Pérez, ya que también ha sido amenazada “por la banda que lidera Celeo Rodríguez”.
La organización dice que ya no quiere comunicados de solidaridad, si no que acciones concretas.
Tegucigalpa.- El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) denunció este viernes que el Comando de Operaciones de los Estados Unidos ha estado entrenando a grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus líderes, gracias a la conformación de “escuadrones de la muerte”.
La presencia de militares, es una constante en el Bajo Aguán.
Mediante un comunicado la organización social precisa que las operaciones se vienen llevando a cabo desde el 2010 en la base militar de Río Claro y que desde ese entonces se han dado entrenamiento a unidades de fuerzas especiales de Honduras, en colaboración “con altos mandos militares”.
Agrega que en las operaciones se ha utilizado armamento y vestimentas militares que solo el Estado poseé.
Asimismo que en el transcurso de un, hombres fuertemente armados, con vestimenta militar, han asaltado en dos ocasiones la tesorería del asentamiento La Confianza.
ACCIONES CONCRETAS
El MUCA demandó además a la comunidad nacional e internacional que pase de los comunicados de solidaridad a las acciones concretas que conlleven a deducir responsabilidad a los criminales que están asesinando a sus dirigentes.
El portavoz del MUCA, Yoni Rivas, dijo que ya basta de tanto atropello contra los líderes del movimiento social, “desgraciadamente todo esto se queda en pronunciamientos, en comunicados de solidaridad y es por eso que nosotros estamos pidiendo que las autoridades actúen ya y den con la captura de los autores materiales e intelectuales”.
Ante la irresponsabilidad de los órganos del Estado sobre los procesos de judicialización contra los criminales, recordó que el MUCA tiene dos años de estar exigiendo el nombramiento de una comisión que haga un peritaje a los entes operadores de justicia.
El 5 diciembre 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó al gobierno de Honduras para que implementara las medidas cautelares concedidas a varios líderes campesinos del Bajo Aguán. Para este propósito se delegó a Sagrario Prudott, funcionaria de la secretaría de Seguridad, sin embargo hasta la fecha no se ha hecho nada, lamentó Rivas.
Los campesinos también denunciaron, que José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, presidente y dirigente de esa organización respetivamente, fueron asesinados por paramilitares que están sembrando el terror en la zona.
El dirigente del MUCA, Vitalino Álvarez, manifestó que el crimen contra sus compañeros es un mensaje de terror y una guerra sicológica por parte del Estado y los grupos de poder para sembrar miedo en los líderes y miembros de esa organización.
Apuntó que el doble crimen se cometió frente a 40 directivos del asentamiento La Confianza, quienes observaron cuando los sicarios se quitaron los pasamontañas y comenzaron a disparar.
Lamentó que la policía maneje, que el hecho violento se haya producido por pleitos internos de la organización campesina, ya que quienes se supone cometieron el hecho “son exdirigentes, son gente infiltrada. El cabecilla “de este grupo criminal es un paramilitar, una persona entrenada y capacitada por el ejército, que ya no estaba respondiendo a los intereses del asentamiento sino a intereses y a las estrategias militares del alto mando militar”.
Álvarez también denunció que los acuerdos suscritos entre el MUCA y el gobierno, durante la gestión del expresidente Porfirio Lobo Sosa, no se están cumpliendo, y más bien lo que ahora pretende el gobierno es desbaratar al Movimiento Campesino del Aguán y a la Plataforma Agraria, “a través de grupos paramilitares que están asesinando a sus directivos”.
La dirigencia del MUCA se presentó esta mañana a las oficinas del Comité – de Familiares de Detenidos- Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) a denunciar los supuestos grupos paramilitares que están sembrando el terror en la Bajo Aguán, en complicidad con los entes del Estado.
La dirigencia del MUCA mientras ofrecía la conferencia de prensa en el Cofadeh.
COMUNICADO
Ante los hechos ocurridos en los últimos días y bajo la forma de terror en que procedieron los paramilitares para ejecutar el doble asesinato donde murió el presidente del MUCA.
El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), los familiares de los compañeros asesinados (José Ángel Flores y Silmer Dionisio George) y la Plataforma Agraria, comunicamos al pueblo hondureño, a las organizaciones defensores de derechos humanos, a la comunidad internacional y medios de comunicación nacional e internacional lo siguiente:
Que el grupo paramiliar que le quitó la vida a los compañeros José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, el pasado 18 de octubre en el asentamiento La Confianza, ha sido denunciado a nivel nacional e internacional por más de dos años y que también el Ministerio Publico tenia pleno conocimiento, estos ejecutaron el asesinato en presencia de decenas de compañeros y compañeras manifestando “querían conocernos, procediendo a quitándose sus pasamontaña”, luego de ello iniciaron a disparar en contra de la humanidad de los compañeros, quitándoles la vida de forma inmediata, esta acción tiene como fin sembrar el terror en la comunidades campesinas.
Que en la región del Aguán, unidades bajo el mando del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos llevaron a cabo una serie de operaciones de entrenamiento con unidades de fuerzas especiales de Honduras en la base de Río Claro desde el 2010, de donde han surgido los escuadrones de la muerte que operan en el Aguán.
El grupo paramilitar que opera en la región tiene colaboración de altos mandos militares a tal grado que han utilizado armamento que solo el Estado paseé, al igual que vestimentas militares. En un año hombres fuertemente armados con vestimenta militar han asaltado en dos ocasiones la tesorería del Asentamiento la Confianza.
Los crímenes en el Bajo Aguán han rebasado los límites de la tolerancia, según defensores de los derechos humanos.
Manifestamos que el 8 de mayo del 2014, la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), recomendó al Estado de Honduras, proporcionar medidas cautelares a nuestros compañeros José Ángel Flores y Silmer Dionicio George (asesinados recientemente), junto a 121 líderes campesinos en el Bajo Aguán, pero el Estado hizo caso omiso y no las implementó.
Ha sido público a nivel mundial que existe una lista de líderes y lideresas campesinas, sociales y populares que podrían ser asesinados por escuadrones de la muerte en Honduras, por lo que expresamos nuestra preocupación por la vida de los compañeros Doris Pérez, Leonel Cruz, Marvin Alvarado, Raúl Ramírez, Aníbal Erazo, Vitalino Álvarez, Jesús Alberto Portillo, Orbelina Flores, Yoni Rivas y sus familias, así como también por las personas que desafortunadamente presenciaron ese vil asesinato.
El génesis de inseguridad en el Bajo Aguán es el acaparamiento de la tierra por corporaciones terrateniente como Dinant, amparadas en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola aprobada en el 1992 y apoyada por el Banco Mundial a través de la política de ajustes estructurales a países débiles como Honduras.
Responsabilizamos al Estado de Honduras de cualquier acto de violencia en contra de los compañeros campesinos y sus familias, por lo que hacemos el llamado urgente a las organizaciones defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a que exijan al Gobierno de Honduras se implementen medidas de protección para salvaguardar sus vidas y la de los compañeras/os organizadas en las empresas de MUCA.
Exigimos justicia, castigo para los responsables intelectuales y materiales del doble crimen, donde perdieron la vida los compañeros José Ángel Flores y Silmer George recientemente.
Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, a los 21 días del mes de Octubre del 2016
