Por: Ondina Maldonado Zavala
La corrupción y los corruptos, el lastre de las sociedades débiles.
Tegucigalpa.-Cuando la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), suscribió con nuestro país la MACCHI-OEA, “para apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones del Estado hondureño encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, así como contribuir a mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del Estado que trabajen en ésta materia”. (Mecanismo Interinstitucional Bilateral. Ministerio Público de Honduras- OEA, febrero. 2017), los hondureños nos sentimos aliviados, o con la esperanza de que los hombres y mujeres que han saqueado las intuiciones del Estado, sean llevados a juicio, como cualquier otro delincuente.
Sin embargo, el mismo documento tiene muchas incongruencias de carácter jurídico legal, al afirmar que “la interpretación de éste Mecanismo, se efectuará de buena fe, en los términos que mejor convengan a las partes”, y que “las controversias que pudieran suscitarse en cuanto a la interpretación, ejecución o incumplimiento del presente Mecanismo, serán resueltas mediante negociación entre las partes”. Estas son algunas de las fisuras de las que se han valido, -los mismos que la consideraron legal en su momento-, argumentando que “la corrupción y la impunidad constituyen un flagelo letal, que endémicamente ha venido lacerando históricamente con efectos devastadores a la sociedad hondureña”, lo que demanda urgentemente de “acciones y determinaciones extraordinarias”, orientadas al “combate y erradicación de esta patología social”. Decreto 23-2016.
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Entre más crece y se fortalece la MACCIH, “mayor es la intensidad y frecuencia de los ataques a que se ve sometida. En la medida que se consolida y fortalece con nuevos integrantes y calculados pasos hacia adelante en el sistema normativo local, más grande es la furia de sus enemigos y mayor es la preocupación de los corruptos”. Meza, Víctor. La MACCHI, otra vez. CEDOH.2018.
Esas libertades de interpretación, son los huecos, de los que se han valido los ilustres “padres de la patria”, para querer invalidar el documento, arguyendo que “El Convenio de la Maccih, vulnera la soberanía nacional al alterar la independencia de los poderes del Estado y de otras instituciones del Estado”. El Heraldo, mayo, 2018.
Cabe destacar que en el tercer informe semestral de la OEA/MACCHI, que abarca los meses de abril y octubre del 2017 presenta como “desafíos pendientes la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, esencial para poder desarticular organizaciones que estén cometiendo delitos de corrupción, así como la necesidad de derogar y considerar un nuevo esquema de clasificación de documentos públicos (Ley de Secretos Oficiales). Ambos textos cumplirán en diciembre un año desde su entrega al Poder Ejecutivo, lo que implica un retraso que se lamenta el en informe”.
Asimismo, el trabajo “la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), en un trabajo mancomunado con juzgados y tribunales con competencia nacional contra la corrupción, en el nuevo sistema MACCIH para investigar y procesar los delitos”.
Es lógico pensar que todo funcionario público que haya sido mencionado en actos de corrupción pretenda encontrar cualquier posible justificación para querer invalidar el documento, pretendiendo que representa un “recurso de inconstitucionalidad”. Augusto Cruz Asensio, Audelia Rodríguez, Eleazar Juárez, Denis Sánchez y Héctor Padilla y los miembros de la Asociación Nacional de Productores e industriales de Barros y Colonias de Honduras (ANPIBCH) Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castro Andrade y José Napoléón Panchamé Banegas. Criteriohn. Enero, 2018.
Continúa este mismo escrito afirmando que “Estos mismos “parlamentarios”, fueron acusados por la UFECIC, de “apropiarse de fondos públicos los que fueron drenados a través de una ONG”. Sin embargo “su caso ha sido archivado por una jueza natural nombrada para que conociera del caso, quien se fundamentó en una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto que impide la investigación penal sobre la ejecución de fondos del Estado por parte de diputados y funcionarios del Estado”. Lo que la MACCHI, ha denominado “pacto de impunidad”
Continúa el informe semestral de la OEA/MACCHI, que “Las condenas por el caso más grande hasta el momento de fraude económico en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por doce millones de dólares en el caso de “Empresas Fachada” y los viceministros Montes y Pastor, así como la condena por el primer caso en la historia de Honduras de Tráfico de Influencias contra Teodoro Bonilla, marcaron el período”. Continúan las investigaciones complejas “en el caso Cachiros, los propios del IHSS, el caso Agua Zarca, el caso del Consejo de la Judicatura, entre otros. Destaca que se pusieron en marcha los tres primeros casos de corrupción que conoce la UFECIC, que darán resultados muy pronto”.
Se informa en el documento que “próximamente los procesados y condenados por corrupción estarán en un centro penitenciario ordinario. Asimismo, se reporta el retroceso que significa y significaría la rebaja de las penas en cuanto a los delitos de corrupción en el nuevo Código Penal que se viene debatiendo en el Congreso Nacional”.
Desde luego que, cualquier tipo de pataleo que los funcionarios públicos hagan respecto a la decisión bilateral, de querer descubrir públicamente a los corruptos y de enjuiciarlos como debe ser, no tendrán importancia alguna para que este Mecanismo se imponga, para salvaguardar los intereses de las mayorías del país afectadas por la desmedida ambición de los funcionarios públicos, que se han beneficiado de la impunidad en el país.
Sin embargo, son muchos los retos y desafíos que se le presentan, ya que “se requieren nuevas figuras del derecho penal moderno, como la colaboración eficaz para poder desmantelar a las organizaciones criminales, incluidas aquellas que están cometiendo delitos de corrupción y que fue presentada por la MACCIH-OEA y el Poder Ejecutivo en diciembre de 2016. Se necesitan también mecanismos de protección de los operadores de justicia como los que ha entregado la MACCIH-OEA al Poder Judicial y al Ministerio Público, en aplicación de la Ley de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”.
Esperemos que estos procesos de mejora de nuestra institucionalidad, le devuelva al país, el Estado de derecho y un verdadero concepto de democracia, para el bienestar de todos los hondureños y hondureñas, que vemos estos mecanismos de apoyo como una oasis en medio del desierto, o ¿un oasis, en medio del infierno?.