Por: Redacción CRITERIO
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TEGUCIGALPA.- El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sancionó al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) con una multa por su negativa a informar sobre sus operaciones financieras, aunque como un ente de periodistas debiese de dar ejemplo de transparencia.
La sanción de un salario mínimo que deberá pagar de su fortuna personal el presidente del IPP, Eduin Natividad Romero, fue impuesta tras diez meses de negativas de los directivos del ente a atender solicitudes de información vitales para conocer la salud financiera del organismo, formuladas por el periodista Gustavo Palencia.
La totalidad de los cargos de la junta directiva del IPP son directivos o miembros del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
La resolución establece que se impone la sanción al presidente de la junta directiva del IPP «porque estando obligado por Ley, no proporcionó la información pública requerida en el tiempo estipulado» al solicitante que reclama sin éxito documentación al ente de pensiones de los periodistas desde mayo del 2015.
Los directivos del IPP en el proceso de peticiones de información trataron de amparar el ocultamiento de sus operaciones en una interpretación legislativa del año 2000, de un artículo de la ley de creación del organismo, que excluía al ente de la fiscalización de sus operaciones financieras y administrativas.
La gerencia del IPP y Romero respondieron los recursos de revisión reclamando la información, enviando al IAIP la reforma legislativa que los excluía de la vigilancia de los entes contralores.
«Es penoso que el liderazgo del gremio de los periodistas de Honduras sea sancionado porque se aferran a mantener ocultas las operaciones financieras del IPP», dijo Palencia a criterio.hn.
El IPP fue sancionado porque se negó a entregar los dos últimos estudios actuariales del sistema, vitales para observar la situación financiera del ente para responder a los beneficios de los afiliados, los dos últimos informes de auditoría y las actas del comité de inversiones y el detalle de las inversiones realizadas.
También el acta de la sesión de junta directiva en la que se autorizó a Romero a firmar un contrato privado para la Administración de un Fondo Patronal Autónomo de Seguridad Social con la Administración de Fondos de Pensiones Atlántida, entre otros documentos.
«El Colegio de Periodistas debe dar ejemplo de transparencia en Honduras, pero al contrario, sus directivos actúan amparados en la oscuridad en la secretividad, lo que causa preocupación sobre la situación financiera del IPP», agregó.
Los directivos del IPP pretendieron utilizar también para negarse a entregar la información, su ilegal decisión adoptada desde el 2014, de desistir de requerir transferencias estatales anuales establecidas en la ley de creación del órgano de pensiones de los periodistas, golpeando las finanzas del ente.
Pero el IAIP declaró al IPP sujeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tras confirmar el ministerio de Finanzas que el ente recibe desde 1987 transferencias del Estado, en aplicación de la ley de creación del sistema de previsión social de los periodistas.
La directiva del IPP desistió de requerir las transferencias del Estado desde el año 2014, cuando el presidente del ente, era Juan Ramón Mairena. Romero, que asumió la presidencia en febrero de 2015, también no ha requerido las transferencias del Estado.
Romero, se desempeñaba como Fiscal de la Junta directiva del IPP cuando Mairena era presidente.
Escudo obsoleto
La interpretación legislativa del año 2000 que los directivos del ente, esgrimieron para negarse a dar la información, es obsoleta por la aprobación más reciente de leyes como la de Transparencia, la de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y la Ley de Protección Social.
Romero como presidente del IPP no atendió las peticiones de información y respondió sistemáticamente a las solicitudes del IAIP, ante los recursos de revisión de Palencia, enviando la interpretación legislativa que los eximía de la supervisión de los órganos fiscalizadores públicos.
Además aseguró en una reunión en Octubre en la sede del CPH y el IPP en Tegucigalpa con los Comisionados del IAIP, que desde 2014 no reciben las transferencias estatales y que estas no eran una obligación legal si no que una liberalidad de los gobiernos, por lo que no debían ser sujetos a la ley de Acceso a la Información Pública y a la auditoría de la CNBS.
El Estado transfirió legalmente al IPP de 1987 al año 2013, 53.2 millones de lempiras, lo que representó en promedio en los últimos 14 años, una aportación anual en promedio de 2.3 millones de lempiras.
Los directivos del ente desistieron de requerir los fondos públicos en 2014 para no ser auditados como establece la ley de Protección Social y la ley de la CNBS.
La ley de Protección Social establece que los entes de previsión que captan fondos públicos deberán registrarse en la CNBS, y que si no lo hacen, no podrán incorporar nuevos afiliados, y los que tienen podrán migrar sin ninguna sanción económica a otro sistema.
Romero, en representación de la junta directiva del IPP, rechazó a mediados de Diciembre en una audiencia de conciliación promovida a mediados de diciembre por el IAIP para evitar llegar a la sanción, un acuerdo para que los mismos dirigentes voluntariamente pidieran a la CNBS una auditoría.
La cúpula del IPP no ha explicado porqué evade tan tenazmente la mirada de la CNBS y de sus mismos afiliados, llegando a desistir de reclamar la millonaria aportación estatal.
SI LOS AUDITAN NO QUIEREN NADA
En los presupuestos nacionales de 2014, 2015 y 2016 el Estado asignó fondos al IPP, pero no han sido requeridos, en un acto que profesionales del derecho describen como un abuso de autoridad por parte de los directivos que es sancionado en el Código Penal.
Las finanzas del IPP desde su entrada en operación en 1987 no han sido auditadas por los entes públicos como la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
«Los directivos al desistir de requerir de las transferencias del Estado nos están perjudicando a todos los afiliados al IPP, pero también le dicen al Estado que si captar esos fondos implica que tienen que que dar cuentas de cómo manejan los fondos pues mejor no queremos nada», comentó Palencia.
Los directivos del IPP encabezados por Romero y su gerente de manera privada y selectiva visitaron algunos medios y abordaron periodistas a los que persuadieron para firmar un contrato mediante el cual las aportaciones individuales colocadas en la Administradora del Fondos de Pensiones Atlántida sería la jubilación de los afiliados.
«A mí me dijeron que el gobierno del presidente Juan Orlando (Hernández) se quiere tomar estos fondos y que es más seguro tenerlos en una administradora de fondos privados», dijo un periodista de un canal de televisión de Tegucigalpa que firmó el contrato.
En el contrato los firmantes aceptan que lo estipulado en este instrumento sustituye lo establecido en el sistema de pensiones solidario creado en la ley del IPP.
La ley de creación del IPP establece que el sistema de pensiones de los periodistas es nutrido por las aportaciones personales, las del empleador, las transferencias estatales y las utilidades generadas por las inversiones.
Las aportaciones personales sumaron entre 1987 y 2013 unos 26.8 millones de lempiras, las de los empleadores 56.6 millones, las transferencias estatales 53.2 millones y las utilidades por inversiones 124.3 millones de lempiras.
«Si los afiliados según ese contrato recibirán una pensión únicamente con sus aportaciones personales, dónde están y a quién le quedan el resto de las aportaciones que capta el sistema», se preguntó Palencia.