Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Con las reformas a la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2018, el gobierno de Juan Hernández está facultado para no pagar las prestaciones laborales a los empleados públicos que no pertenezcan a las filas del Partido Nacional y con esos recursos podrá contratar a sus activistas, según el análisis del economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.
El artículo 123 de la Ley de Presupuesto dice que el pago de las prestaciones, cesantías y otras indemnizaciones serán asumidas por el Estado a través del presupuesto asignado para el 2018 a la institución donde laboraba el trabajador. Eso quiere decir que si no dejaron presupuesto para pagar estos beneficios, pues no los podrán cancelar.
En este mismo artículo, el gobierno de Hernández se cubre las espaldas, indicando que ningún funcionario o empleado público que intervenga en actos administrativos que den lugar al pago de beneficios e indemnizaciones, no será responsable de demandas por el incumplimiento de los pagos.
“Si por cualquier circunstancias el pago de estos no se hace efectivo y el Estado fuere demando y vencido judicialmente tampoco este hecho hará responsables a los funcionarios o empleados públicos”, agrega la reforma.
Lo anterior significa que a ningún funcionario se le podrá resarcir el daño que ocasionare a los empleados que sean despedidos sin justa razón o utilizando canales inadecuados.
El economista del Fosdeh ilustró que la medida sólo es aplicable para el año 2018 porque las disposiciones de la Ley de Presupuesto surten efecto únicamente para el año fiscal, por lo que no es cierto que la reforma beneficie al expresidente, Manuel Zelaya Rosales, porque el caso por el que se le ha llevado a los tribunales es por una acción del 2008, específicamente por el despido de la entonces presidenta del Banco Central de Honduras (BCJH) Gabriela Núñez.
Zepeda insistió que la reforma tiene la dedicatoria de despedir a todo aquel empleado público que no pertenezca al partido de gobierno y con ello Hernández cumplirá su promesa de darle empleado a sus activistas. Sin embargo advirtió que este asunto será manejado como una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para disminuir la masa salarial y la “barrida” de empleados se dará cuando se estampe la firma del acuerdo con este organismo internacional.
“Antes se hacían barridas de empleados públicos, pero ahora se va a hacer una mega barrida y quienes no estén en el censo partidario de marzo del 2017 van a ser despedidos”, sentenció.
Adicionalmente el artículo 124 autoriza a las instituciones del gobierno central, desconcentrado y descentralizado a pagar los derechos adquiridos a todos los empleados que sean despedidos a efecto de que cuando presenten la demanda, estos beneficios sean restados de lo que comúnmente se conoce como “salarios caídos”.
Para Zepeda la reforma es un zarpazo a los derechos de la clase trabajadora y atenta contra las leyes de administración pública.
Apuntó que el gobierno está actuando de esta manera porque el Estado no tiene los suficientes recursos para pagar los pasivos laborales de los empleados públicos.
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El economista dijo además que todo lo aprobado sobre la Ley del Presupuesto de 2018 fue trastocado por la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional y va más allá de las denuncias presentadas por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).