Tegucigalpa.- La embajadora por ley de Estados Unidos , Heidee Fulton manifestó este día en su cuenta de Twitter que no hay ningún acuerdo entre su país y Honduras para traer mil efectivos del ejército de Israel.
esto escribió la encargada de la embajada de los estados Unidos en Tegucigalpa
No existe ningún convenio ni acuerdo entre EEUU, Honduras e Israel para presencia militar israelí en Honduras. https://t.co/3BanECkELX
— U.S. Embassy Honduras (@USAmbHonduras) May 6, 2019
Este lunes un rotativo de Tegucigalpa divulgó la noticia que el régimen de Juan Hernández estaría trayendo unos mil soldados israelíes a la base militar de Palmerola en el departamento de Comayagua.
La noticia decía que los soldados del estado de Israel vendrían a entrenar a soldados y policías hondureños para frenar el enorme flujo de migración que actualmente Honduras presenta.
El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, también ha negado la existencia de un acuerdo con Israel para movilización de tropas.
Díaz fue enfático al afirmar de manera categórica que no es correcta la información difundida por un diario impreso que existe un convenio de tener 50, 100 o 500 efectivos israelíes en Honduras.
Tegucigalpa.- La Corte de Apelaciones de Francisco Morazán declaro inadmisible el recurso de amparo presentada por la defensa del periodista David Romero Ellner, director de Radio Globo.
La resolución contra las aspiraciones del comunicador fue informada la noche de ayer lunes a través de la cuenta de Twitter del Poder Juidicial.
Esa sección del poder judicial señaló que luego de analizar los argumentos presentados los integrantes de esa sala decidieron declarar inadmisible la acción interpuesta por los abogados del periodista.
Romero Ellner ha señalado al titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez como uno de los funcionarios que esta coludido con la corrupción que impera en el país y con delitos que están relacionados con el narcotráfico.
El comunicador cuestionó: ¿qué pesa más, la libertad de expresión de un pueblo o un delito de calumnia y señaló que esta ultima puede ser dilucidada en un juzgado de paz
Tegucigalpa.- El ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa en una carta pública ha negado este día cualquier relación con los Cachiros o cualquier otro grupo de narcotraficantes.
También señala: “que no tenía conocimiento y mucho menos, he participado en los actos ilícitos que uno de mis hijos, Fabio Porfirio Lobo, profesional, de 46 años, se ha declarado culpable y por los cuales ha sido sentenciado; su decisión de ayudar en sus actividades a estos delincuentes fue totalmente personal y cada quien es responsable de sus actos”.
Apunta que al final de su gobierno se había reducido el número de vuelos a Honduras con droga en más de un 80% (según lo reconoció un funcionario del Departamento de Estado en febrero 2014), dice la misiva.
Lobo Sosa, en torno a los contratos con el Estado manifiesta que “el Presidente de la República no contrata, lo hacen los Ministros, Directores y Gerentes, según la institución, y tiene que hacerse bajo procedimientos establecidos que incluyen una Comisión integrada con representantes de diferentes Instituciones del Estado, Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, etc.”.
El expresidente Porfirio Lobo junto a su hijo fabio lobo, condenado a 24 años de cárcel
A continuación la carta del expresidente Porfirio Lobo Sosa
Mi periodo de gobierno, como Presidente de la República de Honduras fue del 27 de Enero del 2010 al 27 de Enero del 2014.
Al pueblo hondureño:
El Sr. Devis Rivera Maradiaga, líder del Cártel de Los Cachiros, quien además de traficar con drogas y otros ilícitos, también aceptó su responsabilidad en el asesinato de 78 personas, le ha mentido a la DEA y a los Fiscales del gobierno de Estados Unidos de América.
Las acusaciones que hacen en relación a mi persona son totalmente falsas, no es cierto que haya recibido ningún soborno (versión que han cambiado como tres o más veces) para favorecerles y darles protección en mi gobierno; las acciones tomadas como gobernante totalmente desmienten lo que han declarado Rivera Maradiaga.
Quiero señalar que no tenía conocimiento y mucho menos, he participado en los actos ilícitos que uno de mis hijos, Fabio Porfirio Lobo, profesional, de 46 años, se ha declarado culpable y por los cuales ha sido sentenciado; su decisión de ayudar en sus actividades a estos delincuentes fue totalmente personal y cada quien es responsable de sus actos.
Desde que inicié mi gobierno, a pesar de la crisis política en que estábamos sumidos, empecé a tomar acciones fuertes en contra de la delincuencia y el crimen organizado, una de las más importantes fue la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito en Mayo del 2010 (Decreto Nº 27-2010), que nos permitió hacer incautaciones de haciendas, negocios, casas, edificios, ganado, etc. a narcotraficantes; particularmente, a este grupo criminal Los Cachiros se les incautaron alrededor de $500 millones.
En mi gobierno se incautaron millones de dólares en efectivo, más de 100 toneladas de cocaína, cantidades considerables de marihuana, heroína, anfetaminas, etc., se destruyeron o inhabilitaron 101 pistas de aterrizaje clandestinas, se interceptaron e incautaron semisumergibles, aviones, helicópteros, lanchas, barcos pesqueros, barcos de gran calado, vehículos, etc., se destruyeron varios narcolaboratorios y se incautaron arsenales de alto poder, todos estos utilizados en el tráfico de drogas.
Al final de mi gobierno se había reducido el número de vuelos a Honduras con droga en más de un 80% (según lo reconoció un funcionario del Departamento de Estado en febrero 2014).Es importante mencionar que es en mi periodo de gobierno cuando más droga se ha incautado en toda la historia precedente de Honduras.
También, se iniciaron los aseguramientos y posterior incautación de bienes a narcotraficantes, el que más pistas de aterrizaje clandestino ha inhabilitado y el que estableció e inició con el cerco aéreo y marítimo que logró que Honduras dejara de ser considerada el mayor puente del narcotráfico en Centroamérica.En Honduras no había extradición, es en mi gobierno, en el mes de enero del 2012 que se hace la Reforma Constitucional (Decreto Nº 269-2011) que permite que cualquier hondureño sea extraditado por delitos como Tráfico de Estupefacientes, Terrorismo y cualquier otro ilícito de Criminalidad Organizada y cuando haya un Tratado o Convenio de Extradición con el país solicitante. Las solicitudes que llegaron se les dieron el trámite correspondiente.
En cuanto a Contratos con el Estado el Presidente de la República no contrata, lo hacen los Ministros, Directores y Gerentes, según la institución, y tiene que hacerse bajo procedimientos establecidos que incluyen una Comisión integrada con representantes de diferentes Instituciones del Estado, Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, etc., que son los encargados de certificar las empresas calificadas, que llenan todos los requisitos establecidos por la ley. Lo de contratos con el Estado no es nada nuevo, usan empresas de fachada y lo han hecho en varios gobiernos.
No hay una tan sola acción en mi vida, como ciudadano, como Presidente del Congreso Nacional como Presidente de la República tendiente a favorecer, proteger o ayudar a ningún criminal, mi filosofía de vida ha sido luchar contra la delincuencia.
No he sido, ni soy, ni seré amigo, socio, o colaborador de ningún delincuente.
Tegucigalpa.-En una acción poco transparente, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, se negó a dar información sobre la campaña publicitaria que mantiene en diferentes medios de comunicación, en contra del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
La solicitud de información fue presentada por el periodista, Andrés Molina, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), a quien Castellanos manda a los diferentes medios de comunicación a que solicite la pauta publicitaria.
La negación de la información fue notificada mediante el oficio RU-No.554-2017, firmado por Castellanos y remitido al periodista Molina por la coordinadora de la Comisión de Control de Gestión de la UNAH, Cintia Liliana Salgado.
Al emitir dicho oficio, Castellanos está violando la Ley de Acceso a la Información Pública y la Convención Americana de Derechos Humanos, que manda a las instituciones que reciben fondos públicos a dar información a los ciudadanos que la requieran.
La información fue solicitada desde el 22 de junio pasado a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), registrada bajo el número “SOL-UNAH-444-2017”.
La información solicitada fue la siguiente:
1.- Copia íntegra de los vídeos de las cámaras de seguridad del edificio administrativo de Ciudad Universitaria del día 24 de mayo de 2017 de las 7:00 P.M. hasta las 2:00 A.M. del día 25 de mayo de 2017.
2.- Copia del vídeo de la campaña para exigir clases que se transmite por varios canales de televisión.
3.- Cuantas empresas se han contratado para la difusión de dicha campaña.
4.- Cual es el presupuesto destinada para la realización y difusión de dicha campaña y cuál es la línea presupuestaria que se afecta.
5.- Que empresa fue la que diseño y produjo dicha campaña.
6.- Cuantos medios de comunicación y que medios han sido contratados para la difusión de dicha campaña.
Ninguna pregunta fue respondida por las autoridades, la respuesta de las autoridades fue un oficio sin ninguna argumentación jurídica que avale su actitud, para negarse a informar cómo se gasta el 6%del presupuesto nacional.
CAMPAÑA
La UNAH ha estado publicando en varios medios de comunicación un spot publicitario televisivo, donde hace apología al odio de la protesta estudiantil al estigmatizar y criminalizar a sus participantes. Asimismo muestra a miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) como responsables de la situación de crisis que vive la Alma Mater.
A raíz de la situación, una de las voceras del MEU, Mirtha Gutiérrez, acudió al Ministerio Público (MP) a denunciar la campaña en su contra, financiada con fondos públicos.
Tegucigalpa.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva que niega los fondos federales a las llamadas “ciudades santuarios”, que protegían de la deportación a los indocumentados.
De esta manera, se quitarán fondos federales a las ciudades que se nieguen a proporcionar a las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas que detienen, entre las que se incluyen Chicago, Nueva York y Los Ángeles.
Tiempo antes, en su comparecencia diaria con los medios de comunicación, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, explicó que dentro del plan para reforzar la frontera con México se aumentará el número de agentes y crearán nuevos centros de detención para los inmigrantes aprehendidos en la frontera.
En su la campaña electoral, Trump ya prometió que cargará contra estas urbes, llamadas “ciudades santuario”, cifradas en unas 300 en todo Estados Unidos.
En actos celebrados en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Trump rubricó esa medida junto a otra orden ejecutiva por la que destina financiación federal para comenzar la construcción de un muro fronterizo con México.
Estas acciones del presidente Trump cumplen con algunas de sus promesas de campaña más aclamadas durante el ciclo electoral respecto al endurecimiento de las leyes fronterizas y migratorias.
