Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- A sus 65 años el periodista Mario Valladares estaría en una situación de indigencia, si no hubiera heredado de su padre una pequeña vivienda en un antiguo barrio de Tegucigalpa, patrimonio que mientras estuvo activo se esforzó en ampliar pensando que en su vejez podría ayudarse con su renta.
Valladares, un periodista independiente que a lo largo de 30 años trabajó en su mayoría en programas noticiosos de radio y televisión, cotizó más de 20 años en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), pero no tiene una jubilación ni tampoco cobertura médica cuando más lo necesita.
“Yo no tengo jubilación, yo vivo con mi mujer de lo poco que capto de unos apartamentos que rento”, dijo Valladares a CRITERIO en la estrecha sala de su casa, donde luce en una pared su título de Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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Mario, cuando cumplió 60 años, se presentó a las oficinas del IPP en Tegucigalpa, pensando que podría recibir unos 7.000 lempiras de jubilación, pero el gerente vitalicio Omar Calderón, lo recibió fríamente diciéndole: “le vamos a dar una pensión de 1.000 lempiras”.
“Yo no los acepté porque 1.000 lempiras era como una limosna, era nada. Yo les dije yo no como zacate, yo he cotizado desde 1986 a 2007 al IPP y me deben dar una pensión digna”, dijo Mario, como se le conoce popularmente en el mundo de los periodistas en Tegucigalpa.
La oferta hecha por Calderón a Valladares de una pensión de 1.000 lempiras, contrasta con los 6,409.63 lempiras, que legalmente le correspondían como jubilación, después de cotizar sobre salarios en su última década de entre 4.524 y 8.453 lempiras.
Mario fue prácticamente empujado a renunciar a la pensión por la miserable oferta de 1.000 lempiras. “Yo no iba hacer nada con esa cantidad como pensión, me empujaron a pedirles que me dieran mis aportaciones personales y patronales y me entregaron 108,286.72 lempiras”.
El veterano comunicador, que en la mayoría de su ejercicio profesional lo hizo de manera independiente, heredó de su padre una vieja casa de dos plantas, a la que construyó dos pequeños apartamentos.
“Yo vivo ahí, rento el segundo piso y los dos apartamentitos y de eso estoy viviendo, yo no sé que estaría pasando si no hubiera tenido esa herencia de mi Papá. Yo he buscado trabajo como periodista, para hacerme unos centavitos, pero no hay, no se encuentra”, dijo Mario.
El periodista que por su edad padece de diabetes, problemas de la próstata y estreñimiento, no solo tiene que pensar en su alimentación, pago de servicios y mantenimiento y reparaciones del sitio donde vive, si no que cómo financiarse el pago de medicamentos y médicos.
“Yo no fui un periodista corrupto, luche para hacerme la vida en programas independientes y algún trabajo, así que no hice fortuna, y ahora sin ingresos por trabajo, es difícil pero no me hace falta la comida, no nos morimos de hambre”., sostuvo orgulloso.
Valladares se declara como una víctima del gerente y los periodistas directivos del IPP. “Claro yo soy una de las víctimas del IPP, si me hubieran ofrecido los 6.400 lempiras que realmente me correspondían como pensión, yo los hubiese tomado y estaría viviendo mejor con ese dinero todos los meses”, dijo el periodista.
Mario no es el primer periodista al que el gerente y los directivos del IPP devuelven el dinero de sus aportaciones personales y patronales, y en algunos casos solo las personales, aplicando caprichosamente normas inventadas en cada caso. Tampoco es el primero al que dejan sin pensión.
La operación hecha por el gerente del IPP con Valladares es parte de una serie de arbitrarias decisiones que les permite no cumplir con los beneficios de los periodistas afiliados, establecidos en la ley de creación del instituto de pensiones.
La penosa situación que viven muchos periodistas afiliados al IPP, tanto activos como jubilados, transcurre este viernes, mientras los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), con motivo del Día del Periodista, celebran con banquetes, sin faltar el vino, junto a los figuras más representativas de los poderes del Estado.
NEGOCIO ARBITRARIO
Por la actuación y medidas que adopta el IPP, más parece que su negocio no es cumplir con los beneficios establecidos en la ley para los afiliados, sino que reducirlos valiéndose de ilegales resoluciones adoptadas por las juntas directivas.
Los directivos contrariando la ley del IPP, aprobaron en 1998 una resolución, la 55-03-98, que dispone calcular el sueldo de la pensión en base al promedio de todos los años de cotización desde que se ingreso al sistema, mientras que la legislación vigente dice que será el promedio de los salarios devengados en los últimos tres años.
El hecho de que Valladares haya sido orillado a solicitar sus aportaciones, debido a la mísera pensión que le ofreció Calderón, representa que los directivos y administradores del IPP, dejarán de pagarle, si Mario viviera 10 años y le hubiesen otorgado legalmente su pensión de 6,409.63, al menos 897,348.82 lempiras en ese período
De manera que se deshicieron de Mario, con un poco más de lo que le hubieran tenido pagar en un año, 89,734.82 lempiras, al devolverle sus aportaciones.
El ilegal cálculo de las pensiones que practican la gerencia y los directivos del IPP desde 1998, habría afectado a todos los periodistas que solicitaron su pensión a partir de ese año, otorgándoles jubilaciones por debajo de lo que realmente les corresponde según la ley del ente.
Pero Valladares no es la primera víctima pública del ilegal cálculo de pensión por vejez, el veterano y reconocido periodista de radio, Juan Antonio Moncada, a sus 66 años cuando llegó a las oficinas del IPP a gestionar su jubilación, Calderón, sin mucho pensarlo, le dijo que le correspondía una pensión de 5.600 lempiras.
La mayoría de los periodistas jubilados, reciben entre 3.000 y 4.500 lempiras, y tal vez unos cuantos, 7.000 lempiras, los que viven en condiciones precarias debido a que algunos casi están ciegos y son acosados por enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas respiratorios, artritis y otros males.
Moncada, desalentado por la pobre pensión ofrecida por el gerente del IPP, en enero del 2017 aceptó una propuesta bien matizada de Calderón para firmar un contrato con un fondo privado de pensiones, al que únicamente le trasladaron sus aportaciones personales, o sea 121,883.69 lempiras.
Pero el periodista, que destacó a su paso por las emisoras HRN y Radio Reloj en la producción y conducción de noticieros, insistió en que se le otorgara su pensión basada en la ley del IPP, y el 27 de noviembre de 2017 se reunió con el gerente de “lujo” y el presidente de la junta directiva del ente de pensiones, Dagoberto Rodríguez.
Moncada, no logró que le otorgaran su pensión de 14,806.37 lempiras, tal como lo calculó un actuario basado en la ley del IPP, porque Rodríguez y Calderón le aseguraron que la legislación en lo que respecta a la pensión fue reformada por los directivos del ente de pensiones en 1998.
“La ley – el Decreto 190-85 de creación del IPP -, esa se reformó en el 1998; hubo una reforma de junta directiva, entonces se cambió el cálculo de esa pensión, ya no se hace así”, le aseguró Rodríguez a Moncada cuando le insistía en que le otorgaran su pensión en base a la ley aprobada en 1985, que únicamente puede reformar el Congreso Nacional.
CONTRATO DE AFP
Moncada, lo más que pudo sacar a Rodríguez y a Calderón fue la firma de un documento en el que presuntamente le traspasarían a la AFP del Banco Atlántida, también las aportaciones patronales.
El veterano periodista, no tiene una pensión, sino que un depósito en una AFP con lo que aportó al ente como afiliado y patrono, porque él hizo ambas cotizaciones, y no le dieron ningún interés en casi 30 años de colocar su dinero en el IPP, cuando en un banco habría acumulado al menos ese dividendo.
El contrato de la AFP, que promocionan privadamente entre los periodistas hace casi cinco años, es un inventó del gerente y los directivos del IPP, en el que se establece que se traspasará a este instrumento únicamente las cotizaciones personales a los afiliados que lo firmen y esta sería su pensión, según se desprende del documento.
En la ley del IPP, además de las cotizaciones personales, se establece como fuentes de recursos del ente las aportaciones patronales, una contribución estatal y las utilidades generadas por las inversiones.
Desde 1987 a 2013 el IPP ha captado por cotizaciones personales 22 millones de lempiras, aportaciones patronales 56.3 millones de lempiras, contribuciones del Estado 53.2 millones de lempiras y las utilidades 24.3 millones de lempiras, según informes del mismo ente de pensiones.
De manera que de acuerdo al contrato, si los afiliados lo firman se traspasaría únicamente las cotizaciones personales.
“Hoy se hace el cálculo de la jubilación en base a todas las aportaciones y no en base a los últimos tres años”, le precisó Rodríguez a Moncada, sin revelarle los nombres de los directivos que se transformaron en legisladores para “reformar” la ley de creación del IPP.
Estas arbitrariedades de las que han sido víctimas Valladares y Moncada, y otros periodistas que se han jubilado con pensiones calculadas en el IPP al margen de la ley, las revela criterio.hn, mientras los directivos del ente de pensiones, luchan tenazmente para no entregar información pública de sus operaciones financieras del sistema y evitar ser auditados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
AFERRADOS AL OCULTAMIENTO
Los periodistas directivos del sistema, que perseveran en su postura anti transparencia, huyendo de la aplicación de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que les obliga a atender pedidos de información pública y de la auditoría de la CNBS, incluso han dejado de requerir desde el 2014 las transferencias estatales, causando una pérdida de casi 4 millones de lempiras a los afiliados.
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Los directivos del IPP desistieron de requerir las transferencias estatales, establecidas en la ley, pretendiendo que al no recibirlas pueden evadir ser sujetos obligados a entregar información de sus operaciones, debido a que legalmente captan fondos estatales.
Además, con ese desistimiento pretenden que la CNBS no los audite, en aplicación de la ley del ente que supervisa el sistema financiero y de previsión social, y no se les aplique la ley de Protección Social que manda que los entes de pensiones que capten directa o indirectamente fondos públicos se sometan a la supervisión de la CNBS.
Los periodistas que dirigen el IPP, en su afán por no entregar información, se han gastado también más de 300.000 lempiras en pagar abogados para consultorías y presentar Recursos de Reposición y Recursos de Amparo ante la Sala de lo Constitucional tratando de evitar someterse a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Los directivos entre otras medidas arbitrarias, también violando la ley del IPP a través de resoluciones de junta directiva, cambiaron el beneficio de pensión por invalidez, que legalmente es el pago mensual de por vida, y lo convirtieron en el pago de un seguro de vida de poco más de 435.000 lempiras.
La decisión ilegal está orientada a quedarse con lo que le correspondería percibir a un afiliado, si desgraciadamente quedara inválido, porque le tocaría recibir una pensión de unos 10.000 lempiras mensuales, que acumularían 140.000 lempiras en un año, 700.000 en 5 años o 1,400.000 en 10 años.
“La decisión de renunciar a gestionar casi 4 millones de lempiras, nos coloca como víctimas a todos los periodistas activos y jubilados, ese dinero serviría para mejorar los beneficios”, comentó el periodista, Gustavo Palencia, que desde mediados de 2015 solicita información al IPP a través de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Rodríguez, también presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), en septiembre de 2017 en una intervención en HRN, aseguró que él como presidente del IPP había pedido a funcionarios de gobierno que se reanudara la entrega de los fondos estatales.
“Hemos presentado nota para que se siga aportando ese dinero, porque creemos que se pueden mejorar las pensiones de muchos colegas periodistas”, dijo Rodríguez, pero realmente no cumplió, pues la abogada que lo representa en un Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional, pretende presentar como prueba para evitar ser sujetos obligados de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que el IPP no ha captado fondos públicos desde 2014.
El periodista Valladares dijo que “la Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe intervenir y auditar al IPP para saber cuál ha sido el destino del dinero que aportamos y las utilidades, ellos no pueden dejar a los periodistas en estado de indefensión ante un grupo que actúa como si el IPP es un negocio privado”.
