Demandan derogar Ley de Secretos Oficiales para que la MACCIH ejerza un monitoreo independiente

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) demanda la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública para que  la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) tenga un monitoreo independiente.

Los directivos del CESPAD
Los directivos del CESPAD  consideran que la Ley de Secretos Oficiales no es congruente con la MACCIH.

La organización considera que la normativa restringirá el acceso a la información, tanto a quienes integren la MACCIH, como a los diversos grupos de la sociedad civil organizada que participarán en el monitoreo y evaluación de los casos de corrupción que se sometan a investigación.

“El CESPAD demanda la derogación de la Ley de Secretos Oficiales, si se apuesta a un real y genuino proceso de democratización de la institucionalidad del Estado”, dijo la organización mediante un comunicado.

Apunta que el acuerdo de la MACCIH es  inconsecuente con lo que establece la Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información, porque argumentando protección de la seguridad y defensa nacional, clasifica de manera antojadiza la secretividad de la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultra-secreta, limitando, desde cualquier dimensión el derecho al acceso a la información pública y a la publicación de la misma.

SOBRE LA MACCIH

En cuanto a la MACCIH, “el  CESPAD reconoce que el convenio es el resultado de la presión y la lucha de la ciudadanía en las calles, la que, a través de las “marchas de las antorchas”, ha demandado un alto a la corrupción en la institucionalidad del Estado y que puede significar el inicio en la lucha contra la impunidad en Honduras.

También Señala que la instancia investigará redes de corrupción en Honduras en los 4 años de funcionamiento y que para lograr ese objetivo el Gobierno deberá facilitar, “el libre acceso a la información material documental que guarde relación con la investigación, los archivos, las bases de datos y los registros públicos y cualquier informe semejante, archivo, documento o información en posesión de las personas o entidades estatales pertinentes, ya sean civiles o militares, con observancia de lo prescrito en la Constitución de la República”.