Norma Torres dice que la lista es una farsa y acusa a Trump de encubrir a los corruptos de Centroamérica

Al ocultar intencionalmente los nombres de funcionarios corruptos en Centroamérica así desafiando la intención del Congreso, la administración de Trump se está involucrando en un encubrimiento: Norma Torres, congresista de Estados Unidos.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Como una farsa, calificó la congresista estadounidense, Norma Torres, la lista de funcionarios corruptos de Honduras, Guatemala y El Salvador, presentada ayer por el Departamento de Estado.

Al ocultar intencionalmente los nombres de funcionarios corruptos en Centroamérica así desafiando la intención del Congreso, la administración de Trump se está involucrando en un encubrimiento, posteó en su cuenta de Twitter, la congresista de origen guatemalteco

En la lista aparecen siete nombres de hondureños que ya fueron judicializados y que se encuentran en prisión por delitos de corrupción y narcotráfico, por lo que la revelación no provoca ningún impacto.

En la lista se encuentran: Mario Zelaya, Javier Pastor, Carlos Montes, José Boris Espinal, Nelson Abdalah, Dario Mejía, Teodoro Bonilla, Marcelo Chimirri, Yani Rosenthal, Yankel Rosenthal.

Descargue aquí: Lista de corruptos de Honduras y Guatemala

La lista, que fue adoptada del proyecto de ley presentado por Torres, End Corruption in the Northern Triangle Act, debió haber incluido a funcionarios electos o del gobierno que se sabe que han cometido actos relacionados con el narcotráfico y la corrupción. Sin embargo, la lista proporcionada al Congreso por el Secretario de Estado solo incluye a funcionarios que ya habían sido condenados, sentenciados o sujetos a sanciones de los EE. UU., por tales actos”, fustiga Torres mediante una declaración emitida en las últimas horas.

Más adelante dice: “Esta lista es una farsa. Es increíble que el Departamento de Estado se haya retrasado 53 días en entregar este informe y esto es lo que nos dieron. Si el Congreso quisiera una lista de funcionarios que fueron sentenciados o sancionados, lo hubiéramos buscado en Google. Sabemos, y todos los expertos del Departamento de Estado también saben, que el gobierno de los Estados Unidos tiene conocimiento de muchos, pero muchos funcionarios corruptos en Centroamérica que no fueron incluidos en el informe. Al ocultar intencionalmente los nombres de funcionarios corruptos en Centroamérica así desafiando la intención del Congreso, la administración de Trump se está involucrando en un encubrimiento.

“Esta no es la primera vez que este gobierno ha sido cómplice de la corrupción en Centroamérica. Después de todo, este es el mismo gobierno que le dio luz verde al Presidente de Guatemala para expulsar a una comisión anticorrupción apoyada por los Estados Unidos, la cual investigaba al mismo presidente. Es el mismo gobierno que miró hacia otro lado mientras el hermano del Presidente de Honduras y sus asociados presuntamente se dedicaban al narcotráfico. Y es el mismo gobierno que ha cortado los programas de asistencia extranjera para los valientes activistas y periodistas investigativos que luchan contra la corrupción en sus países de origen. Debido a la complicidad de este gobierno, Honduras y Guatemala están en camino de convertirse en narcoestados”, reza el texto.

 Tores apuntó que lo efectuado por el gobierno estadounidense no se puede soportar y anunció que hará todo lo que esté a su alcance para “garantizar que el Departamento de Estado sea honesto con lo que sabe”.

La semana pasada, la congresista  le reclamó al Secretario de Estado, Mike Pompeo, que por qué sabiendo que el régimen hondureño de Juan Hernández está involucrado en actos de corrupción y que su hermano, Juan Antonio Hernández, alias Tony Hernández,  fue capturado en noviembre de 2018 por delitos de narcotráfico,  lo siguen apoyando.

Torres, la única Centroamericana que sirve en el Congreso, es miembro de los Comités de Asignaciones y Reglas en la Cámara de Representantes. En marzo, presentó el Guatemala Rule of Law Accountability Act para autorizar sanciones contra los funcionarios guatemaltecos que hayan cometido actos de corrupción, obstruido la justicia, utilizado mal el equipo proporcionado por los Estados Unidos, desobedecido los fallos del Tribunal Constitucional de Guatemala o interferido en los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos.