Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La Secretaría de Seguridad justifica que los policías rocíen gas en la cara de los defensores y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aduciendo que actúan en apego a lo contemplado en el Manual del Uso de la Fuerza de funcionarios policiales.
Señalan además que “una vez agotados los niveles de comunicación para un consenso voluntario con un grupo de personas que, en claro desacato, pretendían burlar a la autoridad a bordo de un microbus propiedad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Que nuestro accionar se realiza en el marco de lo establecido en el artículo 293 de la constitución de la república: La Policía Nacional es una institución profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido partidista y de naturaleza puramente civil.
El vídeo muestra a los oficiales rociando gas pimienta en los rostros de los estudiantes y defensores de derechos humanos aun y cuando estos ya habían aceptado salir del microbus .
COMUNICADO
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, en relación al cumplimiento de la orden judicial de desalojo de edificios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el día 8 de septiembre de 2017, a la opinión pública nacional e internacional comunica lo siguiente:
- Que nuestro accionar se realiza en el marco de lo establecido en el artículo 293 de la constitución de la república: La Policía Nacional es una institución profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido partidista de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes; ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los derechos humanos.
- El día 08 de septiembre basados en el principio de legalidad, respeto de nuestros protocolos de acción y a los estándares internacionales de los derechos humanos, dimos cumplimiento a una orden judicial solicitada por las autoridades de UNAH, con el fin de desalojar los edificios tomados por “supuestos estudiantes” del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
- Que, en coordinación permanente con funcionarios del Ministerio Público, el personal policial responsable del cumplimiento de la orden de desalojo tenía a su cargo equipos antimotines de dispersión utilizados según los principios de fin legítimo, proporcionalidad y la necesidad de su uso; y en ningún momento se utilizaron armas de fuego.
- En apego a lo contemplado en el Manual del Uso de la Fuerza de funcionarios policiales y una vez agotados los niveles de comunicación para un consenso voluntario con un grupo de personas que, en claro desacato, pretendían burlar a la autoridad a bordo de un microbús propiedad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en donde resultó lesionado un oficial superior de la Policía Nacional, por tal razón se procedió a controlar la situación de crisis con el uso de gas urticante.
- El automotor en mención era conducido por uno de los responsables de la toma de edificios de la UNAH, por lo que solicitamos al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) aclarar al pueblo hondureño si dicho vehículo fue prestado, delegado o usurpado por los manifestantes para abandonar el predio universitario.
- La Policía Nacional como la institución encargada de velar por la conservación del orden público reconoce la labor de las personas defensoras de derechos humanos y reitera su colaboración a las mismas para preservar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, sin embargo nos preocupa que en algunos casos valiéndose de su representación, atenten contra la seguridad del Estado promuevan el irrespeto a la autoridad y fomenten la impunidad en actos ilícitos como el antes referido.
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La Policía Nacional reitera su compromiso de recuperar el orden y devolver la gobernabilidad de la máxima casa de estudios o en cualquier otra institución pública en la cual se violenten los derechos de la población hondureña.*
El Ocotal, F.M., 10 de septiembre de 2017.