Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción resolvió esta noche dictar auto de formal procesamiento con las medidas distintas a la prisión preventiva a los integrantes del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
La medida, que permitirá que los encausados se defiendan en libertad, beneficia al expresidente del Consejo de la Judicatura y a la vez presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés y a otros cinco exfuncionarios y se adoptó durante la audiencia inicial, pese a que la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia del Ministerio Publico, había solicitado la detención judicial.
Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción dicta Auto de Formal Procesamiento con medidas sustitutivas a ex miembros del desaparecido Consejo de la Judicatura. pic.twitter.com/rXEUmnurG1
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) May 21, 2018
Tras la determinación de la juez, la defensa de los imputados anunció que interpondrá un recurso de apelación antes de que venza el plazo de tres días que la ley establece.
Los demás acusados, son el expresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla y los exconcejales Julio Barahona, José Quiroz, Lilian Maldonado y Celino Arístides Aguilera.
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El pasado 9 de abril el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal por 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos en contra de los exfuncionarios.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, los exfuncionarios habrían efectuado solicitud irregulares para la tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habrían desviado alrededor 13.5 millones de lempiras, por concepto de giras nacionales y al extranjero.
Al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera y a la vez expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos, mientras que al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
En el caso de Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Asimismo, a Liliam Emelina Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales Públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.
De acuerdo a las investigaciones de los fiscales de Enjuiciamiento y los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los hoy acusados tramitaban viáticos para acudir a supuestas giras de trabajo tanto al interior del país como al extranjero, determinándose que en 576 ocasiones los mismos no realizaron los viajes y tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos.