Alerta por cambio migratorio que deportaría a miles de inmigrantes sin el “debido proceso”

 

Gobierno quiere expandir la «deportación express» sin pasar por los tribunales de inmigración. Cerca de 440,000 indocumentados serían afectados por esta norma

 

Una nueva propuesta del gobierno de Donald Trump pondría en riesgo de deportación inminente a cerca de 440,000 inmigrantes indocumentados en EEUU.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cual se encuentra en un borrador de aviso reglamentario, tiene como objetivo expandir el proceso conocido como “remoción expedita” de los inmigrantes indocumentados presentes en los Estados Unidos por dos años o más, según un informe de Político.

Actualmente, la remoción acelerada o deportación express solo es aplicable a los inmigrantes indocumentados arrestados dentro de los primeros 14 días de su llegada y dentro de las 100 millas de cualquier frontera.

La remoción acelerada fue establecida por primera vez por el Congreso en 1996 y permite a ICE y la Patrulla Fronteriza pasar por encima de los tribunales de inmigración y deportar rápidamente a los inmigrantes indocumentados.

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En 2004, un cambio regulatorio impuso el corte de dos semanas y la remoción acelerada a 100 millas de cualquier frontera.

Según el análisis del Instituto de Políticas de Migración, aproximadamente 835,000 inmigrantes indocumentados han residido en EEUU por menos de dos años. De ellos, aproximadamente entre 260,000 y 440,000 ingresaron ilegalmente al país y estarían sujetos a una remoción acelerada en virtud de esta propuesta.

En caso de que DHS continúe con sus planes para implementar esta propuesta redactada, se eliminarán las restricciones del cambio de 2004, dando a los agentes de ICE y CBP un ​​lugar en el interior del país para arrestar a inmigrantes indocumentados que han estado en los Estados Unidos durante años.

La eliminación de la zona de 100 millas y la ampliación del tiempo en el que un inmigrante es elegible para la deportación acelerada a dos años cubre de manera efectiva a gran parte de los inmigrantes que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos.

Al menos 25 muertos en volcamiento de camión con inmigrantes en Chiapas

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Al menos 25 personas originarias de Centroamérica habrían fallecido en un volcamiento de un camión de Chiapas, México la tarde noche de este jueves.

El percance se registró alrededor de las 18:00 horas de este jueves, a la altura del río Bombaná, a 5 kilómetros de la colonia Francisco Sarabia, en el municipio de Soyaló, sobre la carretera que conduce al municipio Chicoasén, en la región centro – norte de Chiapas.

En el sitio un camión de tres toneladas, marca Ford, tipo Super Duty, de color blanco, sin placas de circulación y con «caja seca» salió de la carretera, precisó la Fiscalía.

La dependencia estatal señaló que se realizan las indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Agregó que luego del accidente se activó el protocolo de ayuda.

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Al lugar acudieron a prestar los primeros auxilios cuerpos de socorro de la Cruz Roja, Protección Civil Estatal y municipal, así como Policías Estatales y locales.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Centro, informa que investiga el hecho de tránsito ocurrido esta tarde en la carretera Ixtapa-Soyaló, en el que –de acuerdo con datos registrados de manera preliminar hasta esta noche– 25 personas originarias de Centroamérica perdieron la vida y 29 más resultaron lesionadas.

Esta Fiscalía señala que ya se realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Asimismo, manifiesta que de inmediato se activó el protocolo de ayuda integral a personas migrantes. 
Esta Fiscalía señala que ya se realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Asimismo, manifiesta que de inmediato se activó el protocolo de ayuda integral a personas migrantes.

Los Ángeles declarada oficialmente como «ciudad santuario»

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La ciudad de Los Ángelesm, en el estado de California, se declaró hoy oficialmente como una «ciudad santuario» para inmigrantes indocumentados con una resolución aprobada por el Concejo que evitará que las autoridades locales colaboren con las federales de Estados Unidos en tareas migratorias.

La ordenanza presentada por el concejal Gilbert Cedillo, respaldada por el presidente del Concejo Herb Wesson, recibió una aprobación unánime con doce votos a favor.

Con esta declaración, Los Ángeles se compromete a «proteger los derechos humanos» de todos los residentes de la ciudad y se sumó así a otras urbes californianas como San francisco o Santa Ana.

«Declaramos para todos aquellos que están en esta ciudad en este día y en esta hora que Los Ángeles es una Ciudad Santuario», dijo hoy Cedillo al presentar su moción su propuesta ante el Concejo.

El concejal hispano aseguró que de esta manera los residentes «van a ser juzgados por sus contribuciones a la ciudad o su compromiso con su familia» y no por el lugar de donde provienen o el color de su piel.

Ni el oficial administrativo ni el analista legislativo de Los Ángeles han realizado ningún estudio sobre el impacto fiscal de esta resolución, que también destinará diez millones de dólares para ayuda legal a inmigrantes.

La aprobación de hoy formaliza prácticas ya establecidas en la ciudad donde -entre otros- el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejerce funciones de control de inmigración y restringe su ayuda a las autoridades migratorias federales.

El Departamento de Alguaciles del Condado de Los Ángeles, que patrulla algunas áreas del este y sur de la ciudad, ha mantenido una política más amplia de trabajo conjunto con las autoridades federales de inmigración, algo que su nuevo jefe, que tomó posesión del cargo este año, Alex Villanueva, ha prometido restringir.

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Igualmente, en decisiones previas acordes con las políticas de santuario, el Concejo estableció el año anterior un fondo de defensa legal para ayudar a las personas que se encuentran ilegalmente en el país.

En otras acciones legislativas, se quitó la carga de delito a los vendedores ambulantes para proteger a los indocumentados de la deportación y más recientemente legalizó la venta callejera.

En 2017, la ciudad de Los Ángeles contaba con una población calculada en cerca de cuatro millones de habitantes de los cuales el 48,7 % era residentes hispanos, según el censo de población.

En el condado de Los Ángeles residen más de un millón de indocumentados y el 82 % proviene de México y Centroamérica, según datos del Instituto de Políticas de Migración. 

AMLO impulsará cuatro acciones a favor de inmigrantes en 2019

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Aunque el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador evade confrontarse con el presidente Donald Trump, ante ataques a México e inmigración, su Gobierno prepara cuatro acciones que buscan fortalecer la posición de sus connacionales en Estados Unidos.

Su intención es:  

1.-Aumentar la vinculación entre inmigrantes y sus consulados 

2.-Redirigir proyectos a los originarios de ese país con más necesidades

3.-Impulsar un sistema de participación de mexicanos en sus comunidades de origen, y

4.-  Mejorar la representación en toma de decisiones en México, así lo explicó en exclusiva a LO Roberto Valdovinos, quien dirigirá el Instituto para los Mexicanos en el Exterior (IME).

“Vamos a proveer a los migrantes un sistema adaptado a cada nivel socioeconómico que si ellos lo desean puedan involucrar directamente, sin interferencias, sin uso político… al desarrollo de sus pueblos”, expuso Valdovinos.

Agregó que el presidente López Obrador mantendrá en firme su promesa de “convertir a los consulados en procuradurías” en defensa de sus paisanos.

Actualmente hay casi 12 millones de mexicanos en el exterior, de los cuales más de cinco millones son indocumentados. En el año fiscal 2018, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a 141,045 mexicanos, alrededor del 10% más que en 2017, cuando se expulsaron a 128,765.

Nueva política de asilo de EE.UU. es ilegal e inmoral: Activistas pro inmigrantes

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Bajo una nueva política, anunciada ayer por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, las personas provenientes de Centroamérica que soliciten asilo tendrían que permanecer en México mientras se resuelve su solicitud en los Estados Unidos. Esta nueva política es ilegal, inmoral, y es un nuevo ataque a la obligación de los EE.UU. de proteger los derechos humanos, estableció el director de la organización Alianza Américas, Oscar Chacón. 

“Con este cambio de política, el gobierno de los EE. UU., da la espalda a la piedra angular de la protección de los derechos humanos para las personas que huyen de sus países de origen. Al hacerlo, también está dando la espalda a miles de niños y niñas, jóvenes y familias. El envío de solicitantes de asilo a México para esperar una decisión sobre sus solicitudes de protección es contrario a las obligaciones internacionales adquiridas por los EE. UU., en los tratados que ha ratificado y es contrario a la legislación nacional, dijo Chacón, mediante una declaración enviada a medios de comunicación.

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Sobre la postura de México ante la propuesta de Estados Unidos de aceptar a los solicitantes de refugio como una medida «temporal y humanitaria», Chacón apunta que este anuncio no puede ser usado como una excusa para justificar la nueva política estadounidense. “Es inaceptable que Estados Unidos viole el derecho internacional, y que el país vecino lo tolere”, señala Alianza Americas.

Por otra parte, indica que la Administración Trump tiene un historial vergonzoso de anunciar políticas sin considerar las consecuencias. La desastrosa política de separación familiar ha dejado un lamentable legado de menores de edad, incluyendo infantes, profundamente dañados, como también reproches judiciales. La política de lista de espera en los puertos de entrada ya ha puesto a las personas en condiciones extremadamente precarias. En Tijuana, aspectos básicos como la salud, el saneamiento y la seguridad son una preocupación constante. Será casi imposible garantizar los derechos al debido proceso de estos solicitantes de asilo, particularmente el derecho a un asesor legal y a preparar un caso de asilo adecuadamente para una audiencia.

“Los solicitantes de asilo no son mercancías que se pueden mantener en una bodega, en espera de una decisión. Son seres humanos que huyen de la persecución, que buscan protección, que han soportado dificultades y circunstancias extraordinarias. Estados Unidos debe revertir inmediatamente esta decisión antes de que provoque más daño”, dice finalmente la declaración del director de la organización protectora de los inmigrantes en los Estados Unidos.

EE.UU. enviará a México a inmigrantes que soliciten asilo

El gobierno de Estados Unidos comenzará a enviar a México a aquellos inmigrantes que  soliciten asilo en su territorio para que esperen en el país azteca la resolución de sus casos.

Estados Unidos había intentado desde hace meses que las autoridades mexicanas accedieran a hospedar a estos migrantes; este jueves 20 de diciembre el nuevo gobierno de México aceptó con cierta renuencia.

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La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristjen Nielsen, dijo que con ello quieren evitar que las personas usen el trámite de asilo como excusa para pasar a Estados Unidos y quedarse ahí de manera ilegal.

“Hoy anunciamos medidas históricas para que la crisis de inmigración ilegal quede bajo control”, dijo. “Los extranjeros que intenten aprovecharse del sistema para ingresar ilegalmente al país ya no podrán desaparecerse en Estados Unidos, donde muchos no acuden a sus citas en tribunales”.

Nielsen acotó en un comunicado: “La política de ‘capturar y soltar’ ahora se convertirá en ‘capturar y regresar’”.

La nueva política representa el esfuerzo más audaz del gobierno de Trump para desincentivar que la gente solicite asilo en Estados Unidos, después de otras medidas como la separación familiar, que después fue revertida con una orden ejecutiva debido al furor que provocó.

El tema migratorio también ha aumentado las tensiones en la relación de México y Estados Unidos, en parte porque las restricciones de la actual Casa Blanca han dejado varados a miles de solicitantes de asilo en pueblos fronterizos de México donde los recursos y los albergues están sobrepasados.

Hemos comunicado al gobierno de México que Estados Unidos está invocando la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de inmigración y nacionalidad y que empezaremos a implementarla inmediatamente. Las personas que lleguen a Estados Unidos procedentes de México, ilegalmente o sin los documentos apropiados, serán regresadas a México por el plazo que duren sus trámites de inmigración. En respuesta, el gobierno de México nos ha comunicado que protegerá los derechos humanos de los migrantes otorgándoles visas humanitarias para que permanezcan en territorio mexicano, puedan buscar trabajo y tengan otras protecciones mientras esperan que culminen los trámites en Estados Unidos: Comunicado del secretario de Estado, Mike Pompeo.

Un portavoz de la cancillería de México, Roberto Velasco Álvarez, dijo que esto no se debe a un acuerdo formal entre los dos países, sino a “una movida unilateral por parte de Estados Unidos a la que se debe responder”.

Velasco Álvarez dijo que las reglas solo serán aplicables a los nuevos solicitantes, y no para individuos que ya habían ingresado a Estados Unidos con procesos pendientes. En un principio, el gobierno estadounidense no aclaró si esta medida solo era para los nuevos solicitantes.

Silencio: gobierno canadiense mudo ante masivo éxodo de hondureños y militarizacion de las fronteras 

Por: Fred Alvarado

Callado permanece el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau y la embajada de Canadá con sede en San José, Costa Rica sobre el éxodo masivo de hondureños que hoy tiene militarizadas las fronteras de Honduras, El Salvador y Guatemala por el paso de la gran caravana de migrantes que se dirigen hacia México y Estados Unidos huyendo con determinación de la tiranía del gobierno de Juan Orlando Hernández, de la inseguridad y violencia, del alto costo de la vida, y la falta de empleo.

El gobierno canadiense tiene la característica de abstenerse y no involucrarse con Honduras más que en asuntos relacionados al comercio, turismo y minería; permanece oculto detrás las decisiones de la política exterior estadounidense como si se tratase de no entrometerse con las “colonias y bases militares” de la geopolítica estadounidense (Honduras, Guatemala, y El Salvador) al no pronunciarse independientemente a favor de los derechos humanos, la migración de mujeres y niños, y la brutal represión militar.

                                                                                               Justin Trudeau primer ministro de Canadá

Paradójicamente, el gobierno canadiense con sede en Ottawa si se pronuncia en los asuntos de la política interna y de “crisis humanitaria” en Nicaragua y “liderazgo fallido” en Venezuela exigiendo respeto a los derechos humanos y abriendo canales de migración para refugiados; promoviendo una agenda imperialista de inversión privada interesada en los recursos venezolanos y el resto de América del Sur.

Aunque Canadá mantiene importantes relaciones bilaterales con Honduras e influencia para promulgar leyes que favorecen la explotación minera bajo el tratado de Libre Comercio pactado meses después del golpe de Estado,  cuando se trata de  vidas humanas, violaciones a derechos humanos y represión,  el gobierno canadiense ha demostrado mantener una postura tímida y disimulada con el pueblo hondureño, cediendo el asunto al Departamento de Estado de EE.UU. y la OEA, siempre y cuando la crisis social no comprometa sus inversiones, ni estorbe su destructiva explotación minera en varios puntos del territorio hondureño que enriquecen a grandes corporaciones de capital privado con sede en Toronto.

El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau para muchos analistas del Neoliberalismo es la “sonrisa amigable del neocolonialismo”; en sus discursos en la ONU se pronuncia elocuentemente a favor de los derechos humanos y las minorías étnicas en el mundo: “Canadá siempre defenderá la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en el país y en el extranjero”; “Canadá continuará denunciando el trato injusto de las minorías raciales y étnicas, de las mujeres y las niñas, de los pueblos indígenas”. Sin embargo, organizaciones y activistas de derechos humanos canadienses que observan de cerca la situación de Honduras, han denunciado el silencio del gobierno canadiense entorno a las continuas violaciones a los derechos humanos por las compañías mineras canadienses en diferentes comunidades rurales en Honduras, además de desestimar las exigencias para presionar la inmediata liberación de los presos políticos en Honduras, y condenar la represión militar después de la crisis post-electoral.

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Nuevamente, el gobierno canadiense desilusiona con un mensaje de indiferencia y debilidad ante una posible crisis humanitaria en el país centroamericano donde el problema de migración y desigualdad no solo afecta a los países del Triángulo Norte sino también a Estados Unidos y Canadá. 

Las amenazas de Donald Trump y la indiferencia Justin Trudeau hacia la caravana de migrantes, resultan decepcionantes e insultantes desestimando las verdaderas causas del fenómeno migratorio centroamericano; pensar que detener la masiva migración de hondureños es cuestión de presionar al régimen de Juan Orlando Hernández al militarizar las fronteras, suspender las ayudas económicas, arrestar y deportar migrantes, sin tomar en cuenta el origen del problema, evidencia los verdaderos intereses capitalistas e inhumanos de los dos países del norte, responsables de respaldar y financiar al gobierno ilegitimo de Hernández para continuar percibiendo jugosas ganancias de la explotación y privatización del patrimonio hondureño.

Después de escuchar la promesa del Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de conceder visas de trabajo para aquellos migrantes centroamericanos que desean trabajar en territorio mexicano, ¿debería moralmente el Primer Ministro Justin Trudeau pronunciarse sobre la situación de Honduras y recordarle sus palabras en su primer discurso ante la ONU que: “Estamos aquí para ayudar, Bienvenidos a Canadá a todos aquellos que escapan de la persecución, el terror y la guerra; los canadienses les damos la bienvenida, sin importar la fe, la diversidad es  nuestra fuerza”?

O ¿recordaremos el tuit de Donald Trump cuando califico a Justin Trudeau de “muy deshonesto y débil”?.

Migración de EE.UU implementará nueva política que podría deportar más inmigrantes

El cambio en USCIS que impactará a miles de inmigrantes a partir de mañana. Los oficiales podrán rechazar solicitudes de «green card» o ciudadanía sin pedir información extra a los aplicantes

A partir del mañana 11 de septiembre, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementará su política sobre la Solicitud de Evidencia (RFE, en inglés) o Notificación de Intención de Denegación (NOID, en inglés), que aumentará la posibilidad de que más inmigrantes puedan ser sujetos de deportación, alertaron expertos.

El memorando PM-602-0163 incrementa el poder de los oficiales de USCIS para que nieguen una solicitud sin ofrecer oportunidad a los inmigrantes a cumplimentar sus peticiones, en caso de haber omitido algún documento o que no hayan ofrecido suficientes pruebas sobre su estancia legal en los Estados Unidos.

“Proporciona guías a los adjudicadores de USCIS acerca de su discreción para denegar una solicitud o petición sin primero presentar una Solicitud de Evidencia (RFE) o Notificación de Intención de Denegación (NOID)”, especifica la orden emitida el 13 de julio pasado. El memorando termina el emitido el 3 de junio de 2013, titulado “Solicitudes de evidencia y avisos de Intento de Denegar”.

Los casos serán revisados con dicho criterio a partir de septiembre, por lo que aquellas aplicaciones de asilo, refugio, visas de trabajo para extranjeros (como la H-1B), Residencia Legal Permanente y de naturalización previas deberían mantener procesos actuales, al no indicarse que sea retroactiva.

“El memorándum aumenta la posibilidad de que más solicitantes se encuentren en procedimientos de deportación, ya que los adjudicadores de USCIS ahora están facultados para negar más fácilmente una solicitud o una petición (de beneficio migratorio), alertó la firma de abogados Proskauer Rose LLP en lexology.com.

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La autoridad migratoria afirma que su decisión ayudará a “desalentar las solicitudes frívolas o sustancialmente incompletas”, además de asegurar que no tiene la intención de “penalizar a los aplicantes por errores simples o malentendidos de los requisitos probatorios”, pero activistas y defensores sugieren a los inmigrantes revisar sus formularios a detalle y acudir a asesoría profesional en caso de dudas.

Este cambio forma parte de los ajustes que USCIS realiza, bajo la dirección de Francis Cissna, para implementar la política migratoria del presidente Donald Trump, pero esta política deja fuera las adjudicaciones de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). (tomado de: laopinión.com)

Según informe hay negocio con centros privados de detención de inmigrantes

Tomado de: laopinión.com

El informe se hace eco de las exigencias para eliminar los contratos de ICE con empresas que lucran con el encierro de inmigrantes

La población en cárceles privadas tuvo un aumento cinco veces mayor que otros lugares de encierro.

El número de presos en centros de detención para inmigrantes aumentó en un 442% desde 2002, con un promedio diario de poco más de 26,000 personas en 2017, y la cifra podría aumentar ante la criminalización de los inmigrantes, según un informe divulgado este jueves por el grupo “The Sentencing Project”.

El informe indicó que, pese a las presiones de grupos cívicos por reducir el encarcelamiento masivo en Estados Unidos, la población en cárceles privadas tuvo un aumento cinco veces mayor que el resto de la población carcelaria entre 2000 y 2016.

El número de presos en cárceles privadas aumentó un 47% durante ese período, en comparación con un aumento del 9% entre la población carcelaria en general, según el documento.

Estados Unidos tiene de por sí la población penitenciaria en cárceles privadas más extensa del mundo. De los 1,5 millones en cárceles estatales y federales en 2016, el 8,5%, o un total de 128,063, estuvieron alojados en cárceles privadas.

Mientras, el número de personas en centros de detención para inmigrantes, administrados por empresas privadas, aumentó un 442% desde 2002.

El 73% de las personas enviadas a centros de detención para inmigrantes estuvo en cárceles privadas en 2017, con un promedio diario de 26,249 detenidos, lo que reflejó un cambio en la política migratoria desde que el presidente Donald Trump llegó al poder el año pasado.

A manera de comparación, en 2002, el número de detenidos por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y enviados a cárceles privadas fue de aproximadamente 4,800.

En respuesta al aumento en la detención de inmigrantes en la frontera sur, que según ICE ha incrementado en más de un 40% desde mediados de 2017, la Administración Trump solicitó al Congreso $1,200 millones adicionales para añadir 15,000 camas en las cárceles privadas para la detención de inmigrantes, dentro del presupuesto del año fiscal en curso.

Las empresas carcelarias más grandes del país, “Core Civic” y “GEO Group” son las que más se lucran del encarcelamiento de inmigrantes. Ambas administran en su conjunto más de la mitad de los contratos con el gobierno federal, por un total combinado de $3,500 millones en 2015, según “The Sentencing Project”.

ICE solicitó un nuevo centro de detención de inmigrantes en el sur de Texas, que abrirá sus puertas previsiblemente este año y estará a cargo de “GEO Group”.

Kara Gotsch, directora de iniciativas estratégica del “Sentencing Project”, un grupo que aboga por la reforma penal, destacó las consecuencias nocivas de la influencia de empresas que se lucran del encarcelamiento masivo.

Así, el informe señaló que, en estados como Nuevo México, Florida y Texas, donde han florecido las cárceles privadas, también abundan casos de abuso, muertes y motines de presidiarios, así como corrupción y una indebida influencia política de las empresas privadas.

En total, 27 estados y el gobierno federal se apoyaron en cárceles privadas para alojar a 128,063 personas en 2016, según el informe titulado “Capitalizando el encarcelamiento masivo: el crecimiento de las prisiones privadas en EEUU”.

Nuevo México tuvo un 43% de sus presos en instalaciones privadas, lo que supone el porcentaje más alto de los estados analizados, seguido por Montana con un 39%, indicó el documenA nivel federal, el Buró de Prisiones también aumentó su dependencia en las cárceles privadas por un 120% desde 2000, incrementando el número de presos federales en esas instalaciones de 15,524 a 34,15El año pasado, el fiscal general, Jeff Sessions, revirtió una política implementada durante la Administración Obama para reducir la población carcelaria, y desde mayo de ese año, el Departamento de Justicia ha tomado medidas para ampliar por 1,600 el número de camas en cárceles privadas para inmigrantes condenados por infracciones menores.

El informe contradice los argumentos de las empresas carcelarias de que reducen los costos al gobierno a la vez que resguarda la seguridad pública.

Entre su lista de recomendaciones, “The Sentencing Project” aconsejó eliminar los contratos con empresas privadas; prohibir el traslado de presos a cárceles en zonas lejos de sus familias, y eliminar la cuota federal mínima de 34,000 camas en los centros de detención para inmigrantes porque, a su juicio, crea incentivos para el acecho de los inmigrantes.

Trump considera ahora deportación de inmigrantes sin proceso judicial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este domingo que los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera deben ser deportados «inmediatamente» sin la oportunidad de comparecer ante un juez, lo que supondría una violación del principio de debido proceso.

«No podemos permitir que esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, enviarlos de vuelta por donde vinieron», dijo Trump en la red social Twitter.

«Nuestro sistema -continuó- es una burla a la buena política de inmigración y a la ley y el orden. La mayoría de los niños vienen sin padres (…) ¡Nuestra política de inmigración, de la que se ríe todo el mundo, es muy injusta para todas aquellas personas que han llegado por el sistema legal y llevan años esperando en fila!».

«Nuestro sistema -continuó- es una burla a la buena política de inmigración y a la ley y el orden. La mayoría de los niños vienen sin padres (…) ¡Nuestra política de inmigración, de la que se ríe todo el mundo, es muy injusta para todas aquellas personas que han llegado por el sistema legal y llevan años esperando en fila!».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1010900865602019329

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1010902506422046721

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El principio legal de debido proceso establece que el Estado tiene que respetar el derecho de las personas a unas garantías mínimas para que el resultado de un proceso judicial sea justo y equitativo, un precepto que incluye el derecho de las personas a comparecer ante un juez.

En Estados Unidos, cuando los inmigrantes son detenidos por su estatus legal, tienen derecho a comparecer ante un magistrado, que decide si deben ser expulsados o, si, por el contrario, pueden permanecer en el país porque tienen derecho a tramitar una petición de asilo.

Las declaraciones de hoy de Trump suponen un paso más en sus duras propuestas contra la inmigración irregular.

En abril, su Gobierno implementó una política de «tolerancia cero» con la inmigración ilegal, que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país, algo que antes no se hacía y que originó la separación de los niños de sus padres cuando estos eran privados de libertad.

Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump se vio obligado el miércoles a firmar un decreto en el que ordenaba el fin de la división de familias, pero en el que establece que a partir de ahora los menores deberán ser encerrados con sus padres mientras estos se enfrentan al proceso para ser deportados.

Actualmente, en Estados Unidos, los niños no pueden ser privados de libertad durante más de 20 días, pero el Gobierno de Trump ha pedido a la Justicia que amplíe ese límite.

El Gobierno ya ha reunido con sus familiares a 522 niños inmigrantes, aunque 2.053 menores siguen recluidos, según datos publicados anoche por el Departamento de Seguridad Nacional.