Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Hasta hoy que los pobladores se tomaron la carretera que conduce al occidente, reaccionó el gobierno de Honduras, al admitir que quienes extraen oro en la comunidad de Macuelizo, Santa Bárbara, no tiene permiso de explotación.
A través de la Secretaría MiAmbiente y del Instituto de Geología y Minas (Ingeomin), el gobierno admitió este lunes que las personas que de manera independiente explotan el río Chiquila, en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, lo hacen al margen de la ley, pues nunca se les ha extendido permiso alguno para que extraigan oro.
“El Instituto de Geología y Minas no hemos otorgado ninguna concesión que permita a ninguna empresa realizar actividades mineras en el río Chiquila”, dijo la subdirectora de Ingeomin, Erika Molina, tras conocer las razones de la protesta de este lunes.
Molina dijo que fue hasta después de la protesta que ellos notificaron al Ministerio Público y a las autoridades policiales para que adopten las acciones legales correspondientes.
Consultada sobre lo que pasará de ahora en adelante con quienes han estado trabajando al margen de la ley, respondió que eso le corresponde al Ministerio Público.
También dijo desconocer el nombre de la empresa explotadora, porque Ingeomin sólo maneja los nombres de las compañías a quienes les otorgan concesiones.
Interrogada en cuanto a lo que establece la ley como castigo para quienes realicen exploraciones mineras al margen de la ley, dijo que corresponde una sanción penal que es el resarcimiento de cualquier daño ambiental y además la devolución al Estado de Honduras del 100% del valor de lo explotado.
Por su parte el alcalde de Macuelizo, Mario Humberto Cordón, lamentó que el gobierno se haya desentendido sobre lo que ha estado pasando en ese sector de Honduras, mientras sus recursos naturales son destruidos por personas que de manera independiente realizan actividades de explotación.
Entre tanto el sacerdote de origen dominicano, Leopoldo Serrano, dijo que en medio de la explotación “hay mano peludo, hay intereses políticos también. Si el Presidente estuviera interesado en no contaminar el río, ya hubiera mandado a quitar esa maquinaria”.
Manifestó que por la desidia del gobierno se ha contaminado el agua que utilizan los pobladores de las comunidades de Sula, Virrey, La Vegona y Chiquila.
Serrano acusó a los políticos de hacer transacciones bajo la mesa con los propietarios de la maquinaria quienes, dijo, reparten “buenas tajadas”.
La protesta de los pobladores inició a las 5:00 de la mañana y concluyó al mediodía, luego que las autoridades del gobierno se comprometieran a paralizar las labores de explotación.