El país cae 12 puntos al pasar del lugar 123 en el 2016 al 135 en el 2017
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Honduras se ubica en el ranking 135 de 180 países en el nivel de percepción de corrupción con un índice de 29 puntos, lo que evidencia que este país centroamericano, donde el encargado de la instancia anticorrupción renunció la semana pasada ante las presiones de los corruptos que investigaba, sigue carcomiéndose en este flagelo mundial.
Los datos referidos constan en el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, divulgado hoy por Transparencia Internacional. El estudio clasifica 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público de acuerdo a expertos y empresarios, y entre más cerca se está de 180, significa que el país es más corrupto. Para medir el índice se usa una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio.
En el caso de Honduras, el estudio especifica que va en involución ya que al hacer referencia al ranking entre los años 2015 y 2017, el país cae en 24 puntos y si la comparación se hace con el 2016, la caída es de 12 escaños, ya que pasó del lugar 123 al 135.
Los datos ponen a Honduras como el tercer país en Centroamérica con mayor percepción de corrupción, superado únicamente por Guatemala, que se ubica en el ranking 143 y por Nicaragua que ostenta el 151, y en el lugar 26 de 32 países del continente americano.
En cuanto al caso de Guatemala y al hacer una comparación con Honduras, la precepción podría ser imprecisa, ya que en la vecina nación hay más resultados contra la corrupción, gracias a la presencia de la Comisión Internacional Contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ya ha enviado a la cárcel por delitos de corrupción a dos expresidentes y a un presidente en funciones.
Con menos percepción de corrupción, se encuentra El Salvador en el ranking 112, seguido de Panamá en el 96 y muy distante Costa Rica, que se ubica en el lugar 38, compartiendo sitiales con países europeos, asiáticos y con Chile y Uruguay de América Latina.
Este año, el índice encontró que más de dos tercios de los países obtuvieron puntajes por debajo de 50, con un puntaje promedio de 43.
Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan el primer lugar con puntajes de 89 y 88 respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen el puntaje más bajo con puntajes de 14, 12 y 9 respectivamente. La región de mejor desempeño es Europa occidental con un puntaje promedio de 66. Las regiones con peor desempeño son África subsahariana (puntaje promedio 32) y Europa oriental y Asia central (puntaje promedio de 34).
El informe se presentó en Tegucigalpa por parte de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) que representa el capítulo de Transparencia Internacional Honduras y que es presidida por Carlos Hernández, quien refirió que la corrupción incide más en aquellas instituciones donde hay mayor presupuesto público, entre las que citó a las secretarías de Seguridad, Obras Públicas, Salud y Educación y el Tribunal Supremo Electoral.
Hernández apuntó que la corrupción es un problema endémico que requiere, para sancionar a los corruptos, de la unidad de todos los sectores como la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la sociedad civil, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
RENUNCIA
Ante los altos niveles de corrupción que involucran a altos funcionarios del Estado y por la presión popular que demandaba en el 2015 la renuncia del presidente Juan Hernández por haber recibido fondos para financiar su campaña política del dilapidado Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) , se instaló la MACCIH, una instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la que la semana pasada renunció su vocero, Juan Jiménez Mayor, quien reveló días atrás que estaba investigando a una red de exdiputados y diputados, que en el periodo 2011-2015 habían malversado al menos 1,300 millones de lempiras provenientes del erario público.
Jiménez Mayor, denunció además que a lo interno de la OEA hay irregularidades en la contratación de personal de la MACCIH, lo que a su juicio es una malversación de fondos provenientes de los países aportantes a este ente anticorrupción.
«Los resultados del IPC se correlacionan no solo con los ataques a la libertad de prensa y la reducción del espacio para las organizaciones de la sociedad civil»: Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
Vea aquí: índice de Percepción de Corrupción 2017
ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN
Un análisis más detallado de los resultados indica que los países con la menor protección para la prensa y las organizaciones no gubernamentales (ONG) también tienden a tener las peores tasas de corrupción.
Cada semana, al menos un periodista es asesinado en un país altamente corrupto.
El análisis, que incorpora datos del Comité para la Protección de los Periodistas, muestra que en los últimos seis años, más de 9 de cada 10 periodistas fueron asesinados en países que obtuvieron un puntaje de 45 o menos en el índice.
Ningún activista o periodista debería temer por sus vidas al hablar en contra de la corrupción. Dadas las medidas enérgicas actuales contra la sociedad civil y los medios de todo el mundo, tenemos que hacer más para proteger a los que hablan abiertamente: Patricia Moreira, Directora Ejecutiva deTransparencia International
LAS CINCO MEJORES RECOMENDACIONES
Transparencia Internacional recomienda a la comunidad global para que tome las siguientes medidas a fin de frenar la corrupción:
Los gobiernos y las empresas deben hacer más para alentar la libertad de expresión, los medios de comunicación independientes, la disidencia política y una sociedad civil abierta y comprometida.
Los gobiernos deberían minimizar las regulaciones sobre los medios, incluidos los medios tradicionales y nuevos, y garantizar que los periodistas puedan trabajar sin temor a la represión o la violencia. Además, los donantes internacionales deberían considerar la libertad de prensa relevante para la ayuda al desarrollo o el acceso a las organizaciones internacionales.
La sociedad civil y los gobiernos deberían promover leyes que se centren en el acceso a la información. Este acceso ayuda a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas al tiempo que reduce las oportunidades de corrupción. Sin embargo, es importante que los gobiernos no solo inviertan en un marco legal apropiado para tales leyes, sino que también se comprometan con su implementación.
Los activistas y los gobiernos deberían aprovechar el impulso generado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para abogar e impulsar las reformas a nivel nacional y mundial. Específicamente, los gobiernos deben garantizar el acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales y alinearlas con los acuerdos internacionales y las mejores prácticas.
Los gobiernos y las empresas deberían divulgar proactivamente información relevante de interés público en formatos de datos abiertos. La divulgación proactiva de datos relevantes, incluidos los presupuestos gubernamentales, la propiedad de la empresa, la contratación pública y las finanzas de los partidos políticos, permite a los periodistas, la sociedad civil y las comunidades afectadas identificar patrones de conducta corrupta de manera más eficiente.