Cúpula de periodistas de Honduras reincide en violar Ley de Transparencia

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – La cúpula del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), fue calificada por séptima vez con cero por ciento por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) al negarse a publicar la información financiera y administrativa del ente de pensiones de los comunicadores, escenario de desvío y despilfarro de fondos, y compras sobrevaloradas de propiedades, según investigaciones de este medio de comunicación. (Descargue aquí el informe)

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Los directivos del CPH en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), están obligados a publicar la información del ente en el Portal Único de Transparencia del IAIP, debido a que han captado más de 53 millones de lempiras de fondos públicos en cumplimiento de la ley de creación de la institución de pensión de los periodistas.

Pero la cúpula de la organización gremial—que también se escuda en un decreto de impunidad que les amplió el Congreso Nacional para eludir la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en el ente de pensiones, que ha operado cientos de millones de lempiras—se resiste a publicar la información violando reiteradamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el Informe de Verificación de Información en Portales de Transparencia de las Instituciones Obligadas del IAIP, los directivos del IPP encabezados por el presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez Coello, lideran con una calificación de cero por ciento, al igual que 18 alcaldías, un partido político minoritario y el Consejo Nacional de Inversiones.

“Los directivos del CPH en el Instituto de Previsión Social del Periodista ocultan información porque temen que se ponga al descubierto los abusos y graves irregularidades en el manejo de los fondos”, dijo a Criterio.hn el periodista, Gustavo Palencia, que desde el año 2015 pide información en el ente de pensiones con poco éxito.

Una larga investigación de este medio de comunicación a través de más de 40 artículos, expusieron el blindaje otorgado por diputados nacionalistas y liberales de la facción leal al expresidente Carlos Flores Facussé, para no rendir cuentas en el ente de pensiones, el desvío y despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades y la asignación de pobres jubilaciones violando la ley del IPP.

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El ente de pensiones de los periodistas, desde que empezó a operar en 1987 ha administrado cientos de millones de lempiras, sin la auditoría de la CNBS y la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras (BCH), que si han ejercido en su momento control sobre los restantes entes de previsión y fondos de pensión públicos y privados.

La nueva calificación de cero por ciento para los directivos del CPH, es la séptima desde el año 2016 en la evaluación de cumplimiento de la publicación en el Portal Único de Transparencia, y corresponde al segundo semestre de 2020.

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El IAIP impuso también dos multas en 2020 de 29.000 lempiras al presidente del CPH, que también es el máximo dirigente del ente de pensiones por violar la Ley de Transparencia y de 8.000 lempiras en el 2016 al expresidente de la agrupación gremial, Eduin Natividad Romero, por la misma causa.

Romero, que fue presidente de la gremial entre 2015 y 2016, es aún miembro de la junta directiva del IPP debido a que es presidente del Tribunal de Honor del CPH.

Los periodistas directivos en el ente de pensiones libran una lucha tan tenaz para evitar publicar y compartir información de las operaciones, que han gastado más de medio millón de lempiras en el pago abogados para evitar publicar información o entregar información a afiliados.

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Entre los abogados contratados por los directivos del CPH en la cruzada anti-transparencia, figuran un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, un exfiscal General del Ministerio Público, un exmagistrado del Poder Judicial y un exdiputado que han ofrecido asesorías y apoyado para presentar unos ocho recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra resoluciones del IAIP ordenándoles entregar información.

“Es una vergüenza que los directivos de la organización gremial de los periodistas, que debe dar ejemplo de transparencia, se opongan a ser transparentes en sus instituciones y en este caso del ente de pensiones, y hasta gastar dinero que es de los afiliados”, dijo Palencia.

Multan nuevamente al presidente de periodistas por ocultar información

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez Coello, fue multado nuevamente por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por ocultar información del ente de pensiones de los comunicadores, en el que se ha revelado el despilfarro de fondos y compra sobrevalorada de propiedades.

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Rodríguez Coello fue sancionado por el IAIP con una multa de tres salarios mínimos un poco más de 29.000 lempiras, en su condición de presidente de la junta directica del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al negarse a publicar en el Portal Único de Transparencia, información administrativa y finaciera del ente de pensiones de los periodistas.

El presidente del CPH rechaza tenazmente publicar la información del ente de pensiones o entregarla a afiliados que la han solicitado amparados en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, llegando el IPP incluso a presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de resoluciones del IAIP que le ordenaron suministrar información financiera y administrativa solicitada por periodistas miembros del sistema.

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Rodríguez Coello es un violador consuetudinario de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al negarse sistemáticamente a publicar la información administrativa y financiera en el Portal Único de Transparencia por lo que el IPP ha sido calificado en seis evaluaciones con cero por ciento por incumplir la ley del IAIP.

Los directivos de los periodistas se han gastado más de 500.000 lempiras en pagar consultorías de reconocidos abogados, entre ellos un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex Fiscal General, un ex magistrado del Poder Judicial, y otros profesionales del derecho para presentar los recursos de amparo, que tienen un costo cada uno de 30.000 lempiras, de acuerdo al arancel de los abogados.

“Si no tienen nada que esconder lo más sencillo sería que entregaran la información solicitada, pero los periodistas directivos del IPP han preferido gastar cantidades millonarias en pagar abogados para ocultar la información”, dijo a CRITERIO el periodista Gustavo Palencia, que desde el año 2015 solicita información, con poco éxito, a los dirigentes del ente de previsión gremial.

Los directivos se gastan fondos del IPP en pagar abogados, en un sistema en el que la mayoría de las pensiones se encuentran entre poco más de 2.000 y 4.500 lempiras y le ofrecieron una jubilación de 1.000 lempiras al periodista Mario Valladares, tras más de 20 años de aportar al ente.

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CRITERIO, en un proceso de investigación desde 2015, ha publicado el despilfarro de fondos en el ente de pensiones, las míseras jubilaciones de los afiliados, la firma de contratos con una operadora bancaria de pensiones en la que los periodistas recibirían como pensión únicamente el producto de sus cotizaciones personales y, también, se ha denunciado la compra sobrevalorada de terrenos en casi 3 millones de lempiras.

La sanción pecuniaria impuesta a Rodríguez Coello, por parte del IAIP, el órgano responsable de velar por la transparencia en los poderes del Estado y entes de gobierno centralizados y descentralizados y organismos que captan fondos públicos, es la segunda aplicada al dirigente, desde abril de 2018, por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La resolución, que sanciona a Rodríguez Coello, fue aprobada por las comisionadas del IAIP, Suyapa Thuman Conde y Gaudy Bustillo Martínez, que ocuparon esos cargos hasta el 10 de septiembre de 2019.

La multa anterior impuesta a Rodríguez Coello fue de tres salarios mínimos, poco más de 26.000 lempiras. La nueva sanción pecuniaria fue impuesta después de la convocatoria a dos audiencias conciliatorias a las que no asistió.

En una audiencia celebrada el 14 de marzo de 2018, las autoridades del IAIP y Rodríguez Coello alcanzaron un acuerdo en el que el periodista “reafirma la voluntad de firmar un acuerdo de buena voluntad entre el IAIP y el IPP para subir dicha información”, pero el dirigente del ente de pensiones no se presentó a audiciencias convocadas para el 6 y el 13 de noviembre de 2018, en las que se esperaba concretar el compromiso.

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El IAIP, debido al incumplimiento por parte del IPP de la publicación en el primero y segundo semestre de 2017 y al no poder localizar a Rodríguez Coello en las oficinas del ente de pensiones, procedió a imponer la sanción pecuniaria.

Rodrīguez Coello, jefe de Redacción de diario La Prensa en Tegucigalpa, se opone no solo a entregar información a los afiliados que la solicitan y a publicar la información financiera y administrativa, sino también a una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

El IPP es el único ente de previsión en Honduras, que nunca ha sido auditado por la CNBS, escudándose los directivos del CPH, que a su vez integran la dirigencia del ente de pensiones, en un inconstitucional decreto que les aprobó en el año 2000 el Congreso Nacional, excluyendo de la aplicación de leyes en materia de control, supervisión y vigilancia al ente de previsión de los periodistas.

Rodríguez Coello es el segundo presidente del CPH y a su vez de la junta directiva del IPP, en ser sancionado pecuniariamente por el IAIP por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su afán de ocultar las operaciones administrativas y financieras del ente de pensiones de los periodistas.

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                                                   DESOBEDIENCIA

El dirigente se encuentra en estado de desobediencia por no entregar información a afiliados sobre las operaciones financieras del instituto, similar condición que la del ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero García, a quien el IAIP le impuso a principios del año 2016, una sanción pecuniaria de un salario mínimo, 8.000 lempiras, por negarse a entregar información solicitada por el periodista y afiliado al ente de pensiones, Gustavo Palencia.

 

Rodríguez Coello es presidente del CPH y de la directiva del IPP desde enero de 2017, mientras que Romero García ocupó esos mismos cargos entre 2015 y principio de 2017, pero continúa como directivo de ambos organismos por ser presidente del Tribunal de Honor del CPH.

Romero García y Rodríguez Coello se afanan por evitar someterse a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), audite la administración y finanzas del IPP que ha operado cientos de millones de lempiras desde 1987 en que inició operaciones.

Aplazan por sexta vez directivos de periodistas por ocultar información

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

 Tegucigalpa. – Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), fueron aplazados por sexta vez por violar la ley de Transparencia al no cumplir con la publicación de la información administrativa y financiera del ente en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que a su vez son dirigentes del ente de pensiones de los comunicadores, fueron calificados por sexta vez con un cero por ciento en la evaluación de cumplimiento de publicación de información de oficio, entre las instituciones obligadas en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los resultados de la evaluación, que se practica cada seis meses, fueron revelados el miércoles en un concurrido celebrado en un hotel de Tegucigalpa.

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Los directivos del ente de pensiones de los periodistas, se niegan a publicar y a entregar información a los afiliados solicitantes de las operaciones financieras y administrativas de la institución, al igual que rechazan férreamente someterse a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Este grupo de directivos, encabezados por el periodista, Dagoberto Rodríguez Coello, lidera con una calificación del cero por ciento, una lista de 35 alcaldías y el partido minoritario Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), ahora Partido Frente Amplio, fundado por el actual embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón.

“Es vergonzoso para el gremio de periodistas, que se califique con cero por ciento a estos directivos sólo porque un grupo oculta información sobre la administración de cientos de millones de lempiras en el sistema de pensiones”, dijo a CRITERIO el periodista, Gustavo Palencia, que desde mediados del año 2015 solicita información del ente de los comunicadores con poco éxito.

Rodríguez, que se desempeña también como jefe de redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa, antes fue sancionado con una multa de más 26.000 lempiras, al igual que el ex presidente del CPH y actual presidente del Tribunal de Honor de la organización, Eduin Natividad Romero García con 8.000 lempiras por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los periodistas directivos del ente de pensiones se han gastado casi medio millón de lempiras pagando abogados para presentar al menos ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de resoluciones del IAIP, y asesorías para ejecutar acciones dirigidas a evitar entregar información y rendir cuentas.

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En su último acto antitransparencia, los directivos del CPH pidieron a diputados del partido de gobierno la presentación de un proyecto de ley para ratificar y ampliar un inconstitucional decreto Legislativo, que exime al ente de pensiones de los periodistas del control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas por parte de organismos como la CNBS.

En la reforma de ley presentada recientemente por el diputado nacionalista, Rodolfo Irías Navas, se pretende excluir el ente de pensiones de los periodistas de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que le corresponde por ser un ógano de derecho público, según su ley de creación.

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Los directivos pretenden con esta reforma que las demandas judiciales contra el ente, sean conocidas en la jurisdicción civil pretendiendo prolongar y bloquear juicios en proceso en lo Contencioso Administrativo por el  cálculo arbitrario del monto de pensiones a los afiliados que se han jubilado.

El resultado de este juicio pondría al descubierto el antojadizo cálculo de las pensiones de los periodistas que se jubilan, otorgando miseras cantidades que no corresponden a lo establecido por la ley del IPP.

Gobierno de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad

La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, blindó mediante dos acuerdos ministeriales todo tipo de información concerniente al manejo de los fondos del Estado

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El gobierno de Honduras aprobó en diciembre pasado un nuevo “pacto de impunidad”, ahora mediante dos acuerdos de la Secretaría de Finanzas que blindan la información concerniente al manejo de los fondos públicos.

El 8 de enero pasado fueron publicados en el diario oficial La Gaceta los acuerdos 842-2018 y 843-2018. Dicho marco legal impide que las élites políticas y económicas sean objeto de investigación y auditoría por parte de la prensa y de organizaciones independientes que trabajan en los temas de transparencia y rendición de cuentas.

Con las nuevas disposiciones, que llevan la rubrica de la secretaria de Finanzas, Rocío Izabel Tábora Morales, se blinda toda la información concerniente a los ingresos y egresos del Estado y se protege a las élites económicas porque de ahora en adelante nadie podrá saber el monto o quiénes o qué empresas gozan de exoneraciones fiscales, ni el nombre de los inversionistas de los valores gubernamentales.

Los funcionarios públicos también son parte del blindaje porque la ciudadanía ya no tiene acceso a las declaraciones juradas ni a los pagos que reciban a través del Sistema SIAFI en lo relativo a sueldos, ya sea a nombre del empleado y deducciones personales.

La aprobación de este nuevo pacto de impunidad, que se suma a los otros tantos aprobados en el Poder Legislativo para favorecer la corrupción, atenta contra los bienes y los intereses del Estado, porque dentro de los reservas se incluye los nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de bienes inmuebles de gobierno y los saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República.

PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIAS

Algo alarmante es que el nuevo marco legal, determina como información reservada lo relacionado a las transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) “para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional”.

Lo anterior implica que las transferencias que se hagan para gastos policiales y militares, superarán lo establecido en el Presupuesto General de la República. Es decir que además de no rendir cuentas, como ocurre en la actualidad, estos dos rubros tendrán a su disposición dineros a manos llenas y todo será en el marco de la legalidad.

PRESUPUESTO

La reserva de información también abarca al Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación.

Lo antes mencionado implica que de ahora en adelanta se sepulta el derecho a la participación ciudadana durante la etapa de la formulación y socialización.

SEGURIDAD DEL ESTADO

Paradójicamente en los considerandos de los acuerdos anti transparencia se justifica el ocultamiento de la información por “la seguridad del Estado”, cuando ya la Constitución de la República y la misma Ley de Acceso a la Información Pública, establece los parámetros de lo que es verdaderamente ese principio, sin atentar contra la transparencia y la rendición de cuentas.

Los decretos, que son acuerpados por la Secretaría de Finanzas, se suman además a la ya cuestionada Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública que establece reservas de hasta 50 años.

Noticia Relacionada: Presupuesto de 2019 es un retroceso en la transparencia y rendición de cuentas: Fosdeh

Sobre el tema, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) emitió una alerta este jueves denunciando la transgresión a la transparencia y rendición de cuentas y exigiendo la derogación de los acuerdos aprobados por el gobierno.

Congreso de Honduras
Mauricio Díaz Burdet, director del Fosdeh.

Para el director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdet, las medidas adoptadas afectarán no solo la función periodística, sino que además el trabajo técnico que realiza dicha organización y otras que pretenden la mejor toma de decisiones sobre las políticas públicas, mediante la transparencia y la rendición de cuentas.

Conozca a detalle las reservas aprobadas mediante cada uno de los acuerdos.

El acuerdo 842-2018 establece reservas para la información siguiente:

  1. Las Resoluciones emitidas por esta Secretaría de Estado (Finanzas) que contienen información de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta y demás tributos del Sistema Tributario y Aduanero que estén relacionados para la determinación del patrimonio de los contribuyentes;
  2. El contenido de las Declaraciones Juradas determinativas, declaraciones Juradas Informativas, Informes solicitados a terceros por la Administración Tributaria, Administración Aduanera o por esta Secretaría de Estado en el ámbito de sus competencias,
  3. Los datos indicados en el Artículo 55 numeral 3 del Código Tributario, informes y antecedentes tributarios y aduaneros, así como la información contenida en las declaraciones, informes y estudios de los obligados tributarios presentados ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), Superintendencia Tributaria Aduanera, Administración Tributaria y Administración Aduanera, en los términos previstos en Ley;
  4. Los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria y Administración Aduanera concerniente a las declaraciones de Impuestos o Tasas Administrativas, así como los datos suministrados por los obligados tributarios o por terceros, así como la información obtenida en el ejercicio de las facultades de fiscalización en términos del Artículo 70 numeral 1 del Código Tributario;
  5. La información de los obligados tributarios que obran en la Plataforma Administradoras del Módulo de Exoneraciones de Honduras (PAMEH);
  6. Durante el proceso de evaluación de ofertas y/o propuestas, se mantiene la confidencialidad de todo el proceso de evaluación y adjudicación, incluida el acceso a las ofertas por parte de cualquier persona no perteneciente al comité evaluador;
  7. Configuraciones y detalles técnicos de componentes y equipos de seguridad, servidores, comunicaciones de redes y demás arquitectura tecnológica de uso exclusivo para sistemas de información y servicio de tecnología ofrecidos por la Secretaría de Finanzas.

El acuerdo 843-2018 establece reclasificar con carácter de reservado la siguiente información:

  1. Nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de Bienes Inmuebles de Gobierno;
  2. Saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República;
  3. Transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional;
  4. Registro de beneficiario: Todo lo relacionado al PIN y la información contenida en él ya que es de carácter personal;
  5. Pagos que se realizan a través del Sistema SIAFI en lo relativo a: a) Sueldos, en lo concerniente al nombre del empleado; y, b) Deducciones personales;
  6. Todo lo relacionado a órdenes judiciales de embargos sobre el sueldo de empleados públicos, excluyéndose de esta reserva los embargos sobre pagos a proveedores del Estado por tratarse de fondos de carácter público, salvo en el expediente judicial correspondiente se haya declarado secretividad o reserva;
  7. Los estados de cuenta de los montos retenidos por embargos y los movimientos bancarios de la cuenta de embargos, en lo se refiere a embargos decretados sobre personas naturales;
  8. Los nombres de los embargados;
  9. Constancia de: Pagos de sueldos de planilla de años anteriores, únicamente en lo concerniente al nombre de favorecidos por dichos sueldos;
  10. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación;
  11. El nombre de los Inversionistas de los valores gubernamentales; y,
  12. Los Productos de las Consultorías, Sistemas Informáticos y Bases de Datos de Uso exclusivo para la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

FE DE ERRATAS:

CRITERIO pide disculpas a sus lectores ya que por una imprecisión, el titular de esta noticia decía inicialmente: «Congreso de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad». Sin embargo, al cotejar la información se encontró que fue la Secretaría de Finanzas la que incurrió en la irregularidad, por lo que se procedió a cambiar el titular de la noticia, leyéndose de la siguiente manera: «Gobierno de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad».

Gobierno de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad

La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, blindó mediante dos acuerdos ministeriales todo tipo de información concerniente al manejo de los fondos del Estado

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El gobierno de Honduras aprobó en diciembre pasado un nuevo “pacto de impunidad”, ahora mediante dos auerdos de la Secretaría de Finanzas que blindan la información concerniente al manejo de los fondos públicos.

El 8 de enero pasado fueron publicados en el diario oficial La Gaceta los acuerdos 842-2018 y 843-2018. Dicho marco legal impide que las élites políticas y económicas sean objeto de investigación y auditoría por parte de la prensa y de organizaciones independientes que trabajan en los temas de transparencia y rendición de cuentas.

Con las nuevas disposiciones, que llevan la rubrica de la secretaria de Finanzas, Rocío Izabel Tábora Morales, se blinda toda la información concerniente a los ingresos y egresos del Estado y se protege a las élites económicas porque de ahora en adelante nadie podrá saber el monto o quiénes o qué empresas gozan de exoneraciones fiscales, ni el nombre de los inversionistas de los valores gubernamentales.

Los funcionarios públicos también son parte del blindaje porque la ciudadanía ya no tiene acceso a las declaraciones juradas ni a los pagos que reciban a través del Sistema SIAFI en lo relativo a sueldos, ya sea al nombre del empleado y deducciones personales.

La aprobación de este nuevo pacto de impunidad, que se suma a los otros tantos aprobados en el Poder Legislativo para favorecer la corrupción, atenta contra los bienes y los intereses del Estado, porque dentro de los reservas se incluye los nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de bienes inmuebles de gobierno y los saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República.

PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIAS

Algo alarmante es que el nuevo marco legal, determina como información reservada lo relacionado a las transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) “para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional”.

Lo anterior implica que las transferencias que se hagan para gastos policiales y militares, superarán lo establecido en el Presupuesto General de la República. Es decir que además de no rendir cuentas, como ocurre en la actualidad, estos dos rubros tendrán a su disposición dineros a manos llenas y todo será en el marco de la legalidad.

PRESUPUESTO

La reserva de información también abarca al Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación.

Lo antes mencionado implica que de ahora en adelanta se sepulta el derecho a la participación ciudadana durante la etapa de la formulación y socialización.

SEGURIDAD DEL ESTADO

Paradójicamente en los considerandos de los acuerdos anti transparencia se justifica el ocultamiento de la información por “la seguridad del Estado”, cuando ya la Constitución de la República y la misma Ley de Acceso a la Información Pública, establece los parámetros de lo que es verdaderamente ese principio, sin atentar contra la transparencia y la rendición de cuentas.

Los decretos, que son acuerpados por la Secretaría de Finanzas, se suman además a la ya cuestionada Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública que establece reservas de hasta 50 años.

Noticia Relacionada: Presupuesto de 2019 es un retroceso en la transparencia y rendición de cuentas: Fosdeh

Sobre el tema, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) emitió una alerta este jueves denunciando la transgresión a la transparencia y rendición de cuentas y exigiendo la derogación de los acuerdos aprobados por el gobierno.

Gobierno de Honduras
Mauricio Díaz Burdet, director del Fosdeh.

Para el director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdet, las medidas adoptadas afectarán no solo la función periodística, sino que además el trabajo técnico que realiza dicha organización y otras que pretenden la mejor toma de decisiones sobre las políticas públicas, mediante la transparencia y la rendición de cuentas.

Conozca a detalle las reservas aprobadas mediante cada uno de los acuerdos.

El acuerdo 842-2018 establece reservas para la información siguiente:

  1. Las Resoluciones emitidas por esta Secretaría de Estado (Finanzas) que contienen información de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta y demás tributos del Sistema Tributario y Aduanero que estén relacionados para la determinación del patrimonio de los contribuyentes;
  2. El contenido de las Declaraciones Juradas determinativas, declaraciones Juradas Informativas, Informes solicitados a terceros por la Administración Tributaria, Administración Aduanera o por esta Secretaría de Estado en el ámbito de sus competencias,
  3. Los datos indicados en el Artículo 55 numeral 3 del Código Tributario, informes y antecedentes tributarios y aduaneros, así como la información contenida en las declaraciones, informes y estudios de los obligados tributarios presentados ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), Superintendencia Tributaria Aduanera, Administración Tributaria y Administración Aduanera, en los términos previstos en Ley;
  4. Los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria y Administración Aduanera concerniente a las declaraciones de Impuestos o Tasas Administrativas, así como los datos suministrados por los obligados tributarios o por terceros, así como la información obtenida en el ejercicio de las facultades de fiscalización en términos del Artículo 70 numeral 1 del Código Tributario;
  5. La información de los obligados tributarios que obran en la Plataforma Administradoras del Módulo de Exoneraciones de Honduras (PAMEH);
  6. Durante el proceso de evaluación de ofertas y/o propuestas, se mantiene la confidencialidad de todo el proceso de evaluación y adjudicación, incluida el acceso a las ofertas por parte de cualquier persona no perteneciente al comité evaluador;
  7. Configuraciones y detalles técnicos de componentes y equipos de seguridad, servidores, comunicaciones de redes y demás arquitectura tecnológica de uso exclusivo para sistemas de información y servicio de tecnología ofrecidos por la Secretaría de Finanzas.

El acuerdo 843-2018 establece reclasificar con carácter de reservado la siguiente información:

  1. Nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de Bienes Inmuebles de Gobierno;
  2. Saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República;
  3. Transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional;
  4. Registro de beneficiario: Todo lo relacionado al PIN y la información contenida en él ya que es de carácter personal;
  5. Pagos que se realizan a través del Sistema SIAFI en lo relativo a: a) Sueldos, en lo concerniente al nombre del empleado; y, b) Deducciones personales;
  6. Todo lo relacionado a órdenes judiciales de embargos sobre el sueldo de empleados públicos, excluyéndose de esta reserva los embargos sobre pagos a proveedores del Estado por tratarse de fondos de carácter público, salvo en el expediente judicial correspondiente se haya declarado secretividad o reserva;
  7. Los estados de cuenta de los montos retenidos por embargos y los movimientos bancarios de la cuenta de embargos, en lo se refiere a embargos decretados sobre personas naturales;
  8. Los nombres de los embargados;
  9. Constancia de: Pagos de sueldos de planilla de años anteriores, únicamente en lo concerniente al nombre de favorecidos por dichos sueldos;
  10. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación;
  11. El nombre de los Inversionistas de los valores gubernamentales; y,
  12. Los Productos de las Consultorías, Sistemas Informáticos y Bases de Datos de Uso exclusivo para la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

FE DE ERRATAS:

CRITERIO pide disculpas a sus lectores ya que por una imprecisión, el titular de esta noticia decía inicialmente: «Congreso de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad». Sin embargo, al cotejar la información se encontró que fue la Secretaría de Finanzas la que incurrió en la irregularidad, por lo que se procedió a cambiar el titular de la noticia, leyéndose de la siguiente manera: «Gobierno de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad».

“Los periodistas no hemos sido capaces de impedir que los medios trafiquen con la información”

Por: ARTURO TENA

Tomado de: ctxt.es

Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) es probablemente la mejor periodista de España. Con una carrera de más de 40 años, principalmente desarrollada en el diario El País, Gallego-Díaz, que el 3 de abril fue reconocida con el premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional, ha sido siempre una figura de referencia por su rigor y su lucidez. Aunque está descansando en Asturias y dice que lo que le gusta es hacer entrevistas y no darlas, hablamos unos minutos con la cofundadora, socia y miembro del consejo editorial y del de Administración de CTXT.

 

En los últimos años ha recibido diversos premios. Ahora llega este, un Ortega y Gasset a su trayectoria profesional. ¿Qué significa este reconocimiento?

Debe ser que, según van pasando los años, piensan que es el momento de darme algún premio (risas). Los premios se reciben siempre con mucha alegría y agradecimiento, sobre todo cuando son reconocimientos, como en este caso, que vienen de otros periodistas. Es muy agradable que otros compañeros piensen que has hecho un buen trabajo a lo largo de tu vida laboral. También es verdad que llevo muchos años en este oficio y he tenido tiempo para hacer muchísimas cosas. Me considero sobre todo una periodista de redacción. He trabajado toda mi vida en redacciones, las conozco muy bien y me encantan. Ese trabajo del día a día es el que más me gusta, más que las crónicas o las corresponsalías; el trabajo diario de hacer una información, que se mantenga en pie, que sea segura y sólida. Eso es lo que siempre me ha gustado hacer, y he tenido la suerte de poder realizarlo y que además ahora me lo reconozcan así.

Si tuviese que quedarse con alguna etapa de todos estos años, ¿cuál elegiría?

De momentos felices y satisfactorios he tenido muchos, pero, ahora que estoy fuera del periódico (El País), de lo que más me acuerdo es del placer extraordinario de trabajar con un grupo de gente que hace un periodismo determinado. Con personas a las que le gusta el mismo tipo de periodismo. Cuando me he juntado con un grupo así ha sido muy satisfactorio porque se aprende y se disfruta muchísimo. Además de trabajar, compartes una visión con la que te lo pasas muy bien.  

¿Y cuáles han sido, en cambio, los momentos más difíciles, en los que ha dudado más de la profesión?

Siempre que he visto que se ha mezclado periodismo con espectáculo y con mentiras. Ahí es cuando te cuesta más creer en la capacidad de los periodistas para luchar contra estas prácticas. Tenemos, por lo menos, la obligación de intentarlo. Tenemos que luchar contra aquellos que piensen que el periodismo es un grupo de gente gritando, o los que creen que una cosa puede ser verdad o mentira, que puedes defender una cosa y la contraria. Debemos combatir eso. Si lo conseguimos o no ya es más difícil de saber, pero eso no te puede quitar la necesidad personal de intentarlo.

Durante estos años, ¿qué cambios ha vivido en la manera de hacer periodismo?

El cambio principal ha sido el tecnológico, que ha cambiado radicalmente la manera en la que trabajamos. Los instrumentos que podemos utilizar ahora son muchísimo más ágiles y amplios. Cuando yo empecé a hacer periodismo conseguir datos costaba muchísimo, era muy laborioso simplemente hacerse con alguna referencia o documento. Ahora entras en Internet y si, por ejemplo, quieres saber qué se dijo en el Parlamento alemán hace 3 años, no tienes más que buscarlo, meterlo en un traductor y te enteras. Yo hace 40 años no podía ni soñar con tener estas facilidades.

El problema ha sido que estas tecnologías, tan extraordinarias y que facilitan un buen trabajo periodístico, han hecho que el periodismo se mezcle con cosas que no lo son. La sola comunicación en las redes sociales, por ejemplo, ha hecho que esa mezcla resulte terriblemente angustiosa, no distinguiendo lo que es información y lo que es puro charloteo. 

Estamos en la época de la democratización de la información, de lo que llaman fake news y de la posverdad. ¿Qué tiene que hacer ahora un periodista para practicar correctamente el oficio?

Eso no ha cambiado y no tiene que cambiar: trabajar con seriedad. Ahora parece que suena mal, pero simplemente hay que ser serio al comprobar y contrastar las informaciones. No hay que hacer ningún descubrimiento genial, son unas técnicas que se establecieron, hace ya bastante tiempo, sobre cómo se hace un periodismo profesional. Hay que aplicar esas reglas y cumplirlas a rajatabla, nada más. Puedes ser más o menos brillante en la escritura, más o menos espectacular en tu manera de presentar tus trabajos, pero lo que no puede faltar es la estructura básica de la información, la verdad. En el periodismo existe la verdad. A lo mejor no existe en filosofía o en religión, pero sí en este trabajo. La verdad está en los hechos, y lo que los periodistas deben hacer es averiguar y establecer la verdad que hay en lo que ocurre.

LOS MEDIOS PUEDEN MERCADEAR CON LO QUE QUIERAN, PERO LOS PERIODISTAS DEBERÍAMOS AGRUPARNOS PARA PODER DEFENDER LAS INFORMACIONES

Hablemos de la prensa española. Según una encuesta reciente de Pew Research, solo los griegos superan la percepción negativa de los españoles en cuanto a la imparcialidad de las noticias sobre política en Europa. ¿Por qué tenemos este problema de credibilidad?

Simplemente porque nos lo hemos ganado. Si la profesión está desprestigiada es culpa de los periodistas, de nadie más. No hemos sido capaces de defender nuestro trabajo e impedir que los medios trafiquen con la información. Los medios pueden mercadear con lo que quieran, pero los periodistas deberíamos agruparnos para poder defender las informaciones. Los periodistas debemos ser capaces, dentro de las redacciones, de juntarnos para que no se pueda traficar con ellas. 

¿Es más difícil que los periodistas se junten en los grandes medios tradicionales ahora, con tantos digitales?

Los grandes medios ofrecieron en su momento un gran espacio a las redacciones. Entonces sí nos juntábamos; ahora eso ha desaparecido también porque estos medios han entrado en crisis. En comparación, los medios online, más pequeños, tienen grandes ventajas. Pero estos medios también tienen enormes inconvenientes: no pueden cubrir y seguir ciertas informaciones del día a día, les resulta mucho más difícil acceder a la información. Para eso necesitas redacciones más grandes y muchos más recursos. Los medios online son más capaces de hacer bien el trabajo de análisis y reflexión de la información.

Parece que el modelo de negocio que se asienta para el crecimiento de este tipo de medios es la suscripción. 

Sí, una de las cosas más satisfactorias y más bonitas, que da más esperanza, de lo que está pasando ahora es que vemos que hay gente que está dispuesta a pagar por algo que se les está dando gratis. En muchas ocasiones, los medios online están dando la información y el análisis de forma gratuita, pero cuando piden a la gente que ayuden y mantengan ese tipo de periodismo, la gente responde. Es esperanzador que la gente se esté dando cuenta de que necesita un periodismo independiente y que, para tenerlo, tiene que apoyarlo económicamente en la manera que pueda, aunque sea con una pequeña cantidad. Esto sí que es un fenómeno completamente nuevo, de hace poquísimos años.  
¿Van a ser capaces de ser viables económicamente de esta manera los medios tradicionales, con estructuras más grandes?
Lo que hacen periódicos como el New York Times o el Washington Post es cobrar online a partir de un determinado número de informaciones o lecturas, el llamado muro de pago. El único medio que es capaz de dar toda su información gratuita y al mismo tiempo tener muchísimos suscriptores es el británico The Guardian. Es extraordinario. Más de 500.000 personas pagan al Guardian por algo que pueden tener gratis. Un gran éxito por el buen trabajo periodístico que hacen ahí.

No sé en qué circunstancias económicas están los medios españoles ni si serán capaces de conseguir esto, pero hay una gran diferencia entre lo que hacen periódicos como el Guardian a nivel de calidad y lo que hacen otros.

En este sentido, ¿en qué medida afecta la precarización de los periodistas? El último informe de la APM concluye que casi el 50% de los periodistas colabora con varias empresas y el 18% trabajan de “falsos autónomos”.

Afecta muchísimo, como lo hace en otras profesiones. El hecho de que tengas contratos que son tan precarios, o que tengas que trabajar en varios sitios, hace que no te puedas defender, que tengas menos posibilidades de hacerlo. Es un clásico de toda la vida: tienes que juntarte con otros como tú para defender tus intereses como trabajador. Es muy mala noticia que eso no se pueda hacer, no solo para los jóvenes que no pueden tener proyectos de vida de esta manera, sino también para la información en sí porque hace que los periodistas seamos más débiles. Cuánto más débil eres, más posibilidades hay de que te manejen. Si puedes reunirte con más compañeros es mucho más difícil que te manipulen las propias empresas. 

Con su experiencia, ¿diría que los medios estamos ahora mejor, peor o igual que antes?

Los grandes medios están peor porque están atravesando aún una crisis enorme, mientras que los medios digitales nuevos empiezan a estar mejor, a ser más conocidos y viables. Pero siguen siendo medios pequeños, todavía no han alcanzado el tamaño que llegaron a tener los medios clásicos. Varios medios online van bien, pero son todavía demasiado pequeños para competir.

Denuncian que gobierno manipula mediáticamente información sobre DD.HH.

Por: Redacción  CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La Coalición contra la Impunidad denunció este miércoles que el gobierno manipula a través de los medios de comunicación, haciéndole creer a la población que ha sido felicitado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su participación y transparencia.

En conferencia de prensa, la instancia que es integrada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, presentó un resumen sobre las conclusiones emitidas por el Comité cobre el Segundo Examen Periódico de Honduras presentado en Ginebra los días 5 y 6 de julio.

La Coalición manifestó mediante un pronunciamiento que la manipulación mediática del gobierno se da “para ocultar que los organismos internacionales de derechos humanos tienen información clara y objetiva de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que enfrentamos en nuestro país y de la responsabilidad directa de las actuales autoridades en las mismas”.

Señalan además que en el marco de la presentación del Segundo Informe Periódico, el gobierno publicó un comunicado descalificando a personas y organizaciones de sociedad civil que aportaron información al Comité sobre la real situación de derechos humanos en Honduras, calificándolos de “malos hondureños” y acusándolos de “llevar informaciones falsas o tergiversadas para dañar el país con aviesos intereses particulares”.

Agregan que el comunicado fue acompañado de declaraciones públicas del ministro de la Presidencia, Ricardo Cardona, quien expresó que “el Estado hondureño obtuvo una sobresaliente calificación, según lo dejaron establecido los expertos en el tema de derechos humanos de este organismo internacional”.

El texto de la Coalición recuerda que no es la primera vez que altos funcionarios del gobierno descalifiquen y estigmaticen la labor de contribuir aportando información a los órganos de tratados y mecanismos especiales de Naciones Unidas, “ni tampoco es la primera vez que pretenden confundir a la opinión pública haciendo declaraciones falsas ante medios de comunicación en el sentido de que han obtenido calificaciones sobresalientes en estos exámenes”.

En virtud de tanta manipulación, la Coalición invita al pueblo hondureño que para constatar fehacientemente que el Estado de Honduras no ha sido calificado como sobresaliente, basta remitirse a las observaciones finales divulgadas el pasado 27 de julio en las que el Comité de Derechos Humanos expresa sus motivos de preocupación y realiza recomendaciones que evidencian la gravedad de las violaciones a derechos humanos que enfrentamos y la carencia de esfuerzos reales desde el Estado para enfrentar esta problemática.

Noticia Relacionada: Al Comité de DD.HH. de la ONU le preocupa que JOH busque reelegirse violentando la Constitución

Edy Tábora
                                                         Edy Tábora, director de C-Libre

El director del Comité de Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, manifestó que el gobierno ha hecho hincapié en cosas señaladas como positivas por el Comité— las que dijo—se deben aclarar porque no puede ser considerado como positivo situaciones como la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Misión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

Tampoco puede ser catalogado como positivo la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

A juicio de Tábora la instalación de las instancias antes citadas y la aprobación de leyes, es porque “existe una situación grave de violaciones de derechos humanos y situaciones graves de corrupción”.

Lea aquí:Comunicado de la Coalición contra la Impunidad

Declaración de culpable de Yani Rosenthal abre posibilidad de información sobre otras élites hondureñas

 

Por: Parker Asmann

Tegucigalpa.- La aceptación de culpabilidad de Yani Rosenthal “sugiere la posibilidad de proporcionar información sobre otras elites hondureñas involucradas en actividades criminales”, según la página InSightCrime.

Todavía no está claro si Yani Rosenthal ha firmado un acuerdo de culpabilidad con tal disposición, pero dada la probabilidad de esta posibilidad, las revelaciones adicionales de la corrupción de alto nivel y los lazos con el crimen organizado pueden seguir apareciendo en el sistema de justicia estadounidense en el futuro.

La aceptación de culpabilidad de Yani Rosenthal, uno de los magnates de negocios más poderosos y políticamente vinculados de Honduras, se ha declarado culpable de un cargo de lavado de dinero en Estados Unidos, lo que sugiere la posibilidad de proporcionar información sobre otras elites hondureñas involucradas en actividades criminales.

Nota relacionada Yani Rosenthal de declara cuplable por haber lavado $10.000 de  “Los Cachiros”

Rosenthal se declaró culpable el 26 de julio en un tribunal federal estadounidense de un cargo de «transacciones monetarias en bienes derivados de delitos de narcotráfico» entre 2004 y 2015, que lleva una sentencia máxima de 10 años de prisión, según una prensa del Departamento de Justicia lanzamiento.

Los fiscales de un tribunal federal de Nueva York acusaron a Yani Rosenthal, junto con su padre Jaime, su primo Yankel y Andrés Acosta García, abogado del conglomerado económico de la familia, Grupo Continental, en septiembre de 2015 por cargos de lavado de dinero.

Sin embargo, Yani Rosenthal se declaró culpable de un solo cargo de lavado de dinero, ya que los otros cargos fueron rechazados como una condición de su alegato. Rosenthal también acordó perder 500.000 dólares y pagar una multa de 2.5 millones de dólares. (Los otros tres acusados ​​no se han declarado culpables o han sido condenados.)

En el año 2015, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a los tres Rosenthal como «Narcotraficantes Especialmente Designados» y agregó varios de los negocios de la familia a la lista de «Nacionales Especialmente Designados».

El abogado de los Estados Unidos, Joon H. Kim, dijo que Yani Rosenthal «lució como lavadora de dinero para una organización de tráfico de drogas cruelmente violenta conocida como los Cachiros», uno de los grupos criminales más grandes de Honduras. Rosenthal está programado para ser condenado el 13 de octubre de 2017, según el comunicado de prensa del DOJ. Análisis de Delitos de InSightYani Rosenthal creció en el mundo de las élites, especialmente las elites políticas y empresariales de su ciudad natal de San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras y un corredor clave para el tráfico internacional de drogas. Y la experiencia pasada sugiere firmemente que está cooperando con las autoridades en relación con su petición, planteando la cuestión de quién podría implicar en actividades delictivas. 

En mayo de 2016, Fabio Porfirio Lobo Sosa, el hijo del ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, se declaró culpable de cargos federales de drogas en los Estados Unidos y estaba vinculado a la red Cachiros. Durante su juicio un año más tarde, el testimonio del ex líder de Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró que pagó sobornos de entre 250.000 y 300.000 dólares al propio ex presidente.  También implicó al congresista Antonio «Tony» Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, en la empresa criminal Cachiros, algo que el hermano del presidente ha negado categóricamente. Esta sucesión de casos apunta a un patrón de las autoridades de los Estados Unidos que extorsionan los acuerdos de cooperación de los demandados que les obligan a prestar asistencia en otras investigaciones.

Esta táctica también se ha utilizado en otros casos internacionales del crimen organizado, siendo el caso de Vicente Jesús Zambada Niebla, alias un ejemplo destacado «Mayito», que es el hijo del líder mexicano Cartel de Sinaloa Ismael «El Mayo» Zambada García. Todavía no está claro si Yani Rosenthal ha firmado un acuerdo de culpabilidad con tal disposición, pero dada la probabilidad de esta posibilidad, las revelaciones adicionales de la corrupción de alto nivel y los lazos con el crimen organizado pueden seguir apareciendo en el sistema de justicia estadounidense en el futuro. 

Yani Rosenthal sirvió en varias posiciones gubernamentales de alto nivel durante el tiempo en que sus actividades de lavado de dinero estaban en curso. Trabajó en el gabinete del ex presidente hondureño Manuel Zelaya entre 2006 y 2007 y como congresista entre 2010 y 2014, incluso montando dos campañas presidenciales sin éxito durante ese período.

Rectora universitaria se niega a dar información sobre campaña contra estudiantes

C-Libre pidió la información  y la rectoría lo remite a que vaya a los medios de comunicación a preguntar por  las pautas

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-En una acción poco transparente, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, se negó a dar información sobre la campaña publicitaria que mantiene en diferentes medios de comunicación, en contra del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).

Rectora UNAH

La solicitud de información fue presentada por el periodista, Andrés Molina,  del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), a quien Castellanos manda a los diferentes medios de comunicación a que solicite la pauta publicitaria.

La negación de la información fue notificada mediante el oficio RU-No.554-2017, firmado por Castellanos y remitido al periodista Molina por la coordinadora de la Comisión de Control de Gestión de la UNAH, Cintia Liliana Salgado.

Al emitir dicho oficio, Castellanos está violando la Ley de Acceso a la Información Pública y la Convención Americana de Derechos Humanos, que manda a las instituciones que reciben fondos públicos a dar información a los ciudadanos que la requieran.

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La información fue solicitada desde el  22 de junio pasado a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), registrada bajo el número “SOL-UNAH-444-2017”.

La información solicitada fue la siguiente:

1.- Copia íntegra de los vídeos de las cámaras de seguridad del edificio administrativo de Ciudad Universitaria del día 24 de mayo de 2017 de las 7:00 P.M. hasta las 2:00 A.M. del día 25 de mayo de 2017.

2.- Copia del vídeo de la campaña para exigir clases que se transmite por varios canales de televisión.

3.- Cuantas empresas se han contratado para la difusión de dicha campaña.

4.- Cual es el presupuesto destinada para la realización y difusión de dicha campaña y cuál es la línea presupuestaria que se afecta.

5.- Que empresa fue la que diseño y produjo dicha campaña.

6.- Cuantos medios de comunicación y que medios han sido contratados para la difusión de dicha campaña.

Ninguna pregunta fue respondida por las autoridades, la respuesta de las autoridades fue un oficio sin ninguna argumentación jurídica que avale su actitud, para negarse a informar cómo se gasta el 6%del presupuesto nacional.

CAMPAÑA

La UNAH ha estado publicando en varios medios de comunicación un spot publicitario televisivo, donde hace apología al odio de la protesta estudiantil al estigmatizar y criminalizar a sus participantes. Asimismo muestra a miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) como responsables de la situación de crisis que vive la Alma Mater.

A raíz de la situación, una de las voceras del MEU, Mirtha Gutiérrez, acudió al Ministerio Público (MP) a denunciar la campaña en su contra, financiada con fondos públicos.