Mientras don Pedro Amaya era condenado a cuatro años de prisión, los implicados en caso Pandora eran puestos en libertad
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El juzgado de Letras de la ciudad de Siguatepeque, en el central departamento de Comayagua, condenó a cuatro años de cárcel a Pedro Amaya, un indígena lenca, cuyo delito es haber pretendido hacer un monocultivo de maíz en un terreno supuestamente de vocación forestal.
Amaya, quien está a las puertas de ser remitido a las celdas de la cárcel de Támara, Francisco Morazán, fue capturado por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a las 9:30 de la mañana del pasado 15 de mayo, cuando se encontraba preparando la tierra en un terreno que está en recuperación por el Consejo Comunal Indígena El Achiotal, de la aldea El Achiotal Siguatepeque. Posteriormente, fue apresado y tratado como un delincuente, fue trasladado a los juzgados de Siguatepete.
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El indígena lenca es acusado por el delito de roturación de terreno de vocación forestal, y en su declaración reconoció que «estaba trabajando en esa parcela de tierra como me han enseñado mis antepasados. El producir tierra de ese tipo es una práctica ancestral de mi pueblo y no es delito», sin embargo, el juez consideró que era suficiente argumento para condenarlo y enviarlo a prisión.
El agricultor de 66 años edad y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que asiste su caso, es “un señor, muy alegre, carismático, responsable, honesto, verdadero, optimista y muy apasionado por hacer producir la tierra”.
Desde el día de su captura el MADJ comenzó sus diligencias e inició su tarea empapándose de los antecedentes del acusado, luego visitó la Policía Nacional, Ministerio Publico, Procuraduría de Trabajo, “confirmando que el indígena lenca es un ciudadano respetuoso de la ley”, refiere un texto de este organismo compartido en las redes sociales.
El abogado Ariel Madrid, quien lleva el caso junto a otros abogados del MADJ, posteó en su cuenta de Facebook: “es difícil poder explicarle a don Pedro Amaya, por qué el Ministerio Público y el Juzgado de Letras de Siguatepeque se ensañan en contra de él, del COPINH y del pueblo lenca por el hecho de ejercer las prácticas ancestrales indígenas de cultivo de maíz en terrenos inclinados (de más de 30° de inclinación que la Ley Forestal considera de vocación forestal y que prescribe en el artículo 179 el delito de roturación de suelo de vocación forestal)”.
El profesional del derecho rebate que la práctica indígena tiene un sustento histórico ya que el pueblo lenca, al igual que otros pueblos indígenas de Honduras, en tiempos de la colonia fueron desplazados de manera forzada de los valles que ocupaban, hacía las zonas más recónditas y montañosas del país, condenados al olvido y obligados a sobrevivir con sus propios medios.
La fiscalía y el juzgado, que no tienen memoria histórica, olvidan que los artículos de la Ley Forestal, que contienen el delito de roturación de terreno de vocación forestal y otros delitos de igual naturaleza, no fueron consultados de forma previa a ningún pueblo indígena a pesar de afectar sus prácticas ancestrales de producción agrícola, hecho que deslegitima su aplicación y, que por no considerar su cultura, prácticas, usos y costumbres, no deben ser observados por ningún indígena, quienes por su cosmovisión no comprenden los supuestos de ilicitud contenidos en dicha Ley, prosigue Madrid.
De acuerdo a los registros del MADJ, en los dos últimos años, la justicia hondureña ha condenado a cinco campesinos lencas organizados en el Copinh por el delito de roturación de terreno de vocación forestal y otros delitos.
El MADJ ha asegurado que seguirá haciendo causa común con el Copinh y continuará con el proceso que la ley dicta para lograr la libertad de don Pedro Amaya. “Entre tanto denunciamos las acciones de la justicia hondureña que se ensaña contra los desposeídos y continúa protegiendo a quienes sí han cometido delitos”, refiere.
Paradójicamente la decisión del Juzgado de Letras de Siguatepeque de recluir por cuatro años a don Pedro Amaya, se dictó el viernes anterior en la antesala a la resolución de la jueza natural Lidia Álvarez Sagastume, que dejó en libertad a 24 imputados, entre ellos diputados, exdiputados, funcionarios y exfuncionarios públicos, señalados en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.