La brutal acción se originó este viernes en el sector de Pajuiles, Atlántida
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) denunció la tarde de este viernes la agresión física contra su coordinador general, Martín Fernández, por parte de un grupo de aproximadamente 20 personas, supuestamente, afines y contratadas por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario Jason Hawit en el sector Pajuiles, departamento de Atlántida.
Mediante una alerta la MADJ, informó que Fernández, fue agredido y golpeado cuando inspeccionaba los daños causados en el campamento número 2 instalado en la segunda entrada o entrada accesoria donde está ubicado el plantel de la empresa. Martín es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana (CIDH) desde el 2013.
De acuerdo a los relatos del agredido, el grupo de al menos 20 personas se acercó a él y comenzó a proferir insultos y amenazas cuando repentinamente se abalanzaron sobre él y empezaron a golpearlo provocándole fractura y sangrado de la nariz.
El grupo golpeó además al también miembro del MADJ, Oscar Martínez, a quien le robaron el celular y propiciaron fuertes golpes que le produjeron severas lesiones en su espalda y pierna izquierda, dejándolo incapacitado para caminar con normalidad.
En horas de la mañana de este viernes el Movimiento Amplio convocó a un plantón frente el Ministerio Público de Tela para presentar una carta abierta a la entidad fiscal exigiendo castigue a la empresa HIDROCEP por los daños ambientales causados en el Río Mezapa y la Cordillera Nombre de Dios los cuales fueron constatados y reconocidos públicamente por el Ministerio Público mediante dictamen emitido en agosto de 2016.
“A pesar de todo eso, tanto el Ministerio Público como la policía han actuado de manera cómplice con las ilegalidades bajo las cuales pretende seguir funcionando la empresa”, refiere la alerta del MADJ.
Ante el plantón, el Ministerio Público mandó negar el acceso de las personas que acompañaban al equipo de abogados y abogadas que presentarían la carta. De manera simultánea, mientras esto se desarrollaba, un grupo de casi 100 personas de la parte alta del Sector Pajuiles, afines a la empresa y muchos de ellos, pagados por la misma, desmontaron arbitrariamente ambos campamentos en Pajuiles.
Además del referido desmantelamiento, quemaron el otro campamento ubicado en el segundo acceso al plantel, causando daños severos a lo instalado y robando las pertenencias, entre éstas mantas y banners diseñados por las comunidades que permanecen en la asamblea permanente.
Todo esto se desarrolló en complicidad de la policía nacional quienes teniendo a menos de 1 cuadra se negaron a capturarlos aduciendo que ellos «estaban armados y les estaban lanzando piedras», señala el texto de la AMDJ.
Como reacción espontánea a lo sucedido, las comunidades integrantes del Movimiento Amplio se instalaron en toma de la carretera CA3 a donde llegó de manera inmediata la Policía Nacional y cuerpos antimotines con una tanqueta para proceder al desalojo.
Noticia Relacionada: El MADJ denuncia que proyecto hidroeléctrico de Tela sigue en construcción pese a orden del MP de pararlo
El departamento de Atlántida es una de las zonas más afectadas, después del golpe de Estado del 2009, por las concesiones que favorecen a empresarios privados nacionales y extranjeros, que entregan sus recursos naturales sin consultar a las comunidades que los protegen y se benefician de ellos.