Congreso violentó el debido proceso en interpretación de Ley General del Ambiente, denuncia el diputado Denis Castro Bobadilla
Ambientalistas advierten sanciones contra el Estado por violentar tratados internacionales
Advierten que intención de importar baterías usadas es para hacer negocios con empresas de El Salvador
De EE. UU., México y Canadá llegarían millones de baterías usadas
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa-Hace más de 10 años Honduras cerró todas las empresas que producían baterías de automóviles porque estas no tenían la capacidad de manejar los desechos, es decir, no podían manejar ni los residuos de plomo ni los ácidos.
El pasado 16 de julio de 2020 diputados del Congreso Nacional aprobaron varias reformas al interpretar artículos de la Ley General del Ambiente y bajo ese concepto de interpretación, abrieron la puerta a la entrada de baterías de plomo ácido usadas a Honduras. En otras palabras, ser receptores de basura tóxica.
La estocada final está en manos del presidente, Juan Hernández, cuando en Consejo de Ministros tenga la posibilidad de ratificar estas reformas y convertir a Honduras en un vertedero de basura tóxica o, que, por el contrario, vete estas reformas.
De ser ratificadas estas reformas, Honduras ya no solo permitiría fabricar baterías de autos, sino que sería válido importar masivamente -desde EE. UU, Canadá y México- millones de baterías chatarra que convertirían al país en una cloaca.
Coloquialmente Honduras ha sido conocida como la República Bananera, por la gran cantidad de enclaves extranjeros y por poner el territorio para el beneficio y enriquecimiento de otros. Pues ahora, si el Poder Ejecutivo no veta estas reformas, podrá ser llamada también el basurero tóxico de Centroamérica.
Las reformas fueron propuestas por el Partido Nacional a través de la diputada suplente Leonor Osorio. La congresista propuso interpretar varios artículos de la Ley General del Ambiente (el 8, 11, 68 y 69, vigentes desde 1993) para reformar y así permitir la importación de baterías en desuso.
Osorio dijo que Honduras se convertía en un reciclador y por ende generador de millonarios ingresos. A la altura de otros países, entre los que citó a Estados Unidos, México, Holanda, Alemania, Guatemala, Costa Rica y Panamá y Corea del Sur.
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La Ley de Ambiente establecía: “Se prohíbe la introducción al país de desechos tóxicos radioactivos, basuras domiciliarias, cienos o lodos cloacales y otros considerados perjudiciales y contaminantes”, pero ahora con la reforma de la diputada nacionalista, que encima es médico general ya, «no es prohibida la importación, fabricación y/o reciclaje de baterías de plomo/ácido, selladas nuevas o usadas”.
BENEFICIO ECONÓMICO DETRÁS DE LAS REFORMAS
El beneficio económico del que pueden gozar los empresarios hondureños que están detrás de este negocio va a depender de los requerimientos de materia prima de los fabricantes de batería de Centroamérica, dijo a Criterio.hn el diputado del Partido Alianza Patriótica y criminólogo, Denis Castro Bobadilla, quien explica que “si tomamos como base 800 mil vehículos de Honduras y lo multiplicamos por el costo promedio de una batería que es de 3,000 lempiras”, la ganancia es de 2 mil 400 millones de lempiras. Siendo ese el valor de lo que Honduras importa de baterías nuevas.
Pero con la importación de la basura que representan estas baterías usadas, por la que estos empresarios no pagarán ni un centavo “¡la ganancia es tremenda!”, se escandaliza Castro Bobadilla y expone que quien venda esa materia prima solamente recogerá la basura y la venderá a empresarios salvadoreños a un promedio que oscila entre 800 y 700 lempiras.
Por vender este plomo surgido de la chatarra la ganancia obtenida, si se tiene como base la demanda de la población hondureña (800 mil baterías anuales), sería de 640 millones de lempiras. Todo esto sin invertir prácticamente nada y condenando a miles de personas a sufrir de cáncer, perder la vida y perjudicar el medio ambiente.
“¿Ve la ganancia que harán unos 10 hondureños que perjudicarán al territorio nacional, las aguas subterráneas y el Golfo de Fonseca?, se pregunta Castro Bobadilla”, quien asegura que el epicentro del negocio se estaría instalando en la zona del Golfo de Fonseca.
¿EMPRESARIOS HONDUREÑOS HACIENDO NEGOCIOS CON EMPRESARIOS SALVADOREÑOS?
El plomo que se busca extraer, normalmente lo requieren los fabricantes de baterías de carros. Y uno de los ellos está en El Salvador. Pero en el vecino país jamás permitirían una cosa de ese tipo. A ellos solo les interesa la entrada de la materia prima, continúa diciendo el criminólogo hondureño Denis Castro Bobadilla.
Revela que Honduras se quedará con toda la basura tóxica y El Salvador se llevará toda la materia prima. Honduras quedará contaminado, empresarios hondureños ganarán parte de la tajada y los empresarios salvadoreños harán negocio con el plomo, apunta.
“Estamos viendo una ligereza que beneficia a 10 personas en Honduras, pero va a perjudicar a más de 100 mil personas en la zona sur de Honduras -si es que instalan ahí el basurero- o en cualquier otra zona donde se ubique el vertedero de desechos tóxicos”, advierte el congresista.
Añade que El Salvador ha venido buscando eso desde hace mucho tiempo y denunció que las radiografías que se toman en los hospitales públicos del país están desapareciendo con la intención de hacer negocio con ellas porque contienen plomo, materia prima básica para el reciclaje de baterías.
“Trabajé en ese tipo de campo, yo le puedo decir a usted múltiples apellidos de personas salvadoreñas que hace tiempo han cruzado en nuestro país por nuestros hospitales. Agarran los pacientes a los que ya les tomaron las radiografías y les piden que se las vendan por libra. Entonces desde allá nos venden las baterías y nosotros nos quedamos con la basura”, apunta Castro Bobadilla, quien en el pasado se desempeñó como director de Medicina Forense.
Castro Bobadilla recuerda que Honduras cerró hace mucho la empresa Baterías Yojoa, pero se habilitó en El Salvador una fábrica que se llama El Récord. “Honduras no tiene baterías y las trae de afuera porque la industria nuestra se cerró. Y ahora lo que vamos a hacer es traer barcos completos con baterías usadas”.
El experto en derecho ambiental, Pedro Landa, manifestó que “se está buscando, como se dijo en su momento, que la intención era extraer plomo para venderlo a la hermana República de El Salvador donde hay una fábrica de baterías de vehículos que es muy conocida en la región. La pregunta obligada es por qué El Salvador nos va a comprar el plomo acá y por qué ellos no pusieron esa planta recicladora en su territorio. Precisamente por el nivel de riesgo, nivel de contaminación y por las demandas a las que se ven expuestos. Demandas tanto nacionales e internacionales”, se responde el también defensor del medio ambiente.
¿DÓNDE SE UBICARÍA ESTE BASURERO TÓXICO?
Se busca ubicar en los departamentos de Valle o Choluteca, zona sur de Honduras, toda la basura tóxica que vendrá desde los países del norte, EE. UU., Canadá y México, países que sí tienen un tratado de disposición de esa basura y un reglamento especial, adelantó Castro Bobadilla.
El forense refiere que las baterías en desuso vienen cargadas con arsénico, plomo y mercurio, por lo que contaminarán las aguas subterráneas y el Golfo de Fonseca. Están buscando todavía -dice el también diputado de oposición- el departamento que se va a prestar para recibir esa basura.
El criminólogo, experto en toxicología, considera que es una aberración que contradice la política general del presidente de Honduras, Juan Hernández, quien fue a reclamar a las Naciones Unidas sobre los cambios ambientales pero su partido político actúa contrario a la protección del ambiente.
Añade que tampoco se escuchó a la Secretaría del Ambiente ni a la Secretaría de Salud Pública y expone que los médicos de la zona sur están preocupados por la alta incidencia de cáncer por el consumo de arsénico y mercurio que produce la minería artesanal del oro, pero ahora -pronostica- tendrán gratuito un basurero de baterías.
REFORMAS VIOLENTAN EL MARCO JURÍDICO INTERNO Y LA NORMATIVA INTERNACIONAL
Diputados de oposición de Honduras denunciaron que no se hicieron las consultas para realizar estas reformas, que fue una comisión especial nombrada en la oscuridad la que se encargó del tema para convertir a Honduras en un basurero tóxico al ofrecer el territorio como receptor de materiales de alta contaminación.
Al momento de la aprobación de las reformas a la Ley General del Ambiente varios diputados de la oposición coincidieron en que las modificaciones a la normativa eran un atentado, pero a la vez señalaron que el gobernante tendría la oportunidad de vetarlas.
El experto en derecho ambiental, Pedro Landa, dijo a Criterio.hn que incurren en delito quien presentó la propuesta de la reforma, quienes la aprobaron y los que implementen las medidas.
Landa explica que la Constitución de Honduras prohíbe aplicar órdenes gubernamentales que disminuyan, tergiversen o limiten los derechos a la salud y la inviolabilidad de la vida. Por lo tanto, dice el jurista, existen delitos por acción y por omisión en este caso, específicamente el delito de traición a la patria y agrega que “es imposible reformar estos artículos por la vía de la interpretación de una la Ley General del Ambiente, porque esta es clara, específica y concreta al hacer la prohibición”.
Desde todo punto de vista la interpretación es improcedente, ilegal e inconstitucional porque en la Constitución de la República establece que el fin supremo del Estado es el bienestar de la población y el bienestar tiene que ver con la salud humana, remarca Landa.
Landa recuerda que también existe jurisprudencia en temas similares y que debió hacerse una consulta, tomando en cuenta que hubo una resolución de la Corte Suprema de Justicia en relación con la minería en Honduras. Ahí se recomendó que se consultara, no solo en áreas donde hay poblaciones indígenas, sino en todo lugar donde exista riesgo en materia de salud y ambiental.
“Se puede abrir una acción penal contra los proyectistas y contra el Congreso Nacional que también hizo una interpretación errónea e improcedente. Pero a nivel internacional también las organizaciones defensoras de derechos humanos como cualquier persona que se vea afectada por la instalación de estos desechos tóxicos, puede presentar una demanda contra el Estado de Honduras tanto a nivel nacional como internacional”, apunta.
Landa, quien forma parte del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), señala que con las reformas también se violentó la Ley de Municipalidades que obliga a las corporaciones municipalidades a proteger el ambiente, la vida y la salud humana.
Señala que la Ley de Municipalidades tiene tanta jerarquía, que lo único que se encuentra por encima de ella es la Constitución de la República. Es decir, aun aprobándose esta reforma, ningún alcalde está obligado a permitir que se ejecute en su territorio.
La aprobación de estas reformas, por el Congreso de Honduras, también violentan el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, donde se insta a que se prevea el riesgo de que una acción pueda generar daños a la salud. Los Estados que se comprometieron están obligados a suspender y suprimir toda esa operación.
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Honduras también se ha negado a firmar el Acuerdo de Escazú, que fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica. Se trata de un mecanismo mediante el cual se busca el acceso a la información ambiental y que las partes involucradas en la implementación de proyectos de explotación de los recursos naturales se pongan de acuerdo.
En el Acuerdo de Escazú se establece que las prácticas que atentan contra el medio ambiente sean castigadas con penas criminales y sean tipificadas como delito. En Honduras, pese a que la Ley General del Ambiente, habla de delitos para castigar a quienes contaminen el medio ambiente, hasta la fecha no se ha imputado sanciones penales, pues lo único que se aplican son sanciones administrativas.
DAÑOS A LA SALUD
El biólogo, Héctor Portillo, cree que con el paso de los años Honduras todavía no cuenta con la competitividad para manejar este tipo de desechos y advierte que en este momento no existe ninguna empresa capacitada en Honduras para manejar este tipo de desechos con los estándares internacionales, que demandan de altos costos.
Importar baterías usadas de EE. UU, Canadá y México significaría la contaminación del suelo, aguas y fuentes subterráneas. Los vapores y gases, así como los ácidos que salgan de las fosas, tendrían una repercusión negativa en la salud de la población que se exponga a estos.
El profesional de la biología explicó que el plomo tiene la capacidad de entrar al sistema sanguíneo, por X vía, modificar la formación cromosómica de los seres humanos y producir una serie de deformaciones y enfermedades directas en órganos como el hígado, riñones y pulmones.
HONDURAS PUEDE REGRESAR A CONTAMINAR CON PLOMO
Un estudio realizado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes en el año 2006 y que fue dirigido por el experto en medio ambiente, Alex Edgardo Padilla Padilla, identificó que algunas industrias de Honduras eran fuentes puntuales o potenciales de plomo.
El estudio, denominado “Examen del plomo y cadmio en Honduras”, estableció en aquel entonces, que el ácido para automóviles era la fuente más importante de plomo en el país. Asimismo, que hasta el 2004, en el área urbana de Tegucigalpa, operaban cuatro industrias fundidoras de plomo las que, en su totalidad por presiones legales, laborales, ambientales y sociales, cerraron operaciones y algunas de ellas cambiaron de giro productivo.
Científicamente está comprobado que el coronavirus y otras enfermedades provienen de acciones del hombre en la naturaleza, dice Juan Mejía, ingeniero en ecología y desarrollo sostenible y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-VS). «En todas las universidades y países avanzados del mundo se discute, ahora mismo, al más alto grado de nivel académico que todas estas enfermedades: Covid-19, Ébola, entre otras, provienen de un capitalismo voraz que está destruyendo el ambiente”, dice el también miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
LA LEY PUEDE SER MALINTERPREDA
Criterio.hn conversó con la ex fiscal del ambiente, Clarisa Vega, quien fue contratada en el año 1993 por Naciones Unidas para trabajar junto a Julio Rendón en una propuesta de Ley General del Ambiente para Honduras, como respuesta a la Cumbre de Río de Janeiro.
Vega recuerda que en aquel entonces los presidentes se comprometieron a seguir políticas para fortalecer el marco legal del ambiente y aunque la propuesta preparada por ella y por Julio Rendón no se aprobó en su totalidad, la filosofía y los principios si están plasmados en la ley que hoy tiene Honduras.
La profesional del derecho cree que las baterías son residuos altamente tóxicos, nocivos para la salud humana y los ecosistemas y señala que interpretar los artículos que permiten la importación de desecho tóxicos no procede jurídicamente porque la interpretación de las leyes está regulada por el Código Civil.
Asimismo, “no se le puede atribuir a una ley otro sentido sino lo que se deriva de sus propios términos. “Y usted va a ver que estos artículos son extraordinariamente claros. No requieren interpretación. Esa norma que fue bien pensada en 1993 con una precisión extrema”.
El último párrafo del artículo 69 de la Ley General del Ambiente dice: “En ningún caso se permitirá la introducción de residuos tóxicos o peligrosos generados en otro país”, porque ya nosotros generamos a través de las baterías que compramos nuevas esos residuos. Honduras cuenta ya con instalaciones para reciclaje y recuperación del plomo, solo en Tegucigalpa cuenta con 17 dirigidas a recuperar y reciclar el plomo de las baterías, dice Clarisa Vega al detallar la ley y pormenorizar las acciones que se han tomado en Honduras para evitar la contaminación por la manipulación de baterías.
La ambientalista señaló además que Honduras al ratificar el Convenio de Basilea se comprometió a darle el mejor tratamiento al movimiento transfronterizo de sustancias tóxicas, pero recordó que Honduras por ser un país pobre no está preparado para enfrentar ese reto, como si lo hacen Holanda, Finlandia, Reino Unido.
CONGRESO NACIONAL VIOLENTÓ EL DEBIDO PROCESO
Las reformas a la Ley General del Ambiente hechas en el Congreso Nacional no se hicieron correctamente, porque no entraron a una comisión de dictamen. Los diputados que aprobaron eso se saltaron ese puente y no hicieron ninguna consulta a los ambientalistas del país, ni a las alcaldías, ni a los gobernadores de los departamentos, sostiene el diputado Denis Castro Bobadilla.
A criterio de Castro Bobadilla -quien aparte de ser médico y criminólogo es también abogado- esas últimas reformas ambientales no se pueden aplicar porque tampoco existe un reglamento, por lo que hubo demasiada oposición de una buena parte de los diputados.
INTERESES MERCANTILES EN DETRIMENTO DE LA SALUD
La diputada del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Patricia Murillo, es férrea opositora a la introducción de las baterías chatarra al país. Murillo, quien se ha destacado por la defensa al medio ambiente como catedrática de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras-Valle de Sula, lamenta lo aprobado en el Congreso Nacional.
Murillo manifiesta que es penoso que se haya hecho una ilegítima interpretación de varios artículos la Ley General del Ambiente y asegurai que pareciera que prevalecen criterios mercantiles para favorecer a unos pocos versus el bienestar colectivo, -que según dice es- la salud del pueblo hondureño.
«La bancada del partido Libre nos opusimos a ese regresivo decreto presentado por el Partido Nacional. Que conozca el pueblo quienes en plena pandemia siguen atentando contra su salud y despierte para exigir que se derogue esa absurda y burda iniciativa», concluye.
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LA OPACIDAD EN TRÁMITES AMBIENTALES
Los trámites ambientales se mantienen en la opacidad con la entrada en vigencia, en agosto de 2018, del acuerdo ministerial de MiAmbiente 1402-2018, que declara en secreto toda la información relacionada a trámites del medio ambiente, con lo que se violenta la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en el año 2006.
El gobierno hondureño ha venido confeccionando un marco legal que favorece el ocultamiento de la información pública. Para ese fin entró en vigencia, el 7 de marzo de 2014, la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como Ley de Secretos Oficiales, que blinda la información en 16 instituciones del Estado.