Ceteris Paribus LIBERTAD Y DUPLICIDAD MORAL

Julio Cesar Raudales, Vicerector de Asuntos Internacionales de la UNAH.

Por: Julio Raudales

Xavier Sala i Martín, uno de los economistas contemporáneos más importantes y el único español que hasta ahora ha sido considerado para el Premio Nobel de Economía, por sus trabajos sobre el impacto de la gestión del conocimiento en el crecimiento económico, tiene una frase que a mí me gusta mucho citar, a pesar de que más de alguien la ha tomado en otro sentido. Cuando se refiere a la duplicidad moral de los “liberales a la norteamericana” y los “liberales a la europea” (como si el diccionario de ciencia política cambiase destrezas al cruzar el charco), dice que defender la libertad implica hacerlo en todas las formas y fondos posibles, por eso es que un auténtico liberal debe serlo “de cartera y de bragueta”.

A ese respecto, me parece curiosa la defensa que muchas personas hacen de los “valores éticos” que el estado y su gobierno deben asumir, dependiendo de la temática que se esté tratando, separando la visión estrictamente económica de los otros temas sociales. Y cito textualmente a Sala i Martín: “…las derechas no quieren que el gobierno se nos meta en la cartera pero sí en la bragueta, mientras que las izquierdas quieren exactamente lo contrario…”

 En todo caso sí que hay parecido en las posturas ideológicas de los partidos de “derecha” y de “izquierda” en ambos lados del Atlántico: Los Demócratas norteamericanos y sus hermanos Socialistas y Laboristas de Reino Unido, Francia, España, etc., abogan por limitar la función del estado cuando se trata de temas como igualdad de género, matrimonio igualitario, anticoncepción, aborto y otros temas, mientras que piensan que el gobierno SÍ debe tener una presencia fuerte en lo que respecta a asuntos IGUALMENTE SOCIALES, como: fijación de salarios, protección de los consumidores, educación, salud, servicios de electricidad, agua potable, etc. Por su parte los del Partido Popular, los Social Cristianos, Republicanos y otros partidos de derecha, creen exactamente lo contrario: el Estado NO debe intervenir en la economía y debe dejar actuar libremente a las fuerzas de mercado, pero sí que debe tener una presencia fuerte para limitar las libertades de índole más “genital”, en nombre de la familia, la moral y las buenas costumbres.

En Honduras seguimos esta misma línea, con el agravante (o quizás ventaja), de la ausencia de un pensamiento crítico y una academia robusta que sustente las posturas ideológicas de los diferentes grupos que discuten estos temas. Dicho vacío es generalmente llenado por argumentos religiosos y moralizantes o por discursos panfletarios que pretenden abrasar la conciencia popular con frases reivindicativas. 

Escribo esto a propósito del embrollo mediático generado por la publicación de una iniciativa que los grupos lésbico-gay hondureños han anunciado que enviarán al Congreso Nacional, en la que solicitarán la reforma constitucional para que en nuestro país se permita el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

La reacción virulenta por parte de las iglesias y grupos religiosos no se hizo esperar. Hubo pronunciamientos de todo tipo, desde aquellos que se oponen a esa pretensión arguyendo su defensa de la familia tradicional, hasta quienes profesan con vehemencia su intolerancia manifiesta hacia todo lo que consideran atentatorio a la caridad cristiana.

No voy a debatir en este espacio la validez o no de las explicaciones esgrimidas por los pastores, sacerdotes y quienes se oponen a esta reforma. Respetuoso como soy de la libertad de credo y convencido de la unilateralidad de la moral, creo que lo mínimo que se debe hacer es escuchar sin descalificar todas las posturas, pese a que los defensores de las mismas en general, mostraron muy poca tolerancia con los portadores de la iniciativa de matrimonio igualitario. Lo que si merece a mi juicio un pronunciamiento categórico, es el doble rasero exhibido por muchas personas al tratar este y otros temas.

¿Cómo es que hay muchos que abogan por un gobierno que se limite a garantizar la libertad de mercado, la defensa de la propiedad privada y la promoción de una economía sin el yugo socialista de la intervención? Sin embargo también quieren, aunque a veces no lo confiesen abiertamente, que ese mismo gobierno les ayude a imponer sus creencias religiosas o políticas a través de decretos, quiere impedir la legalidad de determinadas conductas o quiere restringir los derechos de los individuos –especialmente de las mujeres- a decidir sobre sus propios cuerpos. ¿Quiénes somos usted o yo para decidir por otros lo que debe ser una familia? Y sobre todo, en una sociedad moderna y libre, ¿Quién tiene autoridad para decidir sobre el compromiso que cualquier persona adulta y en el uso de sus facultades quiera hacer con sus semejantes, sean del sexo que sean?

Los diputados y otros políticos buscaron salidas cómodas y sin compromisos claros. Todos, o casi todos, dijeron que respetan las preferencias sexuales del resto, pero arguyen que su “Fe cristiana” les impide votar una reforma de este tipo. ¡Señoras y señores, el debate no trata de la fe y el respeto que debe tenerse por las creencias del prójimo! la discusión es la garantía que un estado moderno debe dar a toda la sociedad de que no habrá imposición de ningún tipo, siempre y cuando no se violente la libertad y el bienestar de los demás.

¡El estado de bienestar y la democracia consisten justamente en el respeto sin reserva de las minorías!

Ahora, los amigos que se confiesan de izquierda o progresistas y por ello defienden la libertad individual y exigen al estado no decidir por ellos en estos temas, deben también ser consecuentes también en lo otro: si el gobierno debe garantizar la libertad individual para decidir sobre mi cuerpo y con quién me caso, también debe hacerlo en el ámbito económico. Bastante claro les ha quedado a sociedades cercanas, el daño que el intervencionismo estatal hace a la producción, redistribución y bienestar social. El gobierno tiene obligaciones sí, pero su ámbito de acción debe limitarse para garantizar la libertad que es el mayor de los derechos de la humanidad.  

Creo que al respecto, es necesario que más allá de sus obligaciones, el gobierno limite su acción y dejar que la gente actué con libertad tanto en el ámbito económico como en los distintos ámbitos sociales. En otras palabras, Gobierno no te metas ¡Ni con la cartera, ni con la bragueta!” de la gente.

Plantean en EEUU dar muerte a homosexuales

Por: Agencias

redaccion@criterio.hn

 Los Ángeles. Mientras El Vaticano abre sus brazos a los homosexuales en el Estado de California, EEUU, plantearon un proyecto de ley para asesinar a ciudadanos homosexuales. Se tendrían que reunir 360 mil firmas para aprobar la espantosa acción jurídica.

El abogado de la oficina del fiscal General de California, Matthew McLaughlin presentó un proyecto de ley que busca autorizar la pena de muerte a personas homosexuales, informó BBC Mundo.  El “Acta de Supresión de la Sodomía” plantea que los homosexuales “sean ejecutados con una bala en la cabeza o por otro método más conveniente”.

En el proyecto de ley de Supresión de los Sodomitas, McLaughlin cataloga las relaciones entre personas del mismo sexo de “maldad monstruosa” e indicó que sería más adecuado que los gays mueran antes de que los californianos fallezcan por la “ira de Dios” y por soportar la homosexualidad.

Se necesitarían unas 360 mil firmas en 180 días para respaldar el escrito del abogado californiano, en el sostiene que “el pueblo de California pide sabiamente, en el temor de Dios, que cualquier persona que voluntariamente toque a otra persona del mismo sexo para obtener satisfacción sexual debe morir de un tiro en la cabeza o por cualquier otro método conveniente”. “El abominable crimen contra la naturaleza conocido como sodomía es un mal monstruoso que Dios todopoderoso, dador de libertad, nos ordena reprimir so pena de nuestra destrucción total, así como destruyó Sodoma y Gomorra”, añadió el texto.

El inmigrante mexicano Fernando Ortega, calificó de absurda la propuesta de asesinar legalmente en California a personas homosexuales, al tiempo que aseveró que aunque resulta díficil que la misma se apruebe, no deja de ser ofensiva. “Así como hubo alguien que la presentara y registrara oficialmente para llevarla a los electores, lo peor de la sociedad en California va a ver en esa iniciativa la oportunidad de que se cumplan sus sueños de intolerancia”, afirmó Ortega a Excélsior.

Por su parte la fiscal general de California, Kamala Harris informó que le solicitará a la Corte Suprema del estado californiano emitir una orden para detener el proyecto de ley. La iniciativa que “amenaza la seguridad” pública tendría que ser votada por los californianos en las elecciones legislativas de noviembre en 2016. Harris señaló que la misma se considera «inconstitucional» y «totalmente reprobable».

La fiscal general de California debe hacer el pedido ante la instancia superior de justicia de California por no tener la competencia de detener propuestas. (Telesur, BBC, redacción CRITERIO).

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