Canadá: Incongruencias e hipocresías del Grupo De Lima – Honduras Vs Venezuela

Por: Fred Alvarado

El gobierno canadiense pareció muy complacido y afable de recibir en Ottawa la deshonrosa presencia de la canciller hondureña, la señora María Dolores Agüero, quien integraba la delegación de 25 países y miembros del Grupo de Lima (GL) para tratar de urgencia la crisis de Venezuela y la incorporación del gobierno interino de Juan Guaidó al grupo. A los ojos del PM canadiense Justin Trudeau y el GL, la única crisis que requiere atención y discusión es la del régimen de Nicolás Maduro y los miles de refugiados venezolanos. Pero tal parece que en Honduras la crisis pasa desapercibida, no hay preocupación ni refugiados hondureños que atender, nada que amerite pronunciarse, mucho menos reunirse de urgencia en Canadá; aunque a diario cientos de hondureños huyen del país centroamericano buscando asilo por causa de la violencia perpetrada desde el Estado hondureño en colusión con el narcotráfico y el crimen organizado.

Desde su fundación en 2017, el denominado Grupo de Lima ha convocado a 10 reuniones de urgencia exclusivamente para buscar una salida a la crisis venezolana. Aunque visiblemente se observe una igual o peor crisis humanitaria en Honduras heredada del fraude electoral a finales de 2017, ningún país del Grupo de Lima hace referencia a la represión militar, los asesinatos selectivos de jóvenes, los presos políticos en cárceles de máxima seguridad, ni los nexos del presidente Juan Hernández con el tráfico de cocaína, ni tampoco se habla de la masiva migración de hondureños organizados en caravanas rumbo a Estados Unidos.

No es extraño que Canadá desconozca lo que pasa en Honduras al hacerse de oídos sordos, validando con su acostumbrada indiferencia la histórica injerencia estadounidense en los asuntos internos de Honduras, callando y dejando pasar las horribles violaciones a los derechos humanos. ¡Ah! por supuesto, los negocios de capital canadiense en Honduras resultan muy rentables cuando el frágil y corrupto sistema legislativo les permite negociar la promulgación de leyes a beneficio de las rapaces compañías de minería y turismo canadienses que generan desplazamientos humanos, saqueo de recursos naturales y daño ambiental.

Es verdaderamente paradójico el llamado de Canadá a través de las conclusiones propuestas por el Grupo de Lima de “pedir el restablecimiento inmediato de la democracia en Venezuela mediante la celebración de elecciones libres y justas convocadas por las autoridades legítimas.” En las elecciones presidenciales de Honduras, Canadá abiertamente avaló el fraude electoral de 2017 y reconoció al nacionalista Juan Hernández como ganador de los comicios reeligiéndose de manera ilegítima al violentar la constitución para continuar un segundo mandato. El gobierno canadiense se hizo de la vista gorda al llamado de la OEA que sugería nuevas elecciones aun cuando el resultado oficial arrojaba como ganador al candidato de la oposición Salvador Nasralla.

La postura canadiense de reconocer al opositor Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela para establecer un Gobierno de transición recuerda la polarización política del golpe de Estado en Honduras en 2009  y el papel de Canadá al apoyar el violento secuestro del presidente Manuel Zelaya trasladado en pijamas en un avión militar a Costa Rica y reconocer a Roberto Micheletti como Presidente interino de Honduras para una “transición democrática” mediante elecciones fuertemente militarizadas.

El GL además señaló en sus conclusiones que “las iniciativas de dialogo por diversos actores internacionales fueron manipuladas por el régimen de Nicolás Maduro, transformándolas en maniobras dilatorias para perpetuarse en el poder”. No obstante, en el contexto de la crisis hondureña, los diálogos transcurrieron lentamente concluyendo sin acuerdos con una oposición dividida; Juan Hernández no estuvo presente en ninguna reunión del dialogo nacional, solo sus representantes. Así mismo, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, mantuvo una posición pasiva y dilatoria frente a la crisis política hondureña.

Mientras tanto, María Dolores Agüero, canciller caradura del régimen hondureño en su papel de emisaria de Juan Hernández frente al Grupo de Lima, condena “las persistentes y serias violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad que han causado numerosos muertos, heridos y detenciones, además expresa profunda preocupación por la situación de los presos políticos y exigen su liberación inmediata.”

No es desconocido para el resto de los países del hemisferio lo que acontece en Honduras con respecto a las serias violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, la represión militar desmedida, detenciones arbitrarias, persecución política, masacres, etc. Las demandas por la liberación de los presos políticos en Honduras continúan en un limbo empantanado. El caso del preso político Edwin Espinal casado con la ciudadana canadiense Karen Spring permanece recluido en condiciones inhumanas en una cárcel de máxima seguridad a pesar de haber solicitado al gobierno canadiense mediar para su liberación inmediata. Sin embargo, el Grupo de Lima ha evidenciado que Honduras no está en la mesa de discusión.

Entre otras muestras de intromisión, Canadá y el GL “hacen un llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad al Presidente Encargado en su función constitucional de Comandante en Jefe de la misma.” Ni la OEA, ni el Grupo de Lima, ni Canadá, hicieron un llamado a las Fuerzas Armadas de Honduras para ejercer el cumplimiento de su función en defender la constitución hondureña cuando Hernández dio un zarpazo para reelegirse por la fuerza.  Tampoco hicieron un llamado a la insurrección en defensa del orden constitucional amparados en el artículo 3 que claramente dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman por la fuerza de las armas.

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Otro punto contradictorio y no menos importante mencionado en las conclusiones del GL es “su preocupación por el éxodo provocado por la crisis política, económica y social en Venezuela”. Justin Trudeau prometió un desembolso de 53 millones de dólares en ayuda humanitaria para el gobierno paralelo de Juan Guaidó en apoyo a la crisis migratoria venezolana. Pero resulta incoherente pronunciarse a favor de los miles de refugiados venezolanos, sin mencionar el éxodo masivo de hondureños que ha acaparado la atención mediática en los últimos meses provocada por los altos índices de violencia, pobreza extrema, corrupción, y desempleo. Hasta la fecha, el gobierno canadiense no ha emitido ningún pronunciamiento o preocupación por la crisis migratoria hondureña que se desplaza por territorio mexicano huyendo del régimen de Hernández, salpicado por escándalos de narcotráfico, lavado de activos y recibir sobornos del cartel de los Cachiros, además de tener conocimiento del tráfico de cocaína a gran escala por miembros de su partido político y de su mismo hermano, el narcotraficante Tony Hernández. Droga que también lograría cruzar territorio canadiense.

La inmoralidad de Hernández; no reconocerá nuevo gobierno de Nicolás Maduro por “ilegítimo”

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-A más de un año que su reelección fuera cuestionada por estar prohibida por la Constitución de la República y porque fue el resultado de un fraude electoral, el jefe de gobierno de Honduras, Juan Hernández, es uno de los firmantes de la Declaración del Grupo de Lima que ha advertido que a partir del 10 de enero no reconocerá el nuevo gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela porque es ilegítimo.

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Honduras y los 12 gobiernos restantes que firmaron el viernes anterior la Declaración del Grupo de Lima reiteran que, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial  Maduro que se iniciará el 10 de enero de 2019, porque el proceso del 20 de mayo de 2018 realizado en Venezuela, carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente.

Al firmar lo anterior, Hernández soslaya que el 27 de enero de 2018 asumió un segundo periodo en medio de una crisis, aupada por la violación a la Constitución de la República que no permite la reelección presidencial y pese a que en noviembre de 2017 las elecciones fueron rechazadas por la ciudadanía por fuertes indicios de un fraude electoral, constatado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que, en virtud que los resultados no eran creíbles, sugirió la repetición de los comicios.

Hernández al ser suscriptor de la Declaración, cuestiona a Maduro por reprimir y violentar los derechos humanos de la población que se manifiesta en contra de su gestión, pero ha dejado atrás los episodios de represión policial y militar durante la crisis poselectoral que dejaron al menos 23 víctimas mortales, según un informe de las Naciones Unidas, y otras víctimas contabilizadas que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos son al menos 38 en total. Además de las constantes represiones que son objeto poblaciones que defienden sus territorios y la explotación aviesa de los recursos naturales y en contra de los actos de corrupción  de su gobierno.

Al firmar la Declaración de Lima, Hernández se compromete a continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela”, lo que en su momento le incomodó, ya que en diciembre de 2017 impidió que una delegación de las Naciones Unidas viniera al país a constatar los muertos y las violaciones de derechos humanos de los ciudadanos que protestaban en las calles.

También reafirma su apoyo para que a Venezuela se le aplique la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, y aboga por el bloqueo económico en contra del país sudamericano.

ÉXODO

En el numeral 10 de la Declaración, Hernández y los demás Estados firmantes, reiteran su “profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicadas por el régimen de Nicolás Maduro”.

En este caso en particular, Hernández hace borrón y cuenta nueva del reciente éxodo de hondureños que partió el 13 de octubre del año con rumbo a los Estados Unidos, huyendo de la miseria y la violencia. Asimismo, las constantes amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el recorte de las ayudas financieras a Honduras porque no logra detener las caravanas de migrantes y que se reavivaron la última semana del año que acaba de finalizar porque se está formando un nuevo éxodo que se presume partirá hacia la nación del norte el 15 de enero.

El Grupo de Lima, cuyas posturas obedecen a los intereses de los Estados Unidos, se creó en 2017 a iniciativa de Perú tras varias protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, con el supuesto de encontrar una salida a la crisis social, política y económica que vive Venezuela. Está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.

Postura coherente

Hasta el momento México se ha mantenido al margen del asunto al no firmar la Declaración. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha manifestado que la razón de abstenerse a firmar es porque quiere evitar conflictos con otros países, además de que su gobierno no intervendrá en asuntos internos de otras naciones.

Los 13 países firmantes de la Declaración del Grupo de Lima establecen lo siguiente:

1-Reiteran que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019.

2-Ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela. 

3- Instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.

4- Subrayan la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de derecho en ese país.

5- Reafirman su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país.

6- Manifiestan su convicción de que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto, reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas.

7- Expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

8- Hacen un llamado a todos los países miembros de la OEA a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. 

9- Condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana.

10- Reiteran su profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro, la que sólo podrá resolverse mediante el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos. Igualmente, renuevan su compromiso, en la medida de sus posibilidades, de continuar brindando asistencia a los migrantes procedentes de Venezuela, así como de promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional en respuesta a esta crisis. En este sentido, saludan la inclusión por primera vez de la crisis de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM y ACNUR.

11- Expresan su preocupación por el impacto causado en la economía y en la seguridad de países de la región por la crisis política en Venezuela.

12- Exhortan al régimen venezolano a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales.

13: Acuerdan las siguientes medidas:

A- Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses.

B- Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.

C- Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.

D- Suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.

E- Intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de las acciones del Grupo, de la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de trabajar unidos para el restablecimiento de la democracia en dicho país.

F- En relación con la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, instar a otros países a apoyarla y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.

G- Urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en pro del restablecimiento de la democracia.

Grupo de Lima no reconocerá nuevo mandato de Nicolás Maduro

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Los ministros de Relaciones Exteriores y delegados del Grupo de Lima, formado por 14 países, instaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a no asumir su nuevo mandato, que no reconocerán por «ilegítimo».

Los Estados miembros del Grupo de Lima instaron a Maduro a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, de forma provisional, el Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.

«La declaración adoptada por el Grupo de Lima tiene un mensaje político contundente, donde el principal es el rechazo a la ilegitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano», apuntó el canciller peruano, Néstor Popolizio, quien encabezó la reunión.

La Declaración de Lima fue firmada por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, porque, según ellos, el 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro asumirá un periodo ilegal  (2019-2025) en Venezuela. México y Uruguay se deslindaron del acuerdo.

Elecciones del 20 de mayo de 2017 

En la Declaración difundida denunciaron que el proceso electoral llevado a cabo el 20 de mayo pasado en Venezuela «carece de legitimidad» porque no contó con la participación de todos los actores políticos, ni con la presencia de los observadores internacionales independientes.

Por lo tanto, aseguraron que dicho proceso electoral no contó con «las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente». Asimismo, ratificaron su «pleno respaldo y reconocimiento» a la Asamblea Nacional venezolana, que dirige la oposición y de la que dijeron fue elegida «legítimamente» el 6 de diciembre de 2015 como órgano constitucional.

Condena a la «ruptura constitucional” de Venezuela

El Grupo de Lima subrayó la importancia del «respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia», así como ratificó su «inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela».

En esa línea, apuntaron que «solo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos» se podrán atender las crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela. El grupo manifestó también que «la solución a la crisis política de Venezuela corresponde a los venezolanos», por lo que reiteraron que «apoyarán las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional».

Asimismo, anotaron que continuarán impulsando las iniciativas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), «para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela».

Paradójicamente el gobierno de Honduras es suscriptor de la posición del Grupo de Lima, pese a que en noviembre de 2017 las elecciones en este país fueron rechazadas por la ciudadanía por fuertes indicios de un fraude electoral, constatado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que en virtud que los resultados no eran creíbles, sugirió la repetición de los comicios. Juan Hernández, logró reelegirse en dichas condiciones pese a que la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial.

El Grupo de Lima, cuyas posturas obedecen a los intereses de los Estados Unidos, no emitió ninguna postura frente a la crisis poselectoral en Honduras.

(Con información de DW.com)