Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El juzgado de letras de lo Penal de Tegucigalpa ordenó este lunes el desalojo de los pobladores de la Comunidad Indígena Lenca Tierras del Padre y la captura contra cuatro de sus habitantes, que desde el lunes se encuentran en la embajada de Taiwán pidiendo asilo político.
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La resolución de la jueza número 9 del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, Gladis Alejandra Ochoa, afecta directamente a 90 familias que viven en la comunidad, que se ubica a 13 kilómetros de la capital hondureña y que mantiene un conflicto con el terrateniente y político del Partido Nacional, Mario Facussé Handal.
El terrateniente alega que las tierras, 502 manzanas en total, son de su propiedad porque cuentan con un título supletorio extendido en el año 2013. En tanto, los miembros de la comunidad lenca invocan un título ancestral, que data de 1736, registrado en la capitanía española.
“Volvió a fallar el sistema, gana la corrupción y el que tiene más dinero en la bolsa, para ese lado se hace la balanza”, dijo el mediodía del lunes el presidente del Consejo Indígena Lenca de las Tierras del Padre, Gerardo Sauceda.
La orden de desalojo quedó programada para el 10 de abril próximo.
Tanto la orden de captura como la del desalojo se determinaron en el marco de la audiencia de revisión de medidas contra diez pobladores por el delito de usurpación, a quienes ahora se les imputó el delito de rebeldía por no acudir a la audiencia celebrada hoy a las 9:00 de la mañana.
La abogada Kaira Lizeht Cárdenas, manifestó que la jueza actuó arbitrariamente ya que uno de los imputados no se presentó a la audiencia porque se encuentra hospitalizado y que dicha condición fue notificada y “hay tres de los imputados pidiendo asilo para su protección porque están siendo amenazados de muerte”.
Cárdenas apuntó que el conflicto ha dejado dos víctimas mortales quienes, de acuerdo a una denunciada presentada por sus clientes ante el Ministerio Público, fueron asesinados por sicarios contratados por Mario Facussé Handal.
Recientemente la abogada de los pobladores interpuso un recurso de amparo contra el desalojo y en las próximas horas interpondrá un recurso de apelación contra la resolución emitida este lunes.
La abogada indicó que el Código Procesal Penal establece el desalojo pero hasta que el imputado haya sido vencido en juicio, cosa que no ha ocurrido en este caso porque apenas se ha evacuado una audiencia y peor aún porque está en curso un recurso de amparo, presentado el 12 de febrero, sin que hasta la fecha se haya emitido resolución alguna.
Indicó que de acuerdo a como se ha estado manejando el caso, sus defendidos no tendrán otra alternativa que acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La orden de desalojo establece la destrucción de las viviendas y los cultivos de los pobladores para que el terrateniente tome posesión de las tierras, señaló.
La Comunidad Indígena Lenca Tierras del Padre se ubica a 13 kilómetros sobre la carretera al sur. Para Miroslava Cerpas del Centro de Promoción e Investigación de los Derechos Humanos (Ciprodeh) lo que está ocurriendo es un caso de desplazamiento interno forzado a causa de la expropiación de tierras a un pueblo indígena.
Cerpas dijo que la orden de captura emitida por los juzgados contra cuatro pobladores solo evidencia la persecución contra los defensores del medio ambiente, los pueblos indígenas y los pueblos campesinos.
Por otra parte, se pone en evidencia que al no haber una verdadera repartición de tierras ancestrales para los pueblos indígenas, cualquier gobierno puede prestarse a la corrupción.
Finalmente, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han condenado en varias ocasiones al Estado de Honduras por no cumplir el convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la propiedad ancestral y a la propiedad comunal.