Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras utilizaron la fuerza excesiva y letal en contra para reprimir a los a las personas que protestaron en el marco de la crisis post electoral, donde al menos 22 ciudadanos y un agente policial murieron de manera violenta, según un informe presentado este lunes por la Oficina del Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
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El informe fue presentado esta mañana en Tegucigalpa en un acto encabezado por la representante de la OANUDH en Honduras, María Soledad Pazo.
El texto que se resume en 35 páginas, que los miembros de los “miembros de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la policía militar, utilizaron una fuerza excesiva — incluso letal- para controlar y dispersar las protestas que estallaron tras las controvertidas elecciones presidenciales de noviembre pasado”,
En el informe se detallan las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del Presidente, el 27 de enero. En el documento se llega a la conclusión de que por lo menos 22 civiles y un agente de policía murieron durante las protestas. Al menos 16 de estas víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad. El informe documenta también las muertes de 15 personas, entre que figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas, en el periodo anterior a las elecciones.
Aunque algunos de los manifestantes realizaron actos violentos, en el informe se destaca que «el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas, indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo». En particular, esto quedó ilustrado por los casos de siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza.
«Estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales», indica el informe. Hasta el 27 de enero, según información recibida no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
Además, unas 1.351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró el 1 de diciembre. Los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción en lo referente a la detención de personas, incluso a quienes se considerasen «sospechosas de algún modo» de causar daños a bienes o personas o cometer delitos, fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación, resultando en arrestos masivos e indiscriminados, y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación.
En el informe también se destacan los `alegaciones creíbles y coherentes de malos tratos contra personas en el momento de su arresto y/o detención», allanarnientos ilegales de viviendas y un aumento de las «amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como contra activistas sociales y políticos».
Las violaciones de derechos humanos descritas en este informe se produjeron «en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009, y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social.», reza el texto de las Naciones Unidas.
El informe insta al Gobierno de Honduras a que entable un diálogo nacional participativo, sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación.
«La situación de derechos humanos en Honduras, que ya es frágil y padece de altos niveles de violencia e inseguridad, probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social del país», declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Entre sus recomendaciones, el informe pide a las autoridades que restrinjan el uso de la policía militar y las fuerzas armadas en las funciones de aplicación de la ley y que regulen el uso de la fuerza por parte de todos los organismos y cuerpos de seguridad, de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
En el informe se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones.
La representante de OACNUDH en Honduras, María Soledad Pazo, dijo que la obligación para la investigación y sanción contra los responsables, corresponde a los órganos jurisdiccionales de Honduras, quienes de acuerdo al gobierno, han integrado una fuerza de tarea, pero lamentó que hasta el momento no se le haya informado sobre los resultados de las acciones emprendidas por esta instancia.
En ese orden, reveló que todos los requerimientos de información y de reuniones que ha hecho al fiscal general, Óscar Chinchilla, no han sido contestadas. A excepción de la Dirección de Medicina Forense que desde el principio del proceso le ha facilitado información y su titular, Julissa Villanueva, se ha reunido con ella.