Por: Redacción CRITERIO
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Tgucigalpa.- El presidente de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), Dagoberto Rodríguez, aseguró que el gobierno dejó de transferir al ente la aportación estatal, pero informes oficiales prueban que se asignó partidas en el presupuesto nacional y que los dirigentes de los comunicadores se abstuvieron de requerirlos.
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“Desde el 2013 el Estado dejó de aportar al Instituto de Previsión Social del Periodista. Y este gobierno, particularmente, no ha trasladado ni un cinco al Instituto de Previsión Social del Periodista”, dijo Rodríguez en la emisora HRN.
Sin embargo, el dirigente de los periodistas, oculta que los fondos no fueron transferidos por el gobierno debido a que los presidentes de las juntas directivas que le precedieron, Juan Ramón Mairena y Eduin Romero, dejaron de gestionar los recursos ante las instancias correspondientes del Estado.
Rodríguez intervino en la emisora HRN después que esta difundió una nota periodística sobre el latrocinio de más de 500 millones de lempiras en el sistema de pensiones de los abogados y la situación que se vive en el ente de los periodistas, al negarse sus directivos a ofrecer información de sus operaciones y rechazar una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
MIENTE PRESIDENTE DE LOS PERIODISTAS
En una evidencia de que ni Mairena ni Romero procedieron a cumplir con su deber de requerir los fondos estatales, criterio.hn tiene en su poder varios documentos oficiales que constatan que los directivos del IPP, pese a que se asignó fondos en el presupuesto nacional para transferirlos en cumplimiento de la ley del ente, desde 2014 no gestionaron la entrega de los dineros estatales.
Un documento de la Secretaría de Estado de la Presidencia asegura que “durante los años 2014 al 2016 esta Secretaría de Estado, no ha realizado ningún trámite para pago a favor del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), debido a que este instituto no ha presentado solicitud alguna; para su respectivo gestión de pago”.
En el documento oficial se agrega que “en los años 2014 a 2015 no se presentó ninguna solicitud de requerimiento de fondos y actualmente en el año 2016 tampoco se ha presentado solicitud alguna”. El documento fue entregado a un periodista de Criterio.hn en el último trimestre de 2016.
Este es el documento: 
Nuevamente refiriéndose al hecho de que los directivos y la gerencia del IPP no solicitaron los fondos, en el documento se señala que: “como antecedente puede indicarse que en los años 2013 hacia atrás si se venían presentando dicha solicitud, por tanto los fondos fueron tramitados en base a ley”.
Los directivos del IPP, que también son los del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), desistieron desde 2014 de requerir los fondos estatales establecidos en la ley de creación del ente, tratando de evadir la auditoría de la CNBS, el organismo especializado en este sector financiero.
Los líderes del gremio periodístico desistieron de requerir los fondos en el marco del debate de la ley de Protección Social, que finalmente fue aprobada en el año 2015, con un artículo que obliga a los institutos de previsión que captan directa o indirectamente fondos estatales a someterse al registro de la CNBS.
La decisión de los dirigentes del IPP ha representado para los periodistas activos y jubilados, donde las pensiones en su mayoría oscilan entre 1.000 y 4.000 lempiras, una pérdida hasta el 2017 de 3.7 millones de lempiras.
Rodríguez aseguró que desde el gobierno del extinto presidente José Simón Azcona, entre 1985 y 1990, la aportación que el Estado debía hacer obligatoriamente al IPP quedó como una liberalidad.
“Es decir, quedó como una liberalidad del gobierno del Estado hacer una aportación al Instituto de Previsión Social del Periodista, y esta nunca se hizo en los términos que estaba establecido en la ley”, dijo el dirigente de los periodistas desestimando la transferencia estatal de 53.2 millones de lempiras hasta el 2013.
Dagoberto Rodríguez trató de justificar el incumplimiento de sus antecesores en la presidencia del IPP y el CPH, Juan Ramón Mairena y Eduin Romero –que desde el año 2014 no gestionaron la transferencia de los fondos públicos– diciendo que la ley que manda la entrega de los recursos fue derogada.
“Con las reformas que se hicieron a la Ley del Impuesto Sobre Ventas prácticamente esa disposición – de la ley del IPP que establece la transferencia de los fondos públicos – quedó derogada y el Estado quedó trasladando hasta el 2013, una cantidad de dinero por pura liberalidad y como apoyo a instituciones sin fines de lucro”, dijo Rodríguez.
Sin embargo, contrario a lo que afirma el presidente de los periodistas, además de los 53.2 millones de lempiras transferidos hasta el año 2013, en el presupuesto nacional se asignó en el 2014, la cantidad de un millón de lempiras; y en el 2015, 2016, 2017, la cantidad de 900.000.00 lempiras en cada uno de esos años.
Estos fondos no fueron solicitados por la junta directiva y la gerencia del IPP como lo vinieron haciendo religiosamente hasta 2013, llenando todos los requisitos, pero a partir del año 2014 se perdieron por responsabilidad de Mairena y Romero quienes no realizaron el trámite ante la Secretaría de la Presidencia.
El periodista Gustavo Palencia, que ha solicitado información sobre las finanzas y las operaciones administrativas del IPP y que le fue negada, dando lugar a que Romero fuera sancionado pecuniariamente, también urgió en una carta a Rodríguez, meses atrás, a gestionar los fondos estatales, pero nunca respondió.
Ahora Rodríguez dice que él como presidente de la junta directiva del IPP ha solicitado al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, y al ex ministro de la Presidencia, Reynaldo Sánchez, para que se cumpla con la transferencia de los fondos en el año 2017.
Pero el dirigente que asumió en enero la presidencia del CPH, dice que lo ha hecho a través de cartas y no como corresponde y como lo venía haciendo el IPP hasta el año 2013 presentando todos los documentos requeridos.
“Nosotros excitamos a esta administración a través de una carta que enviamos al presidente del Congreso Nacional, como también se hizo llegar al Ministro de la Presidencia, Reynaldo Sánchez, una nota solicitando que se estableciera en el presupuesto el traslado de ese dinero al Instituto de Previsión Social del Periodista”, dijo Rodríguez.
No obstante, en el presupuesto nacional del año 2017 existe una asignación de 900,000.00 lempiras para el IPP, por lo que si Rodríguez en realidad quiere que se le entreguen estos fondos no debe andar enviando cartas, sino que requerirlos con todos los documentos que demanda el Estado para que se cumpla la transferencia.
El presidente de la junta directiva no dijo si el IPP, en representación de los periodistas jubilados y activos perjudicados pecuniariamente por el ilegal desistimiento de sus antecesores, Mairena y Romero, actuará para deducirles responsabilidades y que resarzan por el daño que hasta el 2016 alcanza casi los 2.8 millones de lempiras, y que sumarían 3.7 millones de lempiras si él no cumple con la gestión de los 900,000.00 lempiras asignados para 2017.
Según Rodríguez, “se han hecho las gestiones, se ha pedido pero ya el gobierno no ha trasladado ese dinero al Instituto de Previsión, entonces no es que el Instituto renunció a ese dinero, esa es una farsa, es una mentira de una persona, particularmente, que ha levantado una campaña contra el Instituto de Previsión Social del Periodista”, dijo.
Rodríguez dijo que la “persona” que “ha levantado una campaña” contra el IPP es el periodista Gustavo Palencia, y se preguntó: “por qué motivo, porque esta persona está llegando a su última etapa profesional y pretende de que se le entregue una pensión o una jubilación arriba de lo que aportó”.
Palencia, de 58 años, y que trabaja como corresponsal en Honduras de una agencia internacional hace 34 años y que ha cotizado al sistema durante 28 años, dijo a criterio.hn, que lo que “olvida Rodríguez es que las pensiones de los periodistas en su mayoría son entre 1.000 y 4.000 lempiras y en pocos casos 5.000 o poco más de 6.000 lempiras, no obstante que los periodistas y sus empleadores tienen probablemente una de las más altas cotizaciones y aportaciones de los entes de previsión”.
Un periodista que cotiza sobre el salario mínimo de los periodistas paga el IPP 3.082.00 lempiras mensuales, entre 1,460.35 de la cotización del comunicador y 1,621.65 lempiras del empleador, que representan el 9 y 10 por ciento de su ingreso mensual.
El presidente de los periodistas, quien discrimina a sus propios colegas en razón de su edad y por estar próximos a la jubilación, defendió un contrato que el IPP ofreció a los afiliados activos para que se unieran a un sistema de AFP del Banco Atlántida, diciéndoles que si no la hacían corrían el peligro de que el gobierno de Juan Orlando Hernández le iba a caer a los fondos de pensiones.
Este contrato establece que los periodistas que lo firman se jubilarán únicamente con sus aportaciones personales, que son transferidas al sistema de AFP Atlántida, obviando la aportación patronal y las utilidades generadas por las inversiones, según los documentos a los que ha tenido acceso criterio,hn por parte de afiliados que fueron embaucados con este contrato.
El sistema del IPP captó de 1987 a 2013 por las cotizaciones de los afiliados 26 millones de lempiras, por las aportaciones de los empleadores 52.4, las transferencias del Estado 53.2 millones de lempiras y las utilidades 123.4 millones de lempiras.
“Si los directivos y la gerencia del IPP se salen con la suya y las pensiones no son financiadas con todos los recursos que ha captado el sistema, los afiliados vamos a seguir recibiendo pensiones de hambre”, dijo Palencia, quien preguntó: ¿a quién le quedarían las utilidades y las aportaciones patronales en un sistema que se resiste a ser auditado?