Estratégicamente el Ministerio Público estaría manejando los casos como simples homicidios y no como violaciones a los derechos humanos
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-A más de siete meses de los crimines contra los manifestantes que protestaron contra el fraude electoral en Honduras, el Ministerio Público no ha presentado ni un tan solo requerimiento fiscal contra los responsables de estos repudiables hechos que enlutaron a este país centroamericano.
“Entendemos que hasta el momento no hay requerimientos fiscales hacia nadie”, dijo a CRITERIO este lunes la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Soledad Pazo, quien a la vez manifestó que le preocupa que en el tema no haya avances.
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Un informe presentado el 12 de marzo pasado por la OACNUDH estableció que en el marco de la crisis post electoral al menos 22 ciudadanos y un agente policial murieron de manera violenta. Las muertes, según la instancia de las Naciones Unidas, fueron ocasionadas por armas de las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público), a las que acusó de haber utilizado la fuerza excesiva y letal para reprimir a los manifestantes.
Soledad Pazo manifestó que la OACNUDH ha ofrecido la asistencia técnica al Ministerio Público para poder construir los casos desde una perspectiva de los derechos humanos.
Sobre las excusas que ha esgrimido el Ministerio Público para no haber presentado los requerimientos fiscales, es que todavía los casos están en investigación y que se están haciendo las diligencias, acotó.
La funcionaria de las Naciones Unidas refirió que el Ministerio Público le ha informado que se han practicado pruebas médicas forenses y autopsias balísticas, en algunos casos.
A juicio de Pazo uno de los problemas que está atrasando el proceso, es que hay varias fiscalías involucradas en el asunto. “No necesariamente hay la coordinación que se necesitaría para entender el tema como un patrón de violación de derechos humanos”.
Recordó que una de las recomendaciones que brindó la OACNUDH era que se repensara el tema de dividir los casos por diferentes fiscalías, “porque si uno divide confunde o realmente no se entiende lo que pasó”.
Amplió que la recomendación es que los casos se entiendan como un patrón o un fenómeno y no como “diferentes casitos de homicidios”, porque se trata del uso excesivo de la fuerza.
Con lo apuntado por la máxima representante de los derechos humanos de las Naciones Unidas en Honduras, se puede colegir que la Fiscalía estaría abordando los casos como simples homicidios y no como violaciones a los derechos humanos.
El 18 de junio pasado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió al jefe de Gobierno de Honduras, Juan Hernández, que responsabilice a las fuerzas de seguridad por los abusos contra los derechos humanos durante la crisis post electoral
Consultada sobre si la estrategia en el manejo de los crimines responde a las instrucciones del fiscal general de la República, Oscar Chinchilla, María Soledad Pazo, respondió que eso es algo que no lo puede decir porque no ha hablado con él.
En marzo pasado al presentar el informe, Pazo lamentó que Chinchilla se negara a recibirla. Al parecer la situación sigue igual porque hasta el momento no ha existido ningún encuentro pese a que la funcionaria de las Naciones Unidas ha insistido en varias ocasiones para que se dé la cita.
“Hemos insistido, yo desearía que realmente pudiéramos avanzar. Ahora que se continuará la labor de él (Oscar Chinchilla) al frente de la Fiscalía, nuestro deseo es que pudiéramos trabajar de manera constructiva”, expresó.
Chinchilla fue reelecto en el cargo el pasado 29 de junio mediante un viciado proceso. La elección se dio luego de un arreglo entre el bipartidismo, integrado por el oficialista Partido Nacional y el Partido Liberal. Fue reelecto pese a no haber participado en el proceso de selección que condujo la Junta Proponente, violentando así el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público.
Un día después de la elección, la OACNUDH emitió un comunicado en el cual señaló que durante el proceso de elección de las autoridades del Ministerio Público se observó la ausencia de la normativa constitucional y del principio de legalidad, lo que podría debilitar la institucionalidad hondureña.