Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), acusó a 16 personas, entre ex funcionarios de gobierno y ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), por el fraudulento otorgamiento de permisos de operación y contratos para impulsar la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, que desembocó en el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.
En la acusación presentada el lunes ante el juzgado de letras del Circuito Anticorrupción, se involucra al ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano y al viceministro de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Darío Roberto Cardona Valle, que se desempeñaron en esos cargos durante el gobierno del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa.
En la trama revelada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), se vincula también al ex gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo Mejía, quien era funcionario de la ENEE, cuando se otorgó el contrato de compra de energía del proyecto Agua Zarca, y que se incorporó a la estatal eléctrica en 2007, cuando también se desempeñaba como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Defensa.
También involucra a la ex presidenta del Sindicato de trabajadores de la ENEE (STENEE), Carolina Castillo Argueta, quien trabajó junto a Castillo Mejía, cuando se impulsó la aprobación y firma de contratos entre DESA y la estatal eléctrica de suministro de potencia energética, según un documento de la MACCIH.
El requerimiento se extiende contra el asesor técnico de la ENEE y posteriormente gerente de la empresa DESA, Roberto David Castillo Mejía, que desarrolló el proyecto de construcción de Agua Zarca. También contra la ex dirigente sindical de la ENEE.
Castillo Mejía, es imputado también penalmente como autor intelectual en el crimen de Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016 por el que fueron condenadas 7 personas, entre ellas un ejecutivo de DESA, un oficial del ejército activo, uno retirado, ex empleados de la empresa y al menos dos sicarios.
A los 16 involucrados en el requerimiento se les acusa bajo cargos de «presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos públicos en perjuicio del Estado», según un documento divulgado en una conferencia de prensa.
La asesinada dirigente de la etnia Lenca, Berta Cáceres, presentó casi medio centenar de denuncias sobre el irregular otorgamiento de permisos de operación en la SERNA y contratos de suministro de energía a la ENEE, en una lucha contra la construcción de la represa Agua Zarca, en aguas del río Gualcarque en el departamento de Intibucá y Santa Bárbara.
«El fraude se evidencia con una serie de trámites administrativos irregulares para favorecer el proyecto que desarrollaría la empresa DESA, con la participación de varios funcionarios de diferentes instituciones públicas, quienes agilizaron trámite del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de manera irregular, con evidente concertación entre los ahora imputados», aseguró la funcionaria de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón.
Aseguró que Castillo Mejía, se desempeñaba como asistente técnico del gerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, y al mismo tiempo «ejercía el dominio funcional de la empresa DESA», lo que le permitió asistir en calidad de invitado a las sesiones de junta directiva de la estatal, en las que se discutió el contrato de suministro de energía con DESA, que permitió impulsar la construcción de Agua Zarca.
Agregó que, tras la firma del contrato, Castillo Mejía, formalizó su vinculación con DESA, y se convirtió en presidente del Consejo de Administración y accionista de la empresa, a través de una compañía asentada en Panamá, denominada Potencia de Energía Mesoamérica S.A. (PEMSA).
Los directivos y socios de esta empresa son Castillo Mejía y la ex presidenta del sindicato de la ENEE, Carolina Lizeth Castillo Argueta, quien firmó el contrato con la estatal eléctrica en representación de DESA.
La investigación revelada por MACCIH asegura que Castillo Mejía durante el tiempo que ejerció como funcionario de la ENEE, «ocultó la vinculación que tenía con la empresa DESA», dijo Calderón.
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Sin embargo, sostuvo que «la colusión de Roberto David Castillo Mejía con funcionarios de la ENEE para favorecer a DESA, se evidencia en las anomalías administrativas que se dieron en la aprobación y asignación del contrato de suministro de energía a DESA».
El contrato de suministro de energía con DESA, fue firmado por el ex gerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, aunque esta empresa no estaba inscrita en el registro de proveedores y contratistas del Estado, violando la ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
«Se asignó dicho contrato a una empresa de reciente creación, que no tenía las capacidades, la experiencia y el capital para desarrollar un proyecto de tal envergadura», aseguró Calderón