Por: Redacción CRITERIO
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Gracias a Dios y a la buena administración del IPP podemos sobrevivir sin ese dinero: Eduin Romero.
Tegucigalpa.- El presidente del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), Edwin Natividad Romero, finalmente confesó que no quiere recaudar los fondos de la aportación estatal al ente, aunque niega que tal decisión tiene como propósito evitar la auditoria de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El dirigente gremial habló a reporteros el jueves después de que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitió una resolución que le ordenó al IPP entregar la información solicitada desde hace siete meses por el afiliado Gustavo Palencia sobre las operaciones administrativas y financieras del ente, en permanente opacidad.
Romero, tratando de justificar la decisión de la junta directiva del IPP de no requerir la aportación del Estado, dijo que «hoy en día si nosotros nos pusiéramos a reclamar esa cantidad el Estado tendría que darnos miles de millones de lempiras», obviando que, en realidad, la cantidad más alta recibida ha sido de unos 3.2 millones de lempiras anuales.
El Estado en cumplimiento de la Ley del IPP transfirió desde 1987 y hasta 2013 un monto de 53.2 millones de lempiras en aportaciones anuales que fortalecen el sistema, pero los directivos del instituto desistieron a partir de 2014 de requerir esa contribución que ha alcanzado un promedio anual de 2.3 millones de lempiras.
La junta directiva del IPP, presidida en el 2014 por Juan Ramón Mairena, con Eduin Romero como Fiscal, desistió de requerir las transferencias del Estado anticipándose a la vigencia de nueva normativa — la Ley Marco de Protección Social– que los obliga a someterse a la fiscalización de la CNBS.
IPP no necesita fondos del Estado
La respuesta demagógica de Romero es que «cuando la ley no parece tan correcta hay que sobreponer la justicia, en este caso nosotros no creemos que debemos entablar una demanda al Estado por miles de millones de lempiras para un pequeño gremio versus el interés nacional», falseando la información porque nadie en el gremio ha reclamado ni pedido que se demande al Estado.
Romero en su retórica se dio el lujo de asegurar que el IPP no necesita las transferencias del Estado, aunque las reservas del sistema apenas alcanzan 145 millones de lempiras y una buena parte de los periodistas jubilados reciben una pensión que oscila entre 2.800 y 4.000 lempiras mensuales.
Desestimó las importantes aportaciones del Estado que han fortalecido el sistema de previsión de los periodistas, describiéndolas como «pequeñas cantidades», pero que en 28 años sumaron 53.2 millones de lempiras y sirvieron para pagar el seguro de vida, seguro hospitalario, el auxilio funerario y más de la mitad de fondos que se destinó al pago de jubilaciones en ese período.
Evidenciando la situación del IPP la junta directiva se niega además a entregar a los afiliados que se retiran por la pérdida de empleo u otros problemas sus aportaciones personales, que si son entregadas en los otros sistemas de previsión social que operan en el país.
La ley del IPP establece que el Estado transferirá al ente el 5 por ciento de la facturación de la publicidad comercial en medios radiales escritos y televisivos, desde su aplicación en 1987, pero se acordó entonces entre el gobierno y periodistas cantidades que oscilaron entre 1 millón y tres millones de lempiras.
Romero aseguró que «nosotros como Instituto gracias a Dios y a la buena administración podemos sobrevivir sin ese dinero que da el Estado. Que ese dinero el Estado lo dedique a las obras sociales y a los proyectos sociales».
En reacción a las declaraciones del presidente del IPP, el periodista Palencia dijo que “Romero se quitó la máscara al aceptar que desistieron de requerir los fondos del Estado, pues esa decisión solo tiene el objetivo de evitar que se auditen las finanzas del instituto”.
Palencia sostuvo que “si las finanzas del IPP son tan sanas y han sido manejadas pulcramente cuál es la razón para que los directivos encabezados por Romero se nieguen tan tenazmente a someterse a una auditoría externa”.
“Si las cuentas están claras que el mismo Romero acuda a la CNBS y solicite que se auditen las operaciones del IPP. Si no lo hace demostrará que lo único que quiere rechazando los fondos del Estado, es ocultar situaciones y decisiones que no corresponden a un manejo transparente de las finanzas”, agregó Palencia.
La Junta Directiva del IPP violenta la ley de creación de ese ente al desistir de requerir la aportación del Estado desde 2014, pese a las limitaciones financieras reflejadas en las raquíticas pensiones de muchos de los jubilados.
Romero aseguró que desistir de requerir los fondos estatales «no significa que nosotros no queremos que nos supervise nadie», aunque tampoco está dispuesto a que el IPP se someta a la auditoría de la CNBS, pues asegura que «tenemos órganos de supervisión, quien más que los periodistas supervisando a los periodistas».
Las finanzas del IPP nunca han sido auditadas por los organismos contralores del Estado, pues los directivos gremiales se amparan en una interpretación de la ley del instituto que literalmente dice: “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”.