Tomado de: InSightCrime
Un diputado de Honduras ha señalado a una reconocida ONG hondureña por la decisión de congresistas estadounidenses de solicitar que se le abra una investigación por sus presuntos vínculos con narcotraficantes, una muestra de cómo las élites suelen recurrir a tácticas de distracción y descrédito cuando se ven en problemas legales.
En una entrevista celebrada el 2 de agosto con el canal televisivo de noticias TN5, Óscar Nájera, veterano diputado del departamento de Colón, reaccionó a la petición del congreso de Estados Unidos con una crítica a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), grupo de la sociedad civil hondureña que ha trabajado con InSight Crime y actúa como capítulo local de Transparencia Internacional.
Nájera, perteneciente al gobernante Partido Nacional, acusó a los líderes de la ASJ de incitar la decisión del congreso estadounidense. El diputado negó cualquier delito y se refirió al grupo como “verdaderos sinvergüenzas”.
La andanada la motivó una carta con fecha del 2 de agosto, firmada por varios congresistas de Estados Unidos, quienes solicitaron al presidente Donald Trump estudiar sanciones a seis personas acusadas de participar en corrupción en Centroamérica, entre ellas Nájera.
La carta citaba evidencia que indica que Nájera mantuvo una relación de corrupción con el grupo criminal los Cachiros, organización desmantelada casi por completo, cuyo bastión era Colón y que fue en algún tiempo un actor importante en el narcotráfico internacional.
La ASJ respondió el 6 de agosto al ataque retórico de Nájera mediante un comunicado en el que condenaba sus comentarios.
“Las acciones del diputado Nájera promueven el odio y la animosidad por parte de quienes, como él, están acusados de haber cometido actos por fuera de la ley o tienen procesos abiertos ante organismos judiciales en Honduras y en el exterior”, escribió la organización.
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Análisis de InSight Crime
La respuesta de Nájera a la medida del congreso estadounidense se ajusta a un patrón generalizado de las élites acusadas de corrupción, que tratan de enredar las cosas poniendo en entredicho la reputación de otros.
InSight Crime lo ha vivido en carne propia. Enrique Rais, empresario salvadoreño cuyo nombre apareció en esa reciente carta del congreso, demandó legalmente sin éxito a Héctor Silva Ávalos, investigador sénior de InSight Crime, por difamación luego de que Silva publicara algunos artículos sobre la presunta participación de Rais en actividades delictivas.
Las élites también han adoptado ese tipo de contraofensiva en línea, usando “ejércitos de trolls” para propagar mensajes dirigidos a desacreditar el trabajo de quienes luchan contra la corrupción y sembrar dudas sobre la veracidad de las denuncias en su contra.