Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. –Al menos 50 familias campesinas fueron desalojadas de un predio de 800 manzanas de tierra, ubicadas en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.
El desalojo se produjo el pasado martes en el kilómetro 95 de la carretera que conduce al departamento de Olancho contra la Empresa Asociativa Campesina Hombres y Mujeres de Fe, que tomó posesión de las tierras hace más de 15 años y que en la actualidad las tiene cultivadas con plátano, caña de azúcar, árboles frutales y frijoles.
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Nelson Leonel García, uno de los afectados denunció que el grupo campesino tomó posesión de las tierras al ver que las mismas habían sido dejadas en abandono por parte de Ramón Witt, un ciudadano o de origen salvadoreño que regresó a su país en 1969 durante la guerra entre Honduras y El Salvador.
El campesino apuntó que ahora las tierras son disputadas por el señor Maximiliano Rivera, quien alega ser el propietario y como respaldo cuenta con una escritura, cuyo origen es dudoso para los campesinos porque la alcaldía no ha respaldado su procedencia e incluso mantiene en reserva la documentación, sin hacer constar quién es el dueño.
Añadió que antes de tomar posesión, el grupo campesino indagó en el Registro Catastral de la Alcaldía Municipal de Guaimaca y encontró que las tierras estaban en abandono. Sin embargo, dichos documentos ya no existen en la municipalidad, señaló el líder comunitario.
Ante la falta de información y dudas sobre la pertenencia de las tierras, los campesinos han solicitado una reunión de cabildo abierto a la alcaldía, pero hasta el momento no se les ha dado respuesta.
EL DESALOJO
García narró que el desalojo se produjo el martes de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y que fue realizado por un juez ejecutor de Talanga, Francisco Morazán y un fiscal de la zona, sin previo aviso y sin mostrar la respectiva orden.
En virtud de la premura tampoco hubo participación de organizaciones de derechos humanos. “Tuvieron que habernos mandado una orden con antelación para nosotros hacernos presentes con nuestros abogados para ver si podíamos apelar”, dijo García.
El campesino contó que los policías les destruyeron las casas, construidas, en su mayoría, de nailon (material sintético) madera y láminas de zinc.
Los campesinos, que han sido acusado ante los tribunales de justicia por los supuestos delitos de usurpación de tierras y tala de bosque, se mantienen en los predios esperando la resolución del juzgado.
Nelson García alegó que los campesinos no han talado el bosque, e incluso, aseveró que han reforestado la zona donde existe una fuente de agua. Asimismo, que el señor Maximiliano García ha mandado a talar los árboles, por lo que en el año 2018 lo denunciaron ante las autoridades de medio ambiente.
García apuntó que el conflicto está generando problemas de migración y especialmente de desplazamiento, pues los campesinos están huyendo porque temen ser asesinados.