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Estudiantes de la UNAH denuncian maestros acosadores

- Redaccion

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cansadas de los catedráticos acosadores decidieron denunciarlos de manera pública.

En un mural ubicado de manera visible las universitarias van colocando cada nombre de cada catedrático acosador porque ya no aguantan tanta propuesta indecente y a pesar que se han hecho los señalamientos respectivos las autoridades universitarias no toman cartas en el asunto, señalaron varias jóvenes que se negaron a dar sus nombres.

Loas jovencitas manifestaron que con estas acciones esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y que de repente el Ministerio Público pueda interesarse y actuar de oficio porque el acoso sexual es un delito tipificado en nuestras leyes.

En Honduras 9 de cada 10 mujeres son víctimas de acoso sexual, señaló recientemente Rachel Ramírez del Foro de Mujeres por la Vida.

¿Qué es el acoso sexual?

El acoso sexual puede definirse como insinuaciones sexuales, solicitud de favores sexuales u otros contactos verbales o físicos de naturaleza sexual no deseados ni queridos que crean un ambiente hostil u ofensivo. También puede ser visto como una forma de violencia contra las mujeres (y los hombres, que también pueden ser objeto de acoso sexual) y como tratamiento discriminatorio. Una parte clave de la definición es la palabra «no deseado».

El acoso sexual puede adoptar una variedad de formas. Incluye tanto la violencia física como las formas más sutiles de violencia, como la coacción – forzar a alguien a hacer algo que no quiere. Puede presentarse como acoso a largo plazo – repetidos «chistes» sexuales, invitaciones constantes (no deseadas) para acudir a una cita, o flirteo no deseado de naturaleza sexual. Y puede ser un incidente aislado – tocar o acariciar a alguien de manera inapropiada, o incluso el abuso sexual o la violación.

¿Qué puede ser catalogado como acoso sexual?

Existen diferentes definiciones legales de acoso sexual en diferentes países y jurisdicciones, pero las formas más comunes de acoso sexual incluyen:

  • Contar chistes sexuales o sucios
  • Mostrar o distribuir dibujos o fotos sexualmente explícitos
  • Cartas, notas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, o material de naturaleza sexual
  • «»Clasificar»» a la gente en razón a sus atributos físicos
  • Comentarios sexuales sobre la ropa de una persona, su anatomía, o miradas
  • Silbar
  • Sonidos o gestos sexualmente sugestivos como ruidos de succión, guiños, o movimientos pélvicos
  • Amenazas y sobornos directos o indirectos para una actividad sexual no deseada
  • Pidiendo repetidamente a una persona una cita, o tener relaciones sexuales
  • Insultos, tales como perra, puta o zorra
  • Mirar de una manera ofensiva (mirar a los pechos de una mujer, o las nalgas de un hombre)
  • Preguntas no deseadas sobre la vida sexual personal
  • Tocamientos, abrazos, besos, caricias o roces no deseados
  • El acoso a una persona
  • Tocarse a sí mismo sexualmente para que otros lo vean
  • El asalto sexual
  • Abuso
  • Violación.

Pobladores de Siria denuncian apertura de proyecto de energía geotermica

- Redacción

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Comité Regional Ambientalista del Valle de Siria, denunció este martes en conferencia de prensa la apertura de un nuevo proyecto geotérmico el cual han denominado “12 Tribus SA de CV”, abarcando los municipios de Cedros, El Porvenir y San Ignacio.

Los pobladores denunciaron que este proyecto traerá graves impactos ambientales en toda la población que aún no se recupera de los impactos generados por el proyecto minero de la empresa Entremares.

Entre sus exigencias está que el Estado de Honduras evite extender licencia o permiso de operación al proyecto geotérmico que se pretende instalar en el Valle de Siria.

Que se respete la voluntad de las comunidades  impactadas, a la no instalación del proyecto geotérmico, ya que si fuese caso contrario se estaría generando una crisis social en el Valle de Siria por su imposición.

Además exigen a instituciones nacionales e internacionales que investiguen en los entes del estado responsables de haber dado un permiso al proceso de concesión y construcción del proyecto geotérmico en el Valle de Siria. Comunicado

El Comité Regional Ambientalista del Valle de Siria comunica a la opinión pública nacional e internacional que, estamos a las puertas de la instalación de un segundo proyecto de muerte denominado 12 Tribus SA de CV,  quien es una empresa del grupo internacional ORMAT, según estudio de evaluación de impacto ambiental (EsIA) del proyecto geotérmico que está ubicado en el Valle de Siria en donde estaría abarcando los municipios de Cedros, El Porvenir y San Ignacio.

Por lo tanto comunicamos lo siguiente

  1. Que se pretende construir un proyecto geotérmico en la zona del Valle de Siria, el cual traería graves impactos ambientales para toda la población que aún no ha  superado la crisis ambiental generada por la explotación minera realizada por la “Empresa Entremares”, que nos dejó daños irreversibles a la salud humana.
  2. Las comunidades de mayor impacto están en resistencia por la pérdida de los mantos acuíferos donde la mayor parte de las comunidades se abastecen de agua de pozo perforado y fuentes naturales, las cuales serán fuertemente contaminadas
  3. Debido a la experiencia asumida por el Comité Regional Ambientalista de Valle de Siria a través de los años de lucha se ha comprobado que estas empresas transnacionales vienen a burlarse de las comunidades, aduciendo que traen desarrollo y el verdadero desarrollo es para ellos y no a las comunidades. 
  4. Solicitamos a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que estén alertas y solidarios ante lo que está sucediendo en el Valle de Siria con la criminalización y amenazas a miembros del comité y líderes comunitarios.

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Por lo tanto exigimos

Que el Estado de Honduras evite extender licencia o permiso de operación al proyecto geotérmico que se pretende instalar en el Valle de Siria, ya que no hemos podido superar las consecuencias e impactos  de contaminación, enfermedades y muerte provocados por los trabajos mineros realizados por la “Empresa Minerales Entremares” subsidiaria de Gold corporation de Canadá.

Que se respete la voluntad de las comunidades  impactadas, a la no instalación del proyecto geotérmico, ya que si fuese caso contrario se estaría generando una crisis social en el Valle de Siria por su imposición.

Responsabilizamos al Estado de Honduras y a la empresa que pretende desarrollar el proyecto geotérmico, por amenazas directas e indirectas, persecución y criminalización  a miembros del Comité Regional Ambientalista de Valle de Siria y líderes comunitarios.

Exigimos a instituciones nacionales e internacionales que investiguen en los entes del estado responsables de haber dado un permiso al proceso de concesión y construcción del proyecto geotérmico en el Valle de Siria.

Dado en el Valle de Siria a los 15 días del mes de mayo de 2018

LUCHAMOS POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS BIENES COMUNES COLECTIVOS

Activistas denuncian en España vulneraciones de derechos humanos en Honduras

- Redacción

Tomado de jesuitas.lat

Los días 13 y 14 de marzo estuvieron en Madrid, España,  los activistas hondureños Consuelo Soto, defensora del medioambiente y lideresa indígena Tolupán, y Pedro Landa, investigador y defensor de derechos humanos y miembro de ERIC-Radio Progreso.

Su visita tuvo lugar en el marco de la intensa labor de incidencia política y con medios de comunicación realizada por la ONG de los Jesuitas ALBOAN y Entreculturas Alegría España-Fe y respecto de la crisis política y social que atraviesa Honduras a raíz de las elecciones celebradas el pasado 26 de noviembre de 2017.

ALBOAN y Entreculturas organizaron varios encuentros con representantes técnicos y  políticos para  denunciar, con información de primera mano, las graves vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo en Honduras y recabar apoyos de las instituciones y de la sociedad española.

Pedro Landa relató a los congresistas y senadores de la crisis democrática que se lleva gestando en Honduras desde el golpe de estado de 2009 y que culminó con la reelección del presidente Juan Orlando Hernández tras los comicios celebrados en diciembre del pasado año. Además, denunció los excesos policiales y otras gravísimas vulneraciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante las manifestaciones pacíficas del periodo post-electoral. Para ello, se refirió al reciente informe emitido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras el pasado 12 de marzo que documenta, al menos, 22 muertes de civiles durante el periodo post-electoral, de las cuales 16 fueron muertes violentas causadas por disparos de las fuerzas de seguridad.

Consuelo Soto denunció a las empresas extractivas en Honduras que ejecutan sus proyectos sin el consentimiento de las comunidades locales, causando graves daños a su población y al medioambiente.

También relató su dura experiencia personal como defensora de la tierra en Honduras: “Creo que todos los seres humanos debemos ser respetados. Mataron a mi esposo y todo sigue en impunidad. Después, yo tuve que salir huyendo para proteger mi vida, pero sigo defendiendo mi naturaleza. Mi gente está luchando y yo haré lo mismo”.

Asimismo, tuvieron la ocasión de reunir con representantes de la Oficina de Derechos Humanos y de la Dirección de Cooperación de América Latina y el Caribe de la AECID del Ministerio de Asuntos Exteriores.  Consuelo Soto y Pedro Landa finalizaron su visita con una conferencia interna dirigida al personal y al voluntariado de Entreculturas y diversas entrevistas con medios de comunicación.

Esta visita forma parte de acciones que organizaciones jesuitas e ignacianas de todo el mundo, como por ejemplo la Conferencia de Provinciales de América Latina, la Conferencia de Canadá y Estados Unidos, Fe y Alegría, la Red Xavier y la Ignatian Solidarity Network, entre otras, están llevando a cabo en solidaridad con el pueblo de Honduras.

Mujeres de Centroamérica se unen ante la CIDH para denunciar la situación en la región

- Redacción

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Organizaciones de mujeres de Centroamérica denunciaron ante la CIDH la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en la región. En una audiencia pública presentaron datos en torno a la educación integral en sexualidad, violencia sexual y embarazos en niñas y en adolescentes, maternidad forzada, mortalidad materna, acceso a métodos de anticoncepción de emergencia, penalización del aborto y el acceso en general a la salud sexual y reproductiva.

También señalaron la problemática detrás de los embarazos forzados que, pese a ser casos denunciados, los responsables no son debidamente investigados, juzgados ni sancionados. Esta falta de respuesta estatal hace que se naturalicen las violaciones sexuales contra las mujeres, niñas y adolescentes, quienes además de cargar con el peso de la impunidad de su agresor y de sufrir psicológicamente, en una gran mayoría de casos, son obligadas a continuar con embarazos no deseados, atentando contra el derecho a desarrollar su proyecto de vida.

Así, en Honduras el primer semestre de 2017 se registraron 1.249 víctimas de violencia sexual de las cuales, el 60.63% son niñas entre 10 y 19 años de edad y el 22.2% son menores de 10 años. En El Salvador se registraron 1.376 niñas violadas sexualmente en 2017. En Nicaragua, en 2015, se reportaron 1.600 niñas embarazadas producto de una violación y 2.616 violaciones sexuales de los cuales se reportaron 409 casos contra niñas entre 7 y 12 años de edad y 230 casos de violaciones contra menores de 6 años.

 
Centroamérica es la región del mundo con mayores restricciones para la acceder a un aborto legal y seguro. Esta realidad se agrava en Nicaragua, El Salvador y Honduras, donde el aborto no es permitido bajo ninguna circunstancia, es penalizado incluso cuando se trata de salvar la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. Además, El Salvador ha encarcelado a más de 17 mujeres debido a complicaciones obstétricas. Esta situación afecta de manera de manera directa a las mujeres que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad.  

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Todo esto ha de ir enmarcado en la situación que se vive en la región en el que grupos políticos, sociales y religiosos de corte conservador se han unido en contra de los derechos sexuales y reproductivos y en contra de todo avance para la protección de los derechos de las mujeres y de las personas LBGTI. Grupos que atacan lo que ellos llaman ideología de género buscando tergiversar el concepto de género, y con ello perpetuar el patriarcado y las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, así como bloquear todos los derechos obtenidos a través de luchas a lo largo de los años. El apoyo estatal que reciben estos grupos se ven también reflejados en la pasividad ante los ataques que reciben las defensoras de los derechos de las mujeres, dejándolas vulnerables ante esta corriente conservadora y lo que la comisionada brasileña Flávia Piovesan llamó «cultura de la violencia contra la mujer».  

Tanto la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonovic, como las comisionadas y el comisionado expresaron su preocupación por el impacto que tiene en la vida de las niñas y mujeres la penalización del aborto y mostraron su disposición para unir esfuerzos y apoyar a los Estados en la garantía plena de los derechos de las mujeres. «Podemos con esto. Juntas podemos pararlo», dijo la Relatora Especial de la ONU. «Somos fuertes y juntas podemos». 

Sociedad civil denuncia ante la CIDH la situación de violencia en Honduras

- Redacción

Por: redacción CRITERIO

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Bogotá. En el marco del 167º Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Coalición contra la Impunidad de Honduras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunciaron esta mañana la situación de violencia que vive Honduras tras las últimas elecciones el 26 de noviembre del 2017.

Juan  Hernández, apuntó la Coalición  grupo formado por 58 organizaciones hondureñas , aumentó la concentración de poder en su persona para así controlar instituciones clave del país. Como consecuencia de esto, la Sala Constitucional dejó sin aplicar la norma pétrea que prohibía la reelección de presidente en el país, permitiendo de esta manera que Juan Orlando pudiera volver a presentarse y salir elegido presidente de nuevo. Así ocurrió, a pesar de que «no existían condiciones adecuadas para garantizar el derecho a elegir y ser electo», como apuntó uno de los miembros de la Coalición.

También ante la presencia del Estado, la parte peticionaria denunció el estado de represión y militarización ejercido contra la población hondureña durante los pasados meses, con duras respuestas contra los manifestantes a los que se reprime con gases lacrimógenos y químicos, uso de instrumentos militares no autorizados, detenciones arbitrarias, uso de armas de fuego, etc. Además, el Gobierno ha implementado otras prácticas para identificar y sancionar a personas opositoras. De esta manera se realizan allanamientos domiciliarios, registros indebidos, se usa el derecho penal de manera indebida para criminalizar la protesta social, se ha aumentado la presencia militar y policial en las zonas donde hay más opositores y están ocurriendo ejecuciones selectivas de personas que han participado en acciones de protesta. 
 
Por último, y para ilustrar a los comisionados y comisionadas de la CIDH las consecuencias de esta situación en Honduras, se han presentado las cifras de la violencia, documentadas por las organizaciones: 192 manifestaciones reprimidas y alrededor de 1.257 detenciones; 1 persona detenida desaparecida, 38 muertes de personas en el marco del conflicto; 76 personas víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes; 393 personas heridas y lesionadas en las manifestaciones, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud, 105 personas desplazadas por persecución política; 15 periodistas agredidos; 89 personas criminalizadas, 24 de ellas están en prisión preventiva y las consideramos personas prisioneras políticas; así como 73 personas defensoras víctimas de amenazas y otras acciones. También se ha podido escuchar el testimonio de un familiar de una víctima mortal, asesinada durante una manifestación. 

La Coalición y CEJIL pidieron al Estado de Honduras, entre otras cosas, que se comprometa al cese del uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones y de la persecución selectiva de líderes y lideresas sociales. Por su parte, los representantes del Estado invitaron al comisionado Joel Hernández García, nuevo relator de la CIDH para Honduras, a que viajara al país este mes de abril. También el Estado se comprometió a analizar la inclusión de la sociedad civil en una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio Público, para investigar las violaciones de derechos humanos denunciadas.   

Esta tarde a las 3pm (hora de Colombia), en el Salón Emprendedores del Hotel Tequendame en Bogotá, se dará una rueda de prensa para profundizar sobre la situación de violencia postelectoral en Honduras, con la presencia de representantes de algunas de las organizaciones de derechos humanos más representativas de Honduras.

 

Los jesuitas denuncian amenazas contra el padre «Melo»

- Redacción

Por. David Agren, Catholic News Service  

La Compañía de Jesús ha denunciado las amenazas contra un franco jesuita hondureño que ha destacado las acusaciones de irregularidades generalizadas en las recientes elecciones presidenciales del país centroamericano.

 La Conferencia de Provinciales de América Latina y el Caribe dijo el 30 de diciembre que las hostilidades en las redes sociales contra el padre, Ismael Moreno Coto, mejor conocido como «Padre Melo», «recuerda las amenazas de muerte que circulaban en El Salvador antes del asesinato del padre jesuita Rutilio Grande», un jesuita salvadoreño asesinado en 1977.

Los jesuitas también defendieron a otros ocho activistas regionales que están siendo amenazados. «Todas las acusaciones son mentiras destinadas a contrarrestar la organización de base y la resistencia pacífica y democrática que los acusados, junto con el pueblo de Honduras, están llevando a cabo en un momento en que Juan Orlando Hernández no respetó el voto popular», dijo la declaración, refiriéndose al presidente en ejercicio y vencedor electoral oficial.

«Este es un intento de crear terror en las personas como una estrategia para desmovilizarlas», dijo la declaración, firmada por el padre, Roberto Jaramillo, presidente de la conferencia. «Consideramos a Juan Orlando Hernández y sus aliados responsables de la seguridad y el bienestar físico y moral de las nueve personas acusadas falsamente».

Las elecciones hondureñas del 26 de noviembre devolvieron a Hernández al poder, pero solo después de un largo proceso de conteo de votos empañado por retrasos inexplicables y dificultades técnicas improbables. El titular también superó una gran ventaja del candidato de la oposición Salvador Nasralla, quien obtuvo la mayoría de los votos antes de una larga suspensión del conteo por parte del tribunal electoral del país.

El gobierno de los EE. UU., que ha colaborado estrechamente con la administración de Hernández en cuestiones de inmigración y seguridad, reconoció la victoria el 22 de diciembre, a pesar de las irregularidades observadas por los observadores electorales y los llamamientos a nuevas elecciones.

Hernández ha pedido diálogo, pero la oposición lo ha rechazado, incluido Moreno, fundador de Radio Progreso. Al menos 31 personas han muerto en protestas desde las elecciones, según los observadores, que alegan represión policial. Una torre de transmisión de Radio Progreso fue derrocada en diciembre en un acto que Moreno denominó «sabotaje». «Recibo acusaciones que ponen en riesgo mi vida», tuiteó el 29 de diciembre.

«Este es el diálogo abierto del que habla el presidente y está respaldado por la Embajada de los EE. UU.» Moreno siempre ha sido franco en sus críticas a Hernández y la clase empresarial del país, ambos acusados ​​de corrupción, aprovechando indebidamente concesiones y privatizaciones y no deteniendo los asesinatos de activistas sociales y ambientales.

La Conferencia episcopal hondureña,  dijo en una declaración el 21 de diciembre, que el tribunal electoral «no ha superado la falta de certeza sobre los resultados electorales», pero pidió calma y que los hondureños luchen por «un gran pacto social a través del diálogo».

Nota relacionada La ciudadanía se ha estructurado en contra de la dictadura: Padre Melo (vídeo)

Los llamados al diálogo han caído en saco roto anteriormente, incluso después del golpe de 2009, cuando la oposición acusó al presidente recién instalado de utilizar la perspectiva de hablar como un medio para ganar tiempo.

El golpe de 2009 se produjo después de que los opositores acusaron al entonces presidente Manuel Zelaya de preparar ilegalmente un intento de reelección; Honduras solo había permitido un mandato de cuatro años. Sin embargo, Hernández, que apoyó el golpe, convenció a la Corte Suprema de permitir su propio intento de reelección, algo que los observadores dicen que ha envenenado las perspectivas de diálogo.

«No se puede decir que el gobierno ha sido terrible en todo», dijo el p. German Calix, director de Caritas Honduras. «Lo que la gente no toleró es que la ley fue violada, por lo que (Hernández) podría postularse nuevamente como candidato. (Ellos) sienten que la ley se ha burlado y se puede seguir burlando».

Honduras: Denuncian campaña de odio del gobierno contra líderes de la oposición

- Redaccion

Lanzan libelos con nombres de varias personas, las que son acusadas de ser responsables de los saqueos, muertes, heridos y todo acto de violencia en el marco de la crisis post electoral

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Líderes de la oposición política y social de Honduras que abanderan una lucha contra los resultados electorales, han denunciado en las últimas horas que están siendo objeto de una campaña de odio por parte del gobierno.

“Estoy recibiendo acusaciones que hacen peligrar mi vida. Este es el diálogo abierto del que habla el Presidente y respaldado por la Embajada de los EEUU? Este es el diálogo que avalan medios corporativos, algunas iglesias y sectores de la llamada «sociedad civil oficialista?”, publicó en las redes sociales el sacerdote jesuita, Ismael Moreno, más conocido como padre Melo.

El sacerdote, quien es además director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión y Comunicación (Eric), hizo la publicación tras conocer que aparece en una lista publicada en un libelo que se está tirando en las calles del departamento de Yoro.

El libelo acusa al padre Melo y a otros líderes políticos y sociales, que se oponen al régimen de Juan Hernández, de ser miembros de “el eje del mal de la Perla del Úlua»

Igual situación se ha originado en otros departamentos del país. En las últimas horas han salido otros libelos en Atlántida y Choluteca, donde se acusa a otros hombres y mujeres que se han identificado en la actual lucha que libra Honduras en contra los dudosos resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según informes de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Quienes aparecen en las listas acusan al gobierno de ser intolerante a las críticas y a las manifestaciones y de estar detrás de una campaña de odio y estigmatización.

Como resultado de las crisis post electoral, originada tras las elecciones del 26 de noviembre, organismos defensores de los derechos humanos reportan la muerte de más de 30 personas en el marco de las protestas antifraude. La mayoría de los casos han sido atribuidos a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y Policía Nacional.

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A raíz de las denuncias, el secretario general de la OEA, Luis Almagro pidió al gobierno que le permitiera el envío de un delegado para que constate in situ la situación de los derechos humanos en Honduras. Sin embargo la administración Hernández se negó, argumentando que el organismo continental estaba invadiendo el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) que días atrás había hecho la misma solicitud. Hasta el momento no se conoce la respuesta del gobierno hondureño.

Estos son los libelos que se han lanzado a las calles en varias zonas de Honduras:

Esta lista pertenece a líderes del departamento de Yoro.
Este libelo corresponde a la oposición de San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida.
Honduras
Este es el grupo de líderes opositores del departamento de Choluteca. En el listado han incluido a los periodistas, Ariel D’Vicente y Jairo López.

 

Jueces españoles denuncian el “golpe de Estado” perpetrado en Honduras

- Redacción

Consideran probado el “fraude electoral” y denuncian la “violenta represión” contra los actos de protesta social.

Tomado de: nuevatribuna.es

La situación extrema que vive Honduras solo se puede solucionar devolviendo la decisión a los ciudadanos para fortalecer su confianza en el Estado de Derecho, manifiesta JpD

Jueces para la Democracia afirma que en Honduras se ha consumado “un nuevo golpe de Estado al intentar legitimar un resultado producto del fraude institucional y la manipulación informática en el recuento de los votos”, tras la proclamación como presidente de Juan Orlando Hernández.

Tras las elecciones del pasado 26 de noviembre, el órgano electoral ha decidido proclamar al candidato nacionalista pese a las protestas sociales y a las denuncias internacionales, entre las que se cuenta un durísimo informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se dio a conocer el 5 de diciembre y en el que constataba “irregularidades” en la celebración de las elecciones presidenciales.

En un comunicado, la asociación de jueces progresistas considera necesario la repetición de elecciones, “en el marco del más estricto respeto al Estado de Derecho y con las garantías de un Tribunal Electoral que goce de capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía”, al tiempo que recuerda que el presidente proclamado tenía una prohibición constitucional para repetir como candidato.

“El apagón del sistema informático del recuento de votos, escrutadas casi el 60% de las papeletas, cuando el candidato opositor (Salvador Nasralla, en la imagen) mantenía una ventaja de cinco puntos sobre el oficialista y su reanudación posterior dando ya una ventaja inversa de un punto, provocó la indignación de una ciudadanía acostumbrada al ejercicio despótico del poder, por unas autoridades que se identifican en el golpe de Estado de junio de 2009*”, señala JpD.

Y es que el proceso de recuento de papeletas “estuvo plagado de irregularidades y deficiencias”, entre las que destacan las “intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático”, la “eliminación deliberada de rastros digitales, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto de los niveles de participación dentro del mismo departamento y papeletas de voto de reciente impresión”, según el informe de la OEA.

Los jueces también denuncian “la represión desproporcionada y violenta contra los actos de protesta social” que se siguen produciendo en el país y que ha causado la muerte de al menos dieciocho personas.

“El proceso fraudulento del recuento de votos ha vuelto a sumergir a Honduras en una situación de violencia extrema y ha provocado una nueva ruptura de la ya débil institucionalidad hondureña”, advierten.

Comité de la OEA en Honduras

JpD también manifiesta su apoyo y solidaridad con las “víctimas de la impunidad” y con “los jueces y juezas que no pueden ejercer su función de control de forma independiente” y avisan de que “la situación de impunidad en la que vive el país supone un peligro para los derechos humanos más elementales.

En este sentido, recuerdan que en Honduras se han asesinado 65 periodistas en los últimos siete años; “se asesina impunemente a dirigentes sociales”, entre ellos la conocida dirigente medioambientalista,  Berta Cáceres  y se dejan de investigar casos de desapariciones forzadas: “Un Estado que destituye a los jueces comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho y que no ejecuta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a su reincorporación y que sufre unos niveles de violencia insoportables”, concluyen.

Campesinos del Bajo Aguán denuncian falta de voluntad política para resolver conflicto agrario 

- Redacción

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Ante la falta de voluntad política por parte del gobierno de Juan Hernández el movimiento campesino y empresas aglutinadas en la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan denuncian ante el pueblo Hondureño, organizaciones del movimiento social en Honduras, organizaciones defensoras de derechos humanos nacional e internacionalmente, ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: 

  1. La Plataforma Agraria ha venido proponiendo  por más de tres años la instalación de Una Mesa de Dialogo al más Alto nivel por parte del Gobierno para discutir la agenda de cada una de las Empresas y Movimientos campesinos del Bajo Aguan. El 27 de Octubre de 2017 el gobierno de Honduras convoco a la Plataforma Agraria para la instalación de la Mesa de diálogo, esta no se llevó a cabo, y en tres ocasiones ha sido pospuesto y a la fecha no se ha concretado nada, lo que demuestra la inoperancia y la falta de voluntad política del Gobierno de Honduras para solucionar un conflicto que ha cobrado la vida de más de 150 compañeros/as asesinadas y cientos de campesinos criminalizados.
  2. A partir del 27 de agosto del presente año se han ejecutado 14 desalojos violentos en el Bajo Aguan, han partido comandos policiales, militares y guardias de seguridad, como resultado hay 4 personas asesinadas, un herido, 85 personas criminalizadas en su mayoría mujeres y jóvenes que han sido fuertemente gaseados, torturados, golpeados y perseguidos  por la Policía Nacional, Policía Rural y miembros del ejército de Honduras.
  3. Denunciamos que Corporación Dinant (familia Facusse), Inversiones Ceibeña (Reinaldo Canales) y Oleopalma (René Morales), entre otros, cuentan con el respaldo y apoyo del Estado de Honduras como supuestos dueños de las Fincas Paso Aguan y el Tumbador donde permanecen, unidades policiales y militares de 40 elementos permanentes al servicio de los intereses latifundistas. Sin embargo, el director del INA en acta del 22 de julio de 2015 expresa que son tierras que siguen siendo del estado y por tanto, para fines de reforma agraria. 
  4. Las tierras que explota Corporación Dinant en la Finca el Tumbador que son alrededor de 750 hectáreas, corresponden a 45 empresas campesinas del MCA, que están dentro del título de propiedad de 5,700.24 hectáreas inscrito en el instituto de la propiedad que fueron adjudicadas al Movimiento Campesino del Aguan (MCA) a partir del año 2000.
  5. Denunciamos que existe el 99 por ciento de impunidad en los asesinatos, violaciones a los derechos humanos cometidos grupos paramilitares que operan en el Bajo Aguan, la policía , elementos del ejército Hondureño y guardias de seguridad de las corporaciones terrateniente. Los entes encargados de impartir justicia en Honduras como  la Fiscalía del Ministerio Publico y los jueces  se prestan para favorecer a los empresarios de la zona inventando requerimientos fiscales falsas, ordenes de captura, encarcelando  y criminalización a niños, jóvenes,  mujeres y ancianos que buscan recuperar las tierras que fueron asignadas para procesos de Reforma Agraria pero que estas siendo  explotadas por las Corporaciones Terratenientes a través de un proceso amañado de corrupción, ilegalidad  y confabulación por parte del Estado de Honduras desde el año 1992.
  6. Condenamos la inoperancia de los órganos de seguridad e investigación quienes  no trabajan la seguridad de la población de manera preventiva. Este día, ha sido encontrado muerto en el lote número 12 de la finca Paso Aguan, en el área controlada por Corporación Dinant, el niño Leodan Mancía de la comunidad de Rigores, antes fue encontrado muerto un caballo en que el niño se transportaba el día de ayer 14 de noviembre. Responsabilizamos al estado de Honduras por este  crimen atroz. 

 7.-Hacemos un llamado a organizaciones defensas de Derechos Humanos nacional e internacionalmente a estar pendientes de cualquier atropello y violaciones contra las organizaciones campesinas en proceso de lucha por la tierra en el bajo aguan. 

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa a los 15 días del Mes de Noviembre, 2017

Liberales denuncian que turba nacionalista intentó agredir a Luis Zelaya

- Redaccion

Acusan los candidatos a diputados, David Chávez y Lizzy Cano de dirigir el ataque

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Las  autoridades del Partido Liberal de Honduras denunciaron que activistas del Partido Nacional, dirigidos por un diputado y una funcionaria del Estado, intentaron agredir este lunes al presidenciable, Luis Zelaya.

La denuncia fue elevada esta mañana en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, donde la dirigencia dio lectura a un comunicado, en el que refiere que el lamentable incidente se produjo en las afueras de Canal 11 donde Zelaya participó en un foro televisivo.

Los liberales precisaron que a las afueras del medio de comunicación llegó una turba violenta de nacionalistas armados con palos y piedras, liderados  por el diputado, David Chávez y la gobernadora de Francisco Morazán, Lizzy Cano.

Luis Zelaya

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El Partido Liberal manifiesta en el comunicado que los activistas y los dos candidatos a diputados del Partido Nacional intentaron agredir al presidenciable porque éste había exigido al gobierno durante el foro, que esclarezca la vinculación de algunos miembros del partido de la estrella solitaria, con el narcotráfico, según una publicación del periódico estadounidense The New York Times.

Los liberales responsabilizaron al presidente Juan Hernández por la seguridad e integridad física de Luis Zelaya, su familia y sus principales colaboradores.

“Hoy responsabilizado a Juan Orlando Hernández y al partido de gobierno por cualquier cosa que pueda sucederme a mí o mí familia”, expresó Luis Zelaya, quien al mismo tiempo sugirió a los nacionalistas que si se quieren enojar con alguien que lo hagan con la jueza que ha llevado el caso de “Los Cachiros” o que denuncien o demanden, por calumnias, The New Times.