Demandas democráticas y escuadrones de la muerte (4)

Presidente Hernández

Por: Oscar Miguel Marroquín

La estrategia de los escuadrones de la muerte de asesinar estudiantes pone en evidencia que quienes hoy por hoy controlan las instituciones del Estado, han optado más por el miedo y el terror, más que por tratar de buscar maneras de entendimiento civilizado para dar respuesta a las diversas demandas planteadas por el sector estudiantil.

Además, hay evidencia de sobra de como los medios de comunicación corporativos u oligárquicos, mantienen un afán por desplegar en sus páginas mucha información en detalle de la forma como en que son asesinados los estudiantes, no cabe duda de que, hay montada toda una estrategia por introducir mensajes psicológicos de miedo o terror en los estudiantes.

Ya anteriormente lo dije, con el miedo o terror se pretende desmovilizar a los estudiantes y hacer que estos desistan de sus demandas.

El asesinato de los estudiantes Gerson Meza y Mario Suárez pone en evidencia la existencia real de escuadrones de la muerte en Honduras.

Las características del operativo montado para el secuestro y posterior asesinato de estos estudiantes, deja poco lugar a la duda de que en Honduras existen estructuras paramilitares o escuadrones de la muerte al servicio del poder político y económico que tienen como finalidad desmontar las demandas democráticas de los diferentes sectores de la sociedad.

Los estudiantes han planteado públicamente sus demandas al “gobierno”, demandas que naturalmente han sido rechazadas y a cambio los jóvenes han recibido todo tipo de improperios por algunos personeros de la televisión corporativa que están básicamente al servicio de las estructuras gubernamentales.

En palabras más populares, la prensa corporativa y otros medios de comunicación tarifados, hacen el trabajo ideológico para sembrar en el imaginario colectivo el supuesto descontento por las acciones estudiantiles, sobre todo las acciones de calle, llegando a la desfachatez de acusar a este sector de la sociedad de ser partícipes de la crisis política y económica que vive el país.

Intencionalmente se esconde las verdaderas causas que generan la protesta estudiantil, para dar paso a la criminalización.

Es evidente que hay una estrategia muy bien planificada por tergiversar lo que son las demandas democráticas de la sociedad; los estudiantes exigen rebaja de la tarifa del servicio de transporte público, rebaja al precio de los combustibles, un bono escolar y en algunos casos la reparación de centros educativos.

Pero ante estas demandas, los estudiantes no solo han sido brutalmente criminalizados por los medios de comunicación corporativos que venden sus servicios a quienes detentan el poder político, también están siendo secuestrados y asesinados por estructuras organizadas y financiadas desde la clandestinidad.

Demandas democráticas y escuadrones de la muerte (3)

Presidente Hernández

Por: Oscar Miguel Marroquín

Me parece que sería un craso error si dejo pasar por alto el papel que juegan los medios de comunicación corporativos en relación con el tema de las demandas democráticas y los escuadrones de la muerte.

No hay que olvidar que estos medios de comunicación juegan un papel estratégico al servicio del poder económico y político, en palabras más sencillas, estos medios son los encargados de movilizar o esconder toda aquella información que el gobierno desea que se conozca o no.

Por ejemplo, la autocensura está íntimamente relacionada a intereses propiamente económicos, políticos e ideológicos, es decir, el silencio esconde información que pueda dañar la imagen de quien en ese momento gobierna, pero lo que es peor aún, esconden información intencionalmente con el ánimo de mantener desinformada a la sociedad.

Sin embargo, no siempre la prensa corporativa oculta información estratégica, en ocasiones recibe luz verde no solamente para informar de casos bastante relevantes para la sociedad, también recibe luz verde para que dicha información tenga un impacto psicológico capaz de someter a los individuos a una situación de miedo o de terror y por consecuencia a la desmovilización individual y colectiva.

El miedo es un instrumento y los gobiernos lo saben.

Hans Morgenthau nos dice acerca del miedo lo siguiente “el poder político es una relación psicológica entre los que lo ejercen y aquellos sobre los cuales se ejerce. Da a los primeros el control sobre ciertos actos de los últimos, mediante la influencia que el primero ejerce sobre las mentes de los últimos. Esa influencia puede ser ejercida a través de órdenes, amenazas, persuasión o una mezcla de todas ellas”

Mejor definición no hay.

Es por esa razón que en ciertos casos y según convenga al gobernante y sus aliados, la noticia puede ser expandida hasta el último rincón del país, si la misma tiene como finalidad enviar un mensaje de miedo o terror, principalmente a quienes se atreven al intento por canalizar políticamente sus demandas.

En definitiva, los medios de comunicación oligárquicos no son simples reproductores de noticias, no existe objetividad alguna tal como pretenden hacerlo creer, existe si una intención aviesa que permita mantener intactas las estructuras de poder tanto políticas como económicas.

En siguiente articulo haré un intento por demostrar, la forma en que actualmente el que dice ser presidente de Honduras está haciendo uso del miedo o terror como instrumento desmovilizador de la sociedad.

Demandas democráticas y escuadrones de la muerte (2)

Presidente Hernández

Por: Oscar Miguel Marroquín

El asesinato de Berta Cáceres se da en el contexto de la defensa a recursos naturales como el agua y bosques en Honduras; pasados algunos años vemos como el sistema de justicia no da señales claras que permitan pensar que esta vez los autores intelectuales no gozaran de impunidad, esto a pesar de los ingentes llamados hechos por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y otras para el esclarecimiento de este asesinato.

Pero de todos es conocido que existen otros crímenes contra ambientalistas, antes y después del cometido contra Berta Cáceres, la dinámica en cuanto a impunidad ha sido exactamente la misma, esto hace pensar que el gobierno y algunos inversionistas extranjeros o nacionales mantienen una estrecha vinculación para que estos casos no sean investigados.

La eliminación física de todas estas personas no son acciones aisladas, tienen estrecha relación y por lo tanto bien cabe intuir que detrás de estos crímenes, existen personas organizadas que manejan logística material y económica para la ejecución de estos crímenes.

Global Witness una de las principales organizaciones internacionales defensoras de los recursos naturales dio cuenta para el año 2017 que al menos 120 ecologistas han sido asesinados en Honduras, según esta organización “altos cargos políticos y élites empresariales” hondureños están ligados a una violenta represión”.

El caso de los asesinatos de todos estos ambientalistas, dejan ver a la luz del día dos cosas quienes gobiernan no están dispuestos a aceptar demandas de los ambientalistas para buscar posibles soluciones, en segundo lugar, es claro que existe sistemáticamente toda una organización con miras a eliminar casi por completo a quienes se atrevan a defender los recursos naturales.

Hasta aquí quizá sea prudente preguntarse ¿Existen escuadrones de la muerte en Honduras?

La respuesta creo sin lugar a equivocarme, que salta a la luz por si sola, pues nadie en su sano juicio podría creer que 120 casos de ambientalistas asesinados sean hechos aislados, sobre todo cuando de todos estos casos no existe evidencia alguna que el Ministerio Publico y el gobierno mismo tengan ni siquiera mínimamente voluntad de investigar principalmente a los actores intelectuales.

Como lo señale en la primera publicación de este artículo, las demandas de los ambientalistas muy pronto terminaran en convertirse en demandas de toda la sociedad dado que la falta de agua principalmente ya ha comenzado a causar problemas en todo el territorio nacional, por lo que tarde o temprano nuevos gobernantes tendrán en sus manos un problema nacional, por cierto, bastante difícil de resolver.

Hasta aquí bien podemos afirmar que las demandas hechas por los ambientalistas solamente han recibido como respuesta muerte y persecución, los 120 ambientalistas asesinados son nuestro sólido argumento para afirmar que en Honduras existen escuadrones de la muerte. 

Demandas democráticas y escuadrones de la muerte (1)

Presidente Hernández

Por: Oscar Miguel Marroquín

Antes de iniciar con esta serie de artículos sobre los escuadrones de la muerte y las demandas democráticas, me gustaría hacer una muy breve acotación sobre la finalidad de la creación de estos grupos armados y financiados de manera clandestina principalmente por el gobierno y con el respaldo muchas veces de banqueros y empresarios que comulgan con la ideología de la ultraderecha.

Generalmente los denominados escuadrones de la muerte o grupos paramilitares son organizados como un escudo de contención ante las diversas demandas de la sociedad; el principal objetivo es desmovilizar la protesta social mediante la intimidación, el secuestro, desaparecimiento o asesinato de líderes de sindicales, asociaciones campesinas, estudiantiles, medioambientalistas y magisteriales.

Muchas de estas demandas democráticas nacen por el incumplimiento de la oferta política que hacen los políticos previamente a la ascensión al poder y otras son el producto del actual modelo económico neoliberal, como es el caso de las privatizaciones de los diversos activos del Estado que terminan por trastocar abusivamente servicios básicos para la sociedad como la educación, salud, energía eléctrica y agua potable entre otros.

El politólogo argentino Ernesto Laclau define esto de la demanda democrática de la siguiente manera: “Cuando un grupo de individuos se reúnen en torno a un problema concreto y específico que afecta sus vidas y generar a partir de esto un reclamo que intentarán articular en forma de demanda al poder político. Este tipo de demanda particular es lo que se podría llamar demanda democrática, porque responde a un pedido particular que se agota en sí misma”.

Vistas las cosas a la luz de la definición de Ernesto Laclau tendríamos que suponer que las demandas democráticas son impulsadas por la sociedad ante gobiernos democráticos, en ese contexto seria casi un imposible pensar en respuestas extremas como la creación de escuadrones de la muerte e incremento de la fuerza policial y hasta del ejercito por parte de los gobernantes a manera de cerrar toda vía de entendimiento democrático y civilizado.

La aparición de escuadrones de la muerte, el incremento de la fuerza policial y hasta del ejercito es obviamente un mensaje en sentido negativo para toda la sociedad y principalmente para aquellos sectores que buscan mediante el entendimiento con los gobernantes que sus demandas sean resueltas favorablemente.

Es lógico pensar que ante un contexto del uso de la fuerza bruta por parte del gobierno contra quienes buscan solución a sus problemas, el aparecimiento de la convulsión social no se hace esperar; en poco tiempo la sociedad pasa a incorporar demandas como el respeto a la integridad física y de la vida, cabe aclarar que las demandas primigenias no desaparecen sino más bien se tornan con el tiempo en verdaderos problemas que pasan de ser de un sector social a una demanda de la sociedad en su conjunto.

Conozca las peticiones y demandas que las Centrales Obreras presentarían este 1 de mayo

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – Las centrales obreras exigieron este día la derogación del empleo por hora, aprobar la Ley de Consulta Previa y la derogación del tasón de seguridad entre otras demandas que no pudieron ser presentadas porque los militares y policías deshicieron la manifestación al atacar con gases lacrimógenos, tanquetas y toletazos.  

Entre otras demandas los trabajadores exigieron en forma conjunta la cancelación de los contratos a COVi y Coalianza, la destitución de las comisiones interventoras que se han puesto para opacar los procesos administrativos en las instituciones del Estado, una elección limpia del Fiscal General del Estado y cárcel para los violadores de la Constitución que promovieron y permitieron la reelección de Juan Hernández.

Honduras

MANIFIESTO DEL PRIMERO DE MAYO DE LAS CENTRALES OBRERAS Y EL  FNRP  2018 QUE NO PUDO SER LEIDO POR LAS CENTRALES ESTE DÍA POR LA REPRESIÓN POLICIAL Y MILITAR 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

A partir del golpe de Estado de 2009, las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras y trabajadores se han agravado; y, las perspectivas serán peores si no nos organizamos, unificamos y movilizamos frente a todos los actos represivos del régimen.

Lo que estamos viviendo como país y como pueblo es una tragedia y los capitalistas: banqueros, medios de comunicación, grandes comerciantes, industriales, terratenientes, etc., la aprovechan para hacer negocios, aumentar sus ganancias y explotar más al pueblo. Cambian en oportunidades las tragedias del pueblo para convertirlas en ganancias, privatizan los servicios públicos y los bienes comunes. Para garantizar lo anterior militarizan la sociedad, reprimen, matan, encarcelan al pueblo y dan golpes de Estado utilizando procesos electorales fraudulentos con la venia de los imperios europeos y de los Estados Unidos.

ÉSTA TRAGEDIA SE MANIFIESTA EN:

  1. La imposición de la Ley de Empleo por Hora para precarizar el trabajo.
  2. La venta de los bienes del pueblo a capitalistas como: Puertos, carreteras, hospitales, centros de salud, educación, comunicaciones, tierras, agua, bosques, entre otros, utilizando instrumentos de corrupción como COALIANZA. 
  3. El asalto, precarización e impunidad ante el saqueado de la salud pública y el IHSS para privatizarla por medio de leyes inconstitucionales y el Decreto PCM10-2018 convirtiéndola en mercancía para negocio de los bancos y mercaderes de la salud a costas del dolor y sufrimiento del pueblo hondureño. 
  4. El atentado permanente de parte de empresarios y el Gobierno al Derecho de Libre Sindicalización y Contratación Colectiva, violentando Convenios Internacionales fundamentales ratificados por el Estado hondureño. 
  5. La represión permanente a las manifestaciones populares provocando muertes, desplazamientos forzados, exilio, encarcelamiento y desaparición de los que se manifiestan en contra del régimen. 
  6. El robo que el gobierno le ha hecho a los trabajadores de la educación, saqueando el INPREMA atentando, contra la estabilidad laboral y atacando sus organizaciones representativas y dirigentes. 
  7. El total abandono de la reforma agraria, la falta de una política que conlleve a lograr justicia para los pequeños y medianos productores y trabajadores del campo, como mecanismo para lograr la soberanía alimentaria.
  8. La violación de los convenios colectivos, despidos masivos y destrucción de organizaciones sindicales en el sector público y el incumplimiento de los ajustes salariales contenidos en la contratación colectiva a 17 organizaciones sindicales, desde hace 6 años. 
  9. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios por congelamiento y devaluación, lo mismo que por la inflación de los precios de los bienes y servicios.
  10. Incumplimiento del convenio 169 de la OIT, relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales, persecución encarcelamiento y asesinato de sus líderes e imposición de la cultura dominante irrespetando su cosmovisión.

DEMANDAMOS: 

  1. La derogación de la Ley de Empleo por Hora, la Ley de Modernización del Sector Agrícola, la Ley Marco del Sistema de Protección Social.
  2. La aprobación del Código Procesal Laboral, la reglamentación del Articulo 7 del Código de Trabajo, la ratificación del Convenio 189 de la OIT, relativa al Trabajo Doméstico, la aprobación de la Ley de Trabajadores del Sector Informal, la homologación de la Ley de Servicio Civil al Código de Trabajo para el pago de cesantía.
  3. La cancelación del contrato de concesión otorgado a COVI y todo contrato de concesión de bienes públicos otorgado por la corrupta COALIANZA. 
  4. La derogación del Decreto PCM 10-2018 que privatiza los servicios del IHSS. 
  5. La protección de las organizaciones sindicales, el respecto a la   libre sindicalización, contratación colectiva y derecho a huelga. 
  6. La desmilitarización de la seguridad ciudadana, la liberación de los presos políticos, el esclarecimiento de los asesinatos y castigo para los culpables. 
  7. Garantizar el respeto al Estatuto del Docente, la estabilidad laboral y la devolución del INPREMA al magisterio. 
  8. Garantizar una reforma agraria integral mediante una nueva ley que permita el acceso a la tierra, créditos, asistencia técnica y mercados a los pequeños, medianos productores y trabajadores del campo.
  9. La ratificación del Convenio 151 de la OIT, relativo al trabajo en la Administración Pública; ajustes salariales a los trabajadores públicos; y, el cumplimiento de los ajustes salariales contenidos en la contratación colectiva a 17 organizaciones sindicales, desde hace 6 años. 
  10. Detener la devaluación del lempira y abstenerse de continuar firmando cartas de intenciones con el FMI, por ser lesivas a la soberanía nacional y al pueblo.
  11. Aprobar la ley de consulta previa e informada, con carácter vinculante, consensuada con los pueblos indígenas y tribales, que respete su cosmovisión. 
  12. Exigimos la derogación del “Tasón de Seguridad”, la “Ley de Secretos” y la “Ley de Escuchas” 
  13. Cárcel para los traidores a la patria que violaron la Constitución promoviendo la reelección.
  14. Elección trasparente del Fiscal General que responda a los intereses del pueblo, que persiga a los corruptos y termine con la impunidad. 
  15. La destitución de las comisiones interventoras que se han puesto para opacar los procesos administrativos en las instituciones del Estado.

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A 132 años del sacrificio de los mártires de Chicago y a los 64 años de la Huelga del 54, acontecimiento que cambio el destino económico social y político de Honduras colocándola en el siglo XX, venimos a rendir homenaje a aquellos y aquellas que protagonizaron tan glorioso acontecimiento y a proclamar nuestro convencimiento de la necesidad urgente por alcanzar mayores niveles de unidad, organización y movilización, para continuar la lucha, recuperar las conquistas perdidas y para lograr los cambios estructurales que nuestro país necesita. Viva la huelga de 1954. 

CTH                               CGT                                  CUTH                                FNRP

Conozca las demandas de los estudiantes nicaragüenses al gobierno de Daniel Ortega

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Un grupo de estudiantes que lidera la manifestación nacional contra el Gobierno de Nicaragua anunció hoy sus deseos de paz, pero sin el presidente Daniel Ortega ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. «Queremos paz, sí, con un cambio sí, fuera Daniel Ortega, fuera Rosario Murillo», manifestó a los periodistas un alumno de la Universidad Nacional Politécnica de Nicaragua (Upoli), quien pidió no ser identificado.

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Estas son las demandas de los estudiantes nicaragüenses:

Los auto-convocados estamos en las calles reclamando por esto y si encuentran en estos temas violencia, mediocridad, vandalismo y manipulación de los partidos políticos, creo que necesitan despertar:

  1. Revisión de las reformas al INSS.
  2. Hacer reformas al gasto público.

3.Procesos de revisión y consulta de decisiones de Gobierno y de propuestas de Leyes.

  1. Descentralización de los Poderes e Instituciones del Estado, incluido el Ejército y la Policía.
  2. Observación electoral por parte de organismos nacionales e internacionales.
  3. Revisar las reformas a la Ley 40, Ley de municipios para garantizar la autonomía municipal y la no partidización.
  4. Revisar las reformas a la Ley 779, Ley Contra la Violencia hacia la Mujer para evitar la impunidad y revisar los contenidos del reglamento.
  5. Revisar y/o reformar la ley orgánica de la Contraloría General de la República para que sea de ineludible cumplimento la declaración de probidad todos los funcionarios públicos, desde el más alto nivel hasta los cargos menores.
  6. Libertad de expresión.
  7. No monopolización de los medios de comunicación.
  8. Instalación de modelos de manejo forestal comunitario para las áreas protegidas.
  9. Garantizar la vigencia y el cumplimiento de la Ley 445,
  10. Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los Ríos, Bocay, Coco, Indio y Maíz.
  11. Derogar la Ley 840 o Ley del Canal para que pueda formularse desde un proceso de consulta nacional, garantizando el consentimiento previo, libre e informado.
  12. Detener el proceso de consulta de la “Ley Mordaza” para controlar, a través de la penalización, las informaciones en las redes sociales.
  13. Abrir procesos legales en contra de todos los funcionarios corruptos que hoy siguen viviendo en impunidad.
  14. Revisar las reformas a la Ley 331, Ley Electoral.
  15. Tomar acciones legales y judiciales con respecto a la situación de Roberto Rivas Reyes, quien ya no funge como presidente del Consejo Supremo Electoral, pero sigue recibiendo su mega salario y beneficios como funcionario.
  16. Propuestas concretas de generación de empleos y de reducción de sector informal y el subempleo, sin cifras maquilladas como las del 96% de tasa de empleo.
  17. Información sobre todo el dinero que se recibió de Venezuela bajo la figura del ALBA.

Con condena de la PGR contra Mel Zelaya se abre una lluvia de demandas contra funcionarios y exfuncionarios

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La Procuraduría General de la República (PGR), que dirige Abrahán Alvarenga, demandó ayer al expresidente, José Manuel Zelaya Rosales, a pagar cinco millones de lempiras, por haber despedido en el 2008 al entonces presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), Gabriela Núñez.

Abraham Alvarenga, procurador general de la república
Abraham Alvarenga, procurador general de la república

Con esta condena se podría abrir una lluvia de demandas contra expresidentes, funcionarios y exfuncionarios que han despedido ilegalmente a miles de hondureños o que han dejado de cumplir contratos,  que al final  el Estado ha tenido que pagar esas indemnizaciones.

Esta  acción crearía costumbre o jurisprudencia y el pueblo espera que sea la puerta que abra las demandas contra los exfuncioanrios, apoderados legales, jueces y magistrados que han tenido que ver en las «amañadas» demandas contra el estado que pierde mas del 60% de ellas.

Solo en el actual gobierno se registran más de 20 mil despidos masivos en Honduras,  según el secretario ejecutivo de la CUTH,  Joel Almendrares.

Los presidentes han cambiado varios funcionarios,  no solo en el Banco Central, sino en todos los ministerios que conforman el poder Ejecutivo porque es potestad del mandatario de turno nombrar y despedir a sus más cercanos colaboradores.

El artículo 245 de la Constitución de la República reza que el Presidente tiene la administración general del Estado y el numeral 5 dice que entre sus atribuciones está “Nombrar y separar libremente a los secretarios y subsecretarios de Estado y a los demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento no esté atribuido a otras autoridades”.

Gabriela Núñez, presentó su demanda el 10 de enero del 2008, argumentando que ella fue separada de su cargo cuando aún le faltaban dos años para cumplir su período de cuatro años, al frente del BCH.

En su momento Núñez consideró que su despido fue injusto, por lo que acudió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde en agosto del 2013, este tribunal ordenó al Estado de Honduras el reintegro de Núñez y cumplir con el pago de los salarios caídos.

Ahora, la PGR desempolvó el expediente, donde existe la figura de “repetición”, con la cual estarían obligando al expresidente Zelaya Rosales, a enterar lo que el Estado pagó por ese juicio, pues se comprobó que el despido es injusto y en este caso, la ley dice que el patrón tiene que cargar con las prestaciones y no el Estado.

Gabriela Núñez ganó demanda al Estado que ahora quieren obligar a Manuel Zelaya a pagarla.
Gabriela Núñez ganó demanda al Estado que ahora quieren obligar al expresidente, Manuel Zelaya,  a pagarla.

Gabriela Núñez, que ahora es precandidata a la presidencia,  fue nombrada en el BCH mediante acuerdo 153 del 27 de enero del 2006, devengando un salario de 145 mil lempiras mensuales, más un bono anual, por lo cual la demanda fue promovida por 6,407,000 de lempiras, incluyendo los derechos sociales, correspondientes al contrato colectivo.

Análisis de Criterio.hn

Si la potestad de nombrar los secretarios y subsecretarios de Estado y otros funcionarios como el presidente del Banco Central, corresponde al Presidente de la República  ¿Por qué el juzgado de lo contencioso administrativo falló a favor de Gabriela Núñez? ¿Será que se abre aquí la posibilidad de revisar ese fallo porque lo actuado en ese entonces por el presidente Manuel Zelaya era legal y además constitucional?

La institucionalidad actuó en contra de Manuel Zelaya durante su gobierno y citamos el caso del despido del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez,  quien fue separado de su cargo y en una intromisión del Poder Judicial sobre las atribuciones del presidente, resolvieron que debería volver a su cargo aun y cuando la Carta Magna reza en el artículo 245 numeral 16 que es una de las atribuciones del  presidente: “Ejercer el mando en jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General y adoptar las medidas necesarias para la defensa dela República”.

Ha sido y es costumbre que los empleados que son despedidos de las instituciones del Estado han demandado al Estado y le han ganado cantidades millonarias en pago de salarios caídos y otros derechos,  además que la mayoría han retornado a sus puestos.

La pregunta que todo hondureño debe hacerse es: ¿Condenará la Procuraduría General de la República a todos los expresidentes, funcionarios y exfuncionarios que por sus malas actuaciones el Estado ha tenido que erogar millonarias cantidades de recursos?

En mayo del 2014, el procurador general de la República, Abraham Alvarenga, informaba que las demandas contra el Estado, sumaban más de dos mil 500 y que en caso que los fallos no favorecieran al Estado, como usualmente ocurre, las mismas representaban unos seis mil millones de lempiras.

De 2014 a la fecha se han despedido más de 20 empleados públicos por lo que esas demandas podrían superar las 22 mil y los millones a pagar alcanzarían cifras superiores a los 50 mil millones de lempiras.

Por las actuaciones ilegales del expresidente defacto, Honduras ha tenido que pagar miles de millones. ¿Cuando será enjuiciado por ello?
Por las actuaciones ilegales del expresidente defacto, Honduras ha tenido que pagar miles de millones. ¿Cuando será enjuiciado por ello?

Durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti hubo una gran cantidad de despidos ilegales por lo que es en ese gobierno donde más demandas contra el estado hay, dijo Ethel Deras en el año 2014 cuando fungía como Procuradora.

La pregunta que salta inmediatamente es: ¿Por qué no se ha condenado al propio Micheletti o a sus funcionarios por estos actos ilegales donde el Estado ha tendido que erogar miles de millones?

Algunos casos

En diciembre de 2012, la compañía TRADECO ganó una demanda al Estado por 430 millones de lempiras en un juicio promovido contra SOPTRAVI y la procuraduría no procedió contra el titular de esa secretaría.

Esta misma compañía tiene otra demanda por 900 millones de lempiras contra el Instituto de la Propiedad y el caso sigue en los tribunales de lo contencioso administrativo.

En mayo del presente año unos 385 expolicias ganaron una demanda contra el Estado por haber sido despedidos de la secretaría de Seguridad por el entonces secretario Gautama Fonseca, aun no se ha establecido el monto a pagar.

Cesar Ham, exdirector del INA
Cesar Ham, exdirector del INA

El Instituto Nacional Agrario (INA) perdió 60 demandas que superaron los 400 millones de lempiras. Estas demandas fueron entabladas por propietarios de tierras que les fueron expropiadas mediante el decreto 18-2008.

Este decreto fue aprobado en el gobierno de Manuel Zelaya pero fue en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa cuando, Cesar Ham expropió miles de hectáreas y ninguno de los dos ha sido llamado por la PGR.