Por: Reducción CRITERIO
Tegucigalpa.-Dos reconocidas organizaciones de derechos humanos presentaron este miércoles ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo contra la rebaja de penas a los delitos de corrupción, aprobada de manera ilegal en el Parlamento hondureño en agosto pasado.
La acción legal fue presentada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), contra los artículos 475,476, 477, 478 y 479 del nuevo Código Penal.
El Congreso Nacional aprobó el 8 de agosto los cinco artículos en mención relacionados a las penas relacionadas a la malversación de caudales públicos, fijando un castigo de seis a nueve años de reclusión cuando la malversación fuera inferior a 100 mil lempiras y de nueve a doce años cuando la malversación sobrepasara los 100 mil lempiras.
El director de C-Libre, Edy Tábora, recordó que lo aprobado fue modificado, posteriormente el martes 12 de agosto, mediante la reconsideración del acta legislativa, cuando se estableció bajar las penas y se estipuló que cuando la malversación fuera inferior a 100 mil lempiras la pena de reclusión será de cuatro a seis años, con lo que se otorga el beneficio de excarcelación, es decir que los corruptos no vayan a la cárcel, señaló el defensor de los derechos humanos. Y cuando la malversación sea mayor a 100 mil lempiras la pena se estableció de seis a nueve años.
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La moción para la reconsideración del acta legislativa fue presentada por el diputado suplente del departamento de Lempira por el Partido Nacional, Alexander Agapito Rodríguez, y a juicio de Tábora esta acción fue realizada de manera ilegal porque se violentó la determinación que el pleno de diputados había adoptado el 8 de agosto cuando se hizo la aprobación.
Con estas “mociones ilegales se está garantizando la impunidad de todos los casos que se han presentado en los juzgados de la República y todos los casos pendientes de requerimiento fiscal y así evitar que todos los corruptos vayan a los centros de reclusión”, sentenció el también profesional del derecho y exfiscal del Ministerio Público.
Tábora refirió que presentaron la acción legal hasta hoy porque antes de hacerlo necesitaban un sustento normativo y porque hasta la fecha no han tendido respuesta del Congreso Nacional sobre la petición de las actas y sobre la votación que se dio en ese poder del Estado.
Dijo además que la intención de C-Libre y de Ciprodeh es incidir ante los hondureños para que el 26 de noviembre sepan por qué diputados votar.
Por su parte el director de Ciprodeh, Wilfredo Méndez, manifestó que la rebaja en las penas por malversación de caudales públicos beneficia a los corruptos de cuello blanco.
Méndez pidió a los hondureños que sepan por quién votar porque no pueden seguir eligiendo a “diputados corruptos que han hecho del país un botín y que han condenado a la población a la miseria y que se han cobijado bajo la impunidad, mediante procesos fraudulentos de elección de magistrados de la Corte, del fiscal general y fiscal general adjunto”.
Agregó que en todo lo que se ha hecho en los últimos años en Honduras “hay una acción planificada, para que todos los que participan en la discusión pública al alto nivel y los grupos de poder, no puedan ser tocados por la justicia”.
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Finalmente apuntó que la reducción de penas que se hizo en el Congreso Nacional evidencia el irrespeto que existe hacia la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Lamentó además que la Misión de la OEA “no haya sido lo suficientemente contundente estos días previos a las elecciones para poder influir en la población, y decir, no podemos votar por corruptos”.
El texto del recurso de amparo presentado hoy ante la Sala de lo Constitucional por Ciprodeh y C-Libre:
