Por: Victor Meza
Se veía venir, la crisis se podía incluso olfatear en el crispado ambiente. No se necesitaban demasiadas luces ni facultades especiales para ello. Una gradual acumulación de factores, casi todos negativos y potencialmente explosivos, era indicio suficiente para saber que el país se acercaba peligrosamente al abismo. El gobernante y la mayoría de los dirigentes políticos, hacían caso omiso de las advertencias, ora porque no las consideraban serias ni objetivas, ora porque simplemente no les importaban.
Hay crisis que aparecen súbitamente, explotan al calor de ciertas coyunturas especiales que las desencadenan sin mucho aviso. Hay otras que se van acumulando gradualmente hasta que llegan a un punto de explosión inevitable. La crisis que estamos viviendo pertenece a este último tipo. Es el resultado de la acumulación de varios factores que la fueron conformando gradualmente, hasta llevarla a un punto de no retorno, el momento en que el desenlace fatal, cargado de conflictividad política y social, fue absolutamente inmanejable.
El sistema político – electoral de nuestro país está colapsado desde hace mucho tiempo. Su desgaste y falencias permiten su manipulación extralegal y su utilización arbitraria, subordinadas siempre a la voluntad y el interés de las cúpulas políticas en juego. Es un sistema obsoleto, diseñado para otra geografía electoral, conformado para regular el juego entre dos partidos tradicionales, tan conservadores y antidemocráticos que a veces parecían ser uno solo.
La arquitectura jurídica de ese sistema se ha convertido ya en una especie de camisa de fuerza, incapaz de regular con la elasticidad debida el juego político en un nuevo escenario electoral. No es capaz de procesar en forma democrática la conflictividad inevitable que se deriva del libre juego electoral entre los actores políticos. No sirve para gestionar un nuevo modelo de relacionamiento entre los diversos partidos políticos, grandes y pequeños, que hoy actúan en el escenario electoral. Se requiere una nueva plataforma normativa, una ágil y moderna legislación electoral.
Para ello, es necesario cambiar las reglas del juego, llevar a cabo la ansiada, anunciada y tantas veces rechazada reforma electoral. No se puede gestionar en forma democrática una verdadera competencia política, con instrumentos tan desgastados y desprestigiados como el mal llamado Tribunal Supremo Electoral o el Registro Nacional de las Personas, para solo mencionar dos de las instituciones más politizadas partidariamente y, por lo mismo, más contaminadas por el virus del sectarismo político y la corrupción administrativa, además de la inherente ineficiencia e ineficacia que les caracteriza.
El descalabro escandaloso del reciente proceso electoral, que alcanzó su punto de máxima tensión el domingo 26, día de las elecciones generales, es el resultado lógico de un proceso cargado de vicios y zancadillas, de trampas calculadas y manipulación electrónica, enmarcado por un censo viciado, lleno de vacíos y saturado de impurezas. Nadie ignoraba estas falencias y deformaciones, pero muy pocos fuimos los que insistimos en cambiarlas o eliminarlas. Los jefes de la mal llamada “clase” política, no mostraron el interés suficiente o no tuvieron la perseverancia necesaria para llevar adelante la reforma de la arquitectura jurídica del sistema político electoral del país. Se resistieron hasta el último momento y mantuvieron firme su irresponsable rechazo a la reforma del sistema.
Es inevitable pensar que su renuencia ante el proyecto reformista no es otra cosa más que el reflejo invertido de su predilección cómplice por las actuales reglas del juego, las mismas que les permiten sus maniobras sucias y su manipulación antidemocrática de los procesos electorales. El actual Tribunal Supremo Electoral es el instrumento perfecto para el manoseo indecente de los resultados electorales y el reacomodo delictivo de las cifras y las estadísticas. Es, para decirlo en pocas palabras, la herramienta apropiada para una “clase” política tan indecente como desprestigiada.
Y por eso, entre otras razones, estamos hoy en medio de una grave crisis de credibilidad, de falta de legitimidad y de ingobernabilidad en el sistema político en su conjunto. Corremos el gravísimo riesgo de entrar en una fase crítica de nuestra historia, en donde podrían fusionarse las oleadas de violencia social que ya nos abaten, con las marejadas de violencia política que nos amenazan. Sus promotores, los gobernantes y líderes políticos irresponsables y ambiciosos, no tienen ni siquiera idea de la peligrosa situación a la que han conducido al Estado y a la sociedad hondureña. Una mezcla explosiva de violencia social con violencia política es lo único que nos hace falta para quedar convertidos en un Estado y en una sociedad doblemente fallidos.