Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El Ministerio Público informó este jueves que un coimputado en el asesinato de Berta Cáceres confesó que el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), Roberto David Castillo Mejía, pagó 500 mil lempiras para acabar con la vida de la ambientalista y lideresa indígena.
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La aseveración del Ministerio Público se dio a conocer en el marco de la audiencia preliminar de Castillo Mejía, acusado por la Fiscalía a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista.
David Castillo, de profesión ingeniero eléctrico, era el presidente de la empresa DESA, en el momento que la defensora del pueblo indígena lenca fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su vivienda en la Residencial El Líbano de la Esperanza, Intibucá.
El Ministerio Público ha señalado que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mediante dictamen pericial de vinculación telefónica, ha logrado concatenar el cruce de mensajes y llamadas, entre el expresidente de DESA y el exmilitar, Geovanny Bustillo, condenado por el crimen de la líder ambientalista.
En dichas comunicaciones, los imputados dan seguimiento al plan de asesinato.
Asimismo, “con pruebas complementarias, se pudo establecer un pagó de 500 mil lempiras de Castillo Mejía para los sicarios y por parte de la ATIC se tiene una declaración relacionada a la confesión que hizo uno de los coimputados en el sentido que el expresidente de DESA pagó por el asesinato de la reconocida activista Berta Cáceres”, reza una nota de prensa divulgada hoy por el Ministerio Público.
En este caso, pese a que la audiencia preliminar inició en fecha 24 de septiembre de 2019, la misma todavía no finaliza por dilaciones en la contestación de cargos de la defensa del encausado.
De acuerdo con la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya condenado por el crimen de la ambientalista.
Cabe destacar, que el equipo de investigación de la ATIC, mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas pudo vincular al procesado en el crimen de Cáceres Flores.
En este caso, fiscales asignados a la sección de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres de la FEDCV, lograron el pasado 29 de noviembre de 2018 que la terna de jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional declarase culpables a siete de ocho imputados que el Ministerio Público acusó como autores materiales e intelectuales intermedios de este lamentable asesinato que conmovió el mundo.
El debate se desarrolló en cinco semanas y los fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas, donde se demostró la participación que tuvieron los condenados, antes, durante y después del hecho.
Los sentenciados por este crimen son: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, condenados por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
La familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) alega que el presidente de DESA solo es parte del eslabón de los autores intelectuales del crimen. Señalan que dentro de esa estructura se encuentran los miembros de la familia Atala Zablah, accionistas de la empresa DESA y desarrolladores del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, al que la ambientalista libró una oposición férrea.
De su lado, el Ministerio Público dijo hoy que “el caso aún sigue abierto y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados”.