Es erróneo llamarlo Congreso paralelo porque es legal y no creará nueva crisis política

Ismael Moreno vaticina que similares circunstancias se darán en el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas.

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Abogados y líderes sociales coinciden que la sesión extraordinaria instalada el pasado miércoles 24 de junio por 67 diputados no representa un Congreso paralelo y que tampoco será un ingrediente que repunte una nueva crisis política.

Sin embargo, para el abogado Raúl Pineda Alvarado, la sesión del Congreso del pasado jueves podría ser la antesala de una nueva crisis política, y que lo aprobado tiene legitimidad política, pero no sustento legal.

Congreso nacional Honduras
Raúl Pineda Alvarado

El miércoles 24 de junio los 67 diputados, que participaron en la sesión extraordinaria, fueron convocados por cinco congresistas quienes, para llevar a cabo dicho acto, se ampararon en el artículo 191 de la Constitución de la República.

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En esa sesión extraordinaria, los congresistas aprobaron la abrogación del nuevo Código Penal que violenta derechos fundamentales como la libertad de expresión, entre otros y establece medidas para favorecer a los corruptos, narcotraficantes y violadores sexuales, que serán beneficiados con la reducción de condenas y el desaparecimiento de delitos.

Pero contrario a lo que piensa Pineda Alvarado, hay otros juristas, como  Joaquín Mejía, Omar Menjivar y Abencio Fernandez, que están seguros que la sesión extraordinaria del Congreso fue legal, y que no podría causar una nueva crisis política, sino una manifestación más de los graves problemas permanentes que vive el país desde el golpe de Estado del 2009.

Para Joaquín Mejía, experto en derecho internacional, esa sesión  legislativa, desarrollada por 67 diputados del Congreso Nacional es legítima. Y además considera que es un error llamarlo Congreso paralelo.

Asegura, que es el Congreso Nacional el que se reunió ese día con 67 diputados y diputadas que fueron elegidas en  las elecciones generales del 2017. “Entonces me parece que llamarlo de otra forma es deslegitimarlo y es como pensar o decir que hay otro Congreso que sí es legítimo”, afirmó.

Dejó claro, que ese Congreso instalado por la oposición tiene legitimidad porque la Constitución de la Republica establece dos requisitos para que las sesiones extraordinarias sean legítimas. Primeramente, que sean convocadas por un mínimo de cinco diputados y diputadas y luego, que exista una situación que impide la celebración de una sesión en el Congreso Nacional.

Y en ese sentido puntualiza que se cumple el primer requisito porque la sesión fue convocada por 5 diputados y que en segundo lugar sí había un impedimento para celebrar sesiones, “porque el Congreso Nacional presidido por Mauricio Oliva se ha convertido en la cuna del autoritarismo, donde es él el que decide quien habla y quién no.

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Joaquín Mejía

Planteó, que el artículo 192 de la Constitución de la Republica establece  claramente que las sesiones del Congreso Nacional se van a instalar cuando se reúnan la mitad más uno y la Asamblea legislativa la conforman 128 diputados, donde la mitad más uno son 65. Y por lo tanto, expresa que es una sesión parlamentaria constitucional y legítima del Congreso Nacional, donde no estuvo el oficialismo que es el que ha estado impidiendo que se realicen las sesiones.

Además, sostuvo que esa acción solo podría generar violencia de parte de quienes tienen la violencia en sus manos, de los que controlan la policía y a los militares, que son, el jefe de Gobierno, Juan Hernández; el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y el sector oficialista, que desde el 2009 se ha mostrado represivo con la población incluso en este momento de la pandemia.

Apuntó, que los diputados oficialistas ya presentaron una denuncia en el Ministerio Público acusando criminalmente a sus compañeros que desarrollaron la sesión extraordinaria del Congreso Nacional. Y que espera que la Fiscalía actué de la misma manera “diligentemente, como lo hizo con denuncias contra el fraude electoral y las violaciones de los derechos humanos”.

En ese sentido también mencionó, que en enero del 2014 el Congreso manejado por Oliva, aprobó ilegalmente cuando ya no estaba en funciones, la Ley del Poder Legislativo para protegerse de las acusaciones por corrupción y que esa legislación, también favorece ahora a los diputados que ellos están acusando.

La denuncia contra estos diputados es por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, pero a juicio de Mejía, la abogada que representa el Congreso “es un poco lenta la pobre”, porque entre otras cosas acusa a los diputados de abuso de autoridad, un delito que ya no existe porque el nuevo Código Penal, que ellos dicen que ya está vigente, no lo contiene. 

Especificó, que derivado de las actuaciones del Congreso, existen dos actos jurídicos válidos. Primero la entrada en vigencia del nuevo Código Penal que es legal y luego, la abrogación que hizo el Congreso Nacional, en la sesión del miércoles 24 de junio, que también es legítima. Pero aclara, que solo está vigente una, porque la abrogación no ha sido sancionada por el Poder Ejecutivo, una situación que demuestra la hipocresía de Juan Hernández y Ebal Díaz, cuando dicen que hay que derogar ese Código.

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Se preguntó, “¿Por qué no lo vetaron? o ¿por qué no sancionan la abrogación?, son unos sinvergüenzas, lo que tienen que hacer es terminar con el proceso constitucional de promulgación y sanción de la Ley, el Congreso ya aprobó la abrogación y lo envió al Ejecutivo y lo que sigue de acuerdo con la Constitución es que en el término de 10 días lo sancione o lo vete” sentenció Mejía.

Reiteró, que la situación si podría generar mayor profundización de la crisis que desde el 2009 no ha sido resuelta, pero no una nueva crisis social o política, porque desde ese momento se ha deteriorado la institucionalidad democrática y se ha creado mayor desconfianza en las instituciones públicas.

Consultado sobre el mismo tema, el abogado,  Abencio Fernandez,  afirma que la crisis del país ya está planteada entre una facción  que representa al gobierno y otra encarnada en los intereses del pueblo y de la sociedad  en general, que rechaza a un nuevo Código Penal, que por un lado y criminaliza la protesta y  la oposición y por otro reduce las penas y favorece a los criminales.

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Abencio Fernández

A juicio de Fernández, el Congreso instalado por la oposición no es paralelo, porque la misma Constitución les da la potestad de reunirse de esa manera y que los nacionalistas y sus aliados no estuvieron, porque son los que han estado violentando esa obligación de reunirse como Congreso.

Sostiene que  no es un Congreso de la oposición sino el Congreso Nacional, porque tiene toda la legalidad para convocar a sesión extraordinaria.

Según Fernández, la represión del Estado ya ha iniciado desde el momento en que presentaron la denuncia al Ministerio Público. Y no descarta que en esta ocasión, el Fiscal General,  Oscar Chinchilla si actué para presentar el requerimiento. Sin embargo, señala que el gobierno solo se sostiene por las armas porque carece legitimidad y de credibilidad y que por esa razón es difícil que siga abriendo más frentes de oposición.

“Ahorita no tenemos presidente y no creo que esté enfermo”, dice Fernández,   lamentando que Juan Hernández, no haya nombrado a uno de sus designados para que lo cubra en su puesto y que resuelva la crisis, “pero es un canalla un cobarde que se fue a esconder cuando hemos tocado fondo”, insistió.

Coincide en que el Código está vigente, pese al discurso hipócrita de Juan Hernández  y del Ministro de la Presidencia,  Ebal Díaz, cuando dicen que van a derogar algunos artículos o abrogar esa legislación. Criticó que Hernández tuvo la oportunidad de vetarlo en el 2019 cuando el Congreso Nacional se lo envió después de aprobarlo. Pero no lo hizo, sino que lo sancionó y “ahora me parece hipócrita y oportunista, que dice eso  para desviar la atención del robo de los 100 mil millones de esa pandemia terrible, que la gente está tirada en el suelo y se está muriendo”.

Por su parte, el abogado penalista y ex Fiscal del Ministerio Público, Omar Menjívar, manifiesta en torno al tema, que mucha gente se refiere a la sesión extraordinaria celebrada por la mayoría de los diputados de asamblea legislativa, como un Congreso paralelo. Sin embargo, esa es una de las posibilidades que establece la Constitución de la República cuando las sesiones del Congreso se ven interrumpidas por el Poder Ejecutivo o la Junta Directiva.

Reveló, que la Constitución señala que cinco diputados pueden convocar y se instalará la sesión extraordinaria con la mitad más uno. Y en esa sesión participaron 67 congresistas opositores del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y por eso los nacionalistas y sus aliados rechazan los acuerdos.

Menjívar explica, que no es que los diputados de la oposición hayan elegido otra Junta Directiva para suplantar a la de Oliva, sino que esa sesión tenía que ser presidirla por alguien y que alguien debía recoger  los acontecimientos y que por esa razón nombraron a un presidente, un secretario y los demás secretarios que eran necesarios.

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Omar Menjívar

Advirtió que de acuerdo con la Constitución, en estas sesiones solo puede tratarse de un punto específico y los diputados que se reunieron así lo hicieron, tratando el tema de la abrogación del Código Penal, una acción que ya no representa ningún peligro para el país.

Ratifica que la abrogación del Código Penal es legítima, pero que no será vigente si el Ejecutivo no la sanciona y manda a publicar. Y claro está que no lo van a hacer porque Ebal Díaz ya mandó la nota al Congreso Nacional solicitando reformas profundas o la derogación de esa Ley. Menjívar dice que si el Presidente tuviera voluntad lo único que tiene que hacer es sancionar y publicar lo ya aprobado por los diputados.

Estimó que el desconocimiento que hace el Ejecutivo del acuerdo de abrogación del Código es una falta  para la Asamblea y la idea de mandarle un mensaje a la población de que ellos son los que mandan y que si derogan esa Ley es porque ellos así lo quieren.

Sobre el particular, CRITERIO.HN también consultó la opinión del sacerdote jesuita y director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, quien no descarta un repunte, pero de la crisis sin resolver que mantiene Honduras desde el golpe de Estado del 2009. Apreció que lo acontecido en el Congreso no conducido por la oficialidad de la extrema derecha, representada por Mauricio Oliva es la expresión de la ingobernabilidad existente en el país.

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El sacerdote dice, que el Estado ya no tiene la capacidad para producir procesos nacionales, porque el sector que lo ha conducido desde el golpe de Estado está deteriorado por la voracidad de robar y porque ya perdió todo tipo de credibilidad y aunque a veces digan la verdad la inmensa mayoría no les cree. Y pronosticó, que expresiones como la ocurrida en el Congreso Nacional se van a seguir dando en otras instituciones como el Ministerio Publico, la Corte Suprema de Justicia, en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas.

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Ismael Moreno

Porque “esta ingobernabilidad nos ha llevado a un país de las sorpresas y cualquier cosa puede ocurrir”, apunta Moreno, quien insta a la formación de  una amplia alianza con todos los sectores políticos, sociales y los movimientos que luchan por la tierra, el medioambiente y empresarios honestos para recuperar el proceso electoral y conducirlo con garantías limpias o para recuperar la patria sacando a Juan Hernández de la Presidencia.

No obstante, afirma que el proceso electoral también es incierto y que es difícil que esa unidad de la oposición pueda sobreponerse a las acciones criminales de quienes están decididos a volver a utilizar las elecciones como un  instrumento más para avanzar hacia la consolidación de una dictadura.

Entre tanto, el sociólogo y catedrático universitario, Eugenio Sosa,  es del criterio que la crisis política solo podría generarse si  los diputados nacionalistas deciden mantenerse unidos contra los 67 parlamentarios de la oposición que se instalaron como Congreso para abrogar el nuevo Código Penal.

Sustenta, que las perspectivas son amplias porque podrían pasar de una junta directiva provisional a una junta directiva permanente y provocar la crisis. No obstante,  piensa que la oposición carece de la capacidad para mantenerse sólida y de soportar ese poder, pese a que sí existe un apoyo en la ciudadanía.

Instó, para que el próximo martes, cuando la sesión del Congreso Nacional sea presidida por Mauricio Oliva, que estos diputados de la oposición vuelvan a tocar el tema y abroguen de nuevo ese Código Penal. 

Percibe, que la situación motivada por la sesión del miércoles anterior no dejara mayores consecuencias, porque el Ejecutivo no ha sido contundente en la petición enviada al Congreso  y que por lo tanto no habrá mayor tensión. Que la Corte Suprema asume que la ley está vigente y que los jueces están recepcionando casos en su aplicación.

Crisis política y violación de derechos humanos continúa con apoyo de EE.UU y Canadá

La misión publicará un informe y compartirán  las observaciones con representantes de su Congreso y Parlamento

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- “Las conclusiones de nuestras visitas y entrevistas nos hacen notar la continuación de la crisis política en Honduras y la repercusión de los gobiernos de EEUU y Canadá, junto con sus intereses económicos, en Honduras”.

Esa es la primera de las conclusiones de Dos delegaciones de los Estados Unidos y Canadá, lideradas por Alianza por la Justicia Global, la Voz de los de Abajo, Code Pink y Acción Permanente por la Paz, miembros de la Red de Solidaridad con Honduras de Norteamérica

Las delegaciones visitaron distintas regiones de Honduras para testificar y documentar las denuncias de criminalización, militarización, violencia contra la prensa, impunidad y despojo de territorios que han derivado en violaciones a los derechos humanos.

Aquí su informe presentado este día

Desde el 26 de noviembre de 2017, la comunidad internacional ha visto un aumento en las denuncias que ligan a la dictadura de Juan Orlando Hernández con casos de represión violenta e incluso ilegal; Con el aumento en la criminalización contra la oposición política, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y ambientalistas; con el incremento en los ataques hacia la prensa y la libertad de expresión;  y a varios señalamientos que vinculan a la administración en turno con severos casos de corrupción e impunidad. Estas son algunas de nuestras observaciones:

Criminalización – Visita a los Presos Políticos: Edwin Espinal y Raúl Álvarez

Edwin Espinal, Raúl Álvarez y Gustavo Cáceres son los tres presos políticos hondureños que fueron detenidos después de las fraudulentas elecciones presidenciales de 2017. El caso de los 3 presos políticos se caracteriza por su encarcelamiento por razones políticas -por ejemplo, su trabajo como luchadores sociales o su oposición al gobierno de Juan Orlando Hernández – y como resultado de la violación al debido proceso. Tanto Edwin como Raúl están detenidos en la prisión de máxima seguridad de La Tolva, Morocelí, El Paraíso.

Durante nuestra visita corroboramos su deteriorado estado de salud y las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales para los presos políticos y sus familias. Tenemos la certeza que el encarcelamiento de Edwin y Raúl en una prisión de máxima seguridad se debe a motivos plenamente políticos, que es un castigo por su participación en protestas y como medio de intimidación a la población hondureña.

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Apoyamos la demanda de los movimientos sociales y defensores de derechos humanos para la liberación de los presos políticos, y que se retiren los cargos a los demás procesados.

Entre las más de 1,396 personas detenidas entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre, resaltamos la desaparición forzada de Manuel de Jesús Bautista Salvador, el 03 de diciembre del 2017 en la ciudad de Naco, Cortés, al norte de Honduras. Hasta el momento se desconoce su paradero.

La comunidad estudiantil que expresa su inconformidad con el régimen actual, ha sido criminalizada por su trabajo en defensa de la educación pública y su acompañamiento a movimientos sociales hondureños. Algunas de las denuncias hechas, refieren a ataques de parte de grupos paramilitares disfrazados como seguridad pública, espionaje y el aumento en la militarización de las facilidades educativas y hasta la desaparición forzada y asesinatos políticos.

Defensores de la Tierra y el Agua: 

La Misión Internacional recopiló casos de criminalización y violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas de Honduras. En una visita a la comunidad de Las Torres, La Paz, con amenaza de desalojo, atestiguamos las consecuencias del despojo: la destrucción de sembradíos, intimidación por parte de autoridades y ataques físicos a los campesinos, son las principales denuncias.

Nos preocupan las recientes amenazas de muerte y violencia política contra grupos campesinos, miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), en la zona.

En Tegucigalpa, gente de la comunidad indígena Lenca Tierra del Padre, han tomado refugio en la Embajada de Taiwán. La comunidad nos mostró la copia de un título ancestral que les certifica como dueños de sus tierras desde 1739. La comunidad Tierra del Padre está en conflicto con el terrateniente Mario Facussé Handal, quien posee un título de propiedad de 2013. Las 90 familias de la comunidad han sido blanco de amenazas y ataques. Se reportó el asesinato del señor Danilo Posadas, además que 11 personas enfrentan un proceso bajo cargos de usurpación. Existe una orden de desalojo para el 10 de abril y la comunidad exige protección y la facilitación del gobierno para resolver el conflicto. Hasta el momento el Estado no ha escuchado sus peticiones.

En el sur de país, los Amigos del Río Goascorán, hablaron de su resistencia a las mineras y denunciaron el riesgo de sequía en su región de perder los ríos que nutren sus comunidades.

Violencia contra periodistas:  En colaboración con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), documentamos el caso del asesinato del periodista Leonardo Gabriel Hernández, el 17 de marzo de 2019 en el municipio de Nacaome, Valle.

Matan a periodista en el sur de Honduras

El periodista Gabriel Hernández fue asesinado el 17 de marzo en Nacaóme, Valle

Durante nuestra visita, también resaltamos el allanamiento en las instalaciones de Radio Globo, que llevó a la detención del periodista David Romero, el jueves 28 de marzo, en Tegucigalpa. Al juicio de nuestros entrevistados, estos dos últimos ataques reflejan la situación de los derechos de prensa en Honduras.

Conclusiones:

Las conclusiones de nuestras visitas y entrevistas nos hacen notar la continuación de la crisis política en Honduras y la repercusión de los gobiernos de EEUU y Canadá, junto con sus intereses económicos, en Honduras.

Nos preocupa que sea el gobierno de EEUU el que más apoyo económico, político y militar a un gobierno que permite la violación constante a los derechos humanos.

Debido a lo anterior, congresistas de los EEUU han reintroducido al Congreso la Propuesta de ley por los Derechos Humanos en Honduras Berta Cáceres. Esta legislación suspenderá el financiamiento militar de los EEUU a las fuerzas de seguridad hondureñas y desalentará los préstamos multilaterales de los bancos de desarrollo hasta que el gobierno hondureño investigue y enjuicie a los militares y policías que han violado los derechos humanos.

Nuestra misión publicará un informe lo más pronto posible con los resultados de nuestra visita y compartiremos nuestras observaciones con nuestros representantes en Congreso y el Parlamento, además de los medios de comunicación en nuestros países.

Crisis política: ¿Represión o más democracia?

Por: José Rafael del Cid

Se acerca a cuarenta el saldo trágico del actual conflicto político. Testigos achacan la mayoría de estos asesinatos a agentes militares y policiales. Es una brutalidad que sacude los fundamentos de la razón humana, de la fe y la moral pública. Ocultar este saldo de vidas, jóvenes en su mayoría, jamás tendrá justificación en ideología o creencia religiosa alguna.

En su libro El Contrato Social o Principios de Derecho Político (edición española de 1832), Jean-Jacques Rousseau escribió: “Siendo el fin de la guerra la destrucción del Estado enemigo, hay derecho para matar sus defensores en tanto ellos tengan las armas en la mano; pero tan pronto como las dejan y se rinden, cesan de ser enemigos o instrumentos de enemigo, y quedan simplemente hombres; y bajo este respecto no se tiene ya derecho sobre su vida. Algunas veces se puede matar al Estado sin herir a ninguno de sus miembros; y he aquí como la guerra no da algún derecho que no sea necesario a su fin. Estos principios… son derivados de la naturaleza de las cosas, y apoyados en la razón” (págs. 15-16).

Obsérvese que el escrito alude a una situación extrema, de guerra, de enfrentamiento entre Estados.  Cuánto más severa será la advertencia cuando el adversario son compatriotas, hermanos hondureños, indignados sí, pero prácticamente desarmados.

Puede que usted sea de los que achaca todas las culpas a los líderes del Bloque contra la Dictadura o a toda la clase política en general. Créalo así, si quiere. ¿Pero de qué bando son los caídos y de cuál la mano asesina? ¿De dónde emanan las órdenes y la forma despiadada con se ejecutan? Para no experimentar las implicaciones de conciencia de estas preguntas algunos prefieren evadirlas. Se encierran en sus exhortaciones a la resignación y a la aceptación de la injusticia. Divagan en sus burbujas de complacencia con el poder y los intereses pecuniarios. ¿Dormirán tranquilos?

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”, expresó Gandhi, quien también agregó que “un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo mundo lo crea”. La protesta es un derecho que a nadie debe servir de excusa para desatar violencia. Además, recuérdese la peculiaridad de esta protesta, no es cualquier cosa. La Constitución exige insurreccionarse ante la violación de artículos pétreos como la reelección.

La gente en la calle no redactó la Constitución, probablemente usted tampoco, pero el punto es que allí no figuran términos como “voluntad” o “recomendación” sino “deber” patriótico.  Así que quienes han cometido la violación debieron antes entender que se enfrentarían a ciudadanos que tomarían en serio tal obligación con su país. “Siembra vientos, cosecharás tempestades”.

La violencia del Estado contra sus ciudadanos debe cesar, porque es una verdad fundamental “que todo poder que no dimane de la Nación (el pueblo), es tiránico e ilegítimo”, lo dijo también Rousseau y lo recogió en espíritu y letra nuestra Carta Magna.

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Ninguna de las vidas cegadas vale la ambición de cualquiera de los que usted considere culpables por alusión o por comisión. ¿Entonces por qué callar ante el reclamo de la sangre derramada? ¡Es sangre de compatriotas, de hermanos hondureños, por favor! Diálogo y razón deben imponerse para resolver el conflicto. Digo resolverlo, no disimularlo o banalizarlo, para ventaja de los sembradores de vientos y sus cómplices.  Es que “no existe reconciliación que se construya sobre la ausencia de verdad, de justicia y de duelo” (M.  Bachelet 2013).

Dos falacias sobre la crisis política de Honduras

Por: José Rafael del Cid

De entre varias críticas a la Alianza de Oposición destacan por su frecuencia las siguientes: Primero, al participar en el proceso electoral, bajo la rectoría del TSE, los partidos de oposición legitimaron el proceso y sus resultados. Por esto, pierde sentido el desconocer ahora la declaratoria de triunfo del Partido Nacional por parte del TSE. Segundo, al no presentar las tres mil actas faltantes no se puede alegar la consumación de un fraude electoral.

La primera crítica omite recordar que varias agrupaciones y personalidades políticas contra la dictadura presentaron reparos ante la Corte Suprema de Justicia al considerar que la pretensión reeleccionista violentaba la Constitución de la República. Estos reparos fueron desatendidos por un Poder Judicial de antemano controlado, con ventaja y alevosía, por el propio interesado en el continuismo.

La estrategia de Libre primero y la Alianza contra la dictadura después pareció basarse en participar en el proceso electoral mientras se presentaban recursos legales adicionales ante el TSE para detener la cuestionada inscripción. Participar implicaba costos políticos, pero mayores parecían los relacionados al retiro del proceso electoral frente a la resurrección de los partidos de maletín y la incertidumbre sobre la posición final del Partido Liberal. Un error de esta estrategia pudo ser la subestimación de la oposición popular a la reelección, o sea, el temer un respaldo real poco contundente en aquel momento (finales 2016- inicios 2017) para un movimiento de defensa de los artículos pétreos relacionados a la prohibición de la reelección.  El otro error pudo ser la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el Partido Liberal para definir una candidatura única, error compartido por ambos partidos. La candidatura única de estas dos fuerzas políticas era la mejor alternativa contra la reelección, y tanto lo sabía el oficialismo, que puso gran empeño para que dicha candidatura encontrara fuertes opositores internos en ambas entidades.

La segunda y más importante crítica niega el fraude. Este argumento parte de otro olvido, que las tres mil y pico de actas no pudieron ser presentadas por la oposición porque el propio TSE las retuvo, las secuestró, el tiempo necesario para el trastoque mágico que vino a revolucionar la teoría estadística de las probabilidades. Sin embargo, la alianza opositora cuenta con el informe de la Misión de Observación de la OEA, que si bien se abstiene de usar la palabra fraude, señala suficientes hechos cuestionadores de la calidad de todo el proceso. Personalmente y con base a los varios análisis técnicos al respecto, estoy convencido que hubo fraude. Eso sí, estoy pendiente de la Academia Sueca, porque si este año otorga el Nobel de Economía a Arturo Corrales o al TSE, por haber revolucionado la ciencia estadística, entonces me retractaré públicamente de esta aseveración y seré el primero en felicitarlos.

Ahora, supongamos que con su participación todos los partidos avalaron el proceso electoral. Tal acto jamás borrará el hecho de que diversos artículos constitucionales han sido violentados, principalmente el Artículo 375, que claramente desconoce las modificaciones a los artículos pétreos no resultantes de una amplia consulta popular. De hecho, la sola presunción de violación de tales artículos constitucionales fueron los detonadores de la crisis política de 2009. Ante tales desafueros, la propia Constitución obliga a la ciudadanía a denunciar la violación y a rebelarse contra quienes pretendan imponerla. Es que la reelección es un acto de guerra, un rompimiento del pacto social que la Constitución encarna. Por esto,  hechores y cómplices en la violación de los artículos pétreos, todos, habrían de dar cuenta, en mayor o menor medida, de su traición al país.

Algo más, aunque la participación de los distintos partidos en el proceso electoral significara avalarlo, nunca, de ninguna manera, significaría tolerar el fraude. Una cosa es participar en una competencia y otra muy distinta el aceptar las prácticas amañadas de uno de los adversarios. Considérese que en este proceso electoral el PN disfrutó de ventajismo extremo en la disponibilidad de recursos económicos y propagandísticos. Lo lógico era esperar un triunfo rotundo. No fue así. La ventaja anunciada por el TSE es mínima. Así que restemos a esto la sombra del fraude, real o imaginario (la imagen la agigantó el propio TSE al detener sospechosamente el proceso de divulgación de resultados). Entonces, el saldo es tan pobre en términos de legitimidad que para cualquier demócrata, doctrinariamente bien formado, esto resulta suficiente para buscar, al menos,  la repetición del proceso bajo condiciones de más transparencia y fortaleza institucional. Es decir, que si alguien se negara a aceptar la victoria de Nasralla, al menos debería permitir una repetición del proceso electoral. ¿Qué eso no está estipulado en las leyes nacionales? Cierto, pero tal pregunta es incoherente con el hecho de que tampoco la reelección presidencial está permitida por nuestra Ley máxima.

Lo anterior conduce al asunto del diálogo. ¿Qué dialogar? No observo otra pertinencia del diálogo que el reconocimiento de la victoria de Nasralla o bien la repetición de las elecciones, aspecto que podría implicar el paso por una Asamblea Constituyente. Porque todo lo demás, solo sería distraer, capitular ante un resultado electoral convertido en la fuente mayor de la discordia. ¿Qué algunos reclaman la importancia de acuerdos sobre metas de país? Por favor, que enciendan su disco duro y recuerden la “Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022”, que emergieron del diálogo nacional propiciado por la Administración Lobo. En esa materia lo que resta por discutir ya no es el qué ni el cómo sino sus resultados, su velocidad y calidad. Es asunto de pragmatismo, de prioridades. Lo urgente ahora es restablecer el orden constitucional que el pueblo está defendiendo en las calles.  Porque el país está al revés: Los violadores de la Constitución y las Fuerzas Armadas, indiferentes al mandato de garantizar la alternabilidad en el poder, son los verdaderos propiciadores del desorden.

A nadie le pidan el silencio frente a la injusticia y la violación del pacto político establecido. Esa es enseñanza nociva. Necesitamos ciudadanos con principios democráticos sólidos. Solo así resistiremos las sucesivas amenazas a la democracia y la libertad que se expanden por el mundo entero. Es esta mi preocupación real, la coherencia entre el parecer y el ser, que debe caracterizar a todo país democrático.

 

 

Senadores estadounidenses preocupados por toma de posesión de JOH en medio de crisis

Por: Redacción CRITERIO

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Los senadores Ben Cardin y  Eliot Engel reiteran sus preocupaciones antes de la toma de posesión  presidencial hondureña, en medio de una crisis política en curso.

Ben Cardin

WASHINGTON – El senador estadounidense Ben Cardin (D-Md.), Miembro de rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el representante Eliot Engel (DN.Y.), miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, emitieron la siguiente declaración conjunta el jueves en respuesta al reconocimiento de la Administración Trump de un ganador en la elección presidencial hondureña a pesar de las irregularidades generalizadas reportadas por los observadores electorales internacionales. 

Las protestas y los disturbios políticos en Honduras continúan:

«Antes de la toma de posesión  presidencial de Honduras a fines de este mes, seguimos profundamente preocupados por la legitimidad de las elecciones del 26 de noviembre. La decisión de la Administración Trump de reconocer al presidente Hernández como el ganador de las elecciones -a pesar de la abrumadora evidencia de irregularidades generalizadas documentadas por las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea- marcó otro paso en falso diplomático estadounidense en el escenario mundial.

Senador Eliot Engel

«Alentamos a los ex presidentes latinoamericanos Jorge Quiroga y Álvaro Colom a que continúen sus esfuerzos para fomentar un diálogo nacional en Honduras que pueda restaurar la credibilidad del proceso electoral del país y fomentar el acuerdo sobre las reformas políticas que hace tanto tiempo debían haberse producido». 

Es imperativo que las autoridades electorales hondureñas tomen medidas adicionales para aumentar la confianza ciudadana en el proceso electoral y sus resultados.

«Estamos profundamente preocupados por los asesinatos extrajudiciales de manifestantes cometidos por la Policía Militar hondureña y otros incidentes de violencia que han ocurrido en todo Honduras desde las elecciones. El presidente Hernández debe garantizar que los autores de estos crímenes sean identificados y responsables».

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El comunicado expresa además:  «Instamos a las autoridades hondureñas a que se abstengan de la violencia y permitan que el pueblo de Honduras ejerza pacíficamente sus derechos democráticos fundamentales consagrados en la Constitución hondureña y la Carta Democrática Interamericana».

Arrecian protestas en NYC por crisis política en Honduras

La comunidad hondureña en Nueva York ha realizado varias manifestaciones para expresar su rechazo ante lo que consideran un fraude electoral

Por: ZAIRA CORTÉS/EldiarioNY.com

Mientras la oposición en Honduras alienta a mantener las protestas masivas en las calles del país centroamericano, para defender el supuesto triunfo electoral de su candidato Salvador Nasralla, en la ciudad de Nueva York la comunidad inmigrante también expresa su rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de declarar presidente al derechista Juan Orlando Hernández.

La Policía Militar hondureña se ha encargado de vigilar las protestas de los partidarios del candidato opositor, Salvador Nasralla.

Miles de simpatizantes de Nasralla se concentraron el jueves frente a la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa para denunciar lo que consideran un fraude electoral, luego de que Orlando Hernández ganara las elecciones del 26 de noviembre. Estados Unidos no ha reconocido el triunfo electoral del presidente, pero una fuente del Departamento de Estado declaró esta semana que no se encontró “nada que altere” el resultado que dio el TSE.

Sin embargo, la inconformidad por la crisis política crece en Honduras y entre sus inmigrantes radicados en la ciudad de Nueva York.

“Como hondureños viviendo en el extranjero, nos preocupa el incremento a las violaciones de derechos humanos, las detenciones de ciudadanos y los asesinatos de manifestantes que se han dado después de las elecciones presidenciales en Honduras por parte de las fuerzas armadas, policía nacional y la policía militar comandada por el actual presidente (Orlando Hernández)”, declaró Elvis García, un organizador comunitario. “La comunidad hondureña en Nueva York lamentamos profundamente el fraude electoral y el silencio de la comunidad internacional, ya que en los últimos días han ocurrido más de 26 asesinatos, todos cometidos por los militares y fuerzas armadas”.

Piden intervención internacional

Líderes políticos, asilados y activistas realizaron una conferencia de prensa este sábado 23 de diciembre a las 4:00 de la tarde en la iglesia refugio Saint Peter’s Church, situada en 619 Lexington Avenue, para pedir al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Union Europea y a la comunidad internacional que intervengan en la crisis política y humanitaria en Honduras.

“La comunidad hondureña en Nueva York se mantiene firme en nuestra solidaridad con nuestros hermanos hondureños, quienes enfrentan incertidumbre, represión, amenazas y abusos por parte del Estado”, se lee en la convocatoria de la protesta.

García dijo que observadores del TSE radicados en Nueva York darán a conocer sus impresiones acerca de los comicios del pasado 26 de noviembre.

La comunidad hondureña ha realizado varias protestas en nuestra área desde las elecciones presidenciales. Algunos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) sostienen que Orlando Hernández no ha hecho lo suficiente para defender el beneficio migratorio, por lo que 56,790 hondureños en los Estados Unidos enfrentan un futuro migratorio incierto.

Al menos 16 niños y jóvenes han sido asesinados en Honduras por las fuerzas de seguridad del Estados durante crisis política

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Al menos 16 niños y jóvenes han muerto en Honduras durante las protestas contra el fraude electoral, según la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).

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La organización defensora de los derechos humanos, establece mediante un informe que las muertes violentas se han registrado durante la suspensión de garantías constitucionales y las protestas sociales en el marco de la crisis política post electoral.

“Desde el 1 hasta el 18 de diciembre han sido asesinados 15 niñas, niños y jóvenes a manos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (POMP).  A dicho informe se adhirió la muerte de la niña Katherine Nicolle Bonilla, quien pereció anoche en la colonia Oswaldo López Arellano, de San Pedro Sula a manos de los militares.

Registros de los muertos, según Coiproden:

Niños 0-18

1.-Lesman Aníbal Cárcamo

2.-Michael Jair Ponee

3.-José Fernando Melgar

4.-Virgilio Ávila

5.-Katherine Nicolle Bonilla

Juventud 19-30 años

1.-Kimberly Dayana Fonseca

2.-Cristian Funez

3.-Brian Noé Mejía

4.-Delmer Josué Mejía

5.-Raúl Brizuela Reyes

6.-Zet Araujo Andino

7.-Mauricio Echeverria

8.-Erick Javier Montoya

9.-José David Ramos

10.-Víctor Evelio Martínez

11.-Milton Orlando Rivera

 

Presidentes centroamericanos emiten tibia declaración sobre crisis política de Honduras

Hernández evitó el encuentro y envió al designado presidencial, Ricardo Álvarez

Por: (Tomado del periódico La Estrella de Panamá)

Los mandatarios reunidos en Panamá en la cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) concluyeron hoy un tibio pronunciamiento sobre la crisis que atraviesa Honduras tras las pasadas elecciones y pidieron a las partes mantener la calma y esperar a que se conozcan los resultados.

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Los ocho países que conforman el ente regional aprobaron una declaración tras la 50 reunión de presidentes del SICA en la que solo mencionan la crisis hondureña en el antepenúltimo de 17 puntos, a pesar de que prometía ser uno de los asuntos centrales de la cumbre.
«Expresamos nuestro acompañamiento al pueblo hondureño y exhortamos a las partes del proceso electoral a esperar los resultados finales en el marco de su institucionalidad y renovar sus deseos por las soluciones pacíficas», según el texto.

El anfitrión y presidente panameño, Juan Carlos Varela, insistió en declaraciones a los periodistas que hay que «buscar siempre el respeto a la ley y a la Constitución» y pidió a las partes «encontrar en el diálogo político el bienestar de su pueblo». Estaba previsto que viajara a Panamá el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, pero a última hora canceló su participación y envió al vicepresidentes Ricardo Álvarez, quien durante su turno de palabra se limitó a agradecer «las muestras de apoyo para que en Honduras finalice el proceso electoral en paz y en normalidad».
Tres semanas después de los comicios, Honduras sigue sin conocer a su presidente electo y está sumida en una importante crisis, que se ha cobrado la vida de al menos una docena de personas.

Según el Tribunal Electoral de Honduras, el candidato a la reelección por el Partido Nacional (derecha), Juan Orlando Hernández, obtuvo el pasado 26 de noviembre el 42,95 % de los votos, mientras que Salvador Nasralla, de la izquierdista Alianza de Oposición contra la Dictadura, sumó el 41,42 %.

Nasralla denunció que los comicios habían sido fraudulentos y pidió repetir el conteo de votos. El ente electoral concluyó el domingo un escrutinio especial y aseguró que sigue dando ventaja a Hernández.

No obstante, el tribunal sigue sin proclamar ganador oficial porque se encuentra resolviendo casi un centenar de impugnaciones presentadas por la oposición.

Honduras

El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, quien también se refirió a la crisis hondureña, pidió «certeza y serenidad» mientras se revelen los resultados y elogió la labor de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que trabajaron como observadores electorales.
«La voluntad del pueblo expresada en las urnas debe ser garantizada y respetada a toda costa», declaró Solís.

Además de la crisis hondureña, los mandatarios acordaron mejorar «el seguimiento del cumplimiento de las decisiones» que adopten los jefes de Estado y de Gobierno en las cumbres y fortalecer «la articulación interinstitucional para enfrentar los desafíos de seguridad de la región».

Los países del SICA elogiaron además la iniciativa de Panamá de construir el denominado «Hub humanitario», un centro logístico que empezará a funcionar en abril de 2018 y que ayudará a canalizar la ayuda frente a posibles desastres que sufra la región.

También se comprometieron a avanzar en el desarrollo de un protocolo que facilite el paso terrestre fronterizo durante eventos masivos, como el de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará en Panamá en enero de 2019.

Tras la reunión, Varela le otorgó la Presidencia Pro Tempore (PPT) del organismo a su homólogo dominicano, Danilo Medina, quien prometió seguir trabajando en el «fortalecimiento de la institucionalidad del SICA».
El SICA, que nació en 1993, está conformado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana.

Mujer católica hondureña envía carta de reclamo a su iglesia por silencio ante crisis política

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Belky Jiménez, una delegada de la Palabra de Dios de la iglesia católica de la zona sur de Honduras envió una fuerte carta de reclamo a sus autoridades eclesiásticas de la iglesia católica de Honduras por su silencio, en medio de la crisis política que sacude a este país centroamericano.

CRITERIO publica de manera íntegra la misiva:

Desvío El Tránsito, Nacaome, Valle

11 de diciembre de 2017

Monseñor
GUIDO CHARBONNEAU

Obispo Diócesis de Choluteca

Su Oficina

Monseñor:

Yo, Belky Jiménez, con título espiritual Delegada de la Palabra de Dios, de la parroquia San José de Nacaome Valle, y título terrenal Abogada, me dirijo a usted, con tristeza, indignación, frustración, decepción, impotencia, rabia y sobre todo con mucho dolor, para preguntarle ¿Porque nuestra Iglesia Católica se ha llamado al silencio en esta crisis que está viviendo nuestra Patria? Si en el reciente pasado recuerdo a su excelencia, Monseñor Oscar Andrés Cardenal Rodríguez pronunciarse a favor del Golpe de Estado por estar en desacuerdo con la reelección y ahora ¿Porque la Iglesia se volvió muda Si este es un peor escenario que el de 2009?

Monseñor a ¿Quién se debe obedecer? ¿A Cristo o al Clero? ¿Qué ha pasado con los representantes de Cristo en la tierra? Si ustedes desde su jerarquía no defienden al oprimido ¿Cómo hará el oprimido? Escribiendo y pienso en la parábola de los talentos y veo con tristeza que ustedes por su posición de jerarquía dentro de la Iglesia y su investidura se les entregó 10 talentos que están enterrando, y de sobra usted y el Clero saben lo que a la venida del Señor le pasó al que enterró su talento, en este momento Monseñor y sin ánimo de juzgarles ustedes están enterrando sus talentos. ¿Cómo es posible que la Iglesia beatifica y canoniza los mártires y se jacta de tenerlos en las filas de Santos como el caso de Monseñor Romero, pero a la hora de actuar en beneficio del pueblo, a la hora de defender al oprimido se llaman al silencio. Piensan primero en conservar la vida terrenal y sus comodidades, olvidando el Don del Temor de Dios que a mi saber y entender es el temor de perder para siempre la relación de amor con Dios. ¿Porque el Clero está dominado, emborrachado y acomodado al poder? Si han descubierto que disfrutan las comodidades, desean reconocimiento y anhelan poder, deberían renunciar a la sotana y volverse políticos porque ese no es el mandato de Cristo, Cristo siempre alzó la voz para defender al oprimido y esa protesta le llevó hasta la muerte, si no se tiene vocación de mártir no se debe seguir en ese camino, porque afecta la fe de tanta gente que les confía y admira, (Pobre de aquel que pierda a uno de mis pequeños).

No puedo pensar en que Dios quiere que seamos pobres, esclavos y estemos dominados por el poder político, económico en complicidad con el poder religioso, de ser así jamás hubiera liberado a los israelitas de la esclavitud, ni se hubieran manifestado dando 7 vueltas alrededor de Jericó, los hubiera dejado esclavos para siempre. Cristo quiere una Iglesia libre, feliz, limpia y beligerante no una acomodada y timorata. Con pena veo lo que pasa y me pregunto ¿Porque su silencio? No me pregunto por el silencio del Cardenal porque ese ya se sabe, pero ¿Su silencio Monseñor? A ¿Qué se debe? ¿Acaso debe obedecer a una autoridad terrenal sin moral? O ¿Debe obedecer el mandato de Cristo? A ¿Quién representa usted? Hoy le escribo porque la gota que derramó mi vaso fue el vil asesinato de un manifestante desarmado en Choluteca a manos de la Policía Militar. No digo que la Iglesia se decante a uno u otro lado, sino es el hecho de exigir a quien generó el caos, en nuestro caso al TSE, que respete la voluntad popular por aquello de que la voz del pueblo es la voz de Dios, exigir transparencia, celeridad y claridad en resultados, para que haya paz, lo demás viene por añadidura.

Pienso en que para comulgar y predicar se nos exige dignidad y estoy de acuerdo en que debemos cumplir esas reglas espirituales; pero, si el que comulga debe tener dignidad para recibir a Cristo, igual o más dignidad debe tener quien consagra el Cuerpo de Cristo ya que en mi opinión personal cuando el vehículo para que Cristo se haga presente es indigno porque quien consagra su Cuerpo y su sangre tiene el corazón lleno de ambición, miedo o decidía, tiene la mente en las cosas materiales y terrenales (comodidad personal) tiene las manos manchadas de sangre inocente al volverse con su silencio cómplice de la muerte y opresión del débil y tiene la boca callada por miedo o cualquier otra razón, Cristo no se hace presente y entonces ¿Que transformación podrá generar en el pueblo que lo consume? El clero está como los Maestros de la Ley a quienes Jesús les dijo, ustedes imponen al pueblo cargas que ni ustedes pueden llevar. Hay una doble moral, una la vivida y otra la hablada. Y no entiendo porque si la Palabra dice «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.» Me pregunto yo, en ¿Quien confía usted? También nos dice que no tengamos miedo a quienes ostentan el poder. Me pregunto ¿A quién teme usted? Y le cuestiono a usted porque es a la Diócesis que pertenezco no al Cardenal porque de sobra sé que es como hablarle a una pared.

 

Pido que haga suyas las Palabras de San Juan Pablo II que decía «Por más poderoso que sea un dictador, sólo es un hombre. No tengáis miedo.» Aplica a todas las dictaduras, tanto políticas como religiosas y más…

También me pregunto qué pasó con el grupo de camisas blancas donde marchó también parte del Clero de la Iglesia Católica, en ese momento decían defender la Constitución de la República y no a la supuesta reelección, y ahora ¿Que ha pasado con los camisas blancas, acaso sólo era en 2009 que iban a defender la Constitución? Les cuento con conocimiento de causa que ahora si está siendo descaradamente violada y mancillada la Constitución de la República porque la reelección es ilegal, ya que la Constitución no se reforma con una resolución de la Corte que no es ni suprema ni justa, porque es espurio ya que fue nombrada al margen de los requisitos legales. Y el hecho de que un gobernante maneje y tenga a su servicio todos los poderes del Estado le hace un dictador, y siguen violando la Constitución ya que frente a un Gobierno Usurpador el pueblo tiene derecho a la insurrección que no es nada más que la «Sublevación, levantamiento o rebelión de un pueblo o nación, o de cualquier colectivo humano la insurrección de las provincias del norte originó una guerra civil.» Así lo manda textual y expresamente el artículo 4 de la mancillada Constitución y no lo dejan ni siquiera manifestarse de manera pacífica. Invito a las camisas blancas del Clero a que en esta ocasión defiendan de verdad y con fervor la Constitución de la Republica.

Quisiera decir más y desahogarme, pero tendría usted que estar de vacaciones para leer todos los lamentos. Creo que con esto basta para llamar su atención, porque no creo que no sepa la realidad.

El sábado usted estuvo confirmando jóvenes, pidiendo para ellos y nosotros los dones del Espíritu Santo, y yo he pedido para usted, Temor de Dios, Sabiduría y Fortaleza.

Si esta manifestación personal y muy mía pero sentida por muchos que no se atreven a decirle directamente trae consecuencias pongo a su disposición mi cargo de Delegada de la Palabra de Dios, por aquello de que se nos ha dicho que somos delegados del Obispo, más no está a disposición mi fe; porque mi fe es en aquel que me ha dicho que ame al prójimo como a mí misma, mi fe en el verdadero Cristo, quien murió y resucitó por mí y por usted y es ese amor el que me mueve a manifestarme.

Atentamente,

Belky Jiménez

Delegada de la Palabra de Dios

cc:Parroquia San José, Nacaome, Valle

cc:Arquidiócesis de Tegucigalpa

cc:Papa Francisco

En medio de crisis política,  gobierno aumenta el precio de la energía eléctrica

Demagógicamente antes de las elecciones congeló el precios de los combustibles y ahora anuncia el aumento en las tarifas de la energía eléctrica

 

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Mientras los hondureños están envilecidos por la crisis política, el gobierno aprovechó para asestar un nuevo incremento en las tarifas de la energía eléctrica.

El incremento surtirá efecto a partir del mes de febrero del próximo año y será de dos centavos de dólar por kilovatio hora.

La medida se adoptó en medio de la crisis política, pero no fue notificada a la población hasta hoy por el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Óscar Cross.

El funcionario detalló que el trimestre pasado la generación del kilovatio hora tenía un costo de 3.70 lempiras, pero que en los últimos tres períodos ese índice subió a 3.72, una diferencia de dos centavos, que es lo que se trasladará a los abonados. 

El presidente de la CREE argumentó el aumento a la supuesta elevación del precio de los combustibles en el mercado internacional y al deslizamiento del lempira frente al dólar.

Desglosó que en el trimestre pasado había un promedio de 3.7013 en el costo de kilovatio hora, ahora el precio es de 3.7215. “en el trimestre pasado bajamos dos centavos y ahora lo tenemos que subir nuevamente”, dijo.

En el caso del consumo residencial de 0-50 kilovatios por mes tiene un costo de 1.6210 lempiras por kilovatio hora, mientras para los siguientes kilovatios hora 4.0051.

En tanto el precio del kilovatio hora para el servicio general de baja tensión es de 4.3140; el de media tensión, de 2.7133; y de alta tensión, de 2.5472.

Óscar Cross recordó que la ley establece que las tarifas a la energía eléctrica deben ser revisadas casa tres meses y que el precio se fijará de acuerdo a los precios de los derivados del petróleo a nivel internacional y a la cotización del lempira frente al dólar.

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De cara a las elecciones, el gobierno aprobó demagógicamente el pasado 13 de noviembre el congelamiento en los precios de los combustibles. La medida se aprobó durante un mes, pero el mismo decreto aclaró que se podía extender por más tiempo. Probablemente el congelamiento se extienda porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha hecho la declaratoria oficial sobre los resultados del proceso.