Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), mediante un comunicado ha manifestado su preocupación por las reformas a los Artículos 16 y 131-A de la Ley de Presupuesto General (Decreto 83-2004) que pretenden frenar las investigaciones a funcionarios y diputados corruptos, aprobadas por el Congreso Nacional.
La medida supone una evidente acción administrativa dilatoria conferida al TSC y un debilitamiento de las competencias y atribuciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en lo que respecta a la determinación de las responsabilidades penales por casos de corrupción, reza el comunicado.
«Nos preocupan las consecuencias que esta medida podría tener sobre los casos de corrupción que actualmente están siendo investigados por la UFECIC y la MACCIH», dice la Asociación de Cooperación Internacional ACI.
Comunicado del espacio ACI:
La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 29 ONG internacionales con presencia y trabajo en Honduras, manifiesta su preocupación y considera muy grave las reformas a los Artículos 16 y 131-A de la Ley de Presupuesto General (Decreto 83-2004). Según el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, estas reformas “se habrían realizado con el objetivo de frenar diversas investigaciones sobre corrupción en el país”.
En años anteriores el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) señaló que las Disposiciones Generales del Presupuesto constituyen normas complementarias a la Ley Orgánica del Presupuesto, que a su vez está sujeta a la Constitución de la República, y no deben alterar otras leyes que jerárquicamente son superiores.
En concordancia con las declaraciones del señor Jiménez Mayor nos preocupa que, según la disposición aprobada, los casos de corrupción de tres períodos de gobierno (2006-2010, 2010-2014, 2014-2018) deban ser conocidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) previo a cualquier acción judicial en el país.
Esta medida supone una evidente acción administrativa dilatoria conferida al TSC y un debilitamiento de las competencias y atribuciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en lo que respecta a la determinación de las responsabilidades penales por casos de corrupción. El proceso de nombramiento de los magistrados del TSC en el 2017 fue fuertemente criticado desde la sociedad civil hondureña.
Nos preocupan las consecuencias que esta medida podría tener sobre los casos de corrupción que actualmente están siendo investigados por la UFECIC y la MACCIH. Según el comunicado de la MACCIH, la medida podría provocar el archivo provisional de varios procesos de importancia, incluyendo “la investigación conocida como ‘RED DE DIPUTADOS’, que […] abarca a más de 60 diputados y ex diputados de la Nación, incluyendo el propio presidente del Congreso Nacional, así como a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 ONG” y que -según cálculos de la MACCIH- solo entre 2011 y 2015 podría haber supuesto la sustracción de más de 1,300 millones de lempiras.
El pasado 24 de enero se vio la primera consecuencia de la disposición aprobada, cuando la jueza Alma Consuelo Guzmán determinó acogerse a la reforma aprobada en el decreto 141-2017 y trasladar al TSC las diligencias con relación a los primeros cinco diputados y así paralizando las investigaciones de la MACCIH por un periodo de tres años.
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En este sentido, desde el Espacio ACI apoyamos la solicitud realizada por el señor Jiménez Mayor y diversos sectores de la sociedad hondureña -incluyendo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)- de que se derogue o declare inconstitucional el Artículo 238 del Decreto 141-2017. Adicionalmente, instamos a las autoridades hondureñas a que cumplan con sus obligaciones según la Convención Interamericana contra la Corrupción y el convenio con la OEA para el establecimiento de la MACCIH, eliminando todas las barreras que podrían entorpecer la labor de esta institución.
Esperamos que no llegue a materializarse ese “Pacto de impunidad” que ha sido denunciado, ya que supondría un claro incumplimiento de los compromisos de Honduras en materia del combate a la corrupción y un duro golpe a la vigencia del Estado de Derecho en el país.
Tegucigalpa, Honduras.
Jueves 25 de enero de 2018.